Viento Sur

El día 21 de diciembre de 2020 la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó, gracias a la mayoría de diputados orteguistas, la llamada Ley de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz. De acuerdo a esta ley, todos los nicaragüenses “que encabecen o financien un golpe de estado, […] fomenten o insten a actos terroristas, […] inciten a la injerencia extranjera, […] pidan intervenciones militares, […] demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación” recibirán el título de “Traidores de la Patria” por lo que “no podrán optar a cargos de elección popular”. Se puede criticar a la oposición en Nicaragua por muchas razones, pero ninguna de sus componentes ha propagado o ejecutado actividades violentas o terroristas. Al contrario, siempre ha defendido la lucha cívica y constitucional. Las sanciones internacionales que pide o apoya la oposición nunca fueron dirigidas contra Nicaragua sino contra personas individuales culpables de crímenes de corrupción, de enriquecimiento ilícito o de represión contra el pueblo. Ya sabemos que, en el vocabulario del régimen, “terrorismo” y “golpe de estado” significan protesta cívica y manifestación pacífica, entonces está claro que esta ley en realidad es un instrumento jurídico para impedir la participación de cualquier persona de la oposición política a las elecciones contempladas para el noviembre del año 2021. Y amenaza a todas y a todos, independientemente de su orientación política o de su afiliación partidaria, porque todas y todos los opositores se han expresado alguna vez públicamente en contra del régimen o han participado en alguna actividad crítica pública. Dada la situación actual de división de la oposición y su organización políticamente fragmentada y débil, es muy poco probable que haya elecciones democráticas y legítimas en Nicaragua el próximo año.

En septiembre y octubre de 2020, el presidente Daniel Ortega impulsó tres iniciativas de leyes para amenazar, impedir y castigar las actividades opuestas a su gobierno. La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros debe asegurar el control gubernamental total sobre todas las actividades de personas u organizaciones (y empresas) que reciben dinero del extranjero de Nicaragua. A través de la Ley Especial de Ciberdelitos el gobierno quiere controlar todas las publicaciones electrónicas y criminalizar las declaraciones críticas contra el régimen. Además, el presidente está preparando una enmienda constitucional que introduce la cadena perpetua para los llamados crímenes de odio.

Estas leyes son tres facetas de la misma política de amenazas contra todas las actividades independientes de la ciudadanía, contra la expresión y la divulgación de opiniones críticas contra el gobierno y contra todos los intentos de formar una oposición política frente al régimen dictatorial del presidente Daniel Ortega y de su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo.

Con los votos de la bancada mayoritaria del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional), la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros el 15 de octubre de 2020. Esta ley exige que todas las personas, organizaciones o empresas nicaragüenses que reciben financiamiento de fondos extranjeros de cualquier índole tendrán que registrarse como “agentes extranjeros” en una lista llevada por el gobierno. Los que no cumplan con este requisito se arriesgarán a condenas severas.

Un control totalitario de los Nicaragüenses y de las organizaciones sociales

Un detalle particularmente represivo y antidemocrático de esta normativa es que prohíbe a los “agentes extranjeros” ocupar cargos públicos o trabajar en la administración pública. De esta manera, la población va a encontrarse dividida en dos grupos: los partidarios del gobierno, que gozan plenamente de todos los derechos civiles, por un lado, y, por otro lado, personas probablemente críticas con el gobierno, cuyos derechos constitucionalmente garantizados se verán ferozmente restringidos, por la mera razón de que sus proyectos reciben apoyo del extranjero.

Esto significa que las organizaciones internacionales que apoyan proyectos humanitarios o sociales en Nicaragua no estarán autorizadas a realizar transacciones financieras hasta que todos sus empleados se hayan registrado como “agentes extranjeros”. No se les permitirá pagar salarios, ni comprar materiales, ni pagar facturas. El banco que lleva sus cuentas también deberá registrarse como “agente extranjero”. Incluso los empleados del banco que gestionan las cuentas pertinentes y proporcionan asesoramiento financiero a tales organizaciones deberán registrarse como “agentes extranjeros”. Además, todos los proyectos apoyados desde el extranjero deberán presentar informes mensuales sobre todas sus actividades y movimientos financieros a las autoridades nicaragüenses para aprobación. Este requisito es imposible de cumplir dada la administración estatal completamente burocratizada de Nicaragua. El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH) declaró que a través de esta ley el gobierno ejercerá un “control totalitario” sobre todos los ciudadanos, los medios de comunicación independientes del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil.

La Ley de regulación de los agentes extranjeros es, en gran parte, una copia de una ley que entró en vigor en Rusia bajo el mandato de Putin, en 2012. Esta ley también estipula que todas las ONG que reciben apoyo financiero del extranjero deberán registrarse como “agentes extranjeros”. El gobierno de Ortega justifica esta legislación pretextando impedir que instituciones o personas extranjeras interfieran en los asuntos internos de Nicaragua. Esta ley pone al mismo nivel a gobiernos y empresas extranjeras, servicios secretos, terroristas, fundaciones, actividades de lavado de dinero, comercio de armas y a las organizaciones solidarias sin fines de lucro. La ley permite, en la práctica, que cualquier movimiento popular independiente pueda ser registrado, controlado e intervenido por el Estado.

Esta ley busca también criminalizar a los periodistas y a los medios de comunicación, que el gobierno hostiga desde abril de 2018 (cierre de varios medios escritos o audiovisuales, remesas de papel para imprimir bloqueadas en las aduanas impidiendo que los periódicos salgan, periodistas perseguidos y detenidos…), así como todo ciudadano que, a través de las redes sociales, se atreva a expresar una opinión crítica y no conforme con el relato oficial. Esto constituye un nuevo ataque contra la libertad de la prensa en un país donde el presidente controla ya 8 de las 11 cadenas de televisión y donde los locales de dos de los principales medios independientes de oposición, Confidencial y 100 % Noticias, siguen ocupados por la policía.

La Secretaría de las Organizaciones no Gubernamentales Internacionales (SONGI) reúne a 32 organizaciones que trabajan en solidaridad para el desarrollo de Nicaragua desde hace más de 30 años. En los últimos años, estas organizaciones han apoyado proyectos de solidaridad por un monto anual de unos 25,5 millones de dólares, que han beneficiado a unas 550.000 personas, incluso en los rincones más remotos del país. En una carta abierta al gobierno de Nicaragua, SONGI expresa su temor de que la ley “podría llevar a una situación de paralización de nuestras acciones de cooperación solidaria” porque es imposible poner en práctica todas las regulaciones previstas. Con palabras menos diplomáticas diríamos que esta ley es un ataque frontal contra todos los proyectos caritativos apoyados por las ONG internacionales.

La “ley mordaza” para acallar toda crítica

El 27 de octubre de 2020, la mayoría parlamentaria del FSLN aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos. Esta ley enumera en 31 artículos los más diversos delitos que van desde el “acceso indebido a sistemas informáticos” o el “fraude informático” hasta la “transferencia de información pública reservada” o la “propagación de noticias falsas” que podrían provocar “alarma, temor, zozobra en la población”. Cada artículo estipula la condena prevista en caso de irrespeto : entre uno y diez años de prisión. Las formulaciones son tan generales e imprecisas que su interpretación permite una alta discrecionalidad por parte del sistema jurídico.

La ley – llamada “ley mordaza” por la gente – también obliga a todas las compañías especializadas en la comunicación electrónica a conservar todas las informaciones y dados personales para que el Estado pueda perseguir a las personas que supuestamente hayan cometido “ciberdelitos”. Con esta ley, cualquier opinión, comentario, crítica, caricatura o información que critique al gobierno en un correo electrónico, a través de Facebook, Twitter, Instagram, en páginas web o por cualquier otro medio digital puede ser usado por el orteguismo para enjuiciar y encarcelar “legalmente” al autor o a la autora.

La condena de cinco a ocho años de cárcel se aplicará, entre otros casos, a la publicación de una información pública reservada (artículo 25) y la pena más fuerte de seis a diez años está reservada para el “espionaje informático” si pone “en peligro la seguridad soberana del Estado” (artículo 13). Conociendo la interpretación orteguista según la cual asambleas de grupos opositores o manifestaciones pacíficas independientes constituyen actos de terrorismo en contra del orden público, se puede deducir fácilmente que la Ley Especial de Ciberdelitos está dirigida contra todo aquel o toda aquella que se atreva a expresar un desacuerdo o una crítica contra el régimen, bajo cualquier forma y a través de cualquier medio electrónico.

Modificar la Constitución para perseguir a la oposición

El tercer componente de este paquete legislativo es la iniciativa presidencial para hacer adoptar una Ley Contra el Odio, que castigará “crímenes de odio” con la cadena perpetua. Para poner en práctica este proyecto hace falta reformar la Constitución Nacional de Nicaragua que hasta hoy día establece, en su artículo 37, una condena máxima de 30 años de prisión. El 10 de noviembre 2020 la Asamblea Nacional aprobó, gracias a la mayoría orteguista, la reforma constitucional correspondiente (que tiene que ser confirmada en segunda lectura en 2021).

El día 15 de octubre, en un discurso público, Ortega había reconocido claramente el verdadero objetivo de esta ley : perseguir y reprimir a la oposición política azul y blanco, a quienes llamó “criminales”, “cobardes”, “terroristas” y “hijos del demonio”, que merecen ser “castigados” con condenas mayores por sus “crímenes de odio”.

La brutal violación y el posterior asesinato de dos niñas menores, cometidos en una zona remota del país, sirvió de pretexto para esta iniciativa de reforma constitucional. Un acto particularmente demagógico ya que Ortega mismo ha abusado y violado a su propia hijastra Zoilamérica Narváez durante muchos años.

Estas tres leyes constituyen una amenaza global contra cualquier actividad independiente o cualquier expresión crítica de parte de la población por la amplitud de los delitos y de los crímenes que abarcan. Según las organizaciones de derechos humanos, su redacción imprecisa facilita la arbitrariedad judicial y sirve para crear un fundamento jurídico para la represión estatal vigente.

Un fundamento jurídico para la represión de Estado

Preparándose para las elecciones previstas para noviembre de 2021, el orteguismo quiere dar a la opinión pública internacional la imagen de un estado de derecho. En realidad, estas leyes quieren intimidar a las fuerzas de la oposición, obligarlas a la autocensura y forzarlas a auto acusarse a sí mismas registrándose como “agentes extranjeros”. Las penas anunciadas en caso de no cumplimiento constituyen amenazas muy graves, que van desde multas financieras, confiscación de la propiedad privada, prisión hasta cadena perpetua.

Estas leyes van a dificultar dramáticamente las condiciones de actuación de las fuerzas opositoras al régimen Ortega-Murillo. Según la exposición ante la sub comisión de derechos humanos del Parlamento Europeo de Mónica Baltodano el 16 de noviembre de 2020 (una de las comandantes guerrilleras del FSLN que luchó contra la dictadura somocista), la situación actual de Nicaragua está caracterizada, entre otros hechos, por la retención de 115 hombres y 3 mujeres como presos políticos, la derogación de la personaría jurídica de varias organizaciones no gubernamentales, el veto al regreso de organismos internacionales de derechos humanos a Nicaragua, la existencia de grupos paramilitares y de choque fieles a Ortega que continúan sus actividades, más de 100 000 nicaragüenses exiliados, la falta de condiciones mínimas para realizar elecciones libres, la falta de libertad de la prensa y de condiciones para organizar manifestaciones públicas.

En esta situación todos los organismos opositores de Nicaragua se han manifestado varias veces en favor de sanciones internacionales contra la dictadura Ortega-Murillo. Tanto el gobierno de los EE.UU. como la Unión Europea han adoptado medidas políticas y económicas contra el régimen (sin restringir la ayuda contra la pandemia de Covid-19 ni la ayuda de emergencia después de los huracanes Eta y Iota). La izquierda internacional sabe que los gobiernos de los EE.UU. y de la UE no se mueven por ideales democráticos, sino por sus propios intereses políticos, económicos y estratégicos. Como lo demuestra la profunda amistad de estos estados con la dictadura medieval de Arabia Saudita.

Sin embargo, si las fuerzas opositoras de Nicaragua piden sanciones internacionales contra el régimen dictatorial orteguista y en favor del restablecimiento de condiciones humanas y democráticas, la izquierda internacional debería apoyar esta demanda. A la par, la izquierda tiene que hacer un esfuerzo por defender las libertades democráticas en los otros países centroamericanos. En los EE.UU. – y también en Europa – hay corrientes políticas que no quieren apoyar las sanciones de los países ricos en contra de un país pobre, explicando que esto significaría asumir una posición proimperialista. Sin embargo, la solución no puede ser seguir apoyando a una dictadura feroz, sino que implica extender la reivindicación democrática más allá de Nicaragua. Además, tomando en cuenta los daños que han provocado las intervenciones económicas y militares de los EE.UU. durante las décadas pasadas en toda América Central, y sobre todo en Nicaragua, hay que intentar lanzar una potente campaña pidiendo reparaciones estadounidenses para Nicaragua y para Centroamérica a modo de indemnización por todo el daño y el sufrimiento constatado.