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HACIA UN ACUERDO NACIONAL DE EMERGENCIA
Grupo Pensamiento Crítico - Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución
Aporrea
Los venezolanos y venezolanas seguimos enfrentando en este nuevo año 2021 la difícil realidad caracterizada por más pobreza, descomposición social y desmantelamiento de las instituciones, expresión de una crisis compleja, en la cual incide la crisis civilizatoria que actualmente define al sistema mundo, acelerada por los efectos de la pandemia por el COVID-19.
En todo el mundo se sufre la agudización de la crisis económica evidenciada por la contracción del PIB mundial con excepción de China, por los retrocesos que se vienen dando en el ámbito de los DDHH y la democracia, por el cambio climático o el profundo deterioro ambiental causado por el capitalismo y el extractivismo, por la profundización de la pobreza y la desigualdad, el patriarcado y el racismo. En América Latina, luego del ciclo de los gobiernos progresistas, se trata de avanzar en la clarificación de caminos para la construcción de viejos y nuevos referentes, así como viejos y nuevos derroteros.
En el ámbito nacional se viene de un proceso electoral donde el gobierno se convirtió casi en el único actor político, dado el abuso de poder, la violación permanente a los derechos políticos y el abstencionismo, incentivado por el propio gobierno y sectores de la oposición de derecha, por un lado, y la incapacidad de otras opciones para unificar una alternativa. La desconfianza y la desafección hacia la política ha profundizado el distanciamiento entre la población y el sistema político. No hay ninguna credibilidad en los políticos ni en el sistema electoral. En este sentido, de ninguna manera este nivel abstención puede atribuirse a las directivas de algunos líderes de la oposición. En medio de una precarización absoluta de la población, se confirma la tendencia autoritaria del gobierno de Maduro mediante el control prácticamente absoluto del Estado, sin contrapesos ni institucionales ni sociales importantes. Si bien estas elecciones no contribuyeron a darle mayor legitimidad en lo internacional al gobierno, le benefició en términos de una estabilidad que le posibilita continuar la política de privatización y remate de los activos del país en el mayor secretismo, que sin lugar a dudas profundizará la corrupción, a través de los desarrollos de la llamada “ley antibloqueo”.
Un gobierno que es indolente y totalmente ajeno a los diversos problemas que padece la población en general, un ejemplo de ello es lo que viene ocurriendo en relación con la pandemia COVID 19. El gobierno pretende presentar el manejo de la misma como un éxito, cuando es evidente el subregistro e incapacidad del sistema público de salud para atender la multitud de casos que quedan por fuera de los registros y estadísticas oficiales. Además, la pandemia ha invisibilizado el resto de los problemas de salud, la gente sigue padeciendo y muriendo de cáncer, enfermedades del corazón, problemas vinculados a la desnutrición y el hambre generados por la crisis, que permanecen totalmente ocultos y desatendidos.
Después de los resultados electorales del pasado 6 de diciembre, el país entra en otro momento político caracterizado por un gobierno que busca profundizar el desarrollo de un proyecto que es funcional al orden internacional que se viene conformando en el plano de la geopolítica mundial, que define actualmente al sistema capitalista mundial. En la búsqueda de su permanencia en el poder, la cúpula dominante ha realizado un cálculo oportunista para utilizar las contradicciones geopolíticas globales para su propio provecho, acercándose a China, Rusia, Irán, Turquía y, por otro lado, tratar de recuperar reconocimiento de “Occidente”, pero sobre todo, abrir a Venezuela a los inversionistas transnacionales. En todo caso, ha acelerado la aplicación de políticas neoliberales: privatización, desregulación, limitación de derechos a la población, etc.
Este proyecto tiene un aspecto económico pero sobre todo político, cuyo centro, en los actuales momentos, es la llamada “ley antibloqueo”, expresión superior de la estrategia neoliberal que se inauguró con la ley que sentó las bases para la profundización de las “zonas económicas especiales” cuya manifestación más palpable es el decreto que creo la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (2016). Mientras en el plano político, se plantean fortalecer un estado estructurado con la hegemonía única del PSUV y la llamada “unidad cívico-militar”, en la cual lo militar es muy importante, en lo económico, ya se halla en marcha la posesión de los espacios territoriales nacionales por parte de sus aliados China, Rusia, Irán, entre otros. Además, esto apunta a una especie de aplicación de esquemas chinos de explotación extractivista, lo cual representa una ruptura importante con las políticas económicas oficiales anteriores, que logra interesar a ciertos sectores económicos, que incluyen a los grupos económicos tradicionales (burguesía nacional tradicional) y a empresas multinacionales, tratando de alejarlos de las aventuras inmediatistas fracasadas de los últimos años, como las que han definido a un sector extremo de la oposición de derecha venezolana, adlátere de la política injerencista del expresidente Trump. De esta manera, pueden producirse grietas en el bloque burgués como consecuencia de la consolidación del gobierno y la apreciación de oportunidades de negocios que antes no veían.
Por otra parte, se ha seguido fracturando la alianza dentro del chavismo. Un ejemplo de ello es lo que recientemente representó políticamente la Alternativa Popular Revolucionaria, (APR): la constitución de una oposición desde la izquierda, que fue acosada, censurada y reprimida por el gobierno. Por supuesto, esta insurgencia fue rápidamente neutralizada por la violación del principio de la representación proporcional, que asignó a esta opción un solo diputado. De igual manera es sumamente llamativo el señalamiento que muy recientemente hiciera públicamente Nicolás Maduro acerca de la existencia de “Infiltrados” y “traidores” en el seno del gobierno y sus reiteradas referencias a lo que califica como “la izquierda trasnochada”.
Un hecho de gran relevancia es que los resultados electorales recientes, muestran una importante merma en la base social del PSUV y el madurismo, entre 2018 y el 2020. A esto se agregan las grandes dificultades que tiene el gobierno de Maduro para mejorar la situación económica y salarial de las familias venezolanas, las propias contradicciones en los sectores del poder, en el sector militar, civil y la consiguiente profundización de la tensión social. Todo ello, como expresión de la crisis que viene padeciendo el pueblo venezolano desde hace unos cuantos años, donde el gobierno de Maduro tiene una alta cuota de responsabilidad, sin negar el efecto adicional que sobre la misma crisis, han tenido las sanciones ilegales aplicadas por el Departamento de Estado de los EEUU y sus gobiernos satélites.
La política en estos momentos pasa por reconstruir el tejido social y político, teniendo como pivote los movimientos sociales así como el amplio espectro de organizaciones, asociaciones y grupos –sindicatos, gremios, grupos de opinión etc. Se trata de rescatar la defensa de la Constitución, la democracia, los derechos humanos, los avances logrados en décadas pasadas en salud, educación básica y universitaria, la disminución de la pobreza y la desigualdad. Denunciar la corrupción que corroe la administración pública en todos los niveles.
Hay que denunciar la entrega de los bienes públicos a precio de gallina flaca a gente cercana a los grupos del gobierno, privatizaciones en secreto, sin transparencia alguna, porque no se trata de bienes del gobierno, ni de Maduro, sino de toda la nación venezolana. La población tiene derecho a saber qué se hace con esos bienes. No se rechaza a priori toda entrada de capital privado en las empresas anteriormente estatizadas, sino las condiciones en las cuales se está dando esto, sin ninguna transparencia.
Debemos marchar hacia una propuesta programática que convoque a todos los sectores populares. Sistematizar un Programa de Emergencia en el cual se dé respuesta a los grandes desafíos económicos, políticos, sociales de la grave crisis por la cual atraviesa Venezuela y que amenaza con destruir a la República.
Se trata de construir una Red amplia de movimientos sociales, organizaciones e individualidades, para levantar un gran movimiento por la reconstrucción nacional y en contra de la entrega de nuestra soberanía.
Es innegable que el gobierno de Maduro viola la constitución, es cada vez más militarista y autoritario, frente a lo cual las fuerzas populares y democráticas deben levantar la propuesta de un nuevo bloque unitario multiplicando las propuestas de encuentros, acciones conjuntas y coincidencias en la lucha y en un plan de reivindicaciones para acumular fuerzas para las próximas coyunturas decisivas.
Los venezolanos y las venezolanas debemos unir nuestras luchas teniendo como eje la defensa de la constitución, para detener el avance de la estrategia del gobierno, que utiliza herramientas propias del neoliberalismo, violando los derechos democráticos y endureciendo su control político.
¡¡¡UNIDAD DE LAS FUERZAS POPULARES PARA DEFENDER LA CONSTITUCIÓN Y RESCATAR LA PATRIA DEL PLAN ENTREGUISTA Y EL AUTORITARISMO DEL GOBIERNO!!!
Por el Grupo de Pensamiento Crítico:
Jesús Puerta, José León Uzcátegui, Jesús Urbina, Carmen Irene Rivero, Oscar Feo, Miguel Jesús Arévalo, Javier Biardeau, Mariano Crespo, Guillermo Pereira.
Por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución:
Roberto López, Esteban Emilio Mosonyi, Ana Elisa Osorio, Gustavo Márquez, Héctor Navarro, Oly Millán Campos, Edgardo Lander, Santiago Arconada, Juan García.