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Migrantes, criminalizados y asesinados
Las imágenes son demoledoras: un vehículo calcinado en medio de la nada en Camargo, Tamapulipas, con 19 cuerpos sin vida de personas presumiblemente originarias de Guatemala. Días después, en el país centroamericano, las fotos muestran a hombres y mujeres que ofrecen muestras de ADN para la identificación de quienes pueden ser sus familiares. Una semana más tarde la imagen viene de Huimanguillo, Tabasco. Se trata de un hombre que resultó herido cuando un grupo de migrantes fue atacado a balazos y otro de sus compañeros perdió la vida. Y antes de toda esta barbarie, la foto es en Palacio Nacional. Se trata del presidente de México asegurando que en este país se respetan los derechos humanos de las personas migrantes que se dirigen a Estados Unidos.
Lo cierto es que las políticas migratorias de México y Estados Unidos, encaminadas a cerrar el paso a quienes pretenden cruzar las fronteras en busca de trabajo, no impiden el flujo migratorio y sí obligan a las personas migrantes a utilizar rutas extremadamente peligrosas controladas por las mafias del crimen organizado, las policías y los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
En el ataque más reciente, el de Tabasco, hay testigos que acusan a autoridades migratorias de disparar contra los migrantes bajo el argumento de que el chofer de la unidad Ford Super Duty, que transportaba a cerca de 25 migrantes no se detuvo cuando le marcaron el alto
, por lo que el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) urge a las autoridades a deslindar responsabilidades en caso de que alguna autoridad policiaca o migratoria haya participado en los hechos. En el caso de la masacre de Camargo, se informó de la detención de 12 policías estatales acusados de haber participado en el ataque.
¿Cuál es la diferencia entre la matanza de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en 2010, con los ataques actuales? Aparentemente ninguna. Para los y las migrantes los cambios de partido en México y en Estados Unidos no se reflejan en el aseguramiento de su integridad. Se trata, pues, de que dejen de criminalizarlos con políticas xenofóbicas. Y que dejen de matarlos.