Para alcanzar aquel reencuentro nacional ofrecido y las condiciones mínimas que permitan encarar el futuro con esperanza, Bolivia necesita clamorosamente de pacificación nacional, justicia independiente y esclarecimiento transparente de todos los hechos de violencia sufrida y otros atentados, si de verdad quiere sanar sus profundas heridas.

A cambio, el gobierno ha decidido imponer una amnistía selectiva abusando del poder y de una mayoría legislativa; con lo cual ha creado un nefasto precedente que sólo debilitará aún más la frágil democracia, puesto que una decisión de ese tipo terminará alentando la polarización, la confrontación, el enfrentamiento y la violencia, como recurrentes mecanismos para resolver disputas y solucionar problemas. No se puede pacificar y reencontrar a un pueblo y un país, si lo que se hace es actuar parcializada y abusivamente.

En vez de favorecer medidas de consenso nacional que permitan transparentar, esclarecer y determinar la verdad objetiva sobre los hechos sucedidos (para que no sigamos viviendo con un manipuleo desvergonzado de la verdad), y sin reparar siquiera de que existe en curso nada menos que una investigación internacional propiciada por la CIDH; la amnistía aprobada en la Asamblea Legislativa tiene la nefasta virtud de inducir al país para que entienda que en vez de justicia, lo que se ejerce es una especie de ley del embudo, discrecional y selectiva para determinar (sin pruebas, argumentos, ni razones) si existe responsabilidad, culpabilidad y/o delito respecto de las imputaciones efectuadas. Se trata de la imposición de una voluntad discrecional y abusiva sobre la razón, los argumentos y la búsqueda de la verdad. No sólo es un acto claramente preferencial (y por tanto discriminante e injusto), en favor de conmilitantes y grupos específicos que van en contra todo principio de equidad y universalidad que debería tener una norma, sino que claramente proscribe y desecha todo sentido de justicia y búsqueda de la verdad, que en este caso debería ser su fin principal.

De esa forma, no solo rompe y bota al traste el propio contenido de su discurso de posesión, sino también la inmejorable oportunidad creada por la decisión soberana del pueblo que se expresó en las pasadas elecciones de octubre, cuando con su voto hizo saber que otorgaba otra oportunidad para que los nuevos gobernantes abandonen las precedentes inclinaciones autocráticas y militaristas de los regímenes que los antecedieron, y ejerzan una nueva forma de hacer política y de gobernar.

De esa forma, con la decisión de aprobar un decreto presidencial de amnistía e indulto, la verdad y la justica pasan a convertirse en rehenes del abuso de poder, la venganza y la impunidad.

Es decir, es el propio gobierno quien siembra las semillas que socavarán toda posibilidad de que los bolivianos podamos encontrar la verdad, y podamos resolver nuestros problemas y diferencias en paz, con diálogo, respeto mutuo, y con apego a una justicia independiente e imparcial.

Peor aún, sin permitir (lo que significa también intromisión y usurpación de funciones), para que la justicia haga su trabajo y establezca la verdad de los hechos; otorga sin más una piedra libre a la impunidad, y alienta que diversos y todos los actos violentos que contravienen, están reñidos y atentan contra toda posibilidad de convivencia pacífica; sean esclarecidos y tengan la condena que corresponde.

A su turno lamentablemente, semejante iniciativa también es un rotundo mentiz respecto de aquellos indicios mostrados discursivamente por los actuales mandatarios, de que éste sería una forma de gobierno diferente a sus antecesores. Una vez más son los hechos los que dan cuenta exacta de lo que son y pretenden para el país. Será que todavía están a tiempo…

(*) Sociólogo, boliviano. Cochabamba, Febrero 12 de 2021.