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Hasta diciembre de 2000 el EZLN fijó condiciones para reanudarlo, una de las cuales fue que se aprobara la iniciativa que había elaborado la Comisión de Concordia y Pacificación. Conocemos el desenlace expresado en la contrarreforma indígena de 2001. Está muy claro que las distorsiones de la misma obedecieron a la continuidad de la visión de rechazar el derecho a la libre determinación y autonomía. En su exposición de motivos, los senadores señalaron su adhesión a la tesis de que el asunto de los pueblos indígenas se refiere ante todo a la pobreza, por ello agregaron el apartado B de continuidad de acciones del indigenismo: El dictamen es, ante todo, un instrumento para promover la justicia entre y para los mexicanos, partiendo del hecho de aceptar que un grupo amplio de la población del país ha quedado al margen del desarrollo y bienestar al que tienen derecho
.
También sabemos que el EZLN se replegó a la construcción de la autonomía en los hechos y 11 años después, bajo la evocación de que si en 1994 se cubrieron el rostro para ser vistos, el 21 de diciembre de 2012, para ser escuchados, realizó masivas marchas silenciosas en Chiapas, destacando de nuevo la entrada a San Cristóbal de las Casas. En ello el mensaje simbólico fue la pregunta ¿Escucharon?
Con tan impresionante demostración de organización, el EZLN reanudó la presencia pública y el diálogo ciertamente no con el Estado. Luego, el 30 de diciembre, en un comunicado denominado El EZLN anuncia sus pasos siguientes
, se abordó el propósito de construir puentes con los movimientos sociales y se enfatizó: Reafirmaremos y consolidaremos nuestra pertenencia al Congreso Nacional Indígena, espacio de encuentro con los pueblos originarios de nuestro país
. Se plasmó el desafío al Estado: Queda entonces al gobierno federal, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, decidir si reincide en la política contrainsurgente que sólo ha conseguido una endeble simulación torpemente sustentada en el manejo mediático, o reconoce y cumple sus compromisos elevando a rango constitucional los derechos y la cultura indígena, tal y como establecen los acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno federal en 1996, encabezado entonces por el mismo partido ahora en el Ejecutivo
.
No los vieron, no los escucharon. La respuesta, días después, fue la transformación de la Comisión para el Diálogo y la Negociación en Chiapas en una nueva Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, sin referirse a la Ley para el Diálogo y la Paz Digna en Chiapas ni a los acuerdos de San Andrés, mucho menos al EZLN. El gobierno actual no ha abordado los acuerdos, que forman parte de un diálogo suspendido. No se trataría sólo de modificar la contrarreforma de 2001 de manera unilateral, cuestión por lo demás ajena a las prioridades oficiales y también, hay que reconocer, a los planes anticapitalistas zapatistas en curso.
Para visualizar las razones del incumplimiento a los acuerdos de San Andrés hay que considerar, desde 2001, las numerosas concesiones forestales, mineras, en territorios indígenas y los mecanismos para otorgarlas, incluidos los megaproyectos en curso. En síntesis, en tiempos neoliberales, aún presentes, se ha operado una política de Estado antiautonómica, que hemos caracterizado como neoindigenismo de baja intensidad. Vale preguntarnos: ¿cuáles son los saldos de la nueva institucionalidad, en contraste con la autonomía y libre determinación enunciada en el artículo 2 constitucional? Es frecuente que a los pueblos indígenas aún se les denomine grupos vulnerables en la lógica del combate a la pobreza
que se ha constituido en caballo de Troya para dividirlos, para impedir el acceso al uso y disfrute de los recursos naturales en sus tierras y territorios y negar su carácter de entidades de derecho público, hoy tan retóricamente planteado.
¿Cuáles son los datos sobre criminalización de las crecientes movilizaciones de resistencia, al valorar la problemática indígena bajo un esquema de seguridad nacional? Tras un año, ¿quién asesinó a Samir Flores? Estas interrogantes son ejemplo de la continuidad de la razón de Estado para sacarle el agua a la autonomía en una lógica contrainsurgente. Esto, bien lo saben los pueblos, sólo se enfrenta escalando la resistencia a nivel mundial.
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Pese al paso de los años y del incumplimiento gubernamental de lo pactado, los acuerdos mantienen su actualidad y respaldo. ¿Qué hace esto posible? Primero que todo, la ruta seguida para su elaboración. Como se explica en el documento Punto y seguido, los zapatistas convirtieron lo que pudo haber sido una negociación entre dos partes en un diálogo abierto, inclusivo e incluyente, de cara a la sociedad y con la participación de las más amplias corrientes de opinión
(https://bit.ly/3dckliY).
San Andrés fue una sinfonía coral, interpretada en medio de una escenografía espectacular, en la que, convocados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se escucharon las voces de los más importantes dirigentes e intelectuales indígenas, al lado de religiosos, antropólogos, abogados, historiadores, filósofos y periodistas, que habían caminado al lado de los pueblos originarios durante décadas. Fue tal la convicción de su palabra, que, con frecuencia, los indígenas invitados por el gobierno hicieron eco de sus planteamientos.
La multiplicidad de lenguas que allí se hablaron pudieron haber desembocado fácilmente en la fallida construcción de una nueva torre de Babel. Sin embargo, el resultado final fue el opuesto: una extraordinaria síntesis que recuperó lo sustancial de las incesantes movilizaciones y reflexiones indígenas que sacudieron regiones enteras del país a lo largo de muchos años.
Un resumen así fue posible por la incuestionable autoridad ético-política de los zapatistas. Ellos fueron el fiel de la balanza para dirimir las más enconadas contradicciones entre sus asesores e invitados. En la negociación, se suscitaron intensos debates entre los convocados sobre temas como el alcance de los derechos humanos, la cuestión de género, las regiones pluriétnicas autonómicas o las formas de representación política. Pero, no obstante el encono que la discusión tuvo por momentos, la autoridad rebelde, sumada a su capacidad de escucha, jerarquización de lo esencial y resumen permitieron aterrizar lo discutido en los acuerdos y en Punto y seguido, con el consenso de la inmensa mayoría de los invitados.
Más allá del mosaico multiétnico del México profundo que se desplegó en toda su riqueza en los diálogos, las reflexiones desde el campo de los asesores rebeldes incorporaron una perspectiva internacional, especialmente latinoamericana. Se pusieron sobre la mesa las enseñanzas y debates por el reconocimiento de los derechos indígenas en la OIT (Convenio 169) y la ONU, así como en varios países americanos (Nicaragua, Colombia, Brasil, Ecuador). También, las experiencias de procesos de paz en Sudáfrica, Palestina, Guatemala, El Salvador, Perú y Colombia.
Los acuerdos no tienen como materia prima elementos exclusivamente nacionales. Están en sincronía (y en algunos puntos, pasos adelante) con las movilizaciones y reivindicaciones de los pueblos originarios y legislaciones de un ciclo de lucha abierto en la región entre 1984 (primer proceso de paz en Colombia) y 1992 (500 años de resistencia indígena, negra y popular). San Andrés fue una especie de pre-Constituyente para refundar el país. Estableció la necesidad de modificar la Constitución legal de la sociedad mexicana al añadir al principio de los ciudadanos el de los pueblos indígenas. Anunció, a su manera, la inevitabilidad de establecer un Estado plurinacional.
Los acuerdos anticiparon nuevas modalidades de expolio y explotación que perpetrarían el neoliberalismo y el neoindigenismo desarrollista. Buscaron levantar un muro de contención jurídica capaz de brindar protección a los pueblos originarios de la embestida para despojarlos de sus territorios y convertirlos en jornaleros sobrexplotados en las modernas fincas agroexportadoras. La expansión incontenible de megaproyectos, concesiones mineras, narcotráfico y agroindustrias desafían hoy su sobrevivencia, como ayer lo hicieron finqueros y terratenientes, grandes ganaderos, compañías madereras, caciques, políticos corruptos, distribuidores de trago y la construcción de grandes presas.
Más allá de la construcción de la autonomía sin pedir permiso que los zapatistas iniciaron en sus territorios, en nombre de los acuerdos, multitud de comunidades indígenas en el país han formado policías comunitarias y reconstituido sistemas de impartición de justicia propios, nombrado autogobiernos municipales al margen de los partidos, recuperado sus sistemas normativos internos, impulsado proyectos de educación alternativos, hecho florecer sus lenguas y culturas y forzado la aprobación de reformas legales.
Pese a que han transcurrido 25 años de su firma, los acuerdos de San Andrés mantienen su actualidad. Han sido y son parte de la sangre que corre por las venas de la insumisión indígena.
A la memoria de Ricardo Robles, el Ronco.
Twitter: @lhan55