En Nicaragua el “poder popular” es instrumento de la dictadura para vigilancia y soplonaje contra la resistencia popular

La vigilancia que mantienen estructuras como los Gabinetes de la Familia, mejor conocidos como “CPC”, es uno de los pilares del autoritarismo sandinista en Nicaragua. Estos aparatos nacieron bajo una pretendida “participación ciudadana”, pero en realidad su objetivo siempre ha sido controlar a la población. En 2018, tras las protestas sociales, su verdadera naturaleza afloró descarnadamente: comenzaron a operar como parte sustancial de la represión estatal contra toda crítica al régimen. “Es gente que vive detrás de la ventana”, denuncia Elvira Cuadra, experta en seguridad

Fotografías: Wilfredo Miranda, Carlos Herrera, EFE | Divergentes

“De vez en cuando levantaba la mirada a la cara que le miraba fijamente desde la pared de enfrente. EL GRAN HERMANO TE VIGILA”.
George Orwell. 1984.

Cada vez que el doctor Arnoldo Toruño sale o entra a su casa, alguien lo observa. Cuando va al supermercado o a realizar cualquier gestión, la cabeza que asoma desde una ventana vecina vigila con disciplina a este respetado médico, originario de la ciudad de León, en el occidente de Nicaragua. La bitácora de sus movimientos termina en manos del aparato departamental del Frente Sandinista, el partido de gobierno que espía a todos los ciudadanos considerados críticos por la Administración del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.

El doctor Toruño sabe muy bien quién lo vigila, pero prefiere omitir el nombre de la persona por respeto a una vecindad de años, sin importar que dicho respeto no sea recíproco. El vecino vigilante es simpatizante del Gobierno, y está en la primera línea de una estructura nacional montada desde el más alto nivel político para el control territorial en Nicaragua. Este entramado es uno de los pilares fundamentales del autoritarismo Ortega-Murillo.

Como el vecino que espía a este doctor en salud pública, existen miles de militantes sandinistas en todo el país que realizan vigilancia solapada a través de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y de los Gabinetes del Poder Ciudadano, de acuerdo a expertos en seguridad. La idea central de esta estructura se instala en noviembre de 2007, al inicio de la presidencia de Ortega, con el fin de distribuir programas sociales y desempeñar labores proselitistas. Pero desde abril de 2018, cuando estalla la crisis sociopolítica en Nicaragua, comienzan a operar de plano como un aparato de espionaje político.

El doctor Toruño ha vivido la vigilancia en primera fila en reiteradas ocasiones desde 2018, a raíz de su participación en marchas cívicas de protesta. “Algunas personas estamos más vigiladas que otras… Por ejemplo, hace unos meses presté mi camioneta a un sobrino para ir hacer un mandado. Mi sobrino fue a la casa de una persona ligada al partido, y unas horitas después esa persona recibió visitas y le preguntaron si estaba ‘traicionando al partido’. Sin duda, hay vecinos que cumplen esa labor de espionaje y denuncia”, relata este médico, que es especialista en salud pública y ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN-León).

La vigilancia llega hasta el extremo de que si en la casa del doctor Toruño parquean varios carros con motivo de una fiesta familiar, el vigilante informa a la sede departamental del Frente Sandinista sobre los movimientos. A partir de 2018, tras la rebelión ciudadana, se aplica un nuevo protocolo de actuación de esta estructura de espionaje en casos como el referido: el partido de gobierno notifica a la policía, y oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) allanan el domicilio del vigilado.

Esta estructura funciona en coordinación con la Policía, el cuerpo armado que mantiene un estado de sitio de facto en el país, para sofocar todo atisbo de protesta social. El doctor Toruño sufre un allanamiento ilegal de su vivienda por oficiales de la DOEP y de la división antinarcóticos. Una treintena de efectivos con perros irrumpen en la vivienda, con el pretexto de que buscan drogas. En la casa no encuentran ningún rastro de estupefacientes, pero la policía sienta un precedente para atropellar a la ciudadanía: invocar la búsqueda de drogas a la hora de allanar una vivienda sin orden judicial.

“Los CPC son multiusos. Apoyan las jornadas de vacunación y levantan censos, pero también realizan labores de vigilancia”, denuncia el doctor Toruño.

“Democracia directa”

El 30 de noviembre de 2007 el gobierno de Daniel Ortega toma juramento en plaza pública a los integrantes de los CPC, bajo el lema de “democracia directa” y “más poder para el pueblo”. El argumento oficial es la promoción de la participación ciudadana. De modo que a estos grupos se les asigna la distribución de programas sociales como el ‘Bono Productivo Alimentario’, ‘Hambre Cero’, ‘Plan Techo’ y ‘Casas para el Pueblo’, todos financiados con petrodólares venezolanos.

Pronto empiezan a surgir cuestionamientos sobre el favoritismo partidario a la hora de repartir la ayuda, lo que deslegitima a los CPC. Sin embargo, la mayor crítica es que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, emulan con los CPC a los Comité de Defensa Sandinista (CDS), creados en 1979, durante la época revolucionaria. Inicialmente, los CDS tenían labores comunitarias, pero luego derivaron en funciones de vigilancia y recolección de información sobre los ciudadanos, en un contexto de guerra entre el Ejército sandinista y los efectivos militares de la llamada Contrarrevolución.

“Durante la revolución sandinista era una organización más comunitaria, pero algunas de las personas de los CDS hacían ese trabajo de control social”, explica la socióloga Elvira Cuadra, una de las mayores expertas en seguridad de Nicaragua. Cuadra afirma que Ortega instaló los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) en 2007 –al volver al poder– debido a la “baja legitimidad” del gobierno entrante. Ortega logra la Presidencia gracias al pacto con el caudillo liberal Arnoldo Alemán, a través del cual rebaja el techo electoral a sólo 35% de los votos para ganar la contienda.

“En 2007, Ortega enfrenta a una sociedad ante la que no tenía suficiente legitimidad política. Sabía que para poder gobernar, iba a necesitar la coerción”, sostiene Elvira Cuadra. “Para poder llevar adelante su proyecto político personal, que también es económico, instaló los CPC desde el principio como un mecanismo de vigilancia y control social y, de esa forma, contener las expresiones de descontento”.

Ortega trata, incluso, de elevar a rango constitucional los CPC. Pero en 2007 la Corte Suprema de Justicia tiene todavía cierto margen de independencia, y rechaza la pretensión presidencial. Pese a ello, el Gobierno prosigue con la instalación de los CPC en los sectores de salud y educación, y en un área tan controvertida como la seguridad ciudadana.

“Le dieron la orden a la Policía Nacional, que debía coordinarse con los CPC en los territorios. A partir de aquella decisión se configuró una red de represión y control social. Los CPC también sirvieron como mecanismos de identificación de lo que después iba a conocerse como grupos de choque o turbas, integrados por jóvenes en situación de riesgo”, explica Cuadra.

En 2008 se celebran elecciones municipales en Nicaragua. Los observadores electorales y la oposición documentan un “fraude masivo”, que genera protestas ciudadanas. El Gobierno responde con las fuerzas de choque para reprimir el descontento, entre las que hay integrantes de los CPC, que dicen defender “la revolución”. Elvira Cuadra asegura que en aquel mismo año esa estructura de vigilancia y control político funcionaba a pleno rendimiento. “La usan como una red de informantes a nivel territorial, a la que se acercan para recoger información de algún sujeto de interés”.

A medida que Ortega consolida su poder autoritario, diversifica el control social con la creación de organizaciones como la Juventud Sandinista (JS) y los Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS) en las instituciones públicas. Todas estas instancias trabajan de la mano de las Fuerzas Armadas.

Los CPC sufren un desgaste como concepto en 2013. Ese mismo año, el Parlamento, controlado por el Ejecutivo Sandinista, incorpora legalmente al Código de la Familia los ‘Gabinetes de la Familia, la Comunidad y la Vida’, que son una nueva versión de los CPC, pero incorporados a un marco jurídico.

“Al fin y al cabo, CPC o Gabinete de la Familia es gente que vive detrás de la ventana. Si la persona fue a la venta, apuntan; si vieron que llegó una visita que no es usual a la casa de la persona que es objeto de vigilancia, apuntan. Ellos están constantemente denunciando, tanto lo que es usual y lo que es inusual”, asegura Cuadra.

La vigilancia forma parte de la vida del doctor Toruño. La enfrenta con una resiliencia forjada durante años, ya que casi toda su vida ha lidiado con regímenes autoritarios. “En la época de la dictadura somocista había vigilancia, pero estaba enfocada más a los combatientes, guerrilleros sandinistas en ese contexto. Lo que sucede ahora no tiene parangón”, asegura el especialista en salud pública. “Uno sabe que vive vigilado y que hay vecinos, al menos uno en la cuadra, que tienen esa función de espionaje. Una vez vino un hijo de una profesora de la facultad de medicina a pedirme consejo, lo vieron en mi casa y lueguito vino la policía y le quitaron la motocicleta al muchacho”, narra el doctor Toruño.

A partir de 2018, la vigilancia de los movimientos del doctor Toruño adquiere tintes más violentos: su casa ha sido apedreada a media noche y acribillada con ráfagas de fusil ametrallador. La fachada es un testigo pétreo de la vigilancia y el acoso. Los simpatizantes sandinistas escribieron en la pared la consigna “Paz y vida”, repetida hasta la saciedad por el Gobierno. Se trata, más bien, de un eufemismo que al médico le recuerda, como al personaje Winston Smith en la novela 1984, de George Orwell, que el “Gran Hermano” vigila a diario.

Ante estas denuncias, las autoridades dan la callada por respuesta. No hay acceso a información pública, y todos los intentos para obtener alguna versión oficial se estrellaron contra un muro de silencio. Otras Miradas requirió la opinión de Argentina del Socorro Parajón, presidenta de la comisión de Salud y Seguridad, pero no hubo respuesta.

Denuncias de vecinos

Heidy Hurtado González habitaba en un barrio popular de Masaya, una ciudad ubicada a unos 30 kilómetros de Managua. Siempre tuvo vecinos que eran parte de las estructuras de los CPC y los Gabinetes de la Familia, aunque no se relacionaba con ellos. Mantenía una relación cordial con sus vecinos, y nunca los creyó “capaces” de que denunciaran a su marido, José Santos Sánchez Rodríguez, por participar en las marchas de protesta en 2018.

“Es difícil porque es gente del núcleo del barrio. Personas a las que le hemos servido como vecinos, pero de las cuales hemos recibido lo contrario: agresiones”, lamenta Hurtado González. Tras la detención de su marido, actualmente en prisión, tuvo que mudarse de casa porque la vigilancia se convirtió en hostigamiento.

“La vigilancia era tan fregada que si mi marido ponía en la casa canciones asociadas a las protestas contra el Gobierno, en menos de 20 minutos caía una patrulla de policías”, relata la mujer. “Antes de 2018, este Gabinete de la Familia pasó tiempo sin funcionar. A veces hacían reuniones para tratar de temas de la comunidad, pero no invitaban a nadie. En el año de las protestas se activaron a espiar”, añade Hurtado González.

La socióloga Elvira Cuadra precisa que 2018 fue el parteaguas para todos los mecanismos de control y vigilancia. Empezaron a operar en todo su potencial. “Cada instancia tiene su función. La de los CPC o Gabinetes de la Familia es mantener la vigilancia sobre personas que están vinculadas con las diferentes expresiones del movimiento cívico. En 2018 jugaron un papel clave, identificando a los líderes territoriales, y entregaban listas a instancias superiores del partido y a la policía. Muchas de las personas en aquellas listas terminaron presas”.