El pasado 16 de febrero se cumplieron 25 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés y la fecha es una buena oportunidad para recordar la importancia de dicho documento y lo que representa y sigue representando no sólo para las comunidades mayas organizadas en torno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), sino como horizonte de lucha y emancipación para las comunidades y pueblos indígenas de todo el país.

A diferencia de otras fuerzas políticas en armas que regularmente hablan por sí mismas en proceso de diálogo o negociación con el Estado con el cual están confrontadas, el proceso de negociación que se abrió entre el gobierno de Ernesto Zedillo y el EZLN en 1995 fue aprovechado por el zapatismo para poner a disposición de todos los pueblos indígenas y de la sociedad civil nacional la mesa de debate abierta con las autoridades.

El EZLN concretó esta apertura invitando a representantes de distintos pueblos indígenas del país y conformando un grupo de asesores integrado por destacados profesores, investigadores, activistas y militantes.

Gracias a ello el proceso de negociación con el gobierno de Zedillo no fue sólo con el EZLN sino con todos los pueblos indios y una buena parte de la sociedad civil mexicana.

Los diálogos de San Andrés, llamados así por el pueblo de Chiapas, donde se llevó a cabo la negociación, contemplaban cuatro temas: 1) Derechos y cultura indígenas; 2) Democracia y justicia; 3) Bienestar y desarrollo y, finalmente; 4. Derechos de la mujer en Chiapas. Al final sólo se alcanzaron acuerdos sobre el primer punto y el resto de los temas no alcanzaron a discutirse. El compromiso del gobierno federal era que lo acordado en San Andrés se traduciría en cambios constitucionales para que los derechos de los pueblos indígenas fueran reconocidos y respetados.

Cinco años después, ya en el gobierno de Vicente Fox, la clase política profesional representada por legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) dieron la espalda a los compromisos y traicionaron los acuerdos de San Andrés.

Desde esa fecha el EZLN ya no tiene trato con representantes del Estado mexicano. La traición a los acuerdos de San Andrés fue la confirmación de que mediante negociaciones con una clase política y representantes de los poderes públicos que no respetan su palabra no se alcanzarían las demandas de justicia y dignidad que exigen los pueblos indígenas. A partir de entonces el EZLN y otras comunidades y pueblos tratan de llevar a la práctica las demandas de justicia, paz y libertad que están en el horizonte de los acuerdos de San Andrés, con independencia de los gobiernos constituidos. De facto, están ejerciendo su autonomía.

Así lo hace el EZLN con sus municipios rebeldes autónomos, sus Juntas de Buen Gobierno y con los Caracoles zapatistas. Pero lo mismo hacen pueblos de la meseta purépecha como Cherán, o la comunidad nahua de Ostula en la costa Michoacana. Los derechos de los pueblos y la autodeterminación que contienen los acuerdos de San Andrés también son el fundamento con el que se inspiran asambleas comunales como Mezcala y San Francisco Ixcatán aquí en Jalisco para dotarse de estatutos comunales que rigen sus relaciones políticas y sociales.

En suma, a pesar de que no fueron respetados ni aplicados en la Constitución, como se comprometió el Estado a hacerlo, los acuerdos de San Andrés son llevados a la práctica por decenas de pueblos originarios. Como declaró el extinto subcomandante Marcos: “Hay un tiempo para pedir, otro para exigir y otro para ejercer”. Para el EZLN y otros pueblos en México, el tiempo de pedir y exigir ya pasó y ahora están ejerciendo su autonomía.

En el fondo, la traición de los sucesivos gobiernos llevó a los pueblos indígenas y a sus organizaciones a confiar en sus propias fuerzas. Como escribieron los mismos zapatistas en el comunicado del 15 de febrero de 1995: “Hermanos: Un sistema político injusto y criminal, el sistema político mexicano, obligó a un grupo de ciudadanos, mayoritariamente indígenas, a empuñar las armas para hacerse oír y para llamar la atención sobre los graves problemas de los pueblos indígenas de México. La vía política para el diálogo y la solución de las principales demandas del pueblo mexicano no vendrán del supremo gobierno, sino de la sociedad civil, las organizaciones sociales y políticas independientes. La paz nueva, la que necesitamos los mexicanos, la que merecemos, vendrá de nosotros mismos, de nuestro empeño, de nuestra esperanza”.