El avance de las derechas latinoamericanas en torno a 2015 pareció cerrar un largo de ciclo de impugnación al neoliberalismo. Pero el rechazo frontal al modelo hoy se ha reanudado con fuerza y enorme radicalidad.

El texto que sigue es un fragmento adaptado de Estados alterados. Reconfiguraciones estatales, luchas políticas y crisis orgánica en tiempos de pandemia (Muchos mundos ediciones – CLACSO, 2021).

“Pero antes de que la sociedad nueva se organice,

la quiebra de la sociedad actual precipitará a la humanidad 

en una era oscura y caótica.“

José Carlos Mariátegui

¿Fin de ciclo o reimpulso? ¡Sí, por favor!

Partimos de una hipótesis: la existencia de un largo «Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en América Latina» (de ahora en más, CINAL). En este ciclo, si bien incluimos como referencias ineludibles y de enorme gravitación la victoria electoral, el ascenso y la consolidación de los gobiernos denominados progresistas en la región (inaugurados con el triunfo de Hugo Chávez en la urnas en 1998), también advertimos que dicha fase de disputa y confrontación se inició antes de este proceso, teniendo como punto de partida y grado cero a las rebeliones y luchas populares de carácter antineoliberal que los antecedieron y que incluso en muchos casos dotaron de sentido a estos gobiernos y permitieron que pudiesen sostenerse en el tiempo (Ouviña y Thwaites Rey, 2018).

Del Caracazo en 1989 a los estallidos y procesos destituyentes en Ecuador iniciados con el levantamiento del Inti Raymi en 1990, de la guerra del agua y del gas de 2000 y 2003 en Bolivia a la insurrección popular de 2001 en Argentina –por mencionar solo los casos más emblemáticos–, en la mayoría de estos países se combinaron crisis políticas y socioeconómicas inéditas junto con una abrupta activación de masas. Ese proceso se desplegó a través de variados y originales repertorios de protesta, donde los altos grados de espontaneidad dieron lugar, con el correr de los años, a novedosas estructuras organizativas y tramas de sociabilidad alternativa.

Luego de una ardua y subterránea resistencia desde abajo, en gran parte de la región accedieron al gobierno fuerzas de centroizquierda, coaliciones progresistas y líderes ajenos a las estructuras políticas tradicionales que hicieron de la retórica antineoliberal un pivote fundamental de sus proyectos de transformación. 

En lugar de delimitar dos momentos antagónicos cerrados y acotados en el tiempo (neoliberal y posneoliberal), consideramos que resulta más pertinente plantear la cuestión en términos de la disputa hegemónica que se desarrolló en esos años de norte a sur del continente y que aún continúa abierta. Así, nuestro enfoque parte de una perspectiva gramsciana e incorpora en la confrontación política, económica y sociocultural (que todavía está en curso) no solo a los procesos de lucha que tuvieron impacto en el poder gubernamental, sino a todas las experiencias políticas de la región que se enmarcaron en disputas antineoliberales, anticoloniales, anticapitalistas y antipatriarcales, aunque no hayan lograron arrojar un saldo electoral positivo (Thwaites Rey y Ouviña, 2019). 

Asimismo, asumimos una definición amplia y de mayor complejidad del neoliberalismo, no acotándolo meramente a un conjunto de políticas económicas ni tampoco a un menor grado de intervencionismo estatal vis a vis el mercado. Estas interpretaciones, creemos, oscurecen más de lo que clarifican. Optamos por retomar la tesis formulada por Christian Laval y Pierre Dardot (2013), para quienes el neoliberalismo es la razón global del capitalismo contemporáneo, por lo que requiere ser asumido como «construcción histórica y norma general de la vida», mediante su poder de integración de todas las dimensiones de la existencia humana. No es, por tanto, mero destructor de reglas ni puro mercantilismo, sino también productor de un cierto «conformismo», de determinadas maneras de vivir, subjetivar y reproducir un sentido de orden.

Hecha esta aclaración, es importante insistir en que el CINAL antecede a aquellos triunfos electorales, acompaña con sus temporalidades, agendas propias y hasta hondos desencuentros al contradictorio derrotero de estos gobiernos, e incluso perdura más allá de sus caídas o declives, producidos ya sea a través de las derrotas que sufren en las urnas o a raíz de procesos de desestabilización asentados en prácticas neogolpistas.

La reacción derechista que sobreviene a partir de 2015, con el triunfo electoral de Mauricio Macri en Argentina, el golpe de Estado parlamentario-mediático-judicial contra Dilma Roussef, que pavimentó el encarcelamiento de Lula y la victoria del neofascista Jair Bolsonaro en Brasil, el viraje neoliberal de Lenín Moreno en Ecuador, la derrota electoral del Frente Amplio en Uruguay y la contraofensiva imperialista en Venezuela, parecieron augurar una reversión completa del CINAL. 

De todas maneras, aún cuando podamos aseverar que vivimos actualmente un eclipsamiento del progresismo como fenómeno de alcance y gravitación continental (y, por lo tanto no resulta descabellado postular el cierre de lo que –durante casi dos décadas– fungió de una fase con relativa hegemonía de gobiernos de este tenor a escala regional que convivió, por cierto, con expresiones de la más cruda persistencia y agudización del neoliberalismo, en particular en la geografía del Pacífico), sin embargo, ello no equivale a un fin de ciclo del CINAL conceptualizado en toda su integralidad, sino más bien a su reactivación sobre nuevas bases, tal como intentaremos demostrar aquí.

Al respecto, quizás sea pertinente apelar a la conocida broma en la cual el ácido humorista Groucho Marx retruca al clásico interrogante: «¿Té o café?», expresando «¡Sí, por favor!». La respuesta que subyace a este chiste quizás permita sortear el entuerto al que nos somete el debate constante al interior de las izquierdas en torno a los avatares y polémicas de si existe o no un cierre de este largo ciclo.

Entendemos que el rechazo frontal al neoliberalismo como expresión contemporánea de la contraofensiva capitalista e imperial asentado en el antagonismo, la confrontación abierta y la acción directa en las calles, se ha reanudado con fuerza y enorme radicalidad en 2019, y hoy también parece recobrar ímpetu en diversos territorios de América Latina (a tal punto que las movilizaciones masivas y los repertorios de protesta se han replicado poco tiempo atrás en Perú, y desde hace meses también se viven destellos de una insubordinación callejera similar en el corazón mismo de los Estados Unidos), en plena sintonía con las multitudinarias revueltas, los levantamientos populares y las huelgas de masas que despuntaron en la segunda mitad de 2019, sobre todo durante los ajetreados meses de octubre y noviembre. 

2019 y sus momentos constitutivos

Para el análisis y la caracterización del contexto que se abre tanto durante 2019 como en 2020 recuperamos un concepto propuesto por René Zavaleta: el de momento constitutivo. De acuerdo a su lectura, el mismo remite a un episodio epocal –entendido, por cierto, de manera procesual– en donde el conjunto de la población vive, como «efecto de la concentración del tiempo histórico», «una instancia de vaciamiento o disponibilidad universal y otra de interpelación o penetración hegemónica» (Zavaleta 1990b, p. 183). 

Con un claro lenguaje gramsciano, Zavaleta intenta dotar de centralidad a aquellos momentos o coyunturas históricas en las que se produce «la transformación ideológico-moral o sea la imposición del nuevo sentido histórico de la temporalidad», esto es, «una suerte de vacancia o gratuidad ideológica y la consiguiente anuencia a un relevo de las creencias y las lealtades» (Zavaleta 1990a, p. 132). 

Si bien no lo explicita, resulta evidente que está aludiendo a situaciones que, al decir de Gramsci, se identifican con las crisis orgánicas en el seno de un bloque histórico: aquellos contextos críticos de una sociedad donde la hegemonía, hasta ese entonces arraigada en las masas, se resquebraja y deja de oficiar como concepción predominante del mundo, desestabilizándose también las diferentes formas de autoridad predominantes, en particular la referida al orden público-estatal. Los momentos constitutivos remiten por lo tanto a crisis generales, en las que se plasman o bien se refundan las características y rasgos más destacados de una determinada sociedad por un tiempo relativamente prolongado, es decir, la configuración o genealogía profunda de un bloque histórico, en su específica articulación entre Estado y sociedad (Ouviña, 2016).

La rebelión iniciada los primeros días de octubre de 2019 en Ecuador, así como las que acontecieron semanas más tarde en otras realidades, pueden ser leídas en clave de momentos constitutivos en la medida en que el levantamiento en el país andino irradió su potencialidad hacia diversas latitudes de América Latina e incluso del sur global, configurando un haz de insubordinación y cuestionamiento radical del orden dominante a escala regional. Tengamos en cuenta que menos de una semana después de culminada la insurrección popular en Quito, Santiago de Chile fue sacudida por una protesta inusitada, cuyos repertorios de acción, desacato y formas de beligerancia reenviaban a las vividas en el territorio ecuatoriano. 

Luego le sucederían las jornadas convulsionadas en Colombia, con una similar huelga política caracterizada por el desborde en las calles. Y, en simultáneo a estos procesos, Haití se veía conmocionada por numerosas movilizaciones callejeras con un idéntico espíritu insumiso y de hartazgo generalizado. En todos estos casos, lo que irrumpieron no fueron tanto movimientos populares como pueblos en movimiento, donde el liderazgo colectivo resultó ser la regla. Analicemos más en detalle cada uno de ellos.

La historia reciente de Ecuador ha estado signada por sucesivos alzamientos y dinámicas de confrontación, cuyo primer hito puede situarse treinta años atrás, en la rebelión indígena de 1990 conocida con el nombre de Inti Raymi. No obstante, a pesar de esta constelación de insurgencias –que tuvo alzas y reflujos, llegando a implicar la caída de gobiernos y una gran capacidad de veto por parte de los pueblos y nacionalidades de la sierra, costa y amazonía– los once días vividos entre el 1 y el 12 octubre de 2019 involucraron no solo a la CONAIE, que sin duda cumplió un papel clave como articuladora a nivel (pluri)nacional y en el conjunto del país de este levantamiento combinado con una huelga de masas, sino también a sectores heterogéneos de la clase trabajadora y a todo un crisol de sujetos e identidades urbano-populares que excedieron con creces al movimiento indígena y que confluyeron al calor de este estallido sin precedentes.

Las manifestaciones, repertorios de acción y embriones de poder territorial que se fraguaron en las calles incluyeron a estudiantes, feministas, movimientos barriales, gremios, partidos de izquierda, campesinado pobre, desocupados/as, ambientalistas, empleados/as estatales, trabajadores/as precarizados/as y migrantes, jornaleros, maestros/as, pequeños comerciantes, pobladores y, por supuesto, indígenas pertenecientes a las estructuras de la CONAIE. Pero también se destacaron, sobre todo en los días más álgidos del conflicto, numerosos grupos y un sinfín de personas no vinculadas a plataforma alguna, que dieron considerable dinamismo y osadía a los momentos de mayor antagonismo, creatividad y experimentación colectiva.

En el caso de Chile, el viernes 18 de octubre de 2019 (es decir, menos de una semana después de la rebelión ecuatoriana) miles de estudiantes secundarios de toda la capital realizaron una jornada masiva de evasión en el Metro de Santiago («evadir, no pagar, otra forma de luchar» fue la consigna de autoconvocatoria en los principales puntos neurálgicos de la línea subterránea), ante una nueva intentona por despojar y privatizar lo común, en esta ocasión expresada en el alza de pasajes impuesto por el gobierno derechista de Sebastián Piñera. Lo que comenzó como un repudio y boicot activo contra el aumento de 30 pesos en el costo de este medio de transporte público desencadenó de manera más profunda y transversal un desacato contra treinta años de neoliberalismo recargado, lo que hizo crujir el «exitoso» modelo chileno, ayer denominado por gobiernos de la Concertación como el «jaguar latinoamericano» y hasta días antes de la revuelta caracterizado por Piñera como el «oasis» de la región. 

Este hastío e irrupción plebeya, si bien tuvo contornos espontáneos, hunde sus raíces en un largo e invisible proceso de erosión de la hegemonía neoliberal protagonizado por una multiplicidad de comunidades, actores y movimientos populares, que van desde la resistencia mapuche contra el despojo y la militarización de sus territorios en Wallmapu a los ciclos de lucha estudiantil de 2001, 2006 y 2011, pasando por las movilizaciones multitudinarias en torno al NO+AFP (fondos de pensión privatizados) y las masivas protestas feministas de 2018 y 2019 (Ouviña y Renna, 2019).

Si a esta altura estaba clara la irradiación y resonancia de estas luchas más allá de sus fronteras de origen [1], la huelga política convocada en Colombia para el 21 de noviembre de ese mismo año no hizo sino reforzar aún más una perspectiva de anudamiento e inteligibilidad común, dándole a estos estallidos un carácter articulado y regional. Nuevamente hicieron su aparición la primera línea, los escudos y las máscaras antigas, pero también las consignas y los repertorios de acción directa desplegados anteriormente en Ecuador y Chile, entre los que se destacaron los cacerolazos nocturnos y hasta canciones emblemáticas como «El baile de los que sobran», de Los Prisioneros, devenido un himno de las luchas antineoliberales en el Sur global. 

En el caso colombiano, este contagio se empalmó con una conjunción de malestares ligados al incumplimiento de los acuerdos de Paz firmados en La Habana entre la insurgencia de las FARC y el Estado, y a las profundas desigualdades generadas por la implementación de un «neoliberalismo de guerra» que ha redundado en niveles extremos de precariedad, saqueo de bienes naturales y mercantilización de la vida, así como en constantes masacres y asesinatos de líderes sociales y referentes de derechos humanos, sobre todo en las zonas rurales donde el conflicto armado es más intenso. Aunque, en rigor, fue el anuncio del gobierno de Iván Duque de un paquete de reforma tributaria, jubilatoria y laboral, el que sirvió de detonante inmediato para el inicio de este nuevo ciclo de luchas que hizo crujir la hegemonía del «régimen uribista» con el paro nacional del 21 de noviembre de 2019, que desbordó a las centrales sindicales convocantes y desencadenó un proceso de movilización popular en las calles, del que no se tiene antecedentes en las últimas décadas en el país. 

Aunque no han sido tan visibles, cabe destacar además las rebeliones que circundaron durante 2019 a varias islas del Caribe, con un mismo hilo de indignación que las enhebró en las calles, y que incluso precedieron al haz de revueltas de octubre y noviembre en Sudamérica. En primer lugar, la acontecida en Haití, donde las denuncias de fraude electoral y de corrupción por parte de la élite política gobernante, combinadas con una crisis profunda en términos socioeconómicos, un incremento del precio de los combustibles y la catástrofe humanitaria post terremoto (exacerbada por la temprana intervención militar y la ocupación del territorio nacional por parte de la MINUSTAH, desde 2004 a 2017), así como los desvíos y la apropiación indebida de fondos provenientes de Petrocaribe, dieron lugar a un ciclo de protestas multitudinarias y a dinámicas seminsurreccionales que trajeron aparejada la renuncia de varios primeros ministros y funcionarios de alto rango, con un saldo de alrededor de 80 personas asesinadas por la represión estatal.

Pero también merece mencionarse a Puerto Rico, territorio donde en el auge de la movilización popular –durante un paro nacional declarado el 22 de julio– llegó a contarse más de un millón de personas en las calles, y cuya lucha culminó con la dimisión del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, producto de la contundencia de las protestas.

Si contemplamos todo este crisol de rebeliones desde un prisma que tome distancia del mero coyunturalismo y pondere la correlación de fuerzas a nivel continental, no hay duda alguna de que la reactivación del CINAL estuvo motivada por un nuevo ímpetu antagonista, que desde el hartazgo popular logró trastocar un cierto «conformismo» a nivel regional e involucrar –como rasgo de suma originalidad– un relevo múltiple. En primer lugar, el más evidente es el generacional, ya que las juventudes fueron las principales impulsoras de estos levantamientos (adolescentes de Liceos y secundaristas en el caso de Chile, juventudes indígenas y urbano-populares en Ecuador, estudiantes universitarios y jóvenes de barriadas humildes en Colombia, precarizados/as, habitantes de las periferias y colectivos contraculturales en Puerto Rico y Haití).

Pero también es importante destacar el relevo de género, ya que las mujeres (y disidencias) se destacaron en las primeas líneas, las tareas de autocuidado y reproducción en espacios públicos, refugios y barricadas, así como el sostenimiento de las tramas comunitarias y el acuerpamiento colectivo en las calles. Por último, el relevo es étnico, en la medida en que las revueltas han asumido un carácter anticolonial y antirracista, de reivindicación de las identidades indígenas, afros, palenqueras y cimarronas, en suma, plurinacionales, exigiendo en numerosas ocasiones un reordenamiento territorial que, de concretarse, dislocaría las fronteras arbitrarias y la juridicidad capitalista impuestas por los Estados colonial-republicanos.

De conjunto, este relevo múltiple se destaca por la emergencia de novedosos liderazgos, menos burocratizados, refractarios a toda política elitista y con altos niveles de combatividad y osadía, que van desde el expresado por las bases de la CONAIE, las comunidades mapuches en Wallmapu y misak en el Cauca colombiano, al desplegado por el movimiento feminista y LGBT o por el activismo estudiantil y artístico-cultural, teniendo a la recreación del internacionalismo como un rasgo distintivo y a la asamblea como forma transversal de autoorganización y sostén de los procesos de lucha, a partir de un vínculo más estrecho y orgánico entre medios y fines, que apuesta a la prefiguración «aquí y ahora» de los gérmenes de la sociedad futura.

Octubre y noviembre fungieron así de parteaguas a escala continental, inaugurando un período de envalentonamiento de los pueblos y clases subalternas frente al orden dominante. El hartazgo y la ruptura de la relación mando-obediencia se cobró revancha derribando monumentos, evadiendo molinetes, cuestionando fronteras, confrontando con la policía, disolviendo prejuicios y anudando reclamos, estampando consignas insumisas en muros e incendiando edificios emblemáticos. En paralelo, se gestaron instancias de autogobierno territorial, parlamentos populares, ámbitos de democracia comunitaria, mandatos de base y primeras líneas que hicieron de la audacia y el autocuidado colectivo estandartes de lucha.

Un haz de rebeliones contra la institucionalidad estatal de viejo cuño

Si bien estas diferentes revueltas pueden ser definidas como de carácter espontáneo, es preciso no absolutizar esta lectura. Debemos interpretarlas en tanto conjunción de proceso y acontecimiento, que a su vez supieron combinar radicalidad y masividad, para aunar en forma creativa tramas subterráneas, temporalidades de enorme intensidad y apuestas cotidianas de experimentación que fueron horadando cada vez más la hegemonía neoliberal vigente en estos países, con una reactivación de la memoria histórica de los pueblos de mediana y larga duración, hasta decantar en un estallido tan multitudinario como inesperado, logrando reventar la burbuja del mito de una sociedad falsamente inclusiva y democrática. 

Más allá de sus matices y particularidades, estas irrupciones plebeyas tuvieron como antesala y a la vez enlazaron diversas resistencias de una multiplicidad de sujetos/as insumisos/as: la lucha de las mujeres contra el sistema patriarcal y en defensa de la soberanía sobre los cuerpos/territorios para hacer visible la violencia y la precariedad de la vida que las afecta de manera más aguda a ellas y a las disidencias; contra el extractivismo, la privatización de los bienes naturales, la contaminación socioambiental y la acumulación por despojo en campos y ciudades; la librada ancestralmente por los pueblos y nacionalidades indígenas en defensa del territorio, la autodeterminación y el fin de la militarización; las iniciativas y propuestas de vida digna basadas en la recuperación de derechos sociales que no cabe concebir en términos mercantiles (como la educación, la jubilación o la salud pública); la denuncia del terrorismo estatal, la brutalidad policial y la criminalización de la protesta; así como las variadas expresiones de poder popular, prefiguración y autogobierno desarrolladas por movimientos urbano-populares desde los rincones de las periferias de la ciudad neoliberal, que cultivan maneras muy otras de reproducción de la vida en común (Ouviña y Renna, 2019).

En conjunto, todas estas luchas abonaron –de forma subterránea e intersticial– a la erosión del sentido común neoliberal, patriarcal y neocolonial, que tuvo como contracara una pérdida del miedo, la desnaturalización de las relaciones de dominación y opresión y un quiebre del «realismo» capitalista, que trocó en estado de ánimo disconforme e insumiso a nivel societal. De igual manera, el ¡Fin del lucro!, que ya había sido escuchado como principal grito de protesta y exigencia popular en 2011 en Chile, se actualizó durante octubre y noviembre de 2019 a partir de un clima de hartazgo generalizado que equivalió a un estruendoso ¡Ya Basta!, similar al lanzado por el zapatismo desde la Selva Lacandona en los inicios del CINAL.

Estas revueltas, huelgas políticas de masas e insurrecciones habilitaron un «secreto compromiso de encuentro» entre las apuestas colectivas de lucha precedentes y una espontaneidad de masas que irrumpió en las calles, operando por multiplicación y a través de la irradiación, consiguiendo conectar el memorial de agravios históricos con el descontento actual cada vez mayor con respecto al orden capitalista. Esta reactivación del CINAL implicó, por lo tanto, la recuperación de las calles y la confrontación con políticas neoliberales, pero también contra lógicas de autoritarismo estatal, racismo y misoginia que se han recrudecido al calor de los intentos de aplicación de planes de ajustes y una precarización extrema de la vida. René Zavaleta solía decir que las rebeliones y levantamientos, incluso aquellos acontecidos hace mucho tiempo atrás, continúan presentes –aunque no lo percibamos– «sobre todo en el inconsciente de las sociedades» (Zavaleta, 1986). 

Se vivencia un cuestionamiento y crisis tanto de la institucionalidad estatal forjada en las últimas décadas, como una impugnación de los «componentes de larga duración» del Estado. En un texto escrito cuando aun formaba parte del grupo Comuna, Álvaro García Linera planteaba a modo de hipótesis que las luchas sociopolíticas desplegadas en Bolivia entre finales del siglo XX y comienzos del actual –a las que enmarcamos en un plano más amplio en el CINAL– no solo pusieron «en cuestión los componentes de corta duración del Estado (su carácter neoliberal), sino también varios de sus componentes de ‘larga duración’ de su cualidad republicana. Por lo tanto, estamos asistiendo a una doble crisis o el montaje de dos crisis» (García Linera, 2005, p. 19). 

Consideramos que, con sus especificidades y rasgos distintivos, esta fisura –que supone un quiebre o fractura de las estructuras coloniales y demarcaciones propias del Estado republicano implantado de manera despótica– se ha vivido también en otras realidades de América Latina, cobrando gran intensidad durante las revueltas de 2019 y 2020 en ciertos territorios, donde además de debilitarse los pilares del orden estatal neoliberal han crujido los fundamentos patriarcales, racistas, monoculturales y de la democracia liberal inscripta en la tradición moderna.

Tal vez los ejemplos más emblemáticos y visibles sean las acciones directas con un alto grado de replicabilidad en diferentes puntos del continente (y hasta en otras latitudes del sur global), estéticas y performativas, de una común vocación restitutiva, que incluyeron desde el derribo de estatuas y monumentos que enaltecen a conquistadores, la reivindicación de banderas y símbolos indígenas o alusivos a las disidencias sexuales, hasta gramáticas disruptivas propias de un lenguaje contencioso e iniciativas artísticas participativas donde –como en el caso del colectivo feminista LasTesis, de Chile– se denuncia que el Estado es un «macho violador».

Y si bien a lo largo del 2020 se vivió en variadas realidades de América Latina una situación ambivalente, signada por cierto impasse forzado por el contexto de pandemia y confinamiento al que instaron los gobiernos –y la institucionalidad estatal– al conjunto de la población, éste sin embargo no logró contener del todo ni tampoco aplacar de manera plena el descontento y la ebullición experimentada meses antes de la declaración de la cuarentena. 

A pesar de la ampliación y agudización de las funciones represivas del Estado, que incluyó desde la militarización de territorios hasta el minucioso control policial y, en muchos casos, redundó en abusos, detenciones masivas, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de personas, en particular contra sectores populares que vieron dificultada la posibilidad de respetar la cuarentena (a raíz de sus condiciones de hacinamiento habitacional, de extrema precariedad laboral y de la vida misma), de todas formas se destacaron momentos de quiebre del aislamiento y recuperación activa del espacio público, sobre todo en Chile, Ecuador y Colombia, que instaron a romper el aislamiento y, sin descuidar los recaudos sanitarios, volver a ejercitar la protesta y el antagonismo de manera masiva.

Esto llevó a que el escenario latinoamericano se vea sacudido por un contexto de confrontación callejera inédito y de una intensidad casi tan alta como en 2019, en particular en Colombia –con movilizaciones contra los asesinatos y la represión policial– y en Chile, al cumplirse un año del inicio de la rebelión y con motivo de la concreción del referéndum. Esta parcial reactivación del CINAL tuvo picos de agitación, combates con la reaparición de las primeras líneas y otras modalidades de autodefensa popular en simultáneo al fortalecimiento de mecanismos novedosos de participación ciudadana que fungieron de ejemplificadores para el resto del continente (en particular en realidades que, como la chilena, se encuentran sumidas en el más crudo régimen neoliberal de similares contornos autoritarios). 

Por ello, no resulta casual que justamente un año después del auge de la protesta en las calles en realidades como Ecuador, Chile y Colombia se replique esos repertorios de acción, cánticos y dinámicas de movilización en los principales puntos del Perú.

Este país andino vive desde hace varios años una crisis política de enormes proporciones, agudizada ahora por los desmanejos en torno a la pandemia. Ambas circunstancias, combinadas, hicieron de Perú uno de los territorios más afectados por el coronavirus a nivel continental y global. La continuidad y exacerbación neoliberal en las últimas décadas –con la acumulación por despojo como pivote fundamental– tuvo como contracara numerosas luchas populares que se remontan a las movilizaciones del año 2000 contra el régimen fujimorista, y dentro de las que se destacan en la última década las resistencias indígenas y campesinas en rechazo a proyectos megamineros y extractivistas en regiones de la sierra y amazonia. 

Los escándalos por corrupción y sobornos vinculados con esquemas de contratación de la obra pública (que involucran a todo el arco político), sumados a la continuidad de un Estado profundamente autoritario (cuya Constitución fue sancionada en 1993, tras el autogolpe de Alberto Fujimori y en un contexto signado por el terrorismo estatal y el auge neoliberal), decantaron en la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y la asunción como presidente de Martín Vizcarra en marzo de 2018. El desprestigio y la deslegitimación cada vez mayor del conjunto de los partidos políticos, y en particular de la élite gubernamental, se agudizó este 2020 con una pésima gestión sanitaria y socioeconómica de la pandemia, lo que combinado con otros malestares sirvió de pretexto para que el 9 de noviembre prospere un pedido de vacancia (renuncia) a Vizcarra por parte de la mayoría del Parlamento, hecho que fue leído por un sector importante de la población como un golpe de Estado generado desde las entrañas mismas del poder, con la evidente complicidad de la derecha. 

Esto desencadenó un proceso de movilización popular que, con fuerte protagonismo juvenil, denunció en las calles de Lima y en otros puntos relevantes del país la crítica situación y, a pesar de sufrir una brutal represión que dejó un saldo de varios muertos, obligó a la renuncia de Manuel Merino (acusado por un porcentaje considerable de la ciudadanía de golpista), quien había asumido provisionalmente como presidente, durando tan solo cinco días en el cargo. Al igual que en Chile (y en menor medida Colombia), la demanda política de una Asamblea Constituyente emerge como una de las principales exigencias levantada por las y los manifestantes en medio de una coyuntura destituyente y con persistentes protestas de carácter masivo, donde prima el vacío de poder y un endeble gobierno transitorio sin ningún tipo de consenso, cuyo mandato debe durar hasta las elecciones generales de abril de 2021.

A nivel continental, hablamos precisamente de reactivación porque consideramos que el CINAL como tal no se ha cerrado sino que, con vaivenes, destellos, ascensos y reflujos, se mantuvo abierto durante las últimas dos décadas y hoy cobra mayor ímpetu y radicalidad, revitalizándose en diversas latitudes de América Latina a través de estos estallidos que pueden ser definidos como «núcleos de intensidad democrática», ya que al decir de Zavaleta «producen vastos estados de disponibilidad general o cuestionamiento universal por medio de los cuales las masas se lanzan a profundos actos de relevo ideológico» (Zavaleta, 1990: 110) [2]. Subyace como anhelo en común una «reconstrucción del destino», que aúna el quiebre radical con la reconfiguración del universo civilizatorio, recreando simbólica y materialmente el horizonte utópico de los pueblos latinoamericanos. 

Ello no supone una ruptura ni un cierre definitivo del CINAL, pero sí un reimpulso o nueva fase. Allí, los procesos forjados por fuera de las estructuras estatales heredadas del neoliberalismo –y sostenidas por los gobiernos progresistas casi sin vocación de ruptura a lo largo del período de auge del CINAL–, adquieren creciente centralidad en la dinámica impugnatoria en tanto autodeterminación de masas. Aquellos territorios signados por mayor cantidad de contradicciones de orden neoliberal, de un neoliberalismo de larga duración o un extractivismo belicoso (cuyos Estados ostentan cierto grado de debilidad por carecer de una hegemonía sólida en clave consensual o resultar ella sumamente precaria, pero a la vez resultan fuertes en cuanto a su faceta represiva o de maquinaria disciplinante, que se encuentra en guerra con un sector relevante de su propia población), son hoy epicentro de la agudización de la lucha de clases y fungen de puntos de condensación de la relación de fuerzas a nivel regional, por lo que de conjunto inauguran un momento constitutivo en términos continentales que parece reconfigurar, quebrar o bien trastocar la correlación de fuerzas existente.

¿Estamos ante el inicio de un proceso de confrontación anticapitalista de nuevo tipo? ¿O más bien se renuevan y actualizan las dinámicas, expectativas y aspiraciones propias de la fase progresista?

Entre la catarsis y los escenarios pospandémicos

Resulta difícil imaginar cuál será el mapa geopolítico regional y global de la pospandemia. Quizás la inestabilidad hegemónica sea en gran medida la regla, y tenga como contracara una relativa «indeterminación estratégica» a nivel sociopolítico. No obstante, tanto en este libro como en otros estudios e investigaciones se esbozan diferentes escenarios posibles, que tienen sin duda a lo estatal en tanto eje vertebrador y campo de fuerzas (asimétrico y relacional) en permanente disputa. Partimos de caracterizar a la coyuntura actual como un momento propicio para la producción y actualización del pensamiento crítico latinoamericano y del Sur global, ya que nuestro continente no solamente ha sido y es epicentro de la pandemia, sino también uno de los territorios más emblemáticos donde se ensayan alternativas frente a esta crisis y se dirimen proyectos de resolución, ya sea en una clave regresiva como potencialmente liberadora.

Antonio Gramsci supo apelar a la noción de catarsis para dar cuenta de aquel momento en el que se logra transitar de lo sectorial o económico-corporativo hacia lo ético-político, abriendo una coyuntura crítica donde emerge como posibilidad la construcción de una nueva hegemonía como alternativa integral, de manera tal de irradiar a nivel general una concepción del mundo y un crisol de prácticas emancipatorias que trasciende el entorno inmediato o la identidad específica que se tenga (Gramsci, 1986). 

La catarsis, por tanto, contempla siempre a la crisis como momento de dilucidación y ampliación del horizonte de visibilidad más allá de lo posible, por lo cual resulta al mismo tiempo expresión ambivalente e inestable de un proceso de cambio y desintegración social, al que creemos cabe incorporar también el entrecruzamiento de Estado, sociedad y naturaleza. Ello parece haber ocurrido precisamente durante 2019 y 2020 en diferentes lugares de América Latina, por abajo y por arriba: tanto producto de las rebeliones populares vividas en estos últimos dos años, como a causa de las intentonas de revanchismo de las clases dominantes, el imperialismo y las derechas, a lo que habría que sumar la trágica sobredeterminación de la pandemia, verdadero cataclismo del Capitaloceno en la historia reciente. 

Por abajo, en países como Haití, Ecuador, Chile, Colombia y Perú, donde las rebeliones callejeras no han implicado luchas meramente sectoriales ni acotadas a consignas reivindicativas o de índole corporativo, sino que apuntaron a cuestionar las bases mismas del modelo neoliberal (e incluso, embrionariamente, del capitalismo, el heteropatriarcado y la colonialidad moderna), así como de un Estado refractario a las exigencias y necesidades popular-comunitarias. Esta insubordinación de masas excede, incluso, los contornos de nuestro continente, ya que en otros puntos del planeta también se viven apuestas similares de lucha mancomunada. De las huelgas generales lideradas en París por los «chalecos amarillos», a las movilizaciones antirracistas del Black Lives Matter en los Estados Unidos, hay todo un haz de referencias globales donde poner el cuerpo de manera colectiva resulta central en la autoafirmación de la vida digna. 

Pero también se percibe en ciertos escenarios convulsionados una situación catártica por arriba, que tuvo a Bolivia en 2019 como ejemplo emblemático. Allí, las clases dominantes y sectores de ultraderecha envalentonados, lejos de replegarse como antaño en el territorio de la llamada «medialuna» renunciando a la disputa por la hegemonía a nivel nacional, decidieron ampliar su lucha, dar una disputa abierta e irradiar su concepción del mundo (asentada en la biblia, la heteronormatividad patriarcal y el racismo más enfervorizado), logrando proyectar su revanchismo y violencia más allá de las geografías regionales donde supo afincar históricamente su poder, y hasta concitando ciertos grados de consenso popular. 

Este trágico ejemplo, más allá no haber prosperado en el tiempo (al menos de momento), no constituye un caso aislado. Podríamos conjeturar que el gobierno de Bolsonaro, si bien deslegitimado al comienzo de la pandemia por una serie de medidas y gestos, de todas maneras goza aún de una aceptación considerable y ha resignificado su figura pública, incluso en algunas capas de las clases subalternas, lo que denota que estamos en presencia de un proyecto restauracionista de largo aliento que, al margen del «personaje Bolsonaro», al parecer ha llegado para quedarse. 

Esta lectura espacial de un arriba y abajo como metáfora binaria puede resultar, sin embargo, un tanto esquemática, ya que ensombrece lo que –desde una mirada más refinada y dialéctica– se evidencia de manera matizada y contradictoria en estos procesos en curso. Tal como ha sabido problematizar el propio Gramsci, movimientos reaccionarios y de tintes fascistas, han concitado en otros contextos históricos el apoyo activo de vastos sectores populares, en la medida en que el concepto de hegemonía involucra siempre el momento de internalización subjetiva del orden social, lo que incluye la asunción como propios, por parte de las clases y grupos subalternos, de un conjunto de valores, pautas de comportamiento, prejuicios e ideas que son difundidas en el marco de las instituciones de la sociedad civil, y se corresponden con los intereses de las clases dominantes. 

Y es que, tal como han advertido varias relecturas neogramscianas latinoamericanas, lo popular (y, dentro de él, el sentido común afincado en la materialidad de la vida social) resulta todo lo contrario del facilismo maniqueo y dicotómico que enfrenta, desde el esencialismo y la pura externalidad, lo hegemónico y lo subalterno. Por ello es importante leer en toda su complejidad e hibridez el crecimiento y expansión de proyectos de derecha que, en palabras de Rafael Hoetmer, han podido surgir movilizando los sentimientos de miedo, como también por la precarización e inseguridad reales que enfrentan las poblaciones en América Latina: 

los actores de las nuevas derechas ofrecen una serie de formas de amparo, aunque posiblemente más en los discursos que en la práctica. Ante el abandono de las izquierdas de las discusiones en torno de la seguridad pública, las nuevas derechas proponen mano dura y orden. Ante la precarización de la vida, las iglesias evangélicas ofrecen un sentido de comunidad y ciertas prácticas de solidaridad y cuidado mutuo. Ante la falta de perspectiva, aparecen las economías ilegales e informales y la promesa del emprendedor como posibilidades de progreso concreto. (Hoetmer, 2020, p. 30)

De ahí que el primer escenario posible sea el de un reforzamiento del estatismo autoritario combinado con una intensificación del neofascismo y conservadurismo societal. Si ya antes de la pandemia se vislumbraba esta tendencia a partir de procesos políticos como el vivido en Brasil con el bolsonarismo, el contexto  actual abona a que las clases dominantes y el imperialismo vean como viable el fortalecimiento de esta opción, que incluso puede llegar a articular un cierto «negacionismo» que reste relevancia al flagelo del COVID-19, haciendo referencia al contexto de excepcionalidad que éste impone a escala regional y mundial para, bajo este pretexto, vulnerar determinados derechos, restringir libertades democráticas, robustecer valores tradicionales (de carácter patriarcal, misógino, nacionalista y/o meritocrático), militarizar territorios, ejercer la contrainsurgencia o incrementar la utilización del aparato coercitivo del Estado.

Tengamos en cuenta que la apelación a la coerción no ha dejado de ser la punta de lanza del discurso punitivista en auge a nivel continental a partir de la construcción de un «enemigo interno» (con contornos específicos de acuerdo a cada realidad concreta) que legitime la escalada represiva vivida en gran parte de la región. La pandemia requirió, según esta gramática, entrar en «guerra» contra un «enemigo invisible» (la metáfora bélica, por cierto, ha sido transversal a los gobiernos latinoamericanos más allá de su tinte ideológico), pero también redoblar esfuerzos y amplificar las iniciativas destinadas al combate del narcotráfico y la inseguridad delictiva. Para ello, se busca interpelar al imaginario social autoritario y conectar con cierta necesidad de protección, respeto de la ley y deseo de restablecimiento del «orden», que el sentido común dominante exige de parte del Estado.

La defensa enconada del accionar de las fuerzas represivas, incluso en situaciones de abierta flagrancia (detenciones y torturas, realización de desalojos sin orden judicial, apología abierta de casos de «gatillo fácil») se complementa con el reforzamiento mediático de prejuicios y estigmas que tienden a asociar juventud pobre o población de barriadas humildes con delincuencia, protesta social o huelgas de masas con desestabilización e «ilegalidad» y pueblos indígenas con terrorismo, buscando así fortalecer una visión de mundo que avale –e incluso demande– una intensificación del poder estatal despótico.

Cabe por lo tanto preguntarse si no estamos en presencia de un fenómeno que se asemeja a lo que René Zavaleta denominó hegemonía negativa, es decir, «una construcción autoritaria de las creencias» asentada, en este caso, en una delicada combinación de apelación al miedo y a la autopreservación individual, con «tolerancia cero» y castigo ejemplificador de quienes azuzan el «caos», cuestionan la propiedad privada o quebrantan la legalidad, que redundaría en una aceptación acrítica de la creciente militarización de la vida social, ya desplegada en casi todo el continente al calor (y bajo el argumento) de la pandemia. 

Quizás la novedad esté dada por la mixtura de ciertos dispositivos de despotismo estatal que cobran mayor relevancia para controlar las poblaciones, gestionar la inseguridad y regular la circulación de los cuerpos con un «emprendedurismo» de raigambre societal, que incita a participar activamente en la garantía misma de este orden cada vez más autoritario (construcción vecinal de «mapas del delito», grupos de whatsapp de «alertas barriales», defensa de valores tradicionales como los de la familia ante el avance de los feminismos), desde lo que Esteban Rodríguez (2014) caracteriza como vigilantismo o giro policialista, enfocado a estigmatizar y combatir al otro que no comparte o parece amenazar las formas de vida compatibles con este sistema de dominación múltiple tan desigual. 

Asimismo, la pandemia y el confinamiento prolongado han reforzado el uso de las redes sociales, cámaras y plataformas virtuales (como Zoom), tornando centrales los dispositivos de vigilancia y control emparentados con el panóptico digital el cual, a diferencia de lo que Michael Foucault supo postular desde Bentham, funciona sin ninguna óptica perspectivista, ya que la vigilancia puede producirse desde todos los lados y en cualquier parte (comenzando por el propio espacio doméstico). Al decir de Byung-Chul Han, la peculiaridad de este tipo de panóptico «está sobre todo en que sus moradores mismos colaboran de manera activa en su construcción y en su conservación, en cuanto se exhiben ellos mismos (…) Cada uno entrega a cada uno a la visibilidad y al control, y esto hasta dentro de la esfera privada» (Han, 2018, p. 90).

Por otra parte, en el descontento de ciertos sectores de clase media-alta y burguesa se evidencia un cierto nivel de lo que Zavaleta denominó «conciencia de clase reaccionaria», expresada en cacerolazos convocados en las redes sociales y amplificados hasta el paroxismo por los medios hegemónicos, en «banderazos» –por lo general coincidentes con fechas patrias, que refuerzan el sentido identitario «nacional», blanco y republicano construido desde el Estado colonial moderno–, así como iniciativas callejeras de rechazo abierto a la cuarentena como política pública sanitaria, todas ellas con un violento anclaje de clase, racista y heteropatriarcal. 

El segundo escenario posible es aquel que aspira a reeditar el ciclo de los gobiernos denominados «progresistas» en este nuevo contexto regional y planetario, teniendo como principales referencias la derrota en las urnas y el desplazamiento del poder de coaliciones conservadores, derechistas o abiertamente golpistas, como ha ocurrido en los casos de México, Argentina y más recientemente Bolivia. Las elecciones en Ecuador (con la probabilidad de que triunfe el referente apoyado por Rafael Correa), Chile (que vivirá simultáneamente un proceso de reforma constitucional y elecciones municipales y de gobernadores regionales) y Perú (país en el que la crisis de los partidos tradicionales cala hondo y sectores de centroizquierda cuentan con un caudal de votos considerable) son, aunque no las únicas, las más relevantes en este sentido.  

Una cuestión en ocasiones no contemplada por quienes postulan esta salida es la ausencia de condiciones estructurales u «objetivas» (y, parcialmente, también subjetivas) para replicar o dar un nuevo impulso a proyectos de este tenor. Por un lado, debido a que el contexto global dista de asemejarse a aquel en el que se inscribieron y apoyaron los gobiernos surgidos en el CINAL, signado por un alto precio de los commodities y un transitorio «bonapartismo internacional», que garantizó una reversión relativa del tradicional balance negativo en los términos de intercambio, fungiendo de base material de la recuperación de ciertos márgenes de acción autónoma de los Estados latinoamericanos (Thwaites Rey y Ouviña, 2019). 

Lo que en algún momento se concibió como fortaleza «neodesarrollista» resultó ser, en rigor, un parcial y momentáneo contexto de bonanza, cuya contracara fue una precariedad estratégica que agudizó la inserción subordinada y la mayor dependencia con respecto al mercado mundial constituido y a los vaivenes del precio internacional de los bienes naturales, que a los efectos de garantizar una ampliación de la ciudadanía por la vía del consumo, multiplicó zonas de sacrificio, migraciones forzadas, fractura de ecosistemas, superexplotación de la fuerza de trabajo, desestructuración de lazos comunitarios y violencia sobre los cuerpos-territorios. 

Por otro lado, estas políticas ya no gozan con tantos niveles de confianza ni consensos equivalentes a la coyuntura de auge del CINAL a raíz del creciente descontento y malestar provocado por la secuelas económicas y socioambientales que trajo aparejado el extractivismo, hoy acrecentado por la mayor visibilidad y desprestigio que ha cobrado el nexo causal entre, por un lado, la acumulación por despojo en base a la desarticulación de hábitats de cientos de especies silvestres, la alteración sustancial del clima y la imposición global de agronegocios y megafactorías y, por el otro, la proliferación de enfermedades y numerosas cepas patógenas que se irradian a escala planetaria, tal como ha ocurrido con el COVID-19 y otras enfermedades precedentes.

La cría industrial de animales, en particular, a través de la cual millones de seres vivos son producidos como mercancía en un contexto de hacinamiento, uso indiscriminado de antibióticos y sufrimiento extremo, tiene como contracara necesaria no solo una evidente debacle ambiental de dimensiones geológicas, sino la multiplicación de zoonosis, por lo que es factible que a esta pandemia le sucedan en un futuro cercano otras de igual o mayor magnitud.

A su vez, una limitación adicional del progresismo, que hoy busca nuevamente reconstruirse, es aquella emparentada con lo que Gramsci (1984) definió como «estadolatría». Este enamoramiento del poder estatal, en el sentido estricto del aparato gubernamental, redundó en un recambio de élites y funcionarios durante el auge del CINAL vis a vis los partidos tradicionales y de viejo cuño, pero se asentó sin embargo sobre el no cuestionamiento de los pilares básicos de la democracia representativa liberal burguesa, y tuvo como preminencia lo que el marxista italiano caracterizó con el término de «pequeña política». Combinadas con la tendencia a enaltecer «hiperliderazgos» individuales difíciles de relevar o sustituir en puestos claves del ejecutivo, que por cierto eclipsaron la constitución de sujetos políticos colectivos plausibles de perdurar en el tiempo más allá –y por fuera– de los altibajos electorales, estas características resultaron casi sin excepciones un punto débil en común de los progresismos. 

Es decir, se tornó habitus el conjunto de prácticas y modos del quehacer político que se encapsulan en el día a día de la gestión institucional y el respeto de la juridicidad burguesa, asumiendo con resignación el orden dominante e intentando adecuarse a él más que enfrentarlo; aquel que lejos de trastocar las estructuras económico sociales y aspirar a crear nuevas relaciones, las conserva y defiende, haciendo de la intriga entre facciones, el posibilismo y la disputa electoral un pivote central de la lucha, acotada a consolidarse al interior de un equilibrio de fuerzas ya constituido.

Aunque no podemos adentrarnos aquí en sus luces y sombras, en el balance referido a la dialéctica entre «poder propio» y «poder apropiado», estas experiencias desestimaron toda crítica integral al capitalismo y tendieron a privilegiar la subordinación a las reglas de juego del régimen democrático burgués, haciendo un uso particular –sin ninguna vocación real de ruptura– de la institucionalidad estatal heredada del neoliberalismo (o sea, de porciones de poder capturadas de manera coyuntural y por la vía electoral), lo que redundó en una fragilidad extrema de los proyectos que pretendían edificar.

Frente a él, las revueltas de 2019 y 2020 delinean un tercer escenario, en tanto procesos de masas que se despliegan desde abajo y en abierta confrontación con respecto a los aparatos estatales en su dimensión represiva, burocrática y delegativa, incluyendo en esta dinámica de impugnación también al conjunto de la casta o élite política. A pesar de las alzas y reflujos vividos, estos levantamientos parecen sugerir una alternativa que, lejos de reeditar el ciclo progresista, privilegia una estrategia de construcción con mayor potencialidad antisistémica, en la medida en que amplían lo público más allá de lo estrictamente estatal, despuntan destellos de una nueva hegemonía y desmonopolizan la agenda sociopolítica a partir de nuevas formas de experimentación de la toma de decisiones colectiva y la reproducción de la vida en común. 

Esta posible salida de la crisis remite a procesos de mayor radicalidad y ruptura con el orden neoliberal y también en abierta confrontación con las formas de dominación colonial, patriarcal y capitalista, lo que por supuesto incluye aquellas dimensiones del armazón estatal en sus estructuras más conservadoras y opresivas (aquellas que favorecen desde una «selectividad estratégico-relacional» a los intereses capitalistas e involucran un sesgo ineludible de clase, raza y género), aunque sin desestimar la posibilidad de un proceso refundacional  y de reinvención del Estado, ampliando las facetas que implican una parcial cristalización de conquistas y beneficios para las clases subalternas y pueblos latinoamericanos. 

Partimos de no concebir a la estatalidad como un bloque monolítico y sin fisuras, cual fortaleza enemiga que sería totalmente externa y ajena a los sectores oprimidos, pero al mismo tiempo creemos que es preciso no caer en el peligro simétrico de caracterizarla en clave instrumental (vicio recurrente de los progresismos), en tanto instancia neutra que puede «utilizarse», sin más, para hacer avanzar un proyecto emancipatorio del tenor que expresan las luchas y resistencias contemporáneas en América Latina.

Recuperar la dialéctica entre reforma y revolución, revitalizar la articulación de luchas dentro, contra y más allá del Estado, en función de una delicada pero osada combinación de reivindicaciones desde abajo, confrontación y movilización callejera, en paralelo al sostenimiento de dinámicas organizativas autogestionarias y de construcción de poder popular territorializado, que eviten el «encapsulamiento», erosionen la hegemonía capitalista y patriarcal y no teman generar rupturas radicales ni desatender horizontes de posibles procesos constituyentes en sintonía con la plurinacionalidad, la soberanía alimentaria y el buen vivir, es un desafío que depara el actual escenario continental y global.

Conclusiones finales (para un nuevo comienzo)

En medio de un panorama por demás incierto a nivel regional y mundial, el debate que subyace a este contexto inédito es, por lo tanto, en qué medida aquellas luchas callejeras, levantamientos populares y huelgas políticas de masas que se vivencian desde 2019 y se han reactivado parcialmente este 2020 en un crisol de territorios de América Latina y el Caribe, implican una crisis orgánica en los países en los que acontecen, y hasta qué punto estamos en presencia de un cambio de la relación de fuerzas a escala continental.

Más allá de los claroscuros y contrastes en cada bloque histórico, no caben dudas de que parecen haberse reanudado las resistencias y luchas que dieron origen al CINAL a finales de los años 80 y principios de los 90, en este caso en realidades donde la mercantilización y precariedad extrema de la vida, han tenido como contracara Estados profundamente autoritarios, así como formas veladas y/o abiertas de violencia paraestatal («ilegales», aunque en connivencia con, y apuntaladas por, ciertas estructuras estatales linderas con la criminalidad) que ejercitan de manera cada vez más enconada el dominio y la coerción al ver erosionado el consenso y la hegemonía neoliberal que, hasta hace poco tiempo atrás, parecían incólumes. 

Al mismo tiempo, en aquellos países donde se vivieron procesos de gobiernos con mayor o menor intento de distanciamiento/ruptura respecto del recetario neoliberal más crudo, el ciclo de auge de movilización y participación activa tuvo, con el correr de los años, su declive y reabsorción por mediaciones institucionales, al compás de la recomposición hegemónica o bien de una cierta cohabitación con el orden capitalista, a pesar de lo cual se lograron materializar en una serie de conquistas parciales, tanto sociales como políticas, bajo la modalidad de políticas públicas tendencialmente universales y la ampliación parcial de derechos, que hoy en día constituyen un piso fundamental en términos simbólico-materiales, muy distinto al momento de derrota defensiva de los años noventa. 

Además, los pueblos, comunidades y movimientos sociales acumularon experiencia y formatos organizativos en los que apoyarse para activar la rebeldía y la confrontación ante medidas regresivas que en la actual coyuntura se intentan en su contra, lo que conforma un escenario bastante diferente al inaugurado a finales de los años ochenta en la antesala del CINAL (Ouviña y Thwaites Rey, 2018). 

Por ello no resulta aventurado afirmar que las intensas jornadas de simultáneo desgarramiento y universalidad vividas en 2019 y 2020, verdaderas «fiestas de la plebe» al decir de René Zavaleta, abrieron una hendija privilegiada que amplió el horizonte de visibilidad de los pueblos y clases subalternas del Sur global, haciendo posible un ejercicio catártico de (auto)conocimiento colectivo de gran parte de lo que anteriormente se encontraba vedado. 

La politización de la vida cotidiana que impuso la pandemia y la expansión de nuevos imaginarios políticos que aspiran a revolucionarlo todo contrasta con el realismo capitalista y un estado de excepción permanente que pretende apuntalarse como sentido de inevitabilidad y destino inexorable para la región. Pero esta crisis que sacude hoy a buena parte de América Latina y otros puntos del planeta, jamás debe leerse como garantía de triunfo, ni tampoco en una clave derrotista. Más bien cabe pensarla en tanto escuela de conocimiento e instante anómalo en la vida social, que como vimos puede deparar diferentes y hasta contrapuestos escenarios posibles.

Quizás valga la pena recuperar de la cosmovisión andina la metáfora y figura del Pachakuti, que involucra una doble significación de suma actualidad: remite a un cambio de época de carácter integral, un giro, revuelta o dislocamiento espacio-temporal que puede implicar tanto catástrofe como renovación y discontinuidad, colapso o bien una inversión radical del orden existente. 

El contexto por el que transita América Latina nos habla acerca de esta doble posibilidad en ciernes. Por un lado, la amenaza certera del advenimiento de un mundo distópico, de contrarrevolución preventiva, militarización de territorios, proliferación de enfermedades, fascismo societal, degradación ecológica y extractivismo recargado; por el otro, la conciencia anticipatoria cifrada en la insurgencia popular, la politización de masas, el relevo múltiple y el buen vivir. Frente a esta disyuntiva, no cabe sino apelar una vez más a la desmesura, para avivar la llama de la rebeldía y ayudar a parir aquello que no termina de (re)nacer. Porque a pesar del llanto por quienes han caído en los estallidos de 2019 y 2020, esos fuegos todavía resplandecen en nuestras pupilas.

Fuente: Jacobin

Notas

[1] Retomamos el concepto de irradiación, recreándolo, del marxista boliviano René Zavaleta (1986), para quien remite a la capacidad de una fuerza social o grupo subalterno, de incidir más allá de su entorno inmediato, con el propósito de aportar a una articulación hegemónica que trascienda su condición particular y sus exigencias específicas. En este caso, planteamos como hipótesis que las primeras rebeliones populares operaron en esta clave a nivel continental e incluso global.

[2] Si bien no podemos profundizar en su análisis, es interesante mencionar que Zavaleta destaca -de manera precursora ya en los años ochenta- como posibles núcleos de intensidad democrática tanto al movimiento indígena como al feminismo. Aquí retoma, por cierto, al marxista italiano Antonio Gramsci, que habla de núcleos de irradiación en sus notas carcelarias.

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