En medio de la crisis climática, las personas que defienden al medio ambiente son perseguidas por ejercer su derecho a la protesta social. Como guardianes de la naturaleza, los pueblos indígenas son los más perjudicados. En varias oportunidades, las corporaciones económicas utilizan el poder del Estado para deslegitimar y reprimir a los defensores.

Dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos
es dar la vida para el bien de la humanidad.
Bertha Cáceres

.- En el 2013, algunos estudios sobre el cambio climático señalaban que en América Latina el impacto ambiental al 2050 provocaría la extinción paulatina de las especies de la Amazonía y la pérdida de servicios ecosistémicos. Han transcurrido tan solo ocho años y caminamos rumbo a que se cumplan estas estimaciones. Como si fuera poco, los más afectados son los pueblos indígenas, quienes cuidan, defienden y protegen desde hace milenios los territorios y la biodiversidad del planeta.

A pesar de ser los guardianes de la Madre Naturaleza, las comunidades indígenas no solo sufren los impactos de la crisis socioecológica, sino también la criminalización de su derecho a la protesta social cuando se oponen a las políticas economicistas que promueven la extracción y explotación de sus territorios por encima de los derechos humanos y de la Madre Naturaleza.

La criminalización en números

Aunque no existen datos estadísticos concretos sobre los procesos de criminalización iniciados en contra de las y los defensores ambientales en toda América Latina, principalmente contra los pueblos indígenas, Global Witness documentó, en 2014, el asesinato de 116 defensores del medio ambiente y la tierra, muchos de los cuales sufrieron criminalización, agresiones y restricciones de su derecho a la libertad. En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicó que se registraron 3064 casos de criminalización de defensores de derechos humanos desde el 2010 hasta el 2014 en Honduras.

En el 2015, se documentó el asesinato de 185 defensores y defensoras, de los cuales el 66% provenían de países latinoamericanos. Un año más tarde, la Federación Internacional por los Derechos Humanos se pronunció contra la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos y destacó que si bien esto es un fenómeno de carácter regional, en países como Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú existen casos emblemáticos de criminalización. En 2017, la situación no cambió: se notificaron un total de 207 defensores asesinados, del cual el 60% era de América Latina.

Aunque los asesinatos no son registrados como un elemento o un tipo de criminalización, es importante considerar que muchos se producen durante el ejercicio del derecho a la protesta. En este contexto, los pueblos indígenas siguen siendo los más perjudicados: se ha documentado que el principal motivo del ejercicio a la protesta social en América Latina se encuentra vinculado a la exigencia del respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

“Aunque los asesinatos no son registrados como un tipo de criminalización, muchos se producen durante el ejercicio del derecho a la protesta.”

En el 2019, la historia no cambió mucho. Global Witness denunció públicamente que los pueblos indígenas estaban siendo criminalizados “por los gobiernos y las empresas con las que éstos se confabulan para silenciar a quienes amenazan sus intereses”. Ese mismo año, a través del informe Análisis Global de Front Line Defenders, se supo que existían 895 casos de violaciones de derechos humanos, de los cuales el 57% se encontraban relacionados a algún tipo de criminalización (el 20% son por alguna acción legal en su contra, el 22% por detenciones o arrestos, el 10% se debe a amenazas, el 3% es por campañas de difamación y el 2 % por agresión verbal), mientras que el 40% del total defendía la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente.

En el 2020, Global Witness señaló que en medio de la crisis climática existe un incremento acelerado de amenazas y asesinatos contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Destacó que, a pesar de ello, las comunidades siguen defendiendo sus derechos, el medio ambiente y los bosques. En efecto, en Colombia, solo durante 2020 se reportaron 284 líderes sociales asesinados, cifra que se agrega a los 800 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz, del 2016 al 2019.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de criminalización de la protesta social?

La criminalización de la protesta social son todos aquellos actos que buscan deslegitimar y desprestigiar a las personas y el ejercicio de los derechos comprendidos en este: el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación. Estos actos usualmente son promovidos e impulsados por el Estado, grupos de poder económico y por aquellos que se oponen a las y los disidentes de las políticas económicas de los gobiernos.

La criminalización de la protesta social produce un impacto negativo en las personas que ejercen sus derechos legítimamente reconocidos en diversos instrumentos nacionales e internacionales. En el caso de los defensores y las defensoras ambientales, los efectos impactan a nivel personal, familiar, organizacional y social.

A nivel personal, la criminalización produce grandes pérdidas económicas, temor y angustia en las personas defensoras; a nivel familiar, produce temor y angustia por la vida y situación legal del familiar que se encuentra criminalizado; a nivel organizacional, debilita la organización social que representa a la comunidad, pueblo indígena u organización social de base; y a nivel social, emite un mensaje implícito a la población de lo que puede sucederles si participan en una protesta social.

“En los últimos años, los defensores y las defensoras de América Latina son víctimas de dos tipos de criminalización: la criminalización mediática y la criminalización penal.”

En los últimos años, los defensores y las defensoras de América Latina son víctimas de dos tipos de criminalización: la criminalización mediática y la criminalización penal. La primera se produce cuando existe un constante desprestigio y descalificación de la protesta social a través de medios de comunicación con frases como “anti desarrollo”, “terrorista ambiental”, “revoltosos”, “delincuentes”, “comunistas” o “socialistas”.

En cambio, la criminalización penal se produce cuando se califica como “delito” a las conductas ejercidas durante la protesta social y cuando el Estado aprueba normas que promueven e incentivan la criminalización y el uso desproporcionado de la fuerza pública. La combinación de ambos tipos de criminalización hace que los defensores y las defensoras ambientales se encuentren indefensos frente a políticas públicas encaminadas a promover las actividades que los vulneran.

Los actores de la criminalización

Los Estados, las empresas y la fuerza pública son tres actores claves en el proceso de criminalización de las personas defensoras de derechos humanos. Los Estados criminalizan a los pueblos indígenas a través de cuatro mecanismos utilizados de manera indistinta o conjunta. En primer lugar, promueven y aprueban normas en materia de fiscalización ambiental que benefician a las empresas extractivas que operan en los territorios de pueblos indígenas. Al mismo tiempo, aprueban normas laxas a favor de los pueblos indígenas que, en la práctica, no garantizan la protección efectiva de sus derechos.

En tercer lugar, emiten normas que permiten que la fuerza pública proteja los intereses económicos de sectores privados: un ejemplo muy claro es cuando suscriben convenios para que la policía resguarde el campamento de las empresas extractivas. Finalmente, estigmatizan y desacreditan las denuncias públicas y legales sobre el daño ambiental en los territorios indígenas. La difamación es necesaria para que el defensor sea percibido como un “enemigo” y así avanzar contra sus derechos con la opinión pública. En su informe de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Global Witness señalaron que las empresas suelen utilizar el poder punitivo del Estado, como legisladores, jueces y fiscales, para estigmatizar y deslegitimar a las y los defensores ambientales.

“Las empresas suelen utilizar el poder punitivo del Estado, como legisladores, jueces y fiscales, para estigmatizar y deslegitimar a las y los defensores ambientales.”

Como señaló la entonces Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, la criminalización inicia “cuando los dirigentes indígenas y los miembros de sus comunidades manifiestan su oposición a proyectos de gran envergadura en relación con las industrias extractivas, la agroindustria, las infraestructuras, las presas hidroeléctricas y la tala de árboles”. Pero la agresión contra los pueblos indígenas se intensifica cuando las corporaciones económicas influyen en las instituciones del Estado y se aseguran de contar con una normativa que proteja su actividad empresarial.

Por último, la fuerza pública es también un actor clave en el proceso de criminalización de las y los defensores ambientales, principalmente cuando se trata de pueblos indígenas. A pesar de ser actores reconocidos constitucionalmente como protectores de la seguridad y el orden interno, son cuestionados por el uso excesivo de la fuerza y por los diversos casos de violaciones de derechos humanos cometidos en el marco de las protestas sociales iniciadas en contra de actividades extractivas ubicadas en los territorios indígenas.

Conclusiones

La criminalización de la protesta social contra los pueblos indígenas es un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años. A pesar de que existen diversas investigaciones y pronunciamientos de diversas instituciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a favor de los defensores ambientales, hasta la fecha los Estados no han logrado garantizar que los defensores ambientales ejerzan sus derechos con libertad, tranquilidad y seguridad.

Los Estados no han comprendido que el incremento de los casos de criminalización contra los y las defensoras ambientales afecta de manera directa a su democracia, pues si los Estados no logran garantizar el respeto, garantía y protección de los derechos, la democracia termina siendo una demagogia al no contemplar el derecho a la libertad de expresión y la protesta social.

“El incremento de los casos de criminalización contra los y las defensoras ambientales afecta de manera directa a la democracia.”

El impacto negativo que produce la criminalización de la protesta social en los y las defensoras ambientales es un daño que hasta la fecha no ha sido resarcido ni atendido. Por lo general, los Estados no se hacen responsable por la pérdida económica, el tiempo invertido y el impacto psicológico que produce la criminalización penal y mediática en las defensoras y los defensores ambientales.

Como se ha visto, el Estado, las empresas y la fuerza pública cumplen un rol fundamental en el proceso de criminalización, tanto en la denuncia penal como en los procesos de estigmatización. Mientras tanto, a pesar de ser guardianes de la naturaleza, los ecosistemas y las especies, los pueblos indígenas son el grupo social con mayor cantidad de casos de criminalización penal, estigmatización y amenazas.

—
* Katherine Paucar es quechua y activista por los derechos de los pueblos indígenas y la Madre Naturaleza. Tiene experiencia en litigio estratégico, defensa, capacitación y promoción de derechos humanos de los pueblos indígenas. Actualmente es abogada de Earth Rights International.