La Nueva Política Económica (NEP del ruso Nóvaya Ekonomícheskaya Polítika) introducida por el gobierno revolucionario soviético en 1921 fue en realidad un intento de aminorar el gran descontento de la población con medidas destinadas a aumentar la producción y el acceso popular a productos básicos de consumo. Si bien la guerra civil (1918-1920) causó en sí un gran empobrecimiento en las condiciones básicas de vida de la población urbana y rural rusa, fue la política del «Comunismo de Guerra», introducida por el liderazgo bolchevique durante ese mismo período, la que empeoró significativamente su situación.

Tal política conllevó a una profunda alienación de quienes habían sido pilares de la revolución de 1917: los trabajadores industriales en las ciudades y el campesinado, que en ese entonces constituía el 80% de la población.

Los destacamentos urbanos organizados bajo esa política para confiscar a los campesinos sus excedentes agrícolas y enviarlos a las ciudades, acabaron requisando parte de la ya modesta dieta de los mismos, además del grano almacenado para sembrar la próxima cosecha. La situación empeoró cuando bajo esa misma política se crearon los llamados «comités de campesinos pobres» (kombedy), basados en una supuesta estratificación de clases en el campo que no tenía fundamento real, para reforzar las funciones de los destacamentos urbanos.

Debido a los métodos informales y arbitrarios que caracterizaron el funcionamiento de los kombedy, estos terminaron siendo una fuente de corrupción y abuso, frecuentemente a mano de elementos criminales activos en estos grupos que acababan apropiándose, para uso propio, del grano y todo tipo de bienes que confiscaban arbitraria e impunemente a los campesinos.

Por añadidura, durante el otoño de 1920 empezaron a manifestarse síntomas de hambruna en la región del Volga, que se recrudecieron en 1921 después de una sequía muy severa que arruinó la cosecha y también afectó el sur de los Urales. Desde febrero de 1920, ya León Trotsky había propuesto que las requisas arbitrarias del «Comunismo de Guerra» fueran sustituidas por un impuesto en especie pagado por los campesinos, con el fin de incentivarlos a que cultivaran más granos. Sin embargo, dicha propuesta fue rechazada en ese momento por los líderes del Partido.

La política del «Comunismo de Guerra» se aplicó igualmente a la economía urbana e industrial, mediante su nacionalización casi total, aunque ya sin el control democrático de los obreros y los soviets, que el gobierno soviético había abolido cuando comenzó la guerra civil y reemplazado con una dirección exclusivamente desde arriba, constituida por administradores del Estado. Mientras tanto, los obreros fueron sometidos a un régimen de trabajo obligatorio militarizado.

Para la mayoría de los líderes comunistas, incluyendo a Lenin, esa economía nacionalizada y centralizada representaba un gran avance hacia el socialismo. Es por eso que para Lenin la NEP significó un gran retroceso. Aparentemente, en su concepción del socialismo, la nacionalización desempeñaba un papel más importante que los controles democráticos desde abajo. Pero la eliminación de la democracia en el trabajo fue solo un aspecto de la supresión más general de la democracia soviética, que el gobierno bolchevique implementó como respuesta a la sangrienta y destructiva guerra civil.

Basados en las circunstancias objetivas creadas por esa guerra, y en la urgente necesidad de resolver problemas reales como el sabotaje político y económico, el liderazgo bolchevique no solo eliminó el multipartidismo en los soviets (consejos) de trabajadores y de campesinos, sino también la democracia e independencia sindical, e introdujo muy serias restricciones a las libertades políticas establecidas al principio de la revolución.

La clase trabajadora, diezmada por la guerra civil —había descendido drásticamente a solo una tercera parte de lo que había sido a principios de 1918— y muy afectada por la escasez que reinaba en las ciudades, ya no tuvo la fuerza de oponerse a la nueva organización desde arriba en el trabajo, ni de tratar de restaurar el rol que habían tenido en la dirección democrática de la producción.

Para el fin de la guerra civil, los soviets y los sindicatos estaban en vías de convertirse en meras bandas de transmisión de las políticas del Partido Comunista. Más tarde, una vez que se inauguró la NEP, los trabajadores empezaron a resistir y hubo muchas huelgas, hasta que Stalin consolidó su poder a finales de los años veinte.

La Nueva Política Económica (1921-1928)

Para aumentar la producción de bienes básicos de consumo y el acceso popular a estos, el liderazgo bolchevique recurrió a una serie de concesiones económicas de mercado. Así, por ejemplo, permitió a los campesinos vender sus productos por la libre a condición de pagar un impuesto en especie. Se reemplazaba de esta manera la odiada política de confiscaciones arbitrarias del «Comunismo de Guerra». Asimismo, permitió las operaciones del capitalismo nativo e internacional, tanto con respecto a la producción de bienes de consumo como a su distribución.

Las concesiones económicas del gobierno estuvieron acompañadas por una política de liberalización de la cultura en sus varias manifestaciones. Sin embargo, en 1923, cuando Lenin ya se había retirado de la política por motivo de su precaria salud, el gobierno impuso la censura de libros y otros materiales orientados a la cultura popular, especialmente aquellos de índole religiosa. Irónicamente, esta censura contradijo el único derecho mencionado como tal por la Constitución revolucionaria de 1918, que establecía el derecho a la diseminación y propaganda, tanto religiosa como atea.

Esa liberalización económica y cultural ocurrió, no obstante, junto con la contracción, en el ámbito político, de los derechos de pensamiento y organización. Lenin, junto con otros líderes, decidió contrarrestar lo que para ellos significaba la NEP en tanto gran retroceso del socialismo, al endurecer el control político de la sociedad a manos del partido que encabezaban.

La supresión de derechos, que pudo haber sido considerada necesaria bajo las condiciones «objetivas» de la guerra, no solo continuó en pie, sino que se institucionalizó y se convirtió en una virtud. La represión política ad hoc y tentativa de la guerra civil se generalizó y sistematizó. Así, por ejemplo, la episódica tolerancia del Partido Comunista, que durante la guerra civil había permitido ocasionalmente a partidos como los Mencheviques y Socialistas Revolucionarios, llegó a su fin con el inicio de la NEP, al decidir la ilegalización permanente de esas organizaciones. Y el X Congreso del Partido Comunista, celebrado en marzo de 1921 —el mismo que estableció la NEP—, prohibió el funcionamiento de las facciones permanentes dentro del Partido.

También aumentaron la persecución y el encarcelamiento por acciones políticas de oposición, aunque fueran de índole pacífica. Esto incluyó la supresión de la rebelión masiva de marineros en la base de Kronstadt (cerca de Petrogrado) en marzo de 1921, que demandaban el retorno a la democracia soviética así como reformas económicas semejantes a la NEP, que el congreso del Partido aprobó muy poco después. Fue ese endurecimiento político encabezado por Lenin el que socavó la fortaleza y cultura política del país que hubieran sido necesarias para resistir el totalitarismo estalinista que comenzó a fines de los veintes.

En mi libro Before Stalinism. The Rise and Fall of Soviet Democracy (Antes del estalinismo. El ascenso y la caída de la democracia soviética), propuse que el establecimiento de la NEP debería haberse acompañado por una Nueva Política de Apertura Política (NPAP) que reestableciera el sistema revolucionario multipartidista de los comienzos de la revolución. Esto hubiera significado reestablecer la libertad para organizar grupos y partidos políticos comprometidos a funcionar pacíficamente dentro del marco original de la democracia soviética que tomó el poder en octubre de 1917.

Dicho sistema político podría haber revitalizado la vida y cultura política del país y creado las condiciones organizacionales para, por lo menos, resistir la embestida del estalinismo. Es claro que para el liderazgo bolchevique y la revolución misma, esa apertura política hubiera representado un atrevimiento y un gran riesgo, dada la situación desesperante que confrontaba la URSS —nuevo nombre del país, adoptado en 1922—, y el aislamiento casi total del Partido Comunista. Pero el hecho es que en ese momento no existía tal cosa como una política sin riesgos que prometiera resultados positivos.

Más que nada, todavía existía la posibilidad de que la URSS adoptara un curso político democrático. A pesar de la tendencia dictatorial que empezó a despuntar entre el liderazgo revolucionario durante la guerra civil y que se consolidó con la NEP, existía todavía una memoria reciente de las tradiciones democráticas y pluralistas de los bolcheviques anteriores a la guerra civil. Solo tres años atrás, en 1918, había ocurrido una gran polémica nacional sobre las condiciones bajo las cuales se debiera firmar un tratado de paz con Alemania.

En esa discusión intervinieron varias tendencias, dentro y fuera del Partido Comunista, que trataron abiertamente de promover, a través de toda la sociedad, el apoyo a sus respectivas posiciones. Ello incluyó la libre circulación de panfletos y periódicos, publicados tanto por las diferentes facciones comunistas como por grupos fuera del Partido.

Esta fue una de las numerosas ocasiones en que Lenin y los otros líderes bolcheviques no pudieron contar ni siquiera con la mayoría, y mucho menos con la unanimidad del Partido, y tuvieron que luchar muy duro para defender sus posiciones, lo que también indica la existencia, en aquel entonces, de una relación política igualitaria y abierta en Rusia.

Lenin no era el caudillo que imponía sus ideas; era una autoridad, sí, pero dentro de un grupo de iguales; era un primus inter pares. Incluso, durante la NEP hubo varias tendencias importantes que lucharon por reformas democráticas, tanto dentro como fuera del Partido Comunista. No en balde Stalin tuvo que eliminar físicamente a la mayoría de los líderes históricos del Partido años después para poder convertirse en lo que quiso ser: el Vozhd—el jefe de la URSS y del proletariado mundial según el culto a su figura.

La situación cubana  

Desde los años noventa, y especialmente desde que Raúl Castro asumió la máxima dirección del país en el 2006 —formalmente en el 2008—, la reforma económica de la Isla ha ocupado el papel central de las actividades del gobierno. La lógica de esas reformas económicas apunta hacia el modelo sino-vietnamita, que combina un sistema político unipartidista y anti-demócratico con un capitalismo de Estado, y no a la colectivización forzosa de la agricultura y los planes quinquenales brutalmente impuestos en la URSS por el totalitarismo estalinista después de la NEP.

Si el gobierno por fin acaba autorizando la creación de las PYMES(pequeñas y medianas empresas privadas) que tanto ha prometido, eso constituiría un paso sumamente importante hacia el establecimiento de un capitalismo de Estado en la economía cubana, muy probablemente dominado por los actuales jerarcas políticos y especialmente militares, que se convertirían en capitalistas privados.

Hasta ahora, el gobierno cubano no ha definido claramente las dimensiones de las pequeñas y, especialmente, de las medianas empresas que serían permitidas en Cuba bajo el concepto de las PYMES. Pero sabemos que en varios países de América Latina (como Chile y Costa Rica) se han definido esas dimensiones en términos del número de trabajadores.  Chile, por ejemplo, determina las empresas micro como aquellas con menos de 9 trabajadores; las pequeñas, con entre 10 a 25; las medianas con entre 25 a 200; y las grandes, con más de 200 trabajadores.

Si en Cuba se adoptan criterios similares, las empresas medianas acabarían siendo empresas capitalistas con sus jerarquías administrativas correspondientes. De ser así, es seguro que los sindicatos oficiales organizarían a los trabajadores de esas empresas medianas y, como en el caso del capitalismo de Estado en China, no harían nada para defenderlos de los nuevos dueños.

Con respecto a la reforma política, se ha hablado mucho menos y no se ha hecho nada de importancia. Como en el caso de la NEP rusa, la liberalización económica y social en Cuba ciertamente no ha sido acompañada por una democratización política, sino por un recrudecimiento del control en tal sentido.

Aun cuando por un lado, el régimen ha tomado medidas liberalizadoras en la economía, como las nuevas reglas que amplían las actividades económicas permitidas a los trabajadores por cuenta propia, sigue prohibiendo actividades privadas como la publicación de libros, que pudieran servir para desarrollar una crítica y oposición. De esta manera, el gobierno consolida su control de todos los medios de comunicación —especialmente radio y televisión— aunque solo lo ha logrado parcialmente con el Internet.

Sus propias políticas socialmente liberalizadoras son utilizadas para reforzar su control político. Por ejemplo, al mismo tiempo que liberalizó las reglas para viajar fuera de la Isla, elaboró una lista de regulados a los que se les prohíbe salir del país basado en decisiones administrativas arbitrarias, sin siquiera proveer el recurso de apelar al sistema judicial controlado por el mismo régimen.

Estas prácticas administrativas sin recurso judicial se han aplicado también a otras áreas, como las misiones en el exterior. Los médicos cubanos que se quedan en el extranjero y no retornan una vez terminado su servicio, son víctimas de sanciones administrativas —ocho años de exilio forzado—, sin la posibilidad de apelar judicialmente ese castigo.

Han quedado pendientes los reglamentos arbitrarios y la censura de las actividades artísticas en el caso del Decreto Ley 349, que le permite al Estado licenciar y controlar las actividades artísticas por cuenta propia. Su implementación se ha pospuesto por motivo de las numerosas y fuertes protestas que tal medida provocó.

Todas estas prácticas administrativas ponen en relieve que el muy discutido Estado de Derecho proclamado por la Constitución vigente ha sido hasta ahora «de mentiritas». (No olvidemos que la Constitución soviética que Stalin introdujo en 1936 era sumamente democrática… en el papel en que estaba escrita). Sin embargo, la gente debe apelar a estos derechos para apoyar sus protestas y reclamos al Estado cubano cuantas veces sea legal y políticamente oportuno.

Al principio del gobierno cubano existió una variedad de voces políticas dentro del campo revolucionario. Fue en el proceso de formar un Partido Unido de la Revolución que el liderazgo sentó las bases para lo que Raúl Castro más tarde llamaría «la unidad monolítica». Es el modelo partidista y de estado que emula, junto con China y Vietnam, al sistema estalinista que se consolidó en la Unión Soviética a finales de los años veinte, consagrando la «unanimidad» dictada desde arriba por los «máximos líderes», y el llamado «centralismo democrático», que en realidad es un centralismo burocrático.

El PCC es un partido único que no permite la organización interna de tendencias o facciones, y extiende su control sobre toda la sociedad a través de correas de transmisión que son las llamadas «organizaciones de masas», como la CTC y la FMC; de instituciones como las universidades, así como de los medios de comunicación que reciben sus «orientaciones» del Departamento de Ideología del Comité Central del Partido Comunista. Es la manera en que el Partido único controla no necesariamente todo, pero sí todo lo que considera políticamente importante.

Los defensores ideológicos del régimen cubano insisten en sus orígenes autóctonos independientes del comunismo soviético. Es cierto que el origen político de Fidel Castro es diferente, por ejemplo, del de Raúl Castro, quien originalmente militó en la Juventud Socialista asociada con el Partido Socialista Popular (PSP). Sin embargo, Fidel Castro desarrolló desde muy temprano concepciones caudillistas, quizás como reacción al desorden y caos que presenció en la expedición de Cayo Confites para derrocar a Trujillo en 1947, y en el llamado «Bogotazo» de 1948.

En 1954, en una carta escrita desde la prisión a Luis Conte Agüero, su buen amigo en aquella época, Fidel Castro proclamó tres principios que él veía como necesarios para la integración de un verdadero movimiento cívico: ideología, disciplina y especialmente, el poder de la jefatura.

Asimismo insistía en la necesidad de un aparato de propaganda y organización poderoso para destruir implacablemente a las personas que crearan tendencias, escisiones y camarillas o que se alzaran contra el movimiento. Ese es el sustento ideológico de la «afinidad electiva» —parafraseando a Goethe—, que Fidel Castro más tarde demostró por el comunismo soviético.

¿Qué hacemos? La manifestación de decenas de cubanos frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre pasado para protestar los abusos contra los integrantes del Movimiento San Isidro y abogar por libertades artísticas y cívicas, marcó un hito en la historia de la Revolución cubana.

Hay mucha tela donde cortar para que pueda reproducirse este tipo de protestas pacíficas en la calle: contra el racismo policíaco, la tolerancia de violencia doméstica, la creciente desigualdad social y la ausencia de una democracia políticamente transparente y abierta a todos, sin los privilegios sancionados por la Constitución para el PCC.  En la actualidad, ese parece ser el camino para luchar por la democratización de Cuba desde abajo, en el seno de la sociedad misma, y no desde arriba o desde afuera.

La lección de la NEP en Rusia es que la liberalización económica no necesariamente significa la democratización de un país, y que, de hecho, puede estar acompañada por la eliminación de la democracia. En Cuba se han dado algunos pasos en el camino de la liberalización económica, sin que a la par se aprecie algún avance democrático.