Salarios por el suelo y exención de impuestos: Si el mundo es una “tómbola” como dice una canción popular, Venezuela se ha convertido en el mar abierto para los negocios en un curso acelerado jamás visto. “Oportunidades” para hacerse de empresas y activos, donde las facilidades se aseguran, empezando por una de las manos de obra más baratas del mundo, excepciones de todo tipo de impuesto, y lo más importante, el secretismo completo para no correr riesgos y la seguridad de los obscuros movimientos, al paso de una dolarización ad-hoc de la economía.

Es el país donde “las oportunidades de obtener ganancias son inmensamente altas” al decir de los asesores en negocios de EM Funding de Londres, donde la discreción tiene la garantía estatal. Y no por casualidad, en medio de la prohibición por la llamada Ley “Antibloqueo” en la que cualquier persona corre el riesgo de cárcel si revela los negocios más oscuros que se llevan adelante, dado el famoso secretismo de Estado hecho Ley, la mayoría de las informaciones van saliendo en caliente en los medios económicos internacionales que no tienen ningún riesgo de coerción.

Así leemos en el medio económico Bloomberg que: “En un elegante salón, los lobistas y los ejecutivos petroleros se codean hablando español, francés e italiano. Pero lo sorprendente es que este no es el hotel boutique ZaZa en Houston, el favorito de los peces gordos de la energía mundial. Es el Hotel Cayenne de Caracas. Atraídos por las promesas de privatización y más autonomía para aprovechar las mayores reservas de crudo del mundo, los grandes ejecutivos petroleros se están reuniendo con el gobierno de Nicolás Maduro y la estatal PDVSA para posicionarse mejor para cuando vuelva a abrirse la puerta a los negocios.”

Vienen atraídos por lo que el propio Maduro ha dicho, “que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera y petroquímica al capital estadounidense”, pues «la Ley Antibloqueo lo permite todo «. Y los sabuesos económicos, sobre todo los que andan en la búsqueda de los mejores negocios, catalogan la situación venezolana como un “momento único”. Y es que, según sus propias palabras, las petroleras nunca habían tenido tanto poder para negociar el acceso a una parte de los más de 300.000 millones de barriles de crudo del país.

No por casualidad en el país se realizan eventos con títulos como «Venezuela, de nuevo en el radar de los inversores internacionales», como el organizado por Venecapital, una asociación local recién formada de capital privado, señalando a los sectores de telecomunicaciones, inmobiliario y de servicios de gas y petróleo como objetivos atractivos.

«Existe un potencial fácil para aumentar rápidamente la producción si EEUU levanta algunas sanciones», dijo Francisco Monaldi en entrevista con Bloomberg, un experto venezolano-estadounidense en economía energética en el Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice. Obviamente lo dice en clave privatizadora para que empresas estadounidenses puedan meterse sin problemas en el negocio. En cierto sentido pareciera tener razón, a pesar del descalabro a que ha llevado la industria petrolera el Gobierno de Maduro, y es que en Venezuela existe toda una infraestructura y estructura instalada construida a lo largo de cincuenta años por el propio Estado que ha costado miles y miles de millones -y párese de contar-, que no solo incluye los campos petroleros y sus instalaciones de producción, sino de refinerías, oleoductos, puertos marítimos, plantas de almacenamientos, en fin, que jamás un sector privado transnacional, y menos local, está en capacidad de montar. Y pesar del deterioro por falta de inversión estatal está allí, listo para la entrega al mejor postor, un “potencial fácil” para las grandes ganancias.

Si el curso privatizador en el sector petrolero tiene años, y los primeros movimientos se registran ya a mediados del 2015, con el acelerador apretado en los siguientes años, ahora con el nuevo control de la Asamblea Nacional (haciéndose del total control de los poderes del Estado), el Gobierno de Maduro se apresura a votar una ley que pondrá fin oficialmente al monopolio petrolero en manos de PDVSA. Es por eso que todos los ejecutivos que representan a las compañías petroleras extranjeras están celebrando reuniones para discutir cuáles serían los términos de la nueva legislación.

No pierden el tiempo, de allí la reunión que hace pública Bloomberg, así como tantas otras que se realizan y que jamás saldrán a la luz pública, sin hablar de los propios negocios. Las empresas petroleras multinacionales tendrían las manos libres para hacerse de las enormes reservas de crudo en el país con la nueva Ley de Hidrocarburos.

También el negocio es redondo por sus derivaciones. Como los propios analistas indican, aumentar la producción permitiría al Estado recaudar capital para pagar a los acreedores que tienen aproximadamente 60.000 millones de dólares en bonos en suspensión de pagos. En otras palabras, dinero que entraría por el remate, dinero que sale para pagar la odiosa deuda externa, con el descuento de lo robado en el camino.

Por eso es que hay movimientos en Washington, donde, de acuerdos a los analistas económicos, los ejecutivos de la industria petrolera y de los mercados de capital han estado haciendo lobby con miembros de la Administración de la Casa Blanca. “Su mensaje: si la puerta se va a abrir para todos, mejor entrar de los primeros”, destacan, no sin razón dada la gran apertura.

Siendo que los nuevos “inversores” se quedarán con los activos y el país saqueado. “Inversores” entre los que están, no solo transnacionales o capitalistas nacionales de vieja data, sino también los nuevos grupos económicos que se hicieron con el chavismo, así como los testaferros en los que tiene por atrás a gran parte de la alta burocracia estatal que incluye a los militares.

Pero no solo es el negocio petrolero, aunque es lo más atractivo en un país netamente extractivista y con una gran infraestructura instalada y con las mayores reservas del mundo. También se está dando el traspaso de decenas de empresas estatales claves a “inversores” privados a cambio de una parte de los ingresos o productos. En un reciente artículo hicimos un pequeño recuento en el sector agroindustrial, hotelería y cadenas de abastecimiento, que han pasado de manos del Estado al sector privado.

En el mismo reseñamos que: “En el sector agroindustrial, supermercado y hotelería muchas empresas han pasado a manos de privados. Entre las que han tomado relevancia noticiosa se encuentran los supermercados Éxito y Agropatria (una empresa de suministro agrícola del tamaño de un monopolio nacionalizada en 2010) donde ahora más de la mitad de sus 70 tiendas y dos de sus plantas de pesticidas son administradas por el Grupo Agrollano 2019 C.A; Lácteos Los Andes (una gran procesador de leche y fabricante de bebidas comprado por el gobierno en 2008) la estaría manejando un grupo iraní anónimo; Fama de América (productora de café) está en proceso de laudo arbitral; Industria Azucarera Santa Elena en Portuguesa pasó a manos del grupo Generoso Mazzoca, y el Central Azucarero Pío Tamayo ubicado en El Tocuyo, municipio Moran, desde finales de 2020 lo administra el Consorcio Veinca C.A.”

s que todos buscan activos a precio de remate en Venezuela. Pero no dejemos de mencionar, a manera de ejemplo, a los que nunca dejaron de hacer negocios en Venezuela, no solo ahora con Maduro, sino durante toda la época de Chávez, como el grupo Cisneros. Se trata de un grupo económico propietario de bancos, estaciones de televisión, telecomunicaciones, grandes almacenes, cerveceros, cadenas de refrescos, y hasta en petróleo desde la época de Chávez, sin contar su producción de telenovelas y hasta “concursos de belleza”, en fin, casi todo de donde se pudiera sacar dinero sin gran competencia.

A este sector se le ve en activo movimiento de acuerdo a los seguidores de los movimientos de inversión según un último artículo de Bloomberg, ya no solo para sacar provecho en los negocios con el Estado o las privatizaciones, sino también para apropiarse de empresas que ya eran privadas haciéndose de las mismas y sacar ventaja de las nuevas condiciones que pone el Gobierno, como la exoneración de impuesto y la libre importación, la mano de obra barata con contratos basura sin ninguna obligación social para con los trabajadores.

La agencia Bloomberg lo saca a la luz de la siguiente manera. “Eduardo Cisneros, nieto del patriarca Diego Cisneros, cofundó un fondo de capital privado en Florida que ha recaudado más de 200 millones de dólares de inversores, según un documento presentado ante la SEC. El fondo, llamado 3B1 Guacamaya Fund LP, ya ha utilizado alrededor de $ 60 millones de ese efectivo para comprar negocios venezolanos, incluido un fabricante de pintura (Corimon CA), durante el año pasado, según varias personas con conocimiento de los acuerdos que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre el asunto” relata la agencia estadounidense. El fondo 3B1 Guacamaya opera en la misma sede de Coral Gables (Florida) que Cisneros Corporation, un servicio de consultoría, según su página web. Se posicionan en el país en “una lucha” por adquirir activos selectos a precios muy rebajados, de remate.

Y así van saliendo a la luz otros movimientos de empresas extranjeras haciéndose de compañías en el país. De acuerdo a la propia Bloomberg, el año pasado, Scale Capital, una empresa chilena de inversión y gestión, llegó a un acuerdo para adquirir las operaciones de DirecTV en Venezuela por una cantidad no revelada. DirecTV es una empresa que originalmente tuvo desavenencias con el Gobierno por la difusión de canales y atravesada por las sanciones, que cerrara por un tiempo la transmisión reapareciendo con el nombre de SimpleTV y con los nuevos propietarios. No se deja de especular que detrás de los chilenos haya sectores económicos locales con algún vínculo con personal del Gobierno.

Así como también revela que el año pasado, un fondo internacional llamado Phoenix Global Investment compró los activos del productor de alimentos Cargill en el país, además de que, en agosto de 2019, un grupo inversor chileno compró la sucursal local de la aseguradora estadounidense Liberty Mutual Holding Co. Aunque no especifica quién es el personal que está detrás de estos fondos o grupos económicos.

Mientras todo esto acontece, hay un mundo abajo, todo el pueblo, el de las grandes mayorías, que en un curso dolarizador de la economía, ven hundirse cada vez más en sus condiciones de vida. La Venezuela profunda, la de los trabajadores y las mayorías populares, queda condenada a la pobreza extrema, mientras se remata la nación, donde un puñado de capitalistas locales y extranjeros, y las clases altas, se hacen cada vez más ricos adueñándose de activos y del erario público, así como aprovechando toda la rienda suelta -exceptuándolos de todo tipo de impuestos- que el Gobierno les ha dado para sus negocios, no solo haciéndose del país, sino llevando la buena vida.

Como explica Ángel Arias, en un ensayo de marzo del 2020 titulado «Venezuela bajo el chavismo: de la débil “hegemonía nacionalista” a la debilidad extrema de la nación», “A lo largo de dos décadas, el país ha pasado por un proceso en el que, si durante todo un período primó un tibio nacionalismo, que conquistó importantes niveles de soberanía política y mantuvo el control “nacional” de la renta petrolera, asistimos hoy a un país en condiciones de enorme vulnerabilidad ante las apetencias de las potencias capitalistas: una catástrofe económica y social, con una nación quebrada y enormemente endeudada, un movimiento obrero y popular muy debilitado, y las principales fuerzas políticas, a pesar de sus evidentes diferencias y agudo enfrentamiento, ubicadas contra el interés nacional, la oposición, histórica y abiertamente proimperialista, el régimen gobernante, por su parte, ha girado cada vez más al entreguismo”.

Enfrentar todo este entreguismo y nuevo saqueo en curso, tanto por la política del actual Gobierno de Maduro como también la que propone la de la oposición de derecha, es una de las grandes tareas de la clase trabajadora, además de hacerle frente a los brutales ataques en sus condiciones de vida que viene sufriendo. Se trata de una ofensiva política y económica que de la mano de las transnacionales redoblarán las cadenas sobre el país y, con particular énfasis, sobre el pueblo trabajador, en el que el capital privado local participa de la fiesta.