México. Montaña adentro: El negocio sucio de las armas

El tráfico de armas en México forma parte de los negocios más rentables que se han fortalecido y expandido, al ritmo en que los cárteles de la droga amplían su presencia y control territorial. En nuestro país convergen las armas provenientes de Europa con el amplio y abrumador mercado de Estados Unidos. Los escándalos por la turbiedad de sus operaciones han mostrado el nivel de complicidad y corrupción que existe entre altos funcionarios de los gobiernos que realizan estas negociaciones, al incumplir con las directrices que rigen los tratados comerciales. Es paradigmática la operación encubierta de “Rápido y Furioso” implementada por la agencia de alcohol, tabaco y armas de fuego y explosivos (ATF), en la administración de Barack Obama y el Departamento de Estado, para vender armas a cárteles mexicanos. Las consecuencias fueron devastadoras porque en lugar de detener a los jefes del narcotráfico se incrementó su poder de fuego y su expansión en amplias franjas del territorio mexicano.

Recientemente la Oficina de Contabilidad Gubernamental (GAO) de Estados Unidos, reportó que no se ha podido mejorar el combate al tráfico de armas, por el deficiente intercambio de información que existe entre ambos países. En México solo la Fiscalía General de la República (FGR) puede presentar solicitudes de rastreo de armas a las autoridades estadounidenses, siendo una limitante para identificar las fuentes y las rutas de tráfico de armas que pululan en México. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que es la principal institución que se encarga de incautar armas, regularmente no las reporta a la FGR, lo mismo sucede con las fiscalías estatales, que manejan esta información con total opacidad, sin que exista un mecanismo de coordinación interinstitucional que de cuenta de las armas recuperadas. Las limitaciones institucionales, agravadas por la corrupción y complicidad de funcionarios, impiden que el combate al tráfico de armas en México tenga resultados tangibles, sobre todo en las regiones más convulsas, donde la disputa territorial se dirime con el tableteo de metralletas entre los grupos del crimen organizado.

En al ámbito europeo las empresas alemanas han sido las principales proveedoras de armas en nuestro país, sin embargo, sus negociaciones truculentas han evidenciado el contubernio que existe entre autoridades alemanas y mexicanas que ponen en entredicho el cumplimiento de las directrices de la Unión Europea sobre la exportación de armas. Lo más grave de estas operaciones ilegales es que en México la SEDENA, no rinde cuentas claras sobre el destino final de miles de armas importadas en México.

La empresa alemana Heckler&Koch (H&K), que el pasado 30 de marzo recibió una sentencia del Tribunal Superior de Alemania (BGH) por la exportación ilegal de armas al gobierno mexicano, vendió cerca de 10 mil fúsiles G-36 a la SEDENA,  del 2006 al 2009.  A pesar de que las autoridades alemanas excluyeron a los estados de Guerrero, Chihuahua, Chiapas y Jalisco para la venta de estas armas, por tratarse de entidades donde se han consumado graves violaciones de derechos humanos, funcionarios de la SEDENA enviaron la mitad de este armamento a los cuatro estados.

En el estado de Guerrero hay información fehaciente de que casi 2 mil armas llegaron ilegalmente a través de la SEDENA. El negocio sucio propició que las armas quedaran en manos de policías que violentan los derechos humanos y de las organizaciones criminales que están mejor apertrechadas que las corporaciones policiales del estado. La proliferación de armas en esta entidad, es lo que ha propiciado que en las siete regiones se susciten de manera recurrente acciones violentas, sin que las autoridades federales estén decididas a frenar el tráfico de armas ni a desmantelar a las organizaciones criminales, que se han erigido como un suprapoder en las principales ciudades de Guerrero.

En el estado, las armas G-36 están en manos de policías municipales, estatales, federales y del crimen organizado. Así se ha corroborado en hechos trágicos que en diferentes momentos y distintos lugares se han consumado. El 12 de diciembre de 2011, cuando alrededor de 300 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa bloqueaban la Autopista del Sol que comunica con el puerto de Acapulco, el gobernador  Ángel Aguirre Rivero implementó un operativo ostentoso, donde participaron 71 elementos de la policía federal, adscritos a la secretaria de  seguridad pública federal; 50 policías pertenecientes a la división de fuerzas federales y 11 a la división de seguridad regional;73 policías ministerial del estado; y 34 policías de la policía estatal preventiva. De los 168 elementos policiales que participaron, 91 portaban armas de fuego. De acuerdo con las investigaciones que obran en el expediente, se utilizaron 30 armas G-36 de fabricación alemana, que fueron accionadas, tanto por policías federales como estatales. La balacera que se prologó por 20 minutos tuvo como saldo las ejecuciones arbitrarias de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa de 19 y 20 años de edad.  

El 26 de septiembre de 2014 después del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, donde fueron ejecutados 3 estudiantes, varios jóvenes fueron heridos de gravedad y 43 normalistas desaparecidos, se encontraron 38 rifles alemanes en la oficina de la policía municipal de Iguala. Por lo menos 7 de las armas fueron utilizadas esa noche. Una de ellas la portó el policía que fue detenido por la tortura y el asesinato del estudiante Julio César Mondragón. Para el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, los ataques a los normalistas fueron con rifles G-36. Es probable que el disparo que recibió el estudiante Aldo Gutiérrez, que hasta la fecha lo mantiene en coma, salió igualmente de un rifle G-36.

El negocio turbio de las armas ha desencadenado acciones letales en un contexto de macrocriminalidad, donde se coluden actores estatales de los tres niveles de gobierno con el apoyo logístico de la SEDENA, en colusión con grupos de la delincuencia organizada. Es el modus operandi que persiste en varios gobiernos municipales, donde los grupos del crimen organizado se encargan de realizar el trabajo sucio, contra las organizaciones sociales, los estudiantes, maestros y maestras, líderes comunitarios, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para causar terror entre la población y acallar a quienes denuncian las atrocidades que se cometen y que evidencian los negocios truculentos de las autoridades. Estas operaciones ilegales han contado con el apoyo de las oficinas de la Dirección de Comercialización de Armamento y Munición (DCAM) de la SEDENA, que es la única encargada de la compra y venta de armas en México. En la investigación que se realizó en Alemania contra la empresa de armas H&K, se tuvo conocimiento que el representante de la empresa en México, Markus Bantle manipuló las constancias del uso final de las armas, en colaboración con el general de división Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, quien encabezó la DCAM. El militar en retiro, de acuerdo a un testigo, consiguió de sus socios alemanes 25 dólares de soborno por cada G-36 que compró. A pesar de los posibles actos de corrupción en la falsificación de documentos, en México no se inició ninguna investigación.

Ante la gran cantidad de armas que llegan a las manos del crimen organizado y ante las violaciones graves de derechos humanos cometidas por policías y militares, es una gran irresponsabilidad no tener bajo control los lugares donde llegan estas armas, que solo han dejado luto y desolación en entidades empobrecidas como Guerrero. Lo preocupante es que para la actual administración la Guardia Nacional, la SEDENA y la Marina, son las que han logrado en estos 2 años y 100 días de la 4T, la seguridad, el desarrollo y el bienestar en México. Esta visión inmaculada que se proyecta de las fuerzas armadas, dista mucho con la realidad, porque son parte del engranaje delincuencial y de los principales perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos. La violencia y la grave crisis de derechos humanos que padecemos, hunde sus raíces en el pacto de impunidad que persiste entre el poder civil con el poder militar. Por eso no se permite que otros gobiernos juzguen a los jerarcas militares.