A pocos días de las elecciones generales 2021 y en el peor momento de la pandemia por la COVID-19, en el Perú las intenciones de voto aún no han sido definidas. Existen 18 candidaturas en carrera y una profunda polarización que ha colocado, por un lado, a quienes defienden el modelo de crecimiento económico –sin mirar lo conservador o liberal de las propuestas políticas– y, por el otro, a quienes ven a los candidatos asociados a la izquierda como una posibilidad de cambio que atienda las desigualdades que la propia pandemia, hoy más que nunca, ha desnudado.

Los temas más abordados en los debates y entrevistas de las últimas semanas, además de las medidas inmediatas para atender la crisis sanitaria, están relacionados con la posibilidad de cambios constitucionales, el modelo económico, la seguridad ciudadana y los temores asociados a discursos que siembran la duda sobre la posibilidad de un autoritarismo –que desde la izquierda– quiebre la democracia, recuperada hace 20 años, luego de la dictadura de Fujimori. 

A finales del año pasado, el investigador Javier Monroe señaló, en un conversatorio organizado por Cepes, que “no hay democracia en el Perú sin interculturalidad”(1). Monroe fundamenta esta afirmación en el hecho de que la mayoría de los peruanos tiene una formación sociocultural distinta a una que –desde arriba– plantea de manera hegemónica la modernización. En ese sentido, el hecho que los pueblos indígenas no posean un espacio para el diálogo intercultural en las estructuras estatales debería catalogarse como antidemocrático. Es precisamente a propósito de esta visión de la democracia que resulta importante hacer una breve evaluación respecto de lo que señalan los planes de gobierno sobre la diversidad cultural y –dentro de ella– sobre los pueblos indígenas, sus derechos y su rol en el proyecto político y sociocultural del país.

En el censo de 2017 (2), la población mayor de 12 años que se autoidentificó como perteneciente a un pueblo indígena alcanzó un total de 5 millones 985 mil 551 personas, que equivalen al 25,8% de la población censada. Además de tener una importante presencia en las áreas urbanas, esta población se encuentra organizada en las más de 8 mil comunidades campesinas y comunidades nativas ubicadas en la costa, los Andes y la Amazonía (3). Estas miles de comunidades controlarían –por título o posesión– el 49% del territorio nacional (4). Por su relevancia, no se trata, entonces, de realizar una evaluación sobre la atención que ha recibido una minoría o respecto a un enfoque transversal en los planes de gobierno. Se trata de analizar si las propuestas políticas han considerado a una parte fundamental de la propia estructura sociocultural del país al ser elaboradas, pues los pueblos, así como las ciudadanas y ciudadanos que los integran revisten una importancia que va más allá de los simbólico. Para ello, se revisaron ocho planes de gobierno (5), sobre los cuales realizo algunas anotaciones.

Entre la ausencia y la continuidad

Lo primero que hay que señalar es que existen varios planes de gobierno que no se pronuncian, siquiera, sobre los pueblos indígenas. Junto a ellos, algunos, desde un punto de vista economicista y desde el discurso del respeto, la vulnerabilidad, la protección y las brechas, esbozan enunciados o propuestas generales que no apuestan por algún tipo de cambio.

 “Las comunidades y pueblos existen en tanto habitan los espacios en los que debe desarrollarse alguna actividad extractiva”  

Respecto al tema de los derechos de las comunidades y pueblos, los planteamientos son sumamente pobres: Fuerza Popular describe la diversidad a partir de los censos y centra su discurso en el “respeto y valoración” de los pueblos originarios, sin que eso se explique más profundamente. Renovación Popular, por otro lado, sostiene un breve discurso desde la protección y el apoyo para el desarrollo de las comunidades. Mientras que Avanza País solo menciona a las comunidades al hablar de la conflictividad medioambiental, como lo hacen otros partidos. En suma, se muestra un absoluto desconocimiento de los avances normativos y jurisprudenciales sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Por otro lado, la mayoría de los planes de gobierno aborda tangencialmente el tema de participación de los pueblos indígenas para referirse, otra vez, a la temática ambiental, sobre todo, al hablar de la explotación de recursos naturales y el aprovechamiento del bosque. De nuevo, las comunidades y pueblos existen en tanto habitan los espacios en los que debe desarrollarse alguna actividad extractiva. A ese sentido se limitan las escuetas propuestas de Victoria Nacional y Podemos Perú, por ejemplo. 

Juntos por el Perú (JP) puede considerarse la excepción en este punto: se propone la consolidación de una institucionalidad en coordinación con los pueblos indígenas, basando su argumentación en los derechos a la libre determinación, la gestión de sus territorios y la participación en las decisiones que les afecten. No existe en ningún plan, sin embargo, alguna propuesta específica respecto a cómo concretar la coordinación y participación de los pueblos en el proyecto nacional. No puede percibirse, por ejemplo, cómo es que esta propuesta de JP pretende superar el fracaso de los espacios de “diálogo” que en los últimos años ha implementado el Estado (6). Las demandas de las organizaciones sobre este punto tienen años y, si el discurso de este partido se basa en la construcción –junto a los pueblos– de su propuesta política, no puede comprenderse que esto no haya sido extensamente abordado. Así como no puede comprenderse la insistencia en que la participación se realice, sobre todo, en el contexto de la tan cuestionada implementación de la Ley de consulta previa, al igual que el Partido Morado en uno de sus pocos planteamientos sobre este tema. Cabe resaltar que, hace no más de 10 días, el Ejecutivo creó una comisión multisectorial permanente “encargada de proponer, realizar el seguimiento y fiscalizar la implementación de las medidas y acciones estratégicas para el desarrollo integral de los pueblos indígenas” (7) como reemplazo del infructuoso Grupo de Trabajo de Políticas Indígena (GTPI) del Ministerio de Cultura y el nuevo gobierno será el encargado de otorgarle la dimensión que considere pertinente. La experiencia previa y la tendencia de los planes no harían presagiar lo mejor.

Es también JP el único partido que señala que no se “reconoce adecuadamente expresiones de justicia intercultural” y que debe reconocerse la jurisdicción indígena, lo cual es importante, aunque no novedoso, en la medida que este reconocimiento es constitucional hace casi 30 años y considerando el hecho que el Poder Judicial, a través de sentencias y documentos normativos, tiene más de diez años desarrollando estrategias para la coordinación entre sistemas de justicia.

Es más, tanto el mencionado plan como los otros pocos que mencionan a las rondas y comunidades en el ámbito de la justicia (como Acción Popular), lo hacen al hablar de seguridad ciudadana. Como ha ocurrido históricamente, a las rondas y comunidades se las percibe como un apoyo a la justicia ordinaria y no se dimensiona el tema jurisdiccional como es debido. Básicamente, se coloca a estas organizaciones al lado de las juntas vecinales, más cercanas a la seguridad que a la justicia.

La banalización de la interculturalidad

Como hemos sostenido desde Cepes, la interculturalidad como propuesta ético-política no ha irradiado las políticas públicas ni la normativa sobre derechos de los pueblos indígenas, quienes son percibidos como otra “población vulnerable” que debe ser atendida, sin dimensionar adecuadamente su relevancia. Esto adquiere mayor gravedad si se considera que las demandas por diálogo y coordinación, desde las dirigencias indígenas, se sostienen en obligaciones internacionales ineludibles.

La interculturalidad, escuetamente mencionada en los planes, se identifica en los mismos, sobre todo, con la educación intercultural bilingüe (EIB) o se menciona como un enfoque en el que se basará la protección de los pueblos. JP agrega a la EIB, el tema de salud intercultural. Pero, otra vez, no entiende esta fórmula como un dispositivo democrático ni transformador; no es más que otra característica –en muchos casos vacía– que deberían tener los servicios públicos en su visión de una atención adecuada en un país diverso.

Lamentablemente, la interculturalidad viene siendo vaciada de contenido y la apuesta por ella en la implementación de los derechos de los pueblos indígenas parece una batalla perdida. No es anecdótico que, respecto al tema de los pueblos indígenas en los planes de gobierno, se hayan pronunciado, sobre todo, las instituciones de la sociedad civil que trabajan el tema medio ambiental, pues, como para los propios partidos políticos, las comunidades y pueblos existen, en tanto en sus territorios se desarrollan las actividades extractivas. Considero que, más allá de esa dimensión, los pueblos indígenas no están en los planes.

Notas:

(1) Conversatorio “Coordinación y participación de comunidades”. Participaron María Luisa Burneo (IEP), Javier La Rosa (Congreso de La República), Javier Monroe (Periferia). Ver el video: https://www.facebook.com/104211855863/videos/687928981866094

(2) INEI: Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1544/

(3) Existen hasta tres bases de datos oficiales sobre el número de comunidades: el Censo Nacional Agropecuario de 2012 (Cenagro), el III Censo de Comunidades Nativas y I Censo de Comunidades Campesinas, del Instituto Nacional de Estadística (INEI), de 2017; y la información de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (Digespacr) del Ministerio de Agricultura y Riego, de junio de 2020.

(4) Instituto del Bien Común. 2016. Tierras Comunales: Más que Preservar el Pasado es Asegurar el Futuro

El Estado de las comunidades indígenas en el Perú – Informe 2016. http://www.ibcperu.org/wp-content/uploads/2016/05/Informe-2016-TIERRAS-COMUNALESb.pdf

(5) Se incluyeron los planes de Acción Popular, Avanza País, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Morado, Podemos Perú, Renovación Popular y Victoria Nacional.

(6) Sobre este punto ver: https://cepes.org.pe/2020/05/16/el-fracaso-del-dialogo-mas-alla-de-las-fallas-tecnicas/

(7) Decreto Supremo Nº 005-2021-MC. https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-crea-la-comision-multisectorial-de-natur-decreto-supremo-n-005-2021-mc-1938410-1

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* Renato Levaggi es investigador del Programa de Acceso a Recursos Naturales del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES).