Alberto Acosta

Ecuador Today

 

“Bajo el dominio de la propiedad privada y el dinero, la actitud frente a la Naturaleza es su desprecio real, su violación de hecho”.               -Karl Marx, “La cuestión judia” (1844)-

El agua, un esclavo del capital

Cuando los seres humanos, ya hace muchos siglos, nos pusimos figurativamente hablando al margen de la Naturaleza, empezamos a otorgarle un papel pasivo en tanto objeto cuya mercantilización terminó por volverse plenamente aceptable. Así fue, que poco a poco, alimentada por los orígenes mismos de la noción de progreso, se fue consolidando ese papel de proveedora de insumos para la producción y de depósito de desperdicios, a la que, además, había que domarle. La “ruptura metabólica” de sociedad y Naturaleza avizorada por Karl Marx quedó en el camino, tanto por las posturas antropocéntricos de este genial pensador universal como sobre todo por la simpleza de muchos de sus seguidores. Así, con el predominio del impulso marginalista y neoclásico, el pensamiento económico enterraría la reflexión “metabólica” para terminar consolidando la mercantilización de la Naturaleza. Y en ese mercado el agua es una mercancía más.

A la creciente desnaturalización de las actividades económicas, que debilitó la comunidad natural de la vida, se sumo la individualización de la comunidad humana, através sobre todo de un desbocado consumismo atado a una codicia sin fin. Y así, la Naturaleza, transformada en un objeto de la acumulación, y los seres humanos, también asumidos como explotables, individualizados en tanto productores y consumidores, entraron de lleno en una cada vez más acelerada danza de mercantilización de la vida y sus relaciones.

El agua, como se anotó, no fue una excepción, se encuentra esclavizada incluso en la Bolsa de Valores de Wall Street.

Los esfuerzos por emancipar el agua

Frente a esa dura realidad, más y más, se multiplican las luchas por el agua. Los ejemplos son muchos, presentes en todas las esquinas del planeta. Desde diversos enfoques y procesos se avanza en este empeño. Inclusive en el seno de Naciones Unidas -por iniciativa del Estado Plurinacional de Bolivia- se alcanzó una declaración a favor del agua, en julio del 2010, estableciendo que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental. Si bien ese paso está mediatizado por la falta de apoyo de los países enriquecidos -propietarios de las empresas transnacionales del agua- su significación no deja de ser importante. Y lo es porque ese logro fue posible gracias a otras luchas que aspiran una gran transformación.

La referencia inmediata de esa decisión en el seno de Naciones Unidas fue la Constitución ecuatoriana del 2008, conocida mundialmente por ser la primera que constitucionaliza los Derechos de la Naturaleza y que otorga, en consecuencia, un estatus especial al agua. Recordemos que, desde el inicio, en el artículo 3 de la Constitución se estableció como primer deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna a todos sus habitantes el efectivo goce de los derechos, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua.

Desde esa definición inicial, en la Asamblea Constituyente en Montecristi se aprobaron principios fundamentales, como ejemplifica el artículo 12:

“el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.”

Entre los muchos elementos constitucionales vinculados al líquido vital, se prohíbe el acaparamiento del agua (y de la tierra). Y en complemento de todo lo anterior, se resolvió que el agua, en tanto derecho humano, supere la visión mercantil y aquella del “cliente” que solo puede acceder al agua quien tiene capacidad de pagar. El agua en tanto bien nacional estratégico de uso público rescata el papel del Estado al tener la potestad de otorgar el uso de agua y tener un papel rector. El agua en tanto patrimonio de la sociedad debe manejarse en función del largo plazo, es decir de las futuras generaciones, liberando al agua de las presiones cortoplacistas del mercado y de la especulación. Y el agua en tanto bien común recupera lo comunitario desde donde se tiene que replantear íntegramente esta cuestión vital, pues una de las prioridades de su uso es el mantenimiento del ciclo ecológico del agua.

El agua, entonces, entra de lleno en la definición de la Naturaleza como sujeto de derechos. Se trata de derechos propios que garanticen integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Se establece que toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de dichos derechos. Y, en línea con estas disposiciones claramente revolucionarias, la Naturaleza tiene derecho a la restauración, que es independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de reparar los daños ambientales y de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. Por demás está señalar que hay disposiciones claras para sancionar los casos de destrucción ambiental, complementadas con los principios de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Sinteticemos lo expuesto citando a Leonardo da Vinci:  “El agua es la fuerza motriz de toda la Naturaleza.” Y por esa razón cobra cada vez más fuerza la defensa del agua como un derecho humano, así como los derechos intrínsecos del agua misma.

A pesar de que estas posiciones no han sido respetadas por parte de los gobiernos que han estado en funciones desde la mayoritaria aprobación en las urnas de la Constitución de Montecristi en el año 2008, distintas organizaciones y comunidades, justamente aquellas que inspiraron estos logros constitucionales, venciendo una infinidad de dificultades, multiplican sus luchas de resistencia.

Las consulta populares por el agua en los Andes ecuatoriales

Frente a las imparables presiones extractivistas -entre las que destacamos la minería a gran escala impuesta en el gobierno de Rafael Correa-, muchas comunidades enarbolan los derechos por la vida, brevemente mencionados anteriormente. Así, en muchos territorios, en donde con la minería se sembró a “sangre y fuego” el odio y la división entre las mismas familias, recuperando el derecho constitucional a la participación en la toma de decisiones, las comunidades despliegan diversas acciones de lucha. Con sus respuestas enfrentan el saqueo, la devastación, las violencias, las falsas esperanzas de prosperidad, los anuncios de ingresos millonarios que en realidad solo son perversas quimeras…  Simultáneamente desafían al poder político y mediático que alienta a las empresas mineras tolerando o incluso auspiciando sistemáticas violaciones de la Constitución: una situación perversa en la que incluso las empresas mineras consideradas como legales parten de bases de ilegalidad e inclusive de inconstitucionalidad. Y recurriendo a los derechos existentes, que incluye el derecho constitucional a la resistencia en su artículo 98, muchas comunidades ponen en jaque al poderoso bloque minero-gubernamental.

Así, este pasado 7 de febrero, en el marco de la primera vuelta del proceso electoral para elegir al presidente de la República y al nuevo cuerpo legislativo, en la ciudad de Cuenca, el tercer cantón más poblado de Ecuador, dentro de lo que establece la Constitución en su artículo 104, se celebró una consulta popular histórica. El 80% de los votos se expresó a favor del agua en contra de la minería metálica en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay; agua que se origina en los páramos y bosques circundantes al Parque Nacional Cajas y que sirve para diversos usos de los habitantes de dicha región.

En efecto, estos ríos abastecen el riego para la agricultura y la actividad lechera, suministran directamente agua a la población de Cuenca y de muchas comunidades de la zona, muchas de las cuales viven además del turismo. Lo preocupante es que más de 200 concesiones mineras circundan los páramos del cantón, lo que ya amenaza seriamente el suministro del líquido vital. En resumen, están en juego intereses estratégicos vitales para Cuenca, porque con la explotación minera en las zonas de recarga hídrica de los citados ríos se afectaría el derecho humano al agua de sus habitantes.

Como resultado de un largo proceso, venciendo un sinnúmero de dificultades, se llegó a la indicada e histórica fecha. El camino recorrido es largo. Desde hace más de veinte años las comunidades campesinas e indígenas de la provincia del Azuay, cuya capital es Cuenca, han enfrentado las presiones mineras.

Hay un antecedente que no se puede olvidar. En la misma provincia, en el cantón Girón, al sur de Cuenca, utilizando diversas formas de lucha, que pasan por cortar caminos a transitar por los complejos meandros de la justicia, se empezó a onstruir lo que llegó a ser la primera consulta popular vinculante, es decir apegada a las normas constitucionales en el ya mencionado artículo 104, para lo que tuvieron que recoger las firmas necesarias. Pero tendrían que pasar casi 8 años para que dicha consulta se pueda cristalizar; el gobierno de ese entonces, fiel aliado de los capitales mineros, bloqueó sistematicamante el ejercicio de dicho derecho constitucional.

Fue el domingo 24 de marzo del 2019, cuando se celebraron elecciones para prefectos provinciales, alcaldes y otras dignidades locales, la fecha en que se dio un paso sustantivo para la posterior consulta cuencana. Así, en el pequeño cantón de Girón, en la provincia del Azuay, en un pronunciamiento popular se decidió sobre la minería: la primera consulta vinculante de ese tipo en Ecuador. Al frente estuvieron varias organizaciones particularmente campesinas: la Federación de Organización Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de Girón, que contaron con el respaldo de varios conglomerados ciudadanos, entre los que se destaca el Colectivo Yasunidos de Guapondelig (Cuenca).

Las comunidades lucharon contra el poder de grandes mineras y del Estado, dispuestos a bloquear la consulta como sea. Incluso, en la recta final tanto el capital como el Estado interpusieron múltiples impugnaciones a la autoridad electoral para frenar el avance de la consulta. Con estos antecedentes, el reférendum de Girón, en el que las comunidades obtuvieron un contundente triunfo con un 87 por ciento de los votos, fue determinante para proteger al menos una par del páramo de Kimsacocha e impulsar la consulta de Cuenca.

La decisión popular cuencana se cristalizó luego de tres intentos fallidos propuestos para toda la provincia, impulsados por diversas organizaciones, con el liderazgo del que fuera prefecto provincial: Yaku Pérez, posteriormente candidato indígena a la Presidencia de la República (a quien la argolla en el poder impidió de manera fraudulenta que llegué a la segunda vuelta en las elecciones que se celebraron el mencionado 7 de febrero). Esta consulta cuencana venció con una estrategia inteligente todo tipo de trampas jurídicas, incluso apuntaladas a momentos por la Corte Constitucional, contando con el respaldo y el liderazgo de una alianza campesina-citadina, que es la que explica el gran triunfo obtenido. En este caso no se siguió la ruta de la consulta popular recogiendo firmas de la ciudadanía como en Girón, sino que se alcanzó la mayoría en el consejo cantonal de Cuenca, para -de acuerdo a la normativa constitucional- avanzar hacia el reféredum que provoca ya una serie de ecos cada vez más potentes; por ejemplo, ya se trabaja en nuevas consultas vinculantes en otras zonas del Ecuador, como sería el Distrito Metropolitano de Quito, cuya región noroccidental está severamente amenazada por la minería.

Así, inspirado en el esfuerzo azuayo, teniendo como eje una ferrea alianza de los habitantes campesinos y citadinas- se avanza hacia una consulta popular para proteger el agua y la biodiversidad en la ciudad de Quito, la capital del Ecuador. El abastecimiento de agua, el suministro de alimentos de calidad y la existencia de bosques prístinos, con su enorme y rica biodiversidad, está ya severamente amenazado por las actividades mineras. Y para hacer posible esa consulta vinculante, como resultado de una larga resistencia se ha conformado un gran frente en el que participan la Unión de los Gobiernos Locales y de la Red de Jóvenes Líderes de la Mancomunidad del Chocó Andino, el Frente Antiminero de Pacto, los comités de gestion de las áreas de conservación y uso sostenible, así como varios colectivos citadinos como Yasunidos y Caminantes, entre otros muchos. La pregunta para dicho ejercicio democrático ya está lista; solo espera la aprobación de la Corte Constitucional y así poder empezar la recolección de firmas, como parte de un proceso complejo si, pero que será a la vez un gran ejercicio de pedagogía popular. Eso es lo que se plasma en la pregunta formulada colectivamente para prohibir toda forma de explotación de minería metálica del Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas del Distrito Metropolitano de Quito; y, dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible conformada por los territorios de las parroquias que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino.

Estos indudables logros son todavía insuficientes. La perversa alianza entre mineras y el Estado no descansa en su afán por imponer su voluntad. La lista de leguleyadas esgrimidas para desconocer inclusive la voluntad popular en Cuenca y también torpedear sentencias juduciales que paralizan la minería es enorme. Aducen que, si queremos mencionar un tema, que las concesiones son previas a la consulta popular y que por lo tanto ésta no puede tener un efecto retroactivo. Igualmente esgrimen como un argumento atemorizante la seguridad jurídica en riesgo si se ven interrumpidas las actividades mineras, lo que desembocaría en demandas internacionales.

Sostener proyectos en marcha e incluso concesiones entregadas desconociendo las normas constitucionales y legales para no afectar intereses particulares que golpean a la colectividad humana y natural es una aberración; sería como justificar el mantenimiento de la esclavitud para no afectar a los esclavistas… Bastaría recordar que cuando se liberó a los esclavos no faltaron quienes reclamaron por las “pérdidas” sufridas por sus “propietarios”, a quienes se les restringía “su libertad” para comercializaros, utilizarlos, explotarlos… Algo similar pasó cuando se cuestionó el empleo de niños y niñas en Inglaterra a inicios del siglo XIX: “La polémica fue enorme”, nos recuerda Ha-Joon Chang, destacado profesor de la Universidad de Cambridge: “Para los detractores de la propuesta (esta) socavaba la libertad de contratación y destruía los cimientos del libre mercado”. Sin duda que, desde una perspectiva de seguridad jurídica integral, lo que cuenta en todo momento es el bien común y no exclusivamente los intereses particulares, incluyendo, en todo momento, la vigencia plena de los Derechos de la Naturaleza, en conplemento con los Derechos Humanos.

Ahora, estas empresas mineras transnacionales, que cuentan con listas para calificar la mayor o menor apertura de los países, es decir su mayor o menor grado de sumisión al extractivismo minero, ven con enorme preocupación como estos “malos ejemplos” se expanden desde hace ya muchos años no solo en el Ecuador, sino por el mundo entero. Y tienen razón.

El “mal ejemplo” se extiende por el mundo

“El agua no se venden, el agua se defiende”, “el agua antes que minería” son unos de los tantos gritos que resuenan en Nuestra América. Redoblando esfuerzos, enfrentando transnacionales y gobiernos cómplices, miles de personas en la región defienden diariamente sus territorios. Sería imposible mencionar todas esas acciones, pero si conviene recordar algunas de ellas que también han transitado por los complejos corredores de la justicia y de la institucionalidad constitucional, impulsando consultas populares.

Sin pretender una lista exhaustiva recordemos las más importantes consultas populares, que sirvieron también de experiencia y aliento para las de Ecuador. De las decenas de consultas populares de buena fe o vinculantes realizadas recordemos algunas:

El distrito de Tambogrande en Piura en Perú es reconocido como uno de los pioneros por la consulta popular que tuvo lugar el 2 de junio de 2002, contra los planes de extraer oro del yacimiento situado debajo mismo de la población. El 23 de marzo de 2003, en Esquel, Argentina, se dio un plebiscito que con un 82% de los votos rechazó las actividades mineras en la zona, aunque con carácter no vinculante, lo que sin embargo permitió declarar a Esquel como “municipio no tóxico y ambientalmente sustentable”; y actualmente en ese mismo país se trabaja arduamente para cristalizar una consulta popular por una ley de protección integral del agua con el fin de sostener la vida de comunidades y ecosistemas. En Colombia, país de gobiernos neoliberales e hiperextractivistas, ya son diez las consultas realizadas  y otras decenas propuestas; el 28 de julio de 2013, en el pequeño y casi perdido municipio de Piedras en el Tolima -de economía agrícola y ganadera– se hizo la primera consulta popular vinculante en contra del distrito minero La Colosa, previsto a ser una de las más grandes minas a cielo abierto del planeta; y desde entonces, sorteando una serie de dificultades, las consultas populares se multiplicaron hasta quedar aparentemente inutilizadas por las presiones del poder minero-gubernamental

Las opciones para concretar estos derechos rebasan las respuestas mencionadas en forma telegráfica. Hay más, inclusive en otros terrenos. Puntualicemos las siguientes. En noviembre de 2016 al Río Atrato y su cuenca en Colombia se le reconoció como sujeto de derecho por la Corte Constitucional, el máximo órgano de control constitucional; igual sucedió en 2018 con la Amazonia colombiana; dos acciones notables en un país donde los Derechos de la Naturaleza se conquistan con respuestas creativas desde el ámbito ciudadano, sin estar constitucionalizados.

Y no solo América Latina se moviliza en defensa del agua y los Derechos de la Naturaleza.

En 2016 la Corte Suprema de Uttarakhand en Naintal, al norte de la India, sentenció que los ríos Ganges y Yumana son entidades vivientes. En marzo de 2017 el Río Whanganui en Nueva Zelanda fue reconocido como sujeto de derechos para que pueda presentarse en los estrados judiciales a través de sus representantes: el pueblo Whanganui iwi; en 2013, inclusive el Parque Nacional Te Urewera, también de ese país, fue reconocido como entidad legal con los derechos de una persona; si bien la tierra no tiene dueño, es manejada en conjunto por los pueblos Crown y Tuhoe. En Nepal está en proceso una iniciativa para reconocer los Derechos de la Naturaleza vía enmienda constitucional. En Africa, entre las múltiples luchas, podríamos mencionar la defensa del delta del río Niger en Nigeria.

También en los EEUU se dan pasos dignos de destacar. En Toledo, Ohio, se decidió en las urnas el 26 de febrero de 2019 que el lago Erie, el onceavo más grande del mundo y que proporciona agua potable a 12 millones de estadounidenses y canadienses, tiene derechos. A su vez un grupo de ciudadanos norteamericanos presentó una demanda para que las Montañas Rocosas y el desierto de Nevada puedan demandar legalmente a individuos, corporaciones o gobiernos en EEUU.

En Europa, para mencionar otro continente, centenares de miles de ciudadanos y ciudadanas, con diversos grados de éxito, enfrentan la privatización de los servicios de agua. En Alemania, en Berlín, han sido exitosos los esfuerzos por recomunalizar el agua, algo similiar aconteció en París, Francia. En Italia en junio de este año se celebrará el décimo aniversario de la histórica victoria del Referéndum popular cuando  el 95% de los 27 millones de participantes rechazaron rotundamente la privatización del agua. Esfuerzos similares se realizan también en España, Portugal, Grecia…

La conclusión es contundente. Las organizaciones comunitarias, embarcadas en estos intríngulis de la justicia -casi siempre manipulada o controlada por intereses de grandes empresas en contubernio con los gobiernos- están obligadas a emplear con inteligencia y creatividad todas las herramientas que ofrece la institucionalidad existente. Igualmente, resisten frente a diversas formas de violencia abierta o encubierta con la que se persigue, estigmatiza, criminaliza e inclusive asesina a los defensores de la vida, que en definitiva de eso se trata toda esta lucha: defender la vida. La cuestión, como es obvio, supera el ámbito técnico-jurídico obligando a replantear las luchas de resistencia y de re-existencia.

Urgente, tejer luchas globales de resistencia

Es evidente, entonces, que el tránsito para cristalizar los Derechos de la Madre Tierra, que son en definitiva los derechos que aseguran la existencia de los seres humanos, demanda de alianzas múltiples. Se requiere tender puentes entre el campo y la ciudad, puentes entre las distintas regiones de un país y cada vez más puentes entre todas las luchas de resistencia en el mundo: en definitiva los sures del mundo -existentes también el Norte global-, afectados por los extractivismos, deben unirse.

Sin minimizar sus orígenes históricos y sus contenidos sociales y ambientales propios de cada lucha, lo que se juega en estas luchas es la democracia. Se trata de hechos políticos que sintetizan el derecho de una comunidad a decidir sobre su territorio y su proyecto de vida en común. Resume la decisión de supervivencia de pueblos que han resistido y siguen resistiendo a las lógicas de acumulación capitalista que sofocan la vida, sea de los humanos o de la Naturaleza. Se busca priorizar la vida digna para todos los seres humanos y no humanos antes que un insostenible productivismo y un imparable consumismo apuntalado en un individualismo alienante; la particularidad local a la uniformidad globalizadora. Es la lucha entre estas visiones de mundo, cuya superación debería orientarse por un horizonte pluriversal: un mundo donde quepan muchos mundos, asegurando la justicia social y justicia ecológica simultáneamente.

Así, en cada consulta popular se juega muchísimo más que meras controversias jurídicas. Estas consultas, como una parte más de largas y complejas resistencias y construcciones de alternativas, denotan -sin rodeos- el gran potencial de una democracia vivida, practicada y conquistada desde abajo, desde las comunidades, para desde allí extenderse a otros ámbitos gubernamentales. Igualmente sintetizan formas de vida que deben respetarse mientras se abren espacios para construir otro tipo de economía. Y en medio de la pandemia del Covid-19 cobra redoblada fuerza la necesidad de preservar este liquido vital como un derecho y no más como una mercancia.

Y esa democracia demanda acciones permanentes en muchos campos, pues las consultas populares, como lo vemos ya en Cuenca, no terminan por resolver los problemas. Si la voluntad popular expresada en las urnas en esa ciudad no es respetada, más allá de continuar forcejeando por el complejo sendero de la justicia, se mantiene siempre abierto el camino de la resistencia en las calles y en el campo, levantamientos y bloqueos, marchas y caminatas, incluyendo nuevas consultas populares. No nos olvidemos que de acciones incluso heroicas está lleno este sendero para defender la vida, como fue la conocida como la Guerra del Agua que tuvo lugar en Cochabamba, entre los meses de enero y abril de 2000, cuando los sectores populares de esa ciudad boliviana se movilizaron exitosamente en contra de la privatización del abastecimiento de agua potable municipal.

Lo que hemos sintetizado en estas breves líneas representa el gran mensaje de esta jornada histórica en Cuenca, que continuará en Quito, así como en muchas otras regiones del planeta: nuestro compromiso es con la vida digna de seres humanos y no humanos. Puesto en las contundentes palabras del infatigable luchador argentino Fernando Pino Solanas[2], cuando participó en el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, en Paris, en diciembre del 2015, “quizás no exista una causa mayor, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que luchar por los Derechos de la Naturaleza”.

[1] Economista ecuatoriano. En la actualidad es profesor universitario, conferencista y sobre todo compañero de lucha de los movimientos sociales. Juez del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza (desde el 2014). Ministro de Energía y Minas del Ecuador (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador (2007-8). Autor de varios libros.

[2] Fernando Ezequiel Solanas (1936-2020), argentino, más conocido como Pino Solanas: director de cine y político: diputado, senador, embajador; juez del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Un gran referente de dignidad en las luchas que emprendió y en las que participó.

27 de marzo del 2021