En alerta se encuentra el CRIC-Nacional, por anuncio en la página del ministerio del interior, del gobierno de Iván Duque Márquez, sobre proyecto de decreto que pone en riesgo la consulta previa en territorios donde habitan comunidades indígenas.

En los últimos años, diferentes regulaciones han venido limitando y desconociendo los derechos constitucionales de los indígenas, mediante políticas regresivas, no se habla de aquellas generales como la que actualmente cursa en el Congreso sobre la reforma tributaria, sino de aquellas que atacan directamente la autonomía de los pueblos originarios, como las reformas al derecho fundamental a la Consulta previa, libre e informada, anunciada por el Ministerio del Interior en su página oficial el 26 de marzo del 2021 “Por el cual se adiciona un título a la Parte XX del Libro XX del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, que aduce a: “… lineamientos para el ejercicio del deber de la Consulta Previa…”; este proyecto tiene varias objeciones por parte de pueblos y comunidades indígenas.

Según Hermes Evelio Pete, consejero Mayor del CRIC – Nacional, el gobierno de reforma en reforma viene anulando los derechos de los pueblos indígenas, y asegura que “Las acciones del Gobierno Nacional se constituyen en acciones impositivas y es producto de acciones planificadas que retrotraen derechos constitucionales. Igualmente, el consejero del pueblo Yanakona Ferley Quintero argumento que el proyecto de decreto publicado en la página del ministerio del interior atenta contra los principios fundamentales de Unidad, tierra, cultura y autonomía de los pueblos y “busca socavar y eliminar la protección de valores y derechos fundamentales conjurados en favor de los pueblos indígenas desde la promulgación de la Constitución Política de 1991.

Para las comunidades indígenas la consulta previa, en términos prácticos, se entiende como si los territorios indígenas fueran la casa, el hogar, y cuando alguien va ingresar a ella, a su vivienda, se les debe de consultar, informar, para ellos saber cuáles son las razones de su visita, por cuánto tiempo se van a quedar, más aún, si esta “visita” no pedida, va a afectar las dinámicas propias de sus formas de vida.

En ese sentido, la consulta previa es de vital importancia para las comunidades indígenas, por eso manifiestan su preocupación ante este proyecto de regulación, ya que transforma indiscutiblemente un derecho fundamental en un trámite administrativo, como una “formalidad” para que los proyectos de interés económico extractivistas se ejecuten libremente en los territorios indígenas, afectando los intereses colectivos, la autonomía y libre determinación de los pueblos. Siguiendo con el ejemplo de la casa, sería como si un actor externo pudiese ingresar a la vivienda, transformarla o hasta derrumbarla, siempre y cuando “toque a la puerta, la abra y siga”

Así las cosas, los diez (10) pueblos indígenas que habitan en Departamento del Cauca manifiestan que ni siquiera han sido consultados de este proyecto; que el proyecto de Decreto ha sido construido por funcionarios de un Ministerio que sigue los lineamientos de un Estado centralista, que desconoce las dinámicas y particularidades de cada territorio, así mismo recuerdan que en el pasado se han presentado afectaciones contra los territorios de las comunidades indígenas, como la mina El Cerrejón en la Guajira, las fumigaciones con glifosato, la construcción de la represa La Salvajina, por eso afirman que gobierno pretende con el decreto, que a las comunidades, la mayoría de ellas ubicadas en territorios donde no llega la señal de celular, donde se carece al acceso de todos los servicios y ofertas del estado, se les imponga tiempos y formas, para que de esa manera (el gobierno) pueda seguir actuando de manera amañada, buscando beneficiar siempre a los grandes capitales.

La Consulta Previa con todas las limitaciones actuales, también ha sido el derecho que mínimamente ha logrado proteger ecosistemas estratégicos, no solo para los pueblos indígenas sino para la población en general, por eso las comunidades indígenas rechazan el proyecto de decreto que atenta contra la democracia y sin lugar a dudas se ajusta más a un proyecto de eliminación, que traería para los pueblos originarios nefastas consecuencias.

 

Por: Comunicaciones CRIC