¿Es necesario tener Ejército, “por si acaso”?

La crisis iniciada en 2018 evidenció que la profesionalización del Ejército es solo aparente y más bien tan débil como en otras instituciones estatales. La traición del cuerpo armado a su misión constitucional seguirá probablemente siendo objeto de discusión por mucho tiempo. Lo que si no es discutible es que inclusive en el muy hipotético caso que el ejército no haya participado activamente en la represión, su comportamiento ha resultado en uno de los pilares que sostienen al régimen actual.

Sucede que hasta hace tres años existía un falso consenso en que el Ejército cumplía una función de seguridad y soberanía que justificaba su existencia. Falso consenso porque la necesidad de contar con esa institución no resultó de un debate profundo alejado del contexto histórico de la postguerra. Los esfuerzos de desarme y la elevada polarización política de entonces alimentaron la idea de que un poder apartidista era necesario para prevenir eventual violencia armada, además de para preservar la soberanía territorial.

Dado que el tiempo demostró la inexistencia de tal apartidismo, hay que debatir a profundidad la conveniencia de tener un cuerpo armado para la guerra. ¿Es posible formar un ejército profesional y no-beligerante en una sociedad política y socialmente polarizada? ¿Puede un país sin ejército gozar de soberanía y seguridad? ¿Cuáles países sufren de inseguridad o han perdido soberanía por carecer de un cuerpo militar? ¿Cuántos países a pesar de tener ejército están hundidos en la violencia y pérdida de soberanía estatal? Hay que buscar buenas respuestas a estas preguntas porque la formación de dictaduras está de moda y la necesidad de contar con un ejército no está demostrada. Este escrito aporta algunos elementos para el debate.

Fumigaciones, operaciones de rescate y protección de zonas productivas son todas actividades recomendadas en viejos manuales contrainsurgencia. Estos manuales recomiendan esas operaciones como formas de ganar influencia en las comunidades, generar legitimidad para el Estado y al mismo tiempo desarrollar actividades de inteligencia.

Los informes anuales del Ejército están saturados de actividades de proyección social como jornadas de salud, prevención de desastres y protección ambiental. Pero las brigadas de salud o ecológicas no son funciones de un ejército. Son las autoridades civiles quienes tienen la responsabilidad de velar por la salud pública y la protección del ambiente, garantizando personal capacitado para esas tareas sin excluir la participación ciudadana con sus diversas formas de organización.

Según su estructura orgánica tiene el Ejército unas 24 unidades y de éstas dos son unidades de proyección; el Batallón Ecológico y la Unidad Humanitaria y de Rescate. Es decir, dos de 24 unidades hacen el trabajo en tiempo de paz que justifica la existencia de las otras 22 en tiempo de guerra.

En sí, esas actividades de tiempo de paz son positivas y todas necesarias, pero ¿justifican la existencia del cuerpo armado? Los ejércitos existen para combatir, si no hay peligros aparentes no tiene sentido tener Ejército. Adicionalmente, la lucha contra el narcotráfico no es labor para un Ejército porque tiene un carácter policial. Y los diferendos fronterizos que Nicaragua ha tenido en la historia reciente carecen de la dimensión para justificar la existencia de una fuerza militar.

El otro problema es que el gasto militar es alto, comparado con las condiciones económicas del país. El gasto militar ha aumentado de casi 40 millones de dólares en 2007 a casi 82 millones de dólares en 2019, según datos del Instituto de Investigación para la Paz en Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés). Es decir que el gasto en defensa se ha duplicado y la pregunta lógica es ¿Se han duplicado las necesidades de defensa? ¿Se han duplicado las amenazas? ¿Se han duplicado los problemas fronterizos con vecinos hostiles? No.

Paradójicamente, no ha sido bisturices y equipo de salvamento lo que más han comprado los militares. El Ejército ha expandido su arsenal en unos 80 vehículos blindados y 50 tanques durante años recientes. Equipo que no tiene ningún otro destino que un conflicto imaginario, el mercado de armas o en el mejor de los casos vendido como chatarra.

El argumento para estos gastos ha sido la necesidad de modernización, pero ¿a cuál modernización aspiran adquiriendo tanques de segunda mano diseñados en la década de 1960? Esos blindados funcionan en menos de un cuarto de la geografía de Nicaragua, son aparatos que solamente implican una deuda y un gasto permanente en mantenimiento. Es además una contradicción que la mayoría del gasto militar no esté destinado a lo que según los voceros militares es su mayor quehacer en tiempos sin conflicto bélico. Pues las grandes compras recientes incluyen sólo dos aviones, dos helicópteros y dos patrulleras que podrían tener por destino la protección contra el narcotráfico o la defensa civil.

Tal absurdo gasto militar y la injustificada existencia de un ejército con comportamiento partidista motivan su abolición. Pero ¿qué pasará con la soberanía nacional si el ejército es abolido? ¿Perdieron soberanía Panamá y Costa Rica cuando abolieron o transformaron sus ejércitos en fuerzas de seguridad nacional? No, pues la soberanía no sólo es la preservación de la integridad territorial, que puede defenderse en cortes internacionales de justicia, la soberanía se defiende promoviendo la independencia económica, desarrollando la autosuficiencia alimentaria y estimulando el desarrollo técnico y científico. Reducir el gasto militar ha permitido a Costa Rica invertir fuertemente en educación, logrando al final de los años 70, es decir hace más de 40 años, reducir el analfabetismo hasta casi el 10 %.

Los abanderados de tener Ejército justifican su existencia por problemas limítrofes históricos y amenazas geopolíticas. Pero estos argumentos no tienen sustento en el contexto actual, son sólo especulaciones, eventualidades, probabilidades. En palabras llanas Nicaragua tiene Ejército “por si acaso”, gasta en defensa al menos 2.4 % de su presupuesto anual “por si acaso” y compra blindados “por si acaso” hay alguna agresión por el pequeño estrecho de Rivas o por Somotillo.

Sin embargo, la abolición del Ejército no deberá ser manejada de forma apresurada y dramática, sino como un proceso de transformación hacia una Fuerza de Seguridad Pública. Es decir, una fuerza complementaria a la fuerza policial, una fuerza enfocada en la seguridad rural y fronteriza. Esto implicará la reducción de personal y armamento hasta tener un tamaño razonable en proporción al desarrollo económico. Una primera etapa podría incluir detener el reclutamiento de soldados, la garantía de un retiro decente, y la posibilidad de una reconversión profesional. Los recursos para esto pueden salir del mismo presupuesto asignado anualmente, complementado con la venta de instalaciones, equipo militar y de la llamada industria militar.

Inclusive si la abolición resultara costosa esto no es argumento para no hacerlo, pues los beneficios serán reflejados en un mediano plazo, 10-20 años, al haber más recursos disponibles para salud, educación e infraestructura.

Finalmente, el destino del Ejército debe ser decidido por los nicaragüenses en libertad y sin amenazas. Así, los militares deben respetar su propio lema de dar “Todo por la Patria”, inclusive cuando eso signifique dejar las armas y prestar su servicio en otros sectores donde sí es necesario.