Guatemala, como en México: Los megaproyectos una chispa sobre combustible

En 2021 se repiten en Guatemala los mismos patrones de violencia de los últimos diez años; Estado-empresas, continúan golpeando a las comunidades opuestas a los megaproyectos. Un ejemplo de esto son los reiterados intentos por instalar varias transnacionales en el territorio norte de Huehuetenango.  La construcción de una serie de hidroeléctricas provocó que fueran encarcelados la mayoría de las autoridades indígenas, ancestrales y comunitarias del pueblo Q’anjob’al y mestizo durante los años 2012 a 2019.  Incluso, varios presos políticos estuvieron en prisión hasta que un Tribunal de Mayor Riesgo los absolvió de todos los delitos en 2017. Un año con ocho meses tuvieron que esperar encarcelados en una de las prisiones de la ciudad capital.

Tres años después, Julio Gómez Lucas, perteneciente al pueblo Maya Chuj, fue detenido de forma arbitraria un día después de la llegada del presidente Alejandro Giammattei y su gabinete de ministros a San Mateo Ixtatán centro, a cinco días de haber tomado posesión,  para firmar un acuerdo con la empresa Energía y Renovación, dueña de varias hidroeléctricas. Un año después de su detención, Gómez Lucas enfrenta un proceso penal acusado por los delitos de instigación a delinquir y manifestaciones ilegales, por una protesta comunitaria ocurrida en noviembre de 2017 en la que no participó y por la cual irá a un juicio posiblemente este año.

Representar la oposición a las hidroeléctricas y a las comunidades, le valió a Gómez Lucas una campaña permanente de acusaciones y estigmatización en su contra en medios de comunicación corporativos y en las redes sociales; fue acusado de robar y talar árboles, de ser secuestrador, guerrillero, extorsionista, opositor al desarrollo, terrorista, hasta el extremo de dirigir “grupos armados”, la empresa afirma  que muchas veces estos grupos ingresan de México a Guatemala.

Para autoridades indígenas como Rigoberto Juárez Mateo, el sistema de justicia es instrumentalizado por las empresas para perseguir, castigar y condenar sin pruebas, a todas aquellas personas que se opongan a sus intereses, como es el caso de Gómez Lucas. “Evidentemente hay una carga histórica de racismo y de discriminación del Estado hacia los pueblos indígenas”, expresó Rigoberto frente a un complejo de justicia acompañando a Gómez Lucas; él fue uno de los presos políticos del norte de Huehuetenango.

Con los megaproyectos se perdió la paz

Con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera en 1996, entre el gobierno, ejército y las organizaciones guerrilleras, se puso fin a la guerra en todo el país.  En esta nueva etapa los pueblos originarios  y mestizos, comenzaron a informarse sobre el modelo extractivo en América Latina y el resto del mundo. En 2005 la organización territorial, comunitaria y popular, centró su principal esfuerzo en la realización de las consultas comunitarias, para reafirmar su autodeterminación en rechazo a la extracción industrial de los bienes naturales en sus territorios.

En junio de 2005 se realizó la primera consulta comunitaria en el municipio indígena Mam de Sipacapa, San Marcos, haciendo uso del Código Municipal para el reconocimiento de la consulta, votación y resultados de ésta. Mayoritariamente las personas rechazaron la presencia de los megaproyectos en este territorio, especialmente mineros. 

Luego siguió la consulta comunitaria en el municipio mestizo de Río Hondo Zacapa, provocando un fenómeno en cadena. La organización comunitaria se lanzó a realizar decenas de consultas en la mayoría de los municipios y departamentos del país; el resultado fue el mismo: los pueblos de forma mayoritaria rechazaron los megaproyectos en sus territorios. De 2005 a la fecha se continúan realizando consultas comunitarias basadas en el Código Municipal y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Estado y las empresas no reconocen el resultado de las consultas.

Con la pacificación en los territorios, las empresas tuvieron el camino libre; así fue como en 2011 la resistencia a éstos se hizo más visible. Distintos pueblos y comunidades se declararon en resistencia; el Estado de Guatemala, coludido con empresas y los capitales transnacionales, criminalizan desde los medios de comunicación la movilización comunitaria.

Posteriormente aparecieron los procesos penales en contra de los principales liderazgos. Varias de sus autoridades indígenas fueron encarceladas y otros asesinados. Llegó la división comunitaria; la cooptación de personas, militarización y la represión volvieron a las comunidades. Lo vivido en el Valle del Polochic con el ingenio azucarero Chabil Utzaj, en Barillas con la empresa Ecoener Hidralia Energía  y en San Juan Sacatepéquez con la empresa Cementos Progreso, dan cuenta de la violencia con la que Estado-empresa respondió a la resistencia comunitaria  (Santiago Bastos / Quimy De León, 2013).

El sector empresarial junto al Estado encontró la forma de reconfigurar la idea del enemigo interno. Esto significó que, con el fin de la guerra, la protesta social que se opusiera a los megaproyectos sería considerada una amenaza a la seguridad nacional y con ella todas las personas que se movilizan en contra de la explotación de los bienes naturales. Durante la guerra la contrainsurgencia ubicó al indígena como el enemigo interno al que debía aniquilar; por esa razón, el ejército diseñó planes de operaciones militares que buscaban el exterminio de pueblos indígenas, en los territorios en donde ahora hay una fuerte disputa por los bienes naturales y la tierra (Matthias Epe / José Rodolfo Kepfer, 2014).

Al mismo tiempo que se fortalecía la organización comunitaria, los megaproyectos comenzaron a instalarse en distintos territorios; buscaron construir represas, hidroeléctricas, minería de todo tipo y petróleo. Muchos de los cuales por la organización y  resistencia de las comunidades están paralizados. 

A la par de estos megaproyectos también se asienta en el país el monocultivo de Palma de Africana, que comenzó a producirse a finales de 1980.  Para 2019 se contabilizaron en el país unas 171 mil 581 hectáreas de cultivo de palma (Marvin Del Cid / Sonny Figueroa, 2021).

La oposición a estas empresas tiene su raíz en la preocupación de la gente por el medio ambiente, la salud y la vida. Los pueblos tienen una visión diferente de desarrollo, totalmente opuesta a la de los empresarios y gobernantes. La resistencia que ha sido de muchas formas es en contra de todo aquello que busque la explotación industrial de los bienes naturales. (Anaya James, 2010).

Guatemala transita en la actualidad por una crisis política e institucional. Con la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), prácticamente las élites lograron cooptar nuevamente todas las instituciones del Estado, en especial la Corte de Constitucionalidad (CC). En esta crisis, la continuidad de la guerra se traduce ahora en la defensa de los bienes naturales frente a la explotación de estos , el escenario para los pueblos es aún más adverso: las empresas podrían tener el camino libre para aumentar la presión sobre las comunidades, y lograr que finalmente funcionen estos megaproyectos, colocando una chispa sobre combustible.