Centenares de guardias indígenas llegan a varias ciudades colombianas a reforzar las protestas

El día de ayer, 400 guardias indígenas reforzaron dos puntos de concentración del Paro Nacional en la ciudad de Cali, hoy se espera que 1000 guardias más lleguen y se sumen a la protesta pacífica.



 Los pueblos indígenas del CRIC – nacional seguimos en lucha y resistencia mientras no se apague el sol

 

 

El Consejo Regional indígena del Cauca saluda el llamado del “Comité Nacional de Paro” a nueva jornada de paro nacional para mañana miércoles 5 de mayo 2021. El Consejo Regional indígena ha continuado movilizado desde la jornada del pasado 28  de abril, no solo para exigir las reivindicaciones como pueblo colombiano y contra el mal gobierno, sino para acompañar a los sectores populares en Cali, movilizados, estigmatizados, torturados, perseguidos, por su masiva y decisiva participación en este paro. La citación que hace el comité de paro contribuye a dar fuerza a estas movilizaciones que han continuado también en Bogotá, Medellín, Popayán, Pasto, Bucaramanga, Cartagena, y en los más diversos territorios de Colombia, urbanos y rurales, con la decidida participación del sector camionero.

Es un triunfo de estas movilizaciones de paro, el retiro del proyecto de reforma tributaria presentado al congreso de la república y la renuncia del ministro Carrasquilla, del director del DNP y de los funcionarios que estuvieron en la formulación de este proyecto. Sin embargo estamos atentos para que la clase política no reviva un proyecto similar, mientras se continúa desconociendo a la movilización social como un actor decisorio en este país.

LOS PUNTOS DEL PARO. En la movilización de mañana es importante continuar reivindicando los puntos del paro nacional, en la búsqueda de un país en donde la pobreza y la inequidad no sean el pan de cada día, y en donde los gobiernos no busquen expropiar la riqueza y el trabajo nacional, en favor de los grandes inversionistas del país, financiadores de sus campañas. Dentro de esos puntos resaltamos:

  1. El proyecto de ley para la reforma de la salud, que no responde a garantías para la población al respecto, ni resuelve la grave crisis y la falta de condiciones decentes para el personal de salud que, a pesar de su baja remuneración, pasa meses y hasta años sin recibir la remuneración de ley. Estamos exigiendo en la movilización el retiro y archivo de este proyecto, el cual entre otras cuestiones contiene lo siguiente:
  • Garantiza los más de 50 billones de la salud a los grandes grupos privados a través de las EPS.
  • Establece Alianzas público- privadas para garantizar el control de la Red Pública por los grandes capitales y para que los recursos asignados a la misma sean destinados para las empresas privadas de los mismos.
  • No se resuelve la grave situación del Talento humano, de los trabajadores de la salud y, por el contrario, se instituyen los contratos basura, con pocos meses de vigencia laboral.
  • Se entrega la ampliación de cobertura para la educación superior en salud a las universidades privadas, impidiendo en la práctica el acceso de las personas pobres y de la mayoría de la clase media.
  • Se fortalecen las grandes EPS ligadas con los grupos financieros, acabando con las pequeñas, y convirtiendo, aún más, la salud en un negocio y negándola como derecho de todo ser humano.
  • Son elevados a estatus de ley las normas producidas en pandemia para la salud, olvidando que estas se tomaron para una situación excepcional jurídicamente; es decir legalizando el estado de excepción.
  1. Las propuestas anunciadas varias veces por los economistas del gobierno sobre cambios en la normatividad laboral y de pensiones.
  2. La fumigación con glifosato y forzada, que en la práctica termina arrojando a los pobladores de sus territorios para garantizar la entrada a ellos del capital extractivista y depredador, a la vez que le permite mostrar al gobierno ante la comunidad internacional una imagen de lucha contra el narcotráfico.
  3. Las acciones administrativas contra la “consulta y el consentimiento previo libre e  informado” por parte del Estado  Colombiano, tales como la propuesta de decreto sobre la misma que ha dado a conocer el gobierno nacional, así como medidas que ha ido tomando   como el decreto 2353 de 2019 y directivas Presidenciales (10 de 2013 y 08 de 2020), expedidas de  manera  unilateral, de los cuales exigimos su nulidad. Nos permitimos recordar que la consulta previa es un derecho humano que protege a los pueblos Étnicos, de medidas administrativas o legislativas del Estado, que sean susceptible de afectar nuestros derechos o nuestro libre desarrollo.

VIOLACIONES DE LA VIDA Y LA DIGNIDAD Y ABANDONO DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO. Ante la muerte, amenazas, estigmatizaciones, seguimientos, torturas, heridos y detenciones arbitrarias contra los participantes en las movilizaciones y los transeúntes, planteamos ante la comunidad nacional e internacional:

  1. Los muertos en este paro nacional se cuentan por decenas, los heridos por centenas, y de las victimas de las demás violaciones de derechos humanos aún no se tienen cifras compiladas; es necesario que se establezcan mecanismos que conduzcan al esclarecimiento y la justicia para las mismas. No puede ser que la impunidad que se ha dado en estos últimos años, se acentué ahora; tampoco se puede continuar con la impunidad al respecto para ciertos funcionarios. Saludamos el pronunciamiento desde la portavoz de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, sobre esta situación, parte de la cual ha podido ser constatada por su oficina en Colombia.
  2. La figura de Asistencia militar vincula al ejército, de manera peligrosa, al tratamiento represivo de la protesta social y asimila como escenarios de Guerra a los escenarios de la movilización social, y como actores del conflicto a quienes somos, y estamos claramente definidos por el DIH, sociedad civil y sujetos protegidos por el mismo.
  3. La crisis que vive el Estado de derecho en Colombia se muestra en la borrosa diferenciación entre el gobierno, organismos de control y organismos adscritos al poder judicial. El presidente de la República, la Procuradora Nacional, el Fiscal general, para no nombrar a otros como el Defensor del pueblo, son del mismo partido y todos hablan como integrantes del gobierno nacional. En el modus operandi del Fiscal General de la Nación, las muertes, las masacres, las violaciones de derechos humanos son siempre ajenos al liderazgo y pertenencia social o son causados por actores armados, usando como fuentes a la policía y al ejército, pero sus investigaciones pocas veces avanzan. Ahora mismo, ante la situación de orden público en Cali y Popayán, en el contexto de la movilización, el Fiscal ha determinado que detrás de los “desordenes y hechos vandálicos” que se presentan en estas ciudades hay estructuras criminales como las disidencias, ELN y estructuras del narcotráfico; no sabemos  que clasifica como desordenes pero por la acción de la fuerza pública contra la movilización, entendemos que se refiere a la movilización y a quienes en ella participamos, desconociendo con ello y negando el contexto y las dinámicas que originan nuestra movilización, y poniéndonos en grave riesgo, como en efecto ya se presenta. Por otra parte el fiscal no presenta resultados de investigaciones sobre las personas participantes en la movilización muertos, heridos o victimas de otros tipos de violaciones, como van las cosas podría terminar diciendo “No estarían cogiendo café”.
  4. Denunciamos y rechazamos, aunque no nos extraña, la propuesta de congresistas del partido de gobierno, el Centro Democrático, en el sentido de declarar la “Conmoción Interior”, la cual consideramos que convertiría a Colombia en una cruel dictadura que, entre otras, le daría al presidente Duque la potestad de expedir decretos con fuerza de ley, destituir mandatarios locales y departamentales, restringir manifestaciones con base en algunos de esos decretos, controlar los medios de comunicación.

La “Conmoción Interior”, según la Constitución colombiana es utilizada ante grave perturbación del orden público, y puede durar hasta 9 meses. El Centro Democrático ha pasado años y años, fortaleciéndose con la perturbación del orden público y oponiéndose a la paz, manteniendo escenarios de guerra en donde, en medio de la pobreza y la violencia generadas, se violan sistemáticamente los derechos humanos de grandes poblaciones.

Solo ahora cuando la población se levanta dignamente para denunciar este sufrimiento permanente, aún en medio de la pandemia por el COVID 19, integrantes del partido de gobierno aspiran a implementar la “Conmoción Interior”, no para solucionar la problemática de orden público, que en Colombia no es la excepción sino la regla, sino que lo hacen para continuar implementando sus políticas y estrategias económicas y militares contra el pueblo.

Llamamos a todos los sectores democráticos y populares en Colombia para rechazar esta clase de acciones contra la democracia y la movilización social: Los guerreristas no pasaran.

Como CRIC estamos presentes en la Minga social en la ciudad de Cali en donde participaremos mañana en el paro nacional, igualmente lo haremos en la ciudad de Popayán y en distintos municipios del Cauca.

Cali-Popayán y municipios del Cauca, 4 mayo 2021

COMO CRIC CONTINUAREMOS EN MINGA Y  EN EL PARO NACIONAL JUNTO AL PUEBLO COLOMBIANO

CUENTEN CON NOSOTROS PARA LA PAZ, NUNCA PARA LA GUERRA.

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El descontento social no puede recibir tratamiento militar

 

 

Ya va a ser una semana desde que comenzó el Paro Nacional. Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) responsabilizamos al Gobierno Nacional en cabeza de Iván Duque, el ministro de defensa Diego Molano y el general del ejército Zapateiro de la crisis social que viene viviendo el país. Y a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, así como al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, de la grave situación que tiene foco en esta ciudad.

Mientras el pueblo colombiano clama por comida, salud y educación; el gobierno ha respondido con lo único que tiene «bala». Hasta el día domingo 2 de mayo, según informes de la Defensoría del Pueblo, se habían contabilizado 19 personas asesinadas, 11 de ellas en la ciudad de Cali. Una cifra que sin duda aumentará como resultado de la represión del día de ayer. Hay asimismo un gran número de heridos, se habla de 80 personas desaparecidas, un mujer abusada sexualmente e incontables denuncias de abuso de autoridad.

«Queremos un cambio estructural para nuestro país, que todo el pueblo colombiano sea escuchado y sean atendidas las necesidades, (…) hemos solicitado al Ministerio del Interior y solicitamos al Ministro de Defensa que se retire la fuerza pública», expresó Ferley Quintero, Consejero Mayor del CRIC.

El día de ayer, 400 guardias indígenas reforzaron dos puntos de concentración del Paro Nacional en la ciudad de Cali, hoy se espera que 1000 guardias más lleguen y se sumen a la protesta pacífica.

 

Por: Programa de comunicaciones CRIC.