En 2016, el presidente Nicolás Maduro comenzó a hablar de la “minería ecológica” como mecanismo para superar la crisis de Venezuela. Desde entonces, ha habido un decreto gubernamental que abre a la minería una gran área de la Amazonía venezolana, el llamado Arco Minero del Orinoco . Va de la mano de un plan que fomenta la extracción de minerales en todo el país. Liliana Buitrago y Emiliano Terán, investigadores del Observatorio de Ecología Política , explican cómo la expansión de las fronteras mineras impacta la sociedad, el medio ambiente y la economía de Venezuela.

CPM: Superar el rentismo basado en los recursos naturales forma parte del discurso oficial de hoy. Por un lado, ha habido una fuerte caída en la producción de petróleo debido a las sanciones y la mala gestión. Por otro lado, ahora hay una mayor explotación de los recursos naturales a través de la minería. De sus esfuerzos para monitorear la extracción de recursos en el Observatorio de Ecología Política, ¿qué nos pueden decir sobre esta situación?

Buitrago: Venezuela padece una enfermedad global: la dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, en nuestro caso, la dependencia es aún mayor porque el petróleo ha sido el motor principal de nuestra economía durante casi cien años.

Cuando ese modelo colapsó por la caída de los precios del petróleo, la mala gestión de la empresa [PDVSA], las sanciones y otros factores, el gobierno no logró superar su dependencia del extractivismo. En cambio, la economía se reorientó hacia la expansión de las fronteras extractivistas.

La prolongada dependencia de Venezuela de las rentas [del petróleo y la minería] ha impedido el desarrollo de alternativas económicas menos dependientes y más viables. Si bien la crisis podría haber llevado al desarrollo de formas de vida más sostenibles, en su lugar recurrimos a la que probablemente sea la forma más destructiva de acumulación: la minería. 

Resulta que el modelo extractivista de acumulación, tan arraigado en nuestra sociedad, dificulta la posibilidad de concebir otra solución.

De hecho, es importante resaltar que, si bien el proceso Bolivariano trajo cambios profundos en nuestra sociedad, la superación del extractivismo nunca fue un objetivo.

Hoy, ante la tormenta perfecta de sanciones y una infraestructura petrolera mal mantenida, el gobierno busca una solución que está destinada a profundizar nuestra crisis actual. Es la solución «fácil» a corto plazo: la extracción de oro y metales raros puede ofrecer una salida rápida aunque limitada (en comparación con los ingresos del petróleo) … Sin embargo, el modelo se basa en el despojo de los bienes comunes, la rápida degradación ambiental, la imposición de una nueva organización territorial fuera del marco constitucional actual, desplazando a las personas y borrando formas de vida no occidentales.

En otras palabras, las nuevas formas de extractivismo arrasan con las culturas alternativas e instalan una cultura de muerte.

CPM: Si bien es cierto que la minería devasta la naturaleza, también es cierto que las sanciones impulsadas por Estados Unidos han traído problemas graves y el país necesita recursos. Son circunstancias excepcionales, ¿no?

Buitrago: Eso es cierto. Podríamos decir que la expansión de las fronteras mineras tiene en las sanciones una de sus raíces. Sin embargo, el Decreto 2248, que abre una gran parte del territorio amazónico venezolano a la explotación minera, se remonta a 2016, mientras que las sanciones económicas solo comenzaron en 2017.

Las sanciones son coercitivas y deben ser consideradas como uno de los factores que nos llevaron a donde estamos: Venezuela necesita alimentos, medicinas, insumos para mantener industrias e infraestructuras, etc. Las vías económicas tradicionales ya están cerradas. Sin embargo, ¿la profundización de un modelo en crisis es la mejor opción?

El imaginario extractivista está ligado a un concepto colonial o colonizado que antepone el “desarrollo” a la vida. La tierra se considera un recurso a explotar y no un bien común. El imaginario colonial también concibe los recursos de la Tierra como infinitos. Sin embargo, el calentamiento global y la crisis ambiental muestran que ese no es el caso.

La contradicción entre la concepción moderna de «desarrollo» y la vida es evidente.

En Venezuela, el discurso del desarrollo se ha intensificado con la expansión de las fronteras mineras. Dicen: “Estamos avanzando, estamos desarrollando, estamos superando el rentismo” y, “Ahora vamos a diversificar la economía con el motor minero”. Ese es el discurso… Mientras tanto, el rentismo está vivo y coleando, y nuestra economía se sumerge aún más profundamente en un modelo de acumulación que ya estaba en crisis.

Finalmente, debo agregar que la extracción de oro en el llamado “Arco Minero del Orinoco” no es nada nuevo. Antes de 2016, existía una red de minería ilegal allí y ya existían muchos mecanismos. Lo que hizo el decreto fue ampliar la escala de la minería.

Entonces, nuevamente, si bien la crisis de Venezuela trajo una ampliación de las fronteras extractivistas, también existía un sustrato ideológico y material. Las sanciones fueron solo una chispa en una pradera muy seca.

CPM: Hace cinco años el gobierno impulsó el Decreto 2248, la legislación que amplía las fronteras extractivistas en Venezuela. ¿Qué nos puede decir de este decreto?

Terán: El territorio que abarca el Arco Minero del Orinoco es un polígono de casi 112 mil kilómetros cuadrados. Tiene aproximadamente el tamaño de Cuba y es más grande que Portugal. El proyecto tiene enormes dimensiones.

Se centra en la extracción de oro, diamantes y coltán, pero también de bauxita, hierro y otros minerales en la franja norte de la Amazonía venezolana. El límite norte es el río Orinoco, y llega a la cuenca del río Cuyuní en el este, donde se encuentran las mayores concentraciones de oro. Luego, desde el río Cuyuní, en dirección oeste, comprende la cuenca del río Caroní, el río Caura y el norte del municipio Cedeño, donde se encuentran las principales concentraciones de coltán y diamantes.

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Sin embargo, el polígono es artificial porque el área de influencia del Arco Minero se extiende prácticamente por toda la Amazonía venezolana, que cubre casi la mitad del territorio nacional. De hecho, Icabarú, justo en la frontera con Brasil, es una zona de influencia del Arco Minero porque allí se encuentran importantes concentraciones de oro y minería.

Una de las claves para comprender el Arco Minero es una configuración particular de gobernanza. El decreto declara que el Arco Minero del Orinoco es una “zona económica especial”, una zona de extrema desregulación como las que promueve China. En términos formales, el territorio está bajo control militar y bajo un régimen legal especial [la Constitución venezolana no se aplica plenamente].

Además de las corporaciones mineras tradicionales y los pequeños grupos mineros, uno de los actores clave en el negocio extractivista es una empresa asociada al ejército.

El Arco Minero del Orinoco es una economía de enclave bajo un régimen fuera del orden constitucional, como los enclaves anteriores que caracterizaron a América Latina en el pasado. Más que un territorio para el dominio de la República Bolivariana, el Arco Minero es un espacio desterritorializado que poco o nada ofrece al desarrollo del país.

Finalmente, cabe señalar que el Arco Minero es un territorio en disputa, un área atravesada por múltiples conflictos por el control de sus recursos naturales. Por tanto, la lógica de la gobernanza está marcada por la violencia y el desplazamiento.

Situaciones como esta también ocurren en algunos países africanos. Allí, como en el Arco Minero de Venezuela, la gobernanza es plural y controvertida, con la participación de sectores vinculados a operaciones ilícitas y economías de guerra. En el caso venezolano, estas fuerzas a menudo entran en conflicto con las comunidades indígenas.

CPM: ¿Cuál es el impacto ambiental del Arco Minero del Orinoco?

Terán: El Arco Minero del Orinoco es un proyecto híbrido: una propuesta que reúne empresas locales y nacionales junto a corporaciones internacionales. En este momento, sin embargo, se caracteriza por el crecimiento de la minería informal e ilícita en lugar de intereses más formales.

El impacto de la minería híbrida en el ecosistema amazónico es enorme hoy en día, pero también es un proyecto de autoexpansión. A medida que evolucione, dicha minería dejará marcas cada vez mayores en el ecosistema local.

En este momento, la deforestación ya es visible. Si miramos las fotos de satélite, podemos ver enormes parches de deforestación marrón, especialmente a lo largo de las riberas de los ríos. Además de eso, las técnicas aluviales utilizadas en la extracción de oro del lecho de los ríos también conducen a una rápida pérdida de biodiversidad.

A todo esto, hay que sumar la contaminación del agua con mercurio y otros químicos. Esto tiene un impacto en todas las formas de vida en este momento y dejará una huella en las generaciones futuras, ya que se trata de contaminantes bioacumulativos.

También debemos considerar el impacto en el suelo. El suelo de Venezuela en la región amazónica es bastante delicado: contrariamente a lo que se pueda pensar, es algo pobre y su capacidad de recuperación es muy lenta. Por tanto, la eliminación de la capa superficial del suelo implica un proceso de recuperación muy lento.

Finalmente, debemos hablar de enfermedades en la región. Estos son un subproducto socioambiental de la minería. Además de las enfermedades producidas por la exposición al mercurio, existe una epidemia de malaria en las zonas mineras activas. El número de personas infectadas es muy elevado.

CPM: El Arco Minero se presenta como un motor económico para contrarrestar las sanciones y el bloqueo. Sin embargo, podría decirse que debido a que la cuenca del río Caroní está involucrada, afecta la capacidad del país para generar energía hidroeléctrica, lo que a su vez perjudica la energía industrial y doméstica. ¿Crees que ese es el caso?

Terán: El impacto en la generación de electricidad es uno de los muchos impactos socioeconómicos. La minería en la cuenca Caroní impacta la represa Guri [que suministra más del 70 por ciento de la electricidad de Venezuela], lo que a su vez influye en la distribución de electricidad en la mayor parte del país. La extracción de oro aluvial en las riberas del Caroní reduce el caudal del río, lo que impide la generación de energía hidroeléctrica. Además, los sedimentos de la minería tienden a obstruir las turbinas. Esto es algo serio, porque reduce la generación hidroeléctrica en un momento en que las termoeléctricas, la otra fuente de energía en Venezuela, dejaron de operar debido a la crisis de los combustibles.

La confluencia de una gestión ineficiente y la corrupción, a las que se sumaron posteriormente las sanciones, ha exacerbado la crisis del modelo de crecimiento petrolero-rentista y dependiente. Diversificar la economía con más minería no resuelve esta crisis. En cambio, todo apunta a una crisis mayor que se avecina en el futuro, ya que las empresas mineras son mucho más devastadoras en términos ambientales que las petroleras.

Además, bajo el esquema actual, los ingresos de la minería son minúsculos en comparación con los ingresos del petróleo. En realidad, el estado apenas se beneficia. En cambio, esta es una bonanza restringida a unos pocos grupos en Venezuela y algunos grupos de interés internacionales.

CPM: Hemos estado hablando de cómo la generación de energía eléctrica deteriorada, a causa de la minería, afecta a todo el país. ¿Hay otras formas en que la minería tiene un impacto en el país fuera de las áreas precisas definidas por el Arco Minero?

Terán: La minería, como el petróleo, es una forma de acumulación que deprime y margina a otros sectores económicos: la actividad económica migra hacia esta forma de acumulación rápida.

Con el boom petrolero en Venezuela [en la década de 1970], el campo y la agricultura fueron abandonados: campesinos y pescadores emigraron a la ciudad para capturar un poco de la renta petrolera. Hoy lo que está pasando es todo lo contrario: la gente está migrando de las ciudades a las minas con la esperanza de encontrar una fuente de ingresos en una sociedad donde hay muy pocas alternativas.

En la Amazonía, existe el potencial para formas de desarrollo menos devastadoras: el turismo solía ser una importante fuente de ingresos para las comunidades indígenas en lo que ahora es el Arco Minero. Sin embargo, se ha desplomado en los últimos años con el auge de la minería. Además, las formas de vida que son menos dañinas, como el cultivo de variedades de peces que solo existen en esa zona o la agricultura agroecológica, ahora están arrinconadas.

Lo que hoy conocemos como la Amazonía venezolana ha tenido su propia dinámica económica y sus propias formas de sostenibilidad durante milenios. Estas formas de vida aún se pueden encontrar, pero podrían estar desapareciendo. La Amazonía venezolana es un bien común que se debe preservar. Dado que la zona norte del Orinoco ya ha sido deforestada y las llanuras occidentales son básicamente sabanas, el Amazonas es la última frontera.

Esto debe considerarse con todas sus implicaciones: no solo la economía de la vida está vinculada a la ecología, sino que, si se socavan los medios ecológicos para la vida, ninguna economía sobrevivirá a la devastación. Sería una economía de muerte, en cualquier caso.

CPM: Usted ha hablado de la gobernanza difusa y controvertida en el Arco Minero del Orinoco. ¿Quiénes son los diferentes actores que operan allí?

Buitrago: Cuando se firmó el decreto Arco Minero en 2016, hubo un momento de transparencia. A través de los canales de los medios públicos nos enteramos de que Gold Reserve, Glencore y otras corporaciones mineras tenían intereses en el proyecto. Sin embargo, a diferencia del negocio del petróleo, la minería es generalmente turbia: las “empresas de maletín” que operan como mafias y mucha opacidad son la norma. De hecho, muchas de las empresas que operan en el Arco Minero no tienen oficinas y es muy difícil investigarlas. En otros casos, se trata de pequeños consorcios o “start-ups” vinculados a transnacionales, pero los vínculos entre ellos son difíciles de descifrar.

Lo que diferencia a Venezuela de otros países es un vínculo abierto entre los intereses mineros y los militares. En 2016 el gobierno creó CAMIMPEG, una empresa militar vinculada a la gestión y explotación minera y petrolera cuyo presidente es, por decreto, el Ministro de Defensa.

La participación es de los militares, no del estado. Esto llama la atención porque el Decreto 2248 establece un régimen especial en el Arco Minero que limita el derecho a la protesta, que está garantizado en la Constitución, y se supone que el ejército es la fuerza reguladora en el terreno. Mientras tanto, ¡tiene intereses particulares como jugador en el juego!

Entonces esos son algunos de los actores en el terreno. Sin embargo, como dijiste, hay una estructura de poder muy difusa que hace que la gobernabilidad en los territorios sea violenta, no solo porque la minería es violenta en sí misma, un negocio particularmente brutal, sino también porque es un proyecto no consolidado.

Hay disputas y conflictos entre actores estatales y mafias. Todos luchan por consolidar su control de los recursos. De hecho, hay un poder de facto en el Arco Minero llamado “El Sindicato” que reúne a varios grupos de interés y fuerzas en un “gobierno”, con sectores de las fuerzas armadas nacionales que tienen su parte. Otros grupos de interés involucrados incluyen a los pequeños mineros y las empresas transnacionales, y los grupos ilegales. En gran medida, “El Sindicato” es quien maneja el negocio minero y arbitra los conflictos que surgen a su alrededor.

Finalmente, siempre que hay una expansión de las fronteras mineras, siempre viene con formas de organización violentas, profundamente patriarcales y masculinizadas. En Venezuela, las primeras afectadas por esta expansión fueron las mujeres, especialmente las mujeres indígenas. Además, la violencia machista, la prostitución y la trata de personas se están convirtiendo en características recurrentes del panorama social.

Una amiga mía cuya comadre [la madrina de un niño y muy buena amiga] iba a la mina me dijo con tristeza y resignación: “¡Quién sabe si la volveré a ver!”.

CPM: En 2016 el gobierno venezolano impulsó el Decreto 2248. La legislación abre un territorio amazónico más grande que Portugal a la minería. Sin embargo, más allá de ese decreto, ha habido otros cambios en la legislación que son relevantes para el medio ambiente. ¿Qué nos puede decir sobre estos nuevos decretos y leyes?

Buitrago: Hablemos un poco más del Decreto 2248, ya que marca un punto de inflexión. Es una declaración destinada a ampliar las fronteras de la minería y tiene un enorme impacto ambiental y social.

Primero, como decreto presidencial, no fue debatido en la Asamblea Nacional. De hecho, no hubo una conversación pública sobre una decisión que tendrá un gran impacto en las generaciones venideras. Es irónico que en la misma Gaceta 40.855 [la Gaceta es una publicación oficial que incluye nueva legislación y anuncios oficiales] donde se publicó el Decreto 2248, también se publicó la nueva Ley de Semillas . Esta fue una ley que prohíbe los organismos genéticamente modificados y las patentes privadas de semillas, que se aprobó como resultado de una lucha de base.

Así, esta Gaceta contenía dos modelos antagónicos, uno que fomenta el bien común y se compromete con la vida y otro que desplaza violentamente a las personas y las priva. Hoy, cinco años después, lo que prevalece es un modelo de desarrollo extractivista insostenible, mientras la Ley de Semillas acumula polvo.

El discurso en torno al decreto Arco Minero es muy contradictorio. Promueve la idea de “minería ecológica”, ignorando así la historia de devastación ambiental y social de nuestro continente. De hecho, ¡Venezuela ahora tiene un Ministerio del Poder Popular para la “Minería Ecológica”!

El Decreto 2248 propone regularizar la minería. De hecho, la mayor parte de la extracción de oro es informal e ilegal. Entonces, el decreto puede parecer una buena idea. Sin embargo, además de legitimar las prácticas mineras, la “regularización” de la minería es inevitablemente un proceso muy violento. Por un lado, hay mafias en la región que se dedican a la minería ilegal y están dispuestas a defender su territorio con potencia de fuego. Por otro lado, la expansión de las fronteras mineras viene con el desplazamiento de comunidades indígenas y la erradicación de formas de vida económicas alternativas.

En el imaginario colectivo, el Arco Minero es un proyecto consolidado. Lo que hay, de hecho, es un proceso de explotación visible, mientras se producen desplazamientos de personas y enfrentamientos violentos. El AMO es realmente un proyecto en proceso.

Existía una Ley de Inversión Extranjera impulsada por la Asamblea Nacional Constituyente a fines de diciembre de 2017. La ley busca atraer inversión extranjera exonerando a los capitalistas no venezolanos del pago de impuestos. Establece que si existe alguna legislación que regule la inversión extranjera en cualquier sector en particular, la Ley de Inversión Extranjera la anulará. Esto, por supuesto, es particularmente relevante cuando se trata de minería y extracción de hidrocarburos.

También es importante el Plan Minero 2019-2025, que abre aún más el territorio nacional a la minería y otorga a cada gobernador estatal el control directo de una mina Arco del Orinoco. Este es un arreglo bastante extraño y borroso.

Finalmente, la Ley Antibloqueo de 2020 da respaldo legal a actividades opacas como una forma de eludir el bloqueo. Sin embargo, esto presenta un problema múltiple: fomenta todo tipo de transacciones turbias, ya que nadie tiene que rendir cuentas a nadie [ni el capital extranjero ni el Estado tiene que hacerlo] por nada, mientras las sanciones estén vigentes.

CPM: Obviamente, el Arco Minero del Orinoco tendrá un impacto enorme en el medio ambiente, pero ¿qué pasa con su impacto en las comunidades indígenas?

Buitrago: Una de las consecuencias inmediatas de la minería a gran escala es la reducción del turismo, que era una importante fuente de ingresos para los pueblos indígenas de aquí. Además, la minería reorganiza la actividad económica y la agricultura está desapareciendo en la región. Por supuesto, con la expansión de las fronteras mineras, la desaparición del turismo y la pandemia, las comunidades indígenas tienen dos opciones: cambiar o morir.

Ahora hay una división en el Consejo Indígena [una confederación de pueblos indígenas en el estado Bolívar]: algunos denuncian la minería en la región, mientras que otros guardan silencio. Todo esto sucede en un contexto altamente polarizado.

Como dije antes, el Arco Minero es una región muy violenta. Además de la gobernanza difusa del Sindicato otros actores como las AUC [grupo paramilitar colombiano] y otros grupos irregulares tienen intereses mineros allí.

De hecho, el control de las vetas de oro siempre requiere protección armada, ya sea por fuerzas armadas regulares o grupos irregulares. Como puedes imaginar, es común que cuando se descubre una nueva veta de oro, las comunidades indígenas se vean desplazadas.

CPM: Ud habló sobre la alta incidencia de malaria en las áreas mineras. ¿Qué pasa con la situación general de salud pública en el Arco Minero?

Buitrago: La malaria es de hecho el problema más visible. En las regiones tropicales se propaga exponencialmente con la deforestación, la minería aluvial en las cuencas fluviales y otros procesos relacionados con la minería. Algunos estudios indican que entre 2009 y 2019 el número de personas infectadas se ha multiplicado por diez. El Instituto de Medicina Tropical [parte de la Universidad Central de Venezuela] reportó 467 mil casos solo en 2019.

Ver también Minería y deforestación alimentan focos de malaria en Venezuela

Claramente hay un brote epidemiológico. Mientras tanto, el sistema público de salud en Venezuela se ha desinstitucionalizado: no tiene recursos ni insumos, y mucho personal médico ha renunciado por los bajos salarios. Por lo tanto, si bien existen cada vez mejores condiciones para la propagación del vector de la malaria, el sistema no ofrece la atención y la medicación necesarias.

Algunas organizaciones humanitarias están atendiendo a parte de la población, pero no pueden mantenerse al día con las cifras de infectados.

Otro tema preocupante es que la minería tiene un impacto devastador en la calidad del agua. Las poblaciones indígenas informan que las fuentes de agua están contaminadas con mercurio. No hay nada sorprendente en esto, ya que el mercurio se usa regularmente para extraer oro.

Finalmente, la reorganización del territorio también tiene efectos negativos sobre las mujeres. La exposición a ciertas sustancias químicas aumenta la incidencia de abortos espontáneos e infertilidad. La exposición a sustancias químicas también aumenta las tasas de suicidio. Además, hay más prostitución, lo que va de la mano con un aumento de las enfermedades venéreas.

CPM: El Arco Minero del Orinoco no es el único problema ambiental aquí. El deterioro de la infraestructura petrolera también tiene un impacto ambiental severo. ¿Qué nos puedes contar de esta situación?

Terán: Esto es algo que llama mucho la atención: la industria petrolera no solo impacta el medio ambiente mientras está activa. Resulta que su inactividad también es perjudicial para el medio ambiente. Por ejemplo, la falta de mantenimiento de los tanques de aceite puede provocar derrames de petróleo y fugas de gas que son peligrosos tanto para la población como para el medio ambiente. Uno de esos accidentes de grandes proporciones ocurrió en Amuay en 2012 . Hoy en día, los derrames de petróleo en el océano son comunes [por ejemplo, la refinería El Palito arrojó unos 25.000 barriles al océano en julio de 2020].

No hay registros públicos sobre derrames y otros accidentes, pero es obvio que un mantenimiento deficiente ha provocado un aumento muy dramático de accidentes. Además de eso, el estado no tiene capacidad para abordar estas crisis.

A escala global, el Antropoceno ha marcado el comienzo de una crisis ambiental histórica que devastará el capitalismo: un declive saturado de desechos tóxicos e infraestructuras en descomposición. Para revertir esto, no solo es necesario detener el extractivismo; también es necesario desmantelar sus infraestructuras y comenzar la limpieza.

CPM: El Observatorio de Ecología Política monitorea los conflictos vinculados a la crisis ambiental. ¿Existe alguna movilización popular para defender el medio ambiente?

Terán: Sí, hay movilizaciones populares contra la depredación ambiental y la lógica del despojo. Van desde la resistencia convencional a la devastación de la naturaleza, por un lado, hasta las comunidades que luchan por el acceso al agua, severamente restringido en los últimos años, por el otro.

El Arco Minero del Orinoco es un mosaico de luchas y resistencias en proceso. Las comunidades indígenas, en particular las naciones Guahito, Yekuana y Pemón, se están armando y organizándose en grupos de autodefensa para tomar el control de las minas en su territorio. Se los están quitando a los mineros irregulares o al ejército. Son victorias parciales: las comunidades organizadas recuperan el territorio, pero la minería continúa.

El año pasado, durante la pandemia, una coalición de indígenas y criollos se organizó en Maripa, un pueblo del río Bajo Caura. Ellos protestaron porque la minería, particularmente el uso de dragas de extracción de oro, está afectando las actividades pesqueras en el área. La lucha se prolongó durante un tiempo y, a fines del año pasado, la minería se detuvo. Esta fue una victoria popular, no solo porque la protesta detuvo la minería, sino también porque el gobierno tuvo que retractarse de una resolución que permitía la minería con dragas.

El mapa de conflictos muestra que la minería es un problema a nivel nacional. El Plan Nacional Minero 2019-2025 amplió las fronteras mineras para abarcar todo el territorio nacional. Algunos conflictos importantes en curso se encuentran en Cerro La Vieja y Cerro La Fumarola [ambos en el estado de Lara], así como el conflicto en curso en Bailadores [estado de Mérida].

La gente también se está resistiendo al crecimiento del turismo de alta gama. Un ejemplo de ello es Los Roques, un diminuto archipiélago donde se está llevando a cabo la construcción de urbanizaciones de lujo. Los Roques es un ecosistema muy vulnerable, y este tipo de explotación es particularmente dañino allí. Por eso los lugareños se están movilizando.

Finalmente, cuando hablamos de conflictos, también debemos resaltar que las luchas de los campesinos por reclamar la tierra, por un lado, y los agronegocios que intentan desplazar a los campesinos, por el otro, son comunes. La introducción de prácticas agroindustriales también tiene consecuencias sociales y ambientales. La expansión de la agroindustria enfrenta la resistencia de los campesinos.

CPM: La expansión del extractivismo, que no es exclusiva de Venezuela, sino que se aceleró aquí debido a la crisis y las sanciones, siempre va acompañada de la contracción de los bienes comunes y de la democracia.

Terán: En América Latina, la expansión del extractivismo debe entenderse como un proceso histórico fundamental para la reproducción y expansión del capital. Es un proceso violento, propio del capitalismo colonial, y rompe la relación entre ecosistemas y pueblos. El avance del extractivismo destruye los tejidos sociales y las relaciones metabólicas existentes. Por eso es importante interpretar lo que está sucediendo en Venezuela desde una perspectiva continental y global.

A diferencia de la minería en el pasado, su expansión hoy ocurre en un momento en que la reproducción de la vida en el planeta está al límite. Es decir, el sistema se enfrenta a una crisis estructural que tiene que ver con los límites materiales de reproducción del capital.

En América Latina, tras el fin del llamado ciclo progresista, entramos en un proceso de neoliberalización. Con él, el avance del extractivismo es aún más violento. Los regímenes de excepcionalidad legal se vuelven más comunes mientras se restringe la democracia.

En Venezuela, ahora estamos viendo expandirse las economías de enclave. Es parte de una tendencia continental. El proceso llega, en su escala global, con la mercantilización y financiarización de la vida misma, como lo demuestra el comercio de futuros de agua y el patentamiento de genomas por parte de las grandes farmacéuticas.

La dictadura de Juán Vicente Gómez [1908-35], que vio el inicio de la explotación petrolera en Venezuela, abrió un ciclo de acumulación por despojo. Este fue un proceso muy violento y contradictorio, ya que trajo tanto la modernización como la dinámica feudal. Cien años después, podríamos estar viviendo una reedición del período Gomecista en un nuevo ciclo de acumulación.

Todo apunta a cómo vivimos hoy una reforma neoliberal “mutante”, que abre el camino a una nueva fórmula de gobernanza extractivista. Sin embargo, es importante luchar y resistir. La presión social puede ayudarnos a recuperar objetivos populares y democráticos. Una resistencia como la que tuvo lugar en Maripa es prueba de ello.