Enfrentar al capitalismo digital

En casi cualquier parte del mundo, los aparatos y conectores digitales (deberíamos llamarlos disconectores) han invadido nuestra cotidianeidad social e individual: del trabajo a los hogares, de la salud a la educación, de las compras al ocio, de la política a la simulación democrática o a la supuesta socialidad: todo está –o podría estar– mediado por alguna forma de digitalización. Hay aún una importante disparidad global en el acceso a la conectividad electrónica, pero el objetivo de las empresas es conectar digitalmente cada rincón del globo, que esa infraestructura se pague con dinero público y las ganancias sigan siendo privadas.

Esta transformación de forma del capitalismo, que toca a todos los rubros industriales y de servicios, ha ido entrando en nuestras vidas de forma solapada, como si fueran beneficios de mayor comunicación, ahorro de tiempo y recursos, etc, elementos que no resisten el análisis crítico. Al mismo tiempo, han evitado y trabajado contra toda forma de regulación de sus actividades. Por el carácter internacional de las redes y plataformas digitales, las grandes multinacionales tecnológicas están también entre las mayores evasoras de impuestos.

Como expresó el economista Andrés Barreda en el seminario “Navegando la Tormenta Digital”, su meta principal nunca fue comunicar gente, sino cosas, convirtiendo incluso a nosotras mismas, nuestros datos y conductas, en una mercancía más en el Internet de las Cosas. En el camino han establecido nuevos sistemas de vigilancia y control de largo alcance, que sirven tanto a empresas como a gobiernos.

El contexto corporativo de esta era digital son poderosos oligopolios, que avanzan en control de mercados y gobiernos, sea por volumen e influencia o por manejar los datos, las llaves de la interconexión y el funcionamiento de otras empresas y los propios gobiernos.

Desde el primer trimestre de 2021, las mayores compañías globales en capitalización de mercado (valor bursátil), son por orden de volumen Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (dueña de Google), Facebook, Tencent, Tesla, Alibaba. Todas son compañías de base tecnológica. Las cinco primeras tienen casa matriz en Estados Unidos y a menudo se les llama GAFAM en conjunto (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft). Tencent y Alibaba son chinas. Tesla es la empresa que creó Elon Musk, actualmente el individuo más rico del mundo.

Todos los fundadores de estas compañías, también accionistas, están entre los 10 individuos más ricos del planeta, que juntos tienen más riqueza que toda la población de la mitad más pobre del mundo. Son Elon Musk ( Tesla), Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg, (Facebook), Larry Page y Sergey Brin (Google), Larry Ellison, (Oracle, otra tecnológica).

Según el informe sobre economía digital de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, las GAFAM, junto a Alibaba y Tencent, controlaban en 2019 dos tercios de las plataformas digitales a nivel global. Además, un porcentaje aún mayor en nubes de computación que se ofrecen al público (a gobiernos, empresas, individuos), lideradas por Amazon AWS, Google Cloud y Microsoft Azure.

Con la pandemia y las restricciones que ésta impuso, la digitalización avanzó de forma exponencial, aprovechando, básicamente sin condiciones, la entrega de datos de comunidades y poblaciones enteras, incluso sectorizados por edades, educación, salud que le facilitaron los Estados. Esto es una enorme fuente de ganancia para las empresas trasnacionales que dominan la digitalización y plataformización, cuyos porcentajes de mercado aumentaron aún más.

En ese contexto, la obligatoriedad de entregar datos biométricos de todos los usuarios de telefonía móvil a las empresas teléfonicas, para componer un registro nacional, que fue aprobado en México en abril 2021, es un grave despropósito que favorece los intereses de esos monopolios.

Los argumentos a favor de registrar datos biométricos para todas las líneas telefónicas móviles, apoyados por el gobierno y mayoría oficialista en el Congreso, giran en torno a que podría limitar el uso de teléfonos por parte del crimen organizado. Lo cual es una expresión de deseo, porque los patrones del crimen organizado obviamente no van a registrar teléfonos a su nombre y con sus datos. Los argumentos de diversas instituciones contra este nuevo registro se basan mayormente en temas de privacidad individual y violación de derechos humanos.

En ambos casos, se parte de un concepto de individuos separados, frente al Estado, al mercado o en relación a sus derechos. Pero el uso e instalación masiva de artefactos digitales, los registros nacionales y la obligatoriedad de entregar nuestros datos biométricos, nos afecta colectivamente y mucho más que a cada una por separado.

Ya las compañías fabricantes de teléfonos móviles en muchos casos “ofrecen” como si fuera un beneficio el uso de nuestros datos biométricos para activar funciones, lo cual muestra su interés en captarlos. Esto debido a que los datos biométricos permiten interpretar nuestras emociones y facilitan una vigilancia mucho mayor, por ejemplo en multitudes. Como explico en otro artículo, estos son elementos claves para la industria de la “persuasión”, muchas veces subliminal, lo cual amplía no solamente la venta por parte de las empresas de nuestros datos por segmento de interés, económico o social, sino también la venta de la predicción y promesa de modificación de nuestras conductas.

Para los gobiernos, este tipo de registro también es útil para criminalizar las protestas, como las que se han dado en Chile y Colombia, porque permite identificar a sus participantes a través de sus dispositivos y cruzar esa información con la de cámaras urbanas, drones, etc.

Estos son algunos de los temas que nos plantea la era digital, sobre la que nos hace falta mucha más comprensión, reflexión y acción colectiva. En ese sentido, comparto aquí algunas de las contribuciones elaboradas en la Red de evaluación social de las tecnologías en América Latina (Red TECLA).

En la semana pasada culminaron las Jornadas “Utopías o distopías: Los Pueblos de América Latina y el Caribe ante la era digital”, impulsadas desde el espacio latinoamericano y caribeño Internet Ciudadana en conjunto con diversas organizaciones latinoamericanas, como la agencia informativa ALAI, la asociación de radios comunitarias ALER, la CLOC-Via Campesina, entre otras que se fueron sumando desde diferentes ámbitos, tanto del activismo digital, como sindical, campesino, académico, ambientalista, de educación y comunicación popular.

La propuesta inicial hace un año, fue realizar un diagnóstico colectivo para comprender las características y orientación actual del sistema tecnodigital, identificar las estrategias de lucha necesarias y como conectarlas transversal, sectorial y territorialmente, para “frenar el avance las transnacionales de tecnología digital sobre nuestra autodeterminación”. Se trabajó en grupos en análisis de los impactos de la digitalización en trabajo y empleo, comunicación, educación, agro y campo y derechos digitales colectivos. Varias ponencias a estos grupos se reflejaron en la publicación de ALAI “Quién decide nuestro futuro digital?”

Las y los participantes de estas jornadas fuimos diversos en muchos sentidos, tanto en perspectivas de análisis como en la raíz de la crítica tecnológica y en las propuestas, pero fue un ejercicio interesante y necesario, justamente porque nos permitió conocer mutuamente las posiciones de organizaciones y movimientos y plantear algunas acciones comunes. Una clara plataforma común es el cuestionamiento a los monopolios transnacionales y la necesidad urgente de cambiar y detener la extracción impune, uso y abuso de nuestros datos como personas y comunidades. Y promover nuestros derechos colectivos y la autonomía a través de opciones de comunicación y conexión fuera del control trasnacional, que existen, pero que para florecer necesitan de nuestra decisión y trabajo.