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Justicia no llega a los pueblos
Mogótavo, comunidad rarámuri del municipio de Urique, Chihuahua, se encuentra en el Divisadero Barrancas del Cobre, donde se impone un ambicioso proyecto turístico a través de un Fideicomiso en el que participan los gobiernos estatal y federal, adquiriendo más de 150 hectáreas; mientras, varios particulares han comprado otras 155 hectáreas. Las vendedoras son Ivonne y Odille Sandoval, que figuran de manera irregular como propietarias y siguen vendiendo tierras que, aseguran los pobladores ancestrales, no les pertenecen.
¿Dónde están los recursos legales?, se pregunta el Presidente de la República. Los tarahumaras podrían responderle: hay una prolongación excesiva del juicio de controversia contra quienes enajenan su territorio, en tanto los criterios de los tribunales agrarios se ciñen a los preceptos legalistas del derecho civil y no al reconocimiento de los derechos humanos de las comunidades.
Los rarámuris de Mogótavo han puesto el cuerpo y los recursos jurídicos para mantener la posesión de la mayor parte de su territorio pero, advierten, recientemente la señora Odille Sandoval, acompañada de unos topógrafos, se introdujo a la posesión de familias miembros de la comunidad para realizar medidas al terreno sin solicitar su consentimiento
; en paralelo, el juzgado de lo penal de Ciudad Cuauhtémoc envió un citatorio a los actuales gobernadores de la comunidad para que se presenten a una diligencia el próximo 9 de junio, pues existe una denuncia en su contra por despojo agravado interpuesta por Ricardo Orviz Blake. Todo esto, por supuesto, con el fin de amedrentar a la población originaria.
¿Y qué está haciendo el Presidente?