Ecuador vive una crisis múltiple. Le aqueja una recesión económica muy seria y de carácter estructural que quedó desnuda en 2015 con la caída de los precios de petróleo en tiempos previos a la pandemia del coronavirus; virus que encontró una sociedad desguarnecida y que –sin ser la causa de tantas crisis– las ha agudizado brutalmente.

Los problemas sociales son cada vez más complejos. La destrucción ambiental provocada por los extractivismos y la contaminación en las ciudades es inocultable. En este contexto, la crisis de salubridad se ha vuelto un auténtico infierno pues, ni para el gobierno de Lenín Moreno, ni para las élites ni demás grupos de poder ha sido prioritaria la vida de los sectores populares. Y para complicar más la situación, la ausencia de adecuados diagnósticos y de respuestas creativas y solidarias, que aborden esta complejidad apenas esbozada, anticipan nuevas y más graves complicaciones.

 Una economía al borde del naufragio

Según datos del Banco Central del Ecuador, el país vive su peor crisis económica, combinada con un estancamiento de varios años. La contracción del Producto Interno Bruto (PIB), para 2020, habría sido de -7,8 %: una caída más drástica que aquella vivida en 1999 y que llegó a -4,3 %. Además, al estancamiento anterior y al impacto del COVID-19 se suman las políticas recesivas, de corte fondomonetarista, desplegadas por el gobierno de Moreno.[1]

Si bien la pandemia del coronavirus no originó los problemas que atraviesa el Ecuador, sus múltiples impactos globales se han sentido duramente en el país. Un ejemplo es la abrupta caída del precio del petróleo y su efecto demoledor sobre las finanzas estatales, demostrando, una vez más, la fragilidad de una economía primario exportadora en extremo dependiente del mercado mundial. Además del shock del precio del petróleo, por efecto del frenazo económico -shock de oferta y demanda- también se han reducido las recaudaciones tributarias. En total, entre la caída petrolera, la caída tributaria y las caídas en otros componentes, entre 2019-2020 el sector público no financiero sufrió una contracción de 6.036 millones de dólares en sus ingresos totales. De hecho, para 2020 el déficit llegó a los 7 mil millones de dólares, mientras que las necesidades de financiamiento para 2021 alcanzarían los 8.700 millones.

Un resultado del estrangulamiento fiscal es la expansión de la deuda pública, que representa otra dimensión de la crisis económica ecuatoriana. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que a diciembre de 2009 el Ecuador alcanzó una deuda externa pública de apenas 7.392 millones de dólares, para marzo de 2017 (meses antes de que Rafael Correa dejara la presidencia), la deuda se incrementó a 26.486 millones.[2] Esa tendencia se aceleró con el gobierno de Moreno, con una deuda externa que creció hasta los 37.080 millones de dólares en marzo de 2019, antes de que se cambiaran las metodologías de cálculo. Posteriormente, de marzo de 2019 a diciembre de 2020 la deuda externa medida con nueva metodología se incrementó de 38.914 millones de dólares a 45.367 millones, incluyendo 4 mil millones de dólares provenientes del acuerdo con el FMI alcanzado en octubre de 2020. Y si incorporamos la deuda pública interna el monto global, este supera los 63 mil millones de dólares, más del 65% del PIB; con un servicio estimado de 24 mil millones desde el 2021 al 2025.

Aquí, por cierto, no se puede olvidar que en 2014 el Ecuador –que ya desde 2009 recurrió al masivo financiamiento proveniente de China– regresó a los mercados financieros con el beneplácito del FMI. En aquel momento se colocaron 2 mil millones de dólares en bonos en el mercado internacional, cuando los precios del crudo bordeaban los 100 dólares por barril. Quién diría que desde ese momento el país iniciaba un nuevo proceso de endeudamiento agresivo, y de mayor dependencia económica y política de los capitales financieros y los organismos multilaterales.

El acelerado endeudamiento externo público (a un ritmo que no se ha visto antes en la historia del Ecuador) demostraría que la dolarización (transformada perversamente en el gran objetivo de la política económica) depende cada vez más de la deuda para sostenerse, sobre todo en épocas de estrangulamiento de las cuentas externas.

En plena pandemia, ante la incapacidad de obtener financiamiento externo en el mercado internacional, el gobierno ecuatoriano se lanzó abiertamente a solicitar el apoyo de los organismos multilaterales, sobre todo del FMI. Cabe recordar que, en marzo de 2019, el gobierno alcanzó un acuerdo con el FMI que terminó en tiempos del coronavirus, cuando el Fondo se negó a entregar los desembolsos que se habían pactado porque el país no habría cumplido los acuerdos impuestos. Urgido por el estrangulamiento financiero, fue necesario que el país alcance un nuevo acuerdo con el Fondo -el vigésimo desde 1963- a inicios de septiembre de 2020, que, para colmo, era una de las condiciones que “impusieron” al gobierno los acreedores privados en el proceso de renegociación de los bonos de deuda externa en agosto de 2020; proceso que dio cierto alivio financiero, pero que no consiguió una solución estructural que bien se puedo intentar en esos momentos de aguda crisis.

Ante una situación tan compleja y con perspectivas tan difíciles, el gobierno de Moreno no cambió de rumbo su política económica. Las urgencias fiscales primaron por sobre otras urgencias vitales, como las sanitarias.[3]

La dureza humana de las crisis

Como toda gran crisis económica, los efectos son múltiples, la incertidumbre se generaliza y las desigualdades encuentras varias formas de expresión. En efecto, el empleo en el Ecuador sufre una auténtica tragedia. A diciembre de 2019, casi el 62 % de los trabajadores no tenía un empleo adecuado o pleno, es decir más de 5 millones de personas. En ese momento, solo 3’150.000 personas tenían empleo pleno. Luego, con la llegada de la pandemia y el cierre de las actividades económicas, a junio de 2020 el 16,7 % de la población económicamente activa tenía un empleo pleno, y para marzo del 2021 se obtuvo un dato de 34 %, es decir más 5,5 miillones de personas no tienen un empleo adecuado. Cabe aclarar que la “recuperación” se asocia —al menos en parte— al relajamiento de las medidas de confinamiento frente a la pandemia, junto con una mayor precarización laboral.[4]

En paralelo al deterioro del empleo, se registra un repunte de la pobreza. De hecho, según el INEC, mientras que el 2017 la pobreza por ingresos bordeaba el 22 %, para 2019 tuvo un ligero aumento a 25 %, y terminó el año 2020 en 32,4 %: más de 5,6 millones de compatriotas sobreviven con menos de 84 dólares al mes. La pobreza extrema subió en el primer año de la pandemia de 8,9% a 14,9% (45 dólares/mes por persona). En esta lamentable situación también se debe prestar atención al alarmante deterioro de las condiciones de vida rurales: para 2019, el 41,8 % de la población rural ya vivía en pobreza, pero esta proporción aumentó gravemente a 47,9 % en 2020.

Un punto fundamental para el futuro, pero que poco preocupa al momento de elaborar las políticas económicas: la desnutrición, esta afecta en un 26% a la niñez de 0 a 5 años; en 38% en zonas rurales y en 40% a regiones con mayoría indígena. Una situación que se explica por la injusticia social y la ineficiencia en atender esta lacerante realidad y no por la falta de alimentos, pues estos se desperdician en un volumen anual estimado en 940 mil toneladas que permitirían alimentar a 1.5 millones de personas.

En estos indicadores de desempleo y pobreza hay que destacar la situación de las mujeres, golpeadas históricamente por estructuras patriarcales y más aún en medio del confinamiento. Su tarea en los hogares se ha multiplicado por diversas razones entre las que se puede destacar el trabajo en línea, la educación también en línea, a más de los múltiples esfuerzos para asegurar el cuidado de la vida en medio de la pandemia. Y en estas duras circunstancias la violencia de género ha aumentado…

El asunto es aún más complejo. “Quédate en casa”, fue la orden desde el poder. Quizás sí, esa era y es la necesaria medida para frenar el virus. Pero la pregunta es: ¿quién puede quedarse en casa y sobrevivir? Vemos ya lo difícil que es permanecer en cuarentena en casa, incluso si hay ciertas comodidades y no hay presiones económicas. Mucho más complejo resulta, entonces, para aquellos grupos estructuralmente desprotegidos que no tienen una vivienda adecuada, ni ingresos estables ni ahorros, y que viven en condiciones realmente infrahumanas, en los tugurios o los que duermen en los portales. Según el Programa Nacional de Vivienda Social, el 45% de los 3,8 millones de hogares ecuatorianos habitaban en viviendas precarias. Son millones de hogares que residen en viviendas construidas con materiales inadecuados, con carencia de servicios sanitarios básicos y/o con problemas de hacinamiento. Cómo exigir comportamientos sanitarios adecuados cuando no hay agua potable, cómo esperar que funcione la educación o trabajo a distancia si un 50% de la población del país no tiene acceso a internet e inclusive no cuenta con un ordenador, cómo demandar que permanezcan en casa personas de la tercera edad que viven solas y en una enorme precariedad. Tengamos presente esas realidades.

La destrucción del empleo y el aumento de la pobreza golpean de varias formas a la economía, en particular por la contracción de la demanda agregada por una menor capacidad de consumo de la población, tendencia que ya se notaba antes de la pandemia.

Más de lo mismo, será más de lo peor

Como se acaba de ver, en medio de un mundo en crisis por el COVID-19, el Ecuador se presenta como una sociedad en extremo frágil, cargada de múltiples problemas, incertidumbres e incluso de no futuros, en donde ni siquiera la supervivencia mínima de la población puede garantizarse. Sin embargo, es necesario mencionar un detalle clave: la coyuntura tan compleja que vive la economía ecuatoriana es también el resultado de una crisis económica estructural, profunda y de larga duración, [5]que terminó de exacerbarse con la pandemia del coronavirus.

En estas circunstancias difícilmente se puede anticipar un horizonte alentador. Los discursos bien intencionados no bastan, menos aún la confianza ciega en nuevo gobierno. Nuevas incertidumbres nacen de la compleja interacción de varios factores: un estancamiento que se venía arrastrando desde hace años; los golpes sociales y económicos que deja la pandemia del coronavirus; un endeudamiento casi eterno que aumenta la dependencia económica del país; las estructuras oligopólicas que controlan todos los mercados, en especial el financiero; las medidas económicas de corte neoliberal que anticipa el flamante gobierno de Guillermo Lasso (en especial vía flexibilizaciones laborales y ambientales para ampliar la frontera petrolera y minera, así como las concesiones/privatizaciones de activos públicos y la generalización de los Tratados de Libre Comercio[6]); y no menos preocupante el ingreso cada vez más evidente de estructuras criminales como alternativa de vida.

En este contexto, cuando todo indica que no se priorizará de forma estructural la atención de las enormes demandas sociales represadas, cuando hay visiones dogmáticas que asumen equivocadamente que los problemas radican en el tamaño del Estado o que el aperturismo a ultranza es la solución, por ejemplo, y cuando, además, es en extreno débil la posición del gobierno en la Asamblea Nacional, no es descabellado esperar graves problemas de gobernabilidad. Y si no hay respuestas rápidas y solidarias a los problemas sociales, no deben sorpreder nuevas y mayores reacciones populares -como la que si vivió en octubre del 2019[7]-, con la consiguiente inestabilidad que frenará la construcción de otra economía más sustentable y justa.-

[1] Para profundizar sobre la grave situación que atraviesa el Ecuador se recomienda el análisis de Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro, Hugo Jácome (2021); Ecuador: al borde del naufragio – Entre la pandemia sanitaria y el pandemonio neoliberal. Disponible en https://www.rosalux.org.ec/pdfs/Ecuador-al-borde-del-naufragio.pdf

[2] Consultar en Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro (2017); La “deuda eterna” contraataca – Cómo el correismo nos regresó al pasado. Disponible en https://lalineadefuego.info/2017/07/27/la-deuda-eterna-contrataca-por-alberto-acosta-john-cajas-guijarro/

[3] Ver John Cajas-Guijarro (2020, 6 de octubre); Agonía ecuatoriana con disfraz de “recuperación”. Disponible en https://rebelion.org/agonia-ecuatoriana-con-disfraz-de-re-cuperacion/

[4] También hay que considerar a ciertos cambios metodológicos que, a criterio del propio INEC, quitan comparabilidad a las cifras de empleo de 2021 con cifras de períodos anteriores.

[5] Conviene tener presente que en el gobierno de Rafael Correa se desperdició una gran oportunidad para impulsar transformaciones estructurales, existiendo una serie de condiciones casi únicas para al menos intentarlo. Sobre el particular se recomienda el libro de Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro (2018); Una década desperdiciada: Las sombras del correísmo. CAAP, Centro Andino de Acción Popular. Disponible en https://drive.google.com/file/d/1ezro-SaBUzXlzsEllvOAjpIwJIijwiqj/view

[6] Ver nota periodística: “Guillermo Lasso anuncia concesión de refinerías, carreteras, telefónica y venta del banco estatal”, Diario El Universo, 23 de mayo del 2021, https://www.eluniverso.com/noticias/politica/guillermo-lasso-anuncia-concesion-refinerias-carreteras-telefonica-venta-banco-estatal-nota/

[7] Un análisis múltiple sobre este estallido social se puede leer en el libro de varias autores y varios autores (2020); Octubre, segunda edición ampliada, editor Neptalí Martínez Santi. Disponible en https://redsosamazonas.wordpress.com/2020/06/13/libro-octubre/