El régimen Ortega-Murillo, a través de las tropas especiales de la policía, ejecutó una noche de terror este ocho de junio. Tres opositores más fueron apresados, entre ellos el precandidato opositor Juan Sebastián Chamorro, quien se suma a Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Cristiana Chamorro, todos ellos apresados y procesados en virtud de las leyes punitivas aprobadas el año pasado por la dictadura, lo cual despeja el camino para la perpetuación en el poder de la pareja presidencial, anulando la competencia y credibilidad electoral. 

Luego de registrarse el violento arresto de Maradiaga la tarde de este martes tras salir de la Fiscalía, los oficiales irrumpieron violentamente en las casas de Juan Sebastián Chamorro y su esposa Victoria Cárdenas; Violeta Granera, activista política de la Coalición Nacional, y José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), fueron detenidos por oficiales de la Policía Nacional.

La comunidad internacional reaccionó de inmediato a esta noche de cacería de opositores. Una de las reacciones más enérgicas fue la de Estados Unidos. La subsecretaria adjunta principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos Julie Chung expresó: “la creciente represión contra los líderes políticos y de la sociedad civil de Nicaragua esta noche, incluido el arresto de Juan Sebastián Chamorro y muchos otros, exige una respuesta internacional urgente. El régimen de Ortega es responsable del bienestar de los detenidos. Deben ser liberados inmediatamente”. Antes, Chung catalogó a Ortega como “dictador” e instó a la comunidad internacional a tratarlo como tal. 

Chamorro, Granera y Aguerri, son investigados en el marco de la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del pueblo o “Ley Guillotina”. El expresidente del Cosep fue trasladado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial. Granera y Cárdenas tienen “arresto domiciliario”. La nota de prensa de la Policía Nacional señala que los opositores son investigados por realizar “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.

Ante la escalada de violencia que vive el país, en países como Estados Unidos, han urgido a través de sus autoridades apurar más sanciones contra el régimen Ortega-Murillo. En Washington se baraja la posibilidad de suspender al país del acuerdo comercial DR-Cafta, y la Unión Europea también sopesa una acción similar con su Acuerdo de Asociación. 

Además de Chamorro, Aguerri y Granera, el régimen detuvo este martes al también precandidato presidencial Maradiaga. El politólogo fue interceptado en la carretera por oficiales de la Policía Nacional y fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial. También está siendo investigado en el marco de la Ley 1055.

El sábado cinco de junio el régimen capturó a otro precandidato, Arturo Cruz, de la Alianza Ciudadana, en el aeropuerto internacional Augusto César Sandino, cuando regresaba de Estados Unidos. El Ministerio Público lo investiga igualmente bajo el marco de la Ley 1055. 

La primera precandidata presidencial detenida por el régimen fue Cristiana Chamorro, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios. Es la única opositora que es investigada por el delito de lavado de dinero, bienes y activos. En su caso la Fiscalía ha requerido entrevistas con más de veinte periodistas independientes.

Por la noche, la defensora de derechos humanos, Ivania Álvarez, también denunció asedio en su casa. Igualmente Tamara Dávila, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) dijo que el asedio a su vivienda fue reforzado. 

En su intervención diaria, la vicepresidenta Rosario Murillo se refirió el martes a los que se creen «impunes, eternamente impunes». Al respecto señaló que «la justicia llega, tarda, pero llega», una frase que han amplificado los aparatos de propaganda en redes sociales. «Este montón de ladrones, pero no solo ladrones, sino también terroristas, criminales», dijo.  Murillo sugirió que los opositores recibían «dinero sucio» para «disponerse a odiar, a matar, a subordinar, a aplastar». «Son los mismos, algunas leves diferencias entre los hijos de casa, pero lo que son y se creen de casta, son los mismos, los mismos de siempre, no hay diferencia», agregó Murillo. 

La mañana de este miércoles, el periodista oficialista William Grisgby lanzó más amenazas contra opositores. “Falta caña que moler: hay que poner tras las rejas a los autores intelectuales de la barbarie somocista que vivimos en 2018. Faltan más, incluso sotanudos (sacerdotes). El poder lo tenemos para ejercerlo”, advirtió William Grisby.

“No hay cómo reaccionar”

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) advirtió en su cuenta de Twitter que en Nicaragua “no hay cómo reaccionar, ni desde el punto de vista político, jurídico, ni racional, el actuar del régimen es completamente perverso y están compeliendo al pueblo de Nicaragua a usar el supremo derecho a la rebelión establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos”.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más repudió las redadas ejecutadas contra los aspirantes presidenciales y otros opositores. “Todas estas capturas tienen en común la arbitrariedad e inconstitucionalidad en violación a los derechos humanos, en particular los derechos civiles y políticos”, señaló este grupo. 

Por su parte Paulo Abrão, exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , alertó que en Nicaragua se disparó la quinta etapa de la represión que consiste en eliminar e inmovilizar toda la oposición política. “Urge implementar la Carta Democrática, que sigue siendo desmoralizada”, agregó.

“Ortega avanza su proyecto autoritario y detiene 4 candidatos de la oposición. Un escenario preanunciado. Faltaron medidas decisivas previas y oportunas para evitarlo. ¿Para qué sirve la Carta Democrática?”, cuestionó Abrão.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch expresó que “en los últimos 30 años, nunca he visto algo semejante”.  Y comparó a Ortega con Stroessner.

También se manifestó en su cuenta personal Alberto Brunori, representante regional de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana, cuestionando: “¿Pueden haber elecciones libres? ¿Así funciona la democracia? ¿Así quedan las grandes conquistas de derechos humanos para terminar violandolos? Espero que no”.

Al mismo tiempo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro urgió a “la liberación de Juan Sebastián Chamorro y los demás presos políticos en Nicaragua y que cese el hostigamiento y la opresión de la dictadura del patricida Daniel Ortega. Nicaragua merece ser libre y democrática”.

La presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola advirtió “lo que está ocurriendo en Nicaragua es gravísimo”.

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chichilla también se pronunció sobre lo acontecido durante esta larga noche.

Opositores dejan mensajes antes de su detención

Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro dejaron dos videos que fueron publicados momentos después de darse a conocer su detención. En ellos, los líderes opositores transmitieron un mensaje de “esperanza” e insistieron en su inocencia. 

“Hermanos y hermanas nicaragüenses, si están viendo este video es porque fui detenido por el régimen de Ortega. Como he mencionado en todo momento, mis manos están limpias. Mi conciencia está limpia”, dijo Maradiaga en una grabación realizada poco antes de su detencióne una forma similar inició Juan Sebastián Chamorro, en otro video grabado horas antes de su arresto: “Si están viendo este video, es porque he sido incomunicado o capturado. A veces para obtener la libertad definitiva, hay que perderla temporalmente. Esta es una lucha buena, de buenas causas. No dejemos que una dictadura criminal nos quite nuestros derechos”.

Maradiaga insistió en “no caer en las provocaciones de un régimen” que está “aterrorizado”. El precandidato opositor, y ahora preso político de Ortega y Murillo, invitó a “no perder las esperanzas”. “Nos vamos a ver pronto, qué viva Nicaragua”, finalizó.

Por su parte, Juan Sebastián Chamorro recalcó que se encuentra “preparado física y espiritualmente para lo que viene”. Aseguró que no aceptará ningún cargo de traición a la patria “mucho menos de una dictadura que ha vendido a Nicaragua”. 

“Tengo mucha esperanza que la libertad vendrá a Nicaragua y que todos podremos vivir en paz. Nos mueve la esperanza”, finalizó. 

Así han sido las detenciones a los precandidatos presidenciales 

La primera precandidata detenida por el régimen orteguista fue Cristiana Chamorro, quien desde el 20 de mayo fue señalada por el Ministerio Público de los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica por “inconsistencias en los registros financieros” de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), organización que dirigía hasta inicios de este año tras el cierre de operaciones para no someterse a la Ley de Agentes Extranjeros, aprobado por el parlamento sandinista a finales de 2020.

En el caso contra la FVBCh y Cristiana Chamorro han desfilado una veintena de periodistas llamados “en calidad de testigos” por la Fiscalía. El Ministerio Público también ha citado a proveedores y empresas privadas que han prestado sus servicios a la Fundación. El último periodista que compareció fue Wilfredo Miranda, corresponsal de El País y Univisión, quien sostuvo al salir que la fiscal que le entrevistó le preguntó sobre sus fuentes de información y su relación con la Fundación. “La fiscal en un momento dijo que yo mentía, les molestó mucho un reporte publicado en Divergentes”, expresó Miranda.

Chamorro está recluida en su casa desde el tres de junio. La jueza Karen Chavarría Morales, jueza noveno del distrito penal, ordenó su captura y allanamiento de morada. Desde ese día se mantiene el cerco alrededor de la vivienda y tampoco permiten a los periodistas acercarse.

El otro precandidato investigado es Arturo Cruz, aspirante presidencial por la Alianza Ciudadana quien fue arrestado por la Policía el cinco de junio cuando regresaba de un viaje de Estados Unidos. La policía comunicó que el catedrático estaba siendo investigado por “realizar actos que incitan la injerencia extranjera”. Un día antes, Estados Unidos anunció el arribo de sanciones.

“Estas acusaciones infundadas, a solo cinco meses de las elecciones generales, forman parte de una campaña tendiente a inhibir a los opositores para el ejercicio de cargos de elección popular, por parte de un régimen que trata de mantenerse a toda costa en el poder”, dijo la ACxL en un comunicado.

El Ministerio Público emitió un comunicado en el que se oficializó el arresto del académico debido a que “está siendo investigado por la Policía Nacional por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley No. 1055, ‘Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz’, por lo cual, dentro de los términos de ley, será presentado ante la autoridad competente”. 

Según el equipo de prensa de Cruz, este se encuentra detenido en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). El siete de junio el Ministerio Público amplió el plazo hasta de 90 días de detención al precandidato presidencial.

A través de un comunicado informó que dentro del plazo de 48 horas de su detención, fue puesto a la orden del Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencias. Simultáneamente la Policía allanó el apartamento de Cruz y mantuvo retenido a parte de su equipo de prensa hasta altas horas de la noche.

Desde antes de iniciarse los arrestos contra los aspirantes opositores la semana pasada, el operador político William Grigsby desde su programa de radio La Primerísima ha dicho que estas acciones corresponden a la «Operación Danto 2021», en referencia al operativo que realizó el Frente Sandinista en marzo de 1988 para asestar un golpe a la contrarrevolución antes de sentarse a negociar. El pasado lunes advirtió que cualquiera puede ir preso, incluso Carlos Pellas, el magnate nicaragüense del ron y la azúcar en Nicaragua. Por otro lado, las páginas de propaganda en redes sociales han dicho que le han dado un golpe a la  «Huaca Golpista» y colocan las fotografías de todos los precandidatos con un X a los que están capturando. Desde redes se han lanzado estas advertencias que luego han ejecutado la Fiscalía y la Policía Nacional.