El Perú es un país netamente agrario campesino. Desde las postrimerías de la época preincaica el habitante labraba la tierra para su sustento. Una de las características geomorfológicas del país es estar atravesado por la Cordillera de los Andes, lo que da lugar a una diversidad de pisos geográficos. Esta diversidad está compuesta por picos elevados hasta los 6000 msnm, llanuras de altura (pampas) y valles profundos y estrechos. El habitante de los Andes debía organizarse para proteger sus tierras y ganado en esta geografía particular. Es así que en el Perú, en los años setenta, en la región de Cajamarca, al norte del país, nace una organización sui generis llamada «rondas campesinas».

1. Las rondas campesinas

Las Rondas fueron creadas por los campesinos en Cuyumalca, centro poblado del distrito y provincia de Chota, región Cajamarca, exactamente el 29 de diciembre de 1976, con el objetivo de combatir el abigeato y la delincuencia. Son una organización netamente autónoma. La falta de presencia institucional del Estado los obligó a organizarse para defenderse de las intrusiones en su territorio, principalmente de los ladrones de ganado y animales menores. Poco a poco, el ámbito de acción de las rondas se iría ampliando a todos los ámbitos y miembros de la comunidad: el maestro, el profesional, el comerciante, cualquier miembro de la comunidad podía ser rondero. Las rondas se convirtieron en verdaderas autoridades, y así como juzgaban a los abigeos comenzaron a impartir justicia en la comunidad.

La palabra «rondas» deriva de la actividad principal que los campesinos designados voluntariamente realizan, que es la de «rondar» en los campos y poblados. Los ronderos, miembros de las rondas, intervienen en casos de actos sospechosos o ante la presencia de personas extrañas dentro del territorio comunal. Ellos rondan mayoritariamente por las noches. Los ronderos y ronderas se apuestan en distintos puntos estratégicos del territorio comunal y por turnos vigilan la zona de todo movimiento sospechoso. Tienen todo el derecho de interpelar a las personas que transiten por ese lugar, interrogarlas y llevarlas a la «Casa rondera» en caso de no obtener respuesta satisfactoria. La casa rondera es el lugar donde los ronderos pernoctan y se reúnen.

Los miembros de la comunidad se reúnen en asambleas y eligen por quorum y a mano alzada a los miembros de las rondas. Los ronderos no perciben ningún sueldo. Las decisiones de las rondas se toman igualmente en quorum y asambleas donde participa toda la comunidad. Y lo que es altamente significativo es que ejercen justicia propia. La justicia que ejercen en su territorio es inmediata e inapelable y decidida en asambleas que actúan como tribunales. El castigo consiste la mayoría de veces en trabajo comunal, castigo que tiene como objetivo reparar el mal causado. A veces consiste en castigo físico, de ellos el más conocido es el látigo en la parte posterior del cuerpo. Es lo que se conoce como justicia rondera. Con el tiempo, el ámbito de acción de las rondas se amplió a todo acto o hecho delictivo o conflictivo dentro de la comunidad, como líos de tierras, de linderos de propiedades, problemas entre vecinos, comportamientos inadecuados de miembros de la comunidad, problemas familiares, violaciones, agresiones físicas, asesinatos, etc (Sánchez Ruiz, 2014).

Esta valiosa vigilancia de su territorio hizo que las rondas en Cajamarca impidieran que los grupos terroristas de Sendero Luminoso o el MRTA que comenzaron su accionar en 1982 pudieran progresar en su afán de cooptar personas o sembrar el terror. Cajamarca fue prácticamente una de las pocas regiones del país que quedó libre de actos terroristas. Posteriormente, las rondas se difundieron en la región de Piura y después en todo el país. La toma de decisiones y la aplicación de justicia propia se pueden considerar parte de lo que se conoce como «desborde popular» (Mattos Mar, 1984): cuando la población rebasa a la ineficiente o inexistente autoridad del Estado y asume el rol que este no es capaz de ejercer. Cansada de esperar y reclamar justicia, la ejerce ella misma.

La justicia rondera es de una ejemplaridad sin par; las decisiones, basadas en el sentido común, son colectivas y las acciones son tomadas en presencia de toda la comunidad. Se busca llegar a un consenso satisfactorio para todas las partes, ya que el objetivo principal es devolver la calma y la armonía a la comunidad. El dirigente rondero es una persona reconocida y que goza de autoridad moral en la población. Los ronderos de diferentes comunidades aledañas se reúnen para discutir de los temas comunes a la vecindad. Cuando convocan a reunión en algún centro poblado o caserío de las alturas, los ronderos llegan a pie caminando por la jalca o a caballo vestidos con sus ponchos y chullos, todos chacchando coca para aguantar el frío y el hambre. Al llegar al acampado, se colocan por comunidad formando un círculo; inmediatemente se elige a la mesa directiva, se lleva un acta de la asamblea que los ronderos y visitantes firmarán al finalizar la reunión. Disciplinadamente, un grupo se dedica a preparar la olla común, las raciones se distribuirán al finalizar la reunión. Toda persona que quiera tomar fotos y los visitantes deben presentarse ante la mesa directiva, identificarse y pedir la debida autorización. Si no lo hace, puede ser explulsado de la reunión.

Toda esta contribución positiva al bienestar común llevó al Estado a otorgarles reconocimiento oficial, plasmado en el artículo 149 de la Constitución, que proclama:

Artículo 149°.- Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.

Y obtuvieron con la Ley Nº 27908 del 6 de enero de 2003 y su reglamento las modalidades de aplicación de la justicia rondera, aunque de manera limitada, porque restringe el ámbito de acción.

En síntesis, la Constitución y la ley les dan la potestad de ejercer justicia dentro de su territorio y solo dentro de su territorio. En caso de delitos mayores, como violación o asesinato, los ronderos deben entregar al culpable a manos de la justicia ordinaria.

Las rondas campesinas están organizadas en Comités que integran las Federaciones distritales, provinciales y regionales. A nivel nacional se reagrupan bajo la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC). Se estima que en la actualidad existirían cerca de 250 mil ronderos, de los cuales solo 100 mil están en Cajamarca, todos ellos reagrupados en unos 8000 comités. Lamentablemente, la politización de las rondas ha llevado a su división en Cajamarca, en la Federación de Rondas Campesinas y en el Comité Central de Rondas. Las rondas femeninas se crearon posteriormente en Cajamarca en 1988. Ellas deben luchar aún mucho contra el machismo imperante pero su número va creciendo. Todavía hay miembros de la comunidad que critican su «ausencia del hogar» por ocuparse de los asuntos de la comunidad. A pesar de jugar un rol protagónico, a las mujeres ronderas aún no se les deja asumir un cargo dirigencial. Así mismo, existen también «rondas escolares», como en Chulucanas (Piura), las cuales ejercen una acción de control y cuidado de una unidad escolar.

Desde hace algunos años existen también en Cajamarca las rondas urbanas. Su accionar se asemeja a las juntas vecinales y tienen potestad de detener a personas que estén cometiendo infracciones y luego entregarlas a la justicia ordinaria.

Muy naturalmente, y siendo de su potestad detener a personas extrañas dentro del territorio de la comunidad, las rondas han tomado y siguen tomando parte muy activa en la defensa del medio ambiente: actúan en contra de la presencia de las mineras y de otros proyectos extractivos. Y como los proyectos mineros y extractivos son fuente de contaminación de las aguas con las que irrigan sus pastizales, dan de beber al ganado y consumen ellos mismos, y de las tierras y el aire que respiran -además de constituir una intromisión en el territorio comunal con los campamentos mineros, los tajos abiertos, y con las rutas construidas por las empresas-, los ronderos y ronderas actúan en defensa de su territorio. Muchas luchas de resistencia contra proyectos mineros extractivistas no hubieran sido posibles sin la intervención activa de los ronderos, muchas veces a costa de su vida. Han estado presentes y liderando las luchas en Majaz, San Ignacio, Tabaconas, Conga, Chadín II, todos proyectos extractivos o de megarepresas. Ellas siguen jugando un rol preponderante, como en el caso del proyecto minero Conga, o últimamente en La Libertad contra la presencia de Barrick Gold (proyecto Lagunas Norte), de mineras canadienses (Candente Copper) o chinas (Zijin), entre otras. Con su resistencia cuestionan el modelo neoliberal predominante.

2. Contexto histórico de la presencia de las rondas campesinas

La guerra civil con Sendero Luminoso proseguía y se había centrado en la ciudad de Lima después de haber arrasado con mucha violencia en la región Ayacucho. En el año 90 sale elegido Alberto Fujimori, apodado «El chino». Las clases populares se reconocieron en él por su aspecto físico por no ser él de origen «blanco», como lo fueron los presidentes anteriores (a excepción del General Juan Velasco Alvarado). que se habían caracterizado por ser «entreguistas» -lo que quiere decir «a favor de las grandes empresas transnacionales, de las clases poderosas del país, exportador de materias, bienes y ganancias hacia el exterior, etc»-. Sin embargo, aquel rector universitario de origen japonés que aparentemente llegaba al poder para enfrentarse al terror del grupo maoísta Sendero Luminoso y traer la paz, instauraría una de las peores dictaduras de nuestra historia.

El presidente Alberto Fujimori heredó un país sumido en una grave crisis de inseguridad, violencia, inflación galopante, inestabilidad laboral, etc. Aprovechando esta situación, reorientó directamente los timones del país hacia el neoliberalismo, que en su caso sería implementado de manera violenta (Klein, 2007) con el famoso «Fujishock» de 1990.

El Fujishock aplicó las medidas aprendidas del consenso de Washington: había que barrer con todas las prácticas nacionalistas de los gobiernos anteriores. Fujimori privatizó a diestra y siniestra, aumentó los precios de los productos básicos, liberalizó el cambio del dólar, redujo los aranceles para los productos importados junto a un aumento de la carga impositiva de las exportaciones, aún muy por debajo de sus homólogos latinoamericanos. Para contener la elevada protesta social, Fujimori realizó un plan de asistencia social y construcción de infraestructuras (red de canalización de agua, electrificación rural, construcción de escuelas hasta la punta del cerro luego abandonadas por falta de presupuestos, etc) que contribuyeron a su –lamentable- aceptación por parte de las masas populares pauperizadas, a la par que se erigió como el salvador del país al haber supuestamente derrotado a Sendero Luminoso y capturado a su líder Abimael Guzmán.

Empezó un ciclo de privatizaciones de las empresas estatales mineras como Centromin, Hierro Perú, las refinerías de Ilo y Cajamarquilla, que ya no eran rentables para su gobierno. Al privatizarlas, se recurre a un despido masivo de trabajadores, lo que por consecuencia debilitó a los sindicatos. Si bien el Estado invirtió en el saneamiento de estas empresas y asumió la deuda frente al Banco Minero, fue para hacerlas más atractivas a la venta y a su posterior liquidación. En el año 1992, Fujimori cerró el Congreso con su denominado «autogolpe» e implantó de manera violenta y antidemocrática una serie de leyes que abrieron definitivamente las puertas al capital nacional y extranjero. Una de ellas fue la Ley de Minería.

La Ley General de Minería autorizó la prospección libre en todo el país (salvo zonas reservadas) y ya desde su primer título anunció la orientación seguida: «El aprovechamiento de los recursos minerales se realiza a través de la actividad empresarial del Estado y de los particulares, mediante el régimen de concesiones».

«Actualmente, obtener la concesión de una parte del territorio Peruano es la cosa más sencilla del mundo. Te acercas a Ingemmet[5], te enseñan un mapa, eliges la cuadrícula que más te apetezca, el funcionario lo contrasta con un ralo catastro no minero (que no choque con ninguna ruina o algún Parque Nacional, nada más), pagas un precio módico, y listo: ya tienes tu flamante pedazo de tierra para poder explorarla. »

Esta metodología fue reforzada por la Ley de Tierras 26505 (artículo 7), que estipulaba que, en la venta o transferencia de tierras eriazas comprendidas dentro de las concesiones mineras, debería considerarse en primera oferta a los titulares de dichas concesiones que soliciten esa preferencia, precisando que esta venta directa no requerirá de subasta pública. Esto tiene como fundamento «dar mayor seguridad jurídica a las inversiones mineras».

Y por último, en acorde con su autogolpe, estableció una nueva Constitución –lamentablemente todavía vigente–, en la que el Estado tomó posesión de las tierras «abandonadas» (artículo 88) -siendo el Estado el que decide qué son «tierras abandonadas»-. El carácter de inalienable, inembargable e imprescriptible de las tierras de las comunidades otorgado por la Constitución de 1979 fue suprimido en la Constitución de 1993 de Fujimori. Con el Artículo 131 se autorizó la concesión sobre los recursos naturales. Finalmente, en 1996, la nueva Ley del Catastro Minero Nacional (Ley Nº 26615) modificó los derechos de tenencia de tierras facilitando aún más la posesión de concesiones. Estas medidas legales facilitaron la consolidación de empresas mineras que empujaron las fronteras de la extracción (Conde, Walter, 2015), es decir que la multiplicación de concesiones facilitó la expansión de las industrias extractivas al ampliar la frontera extractiva.

Gracias a los precios altos de los minerales a nivel mundial y las facilidades para la inversión, también tributarias, grandes grupos mineros se instalaron en el país, como Newmont, Barrick Gold, Xstrata Glencore, y un sinfín de empresas mineras canadienses; también petroleras como Pluspetrol, Repsol y otras (Oxy y Shell dejan de operar). Se constituye Yanacocha SA con la participación del grupo Buenaventura. En 1995, el 47% de las exportaciones procedían del sector minero. El gobierno peruano, como otros en la región, adopta de lleno la figura de país minero exportador, haciéndolo dependiente del precio de estos minerales. Es el consenso de los commodities (Svampa, 2013), en el el cual los países de América Latina aceptan hacer parte del mundo neoliberal con el rol que se le otorga: el de ser productor y exportador del commoditie que tiene en mayor abundancia. En el caso del Perú será la minería.

Hemos escogido algunos aspectos jurídicos de esa época que derivaron en la constitución de concesiones en prácticamente toda la franja costera y la zona andina. Igual ocurre en la Amazonía, con los lotes petroleros e inclusive el fondo marítimo para la prospección petrolera. No queda ningún pedazo, ninguna hectárea que no pueda ser concesionada a alguna empresa. Es el país en venta.

Durante el gobierno de Fujimori prevaleció la Ley Forestal de los gobiernos anteriores. Los gobiernos posteriores siguen en la óptica de implementación del neoliberalismo. La Ley Forestal n° 27308, promulgada en el año 2000 (en el gobierno de Alejandro Toledo), introduce la modalidad de concesión para el aprovechamiento de las tierras forestales (Artículo 10). El metabolismo social se recompone, el país pasa a ser exportador neto de minerales, las empresas mineras pasan a ser actores claves de ese metabolismo.

Bajo el gobierno del presidente Alan García prosiguen estas políticas y se aplica la misma violencia. Con su controvertido y ácido artículo titulado «El síndrome del perro del hortelano» -que alude a las riquezas que posee el país y que no pueden ser explotadas porque existe población que se opone a ello pero que tampoco aprovecha de las “«bondades” de dichos territorios- se refería, entre otros, a la Amazonía. Fue una manera burda y directa de imponer designios neoliberales. Alan García pretendía empujar las fronteras de la extracción hacia el territorio amazónico. Bajo el pretexto de tener que cumplir con las exigencias del proyectado Tratado de Libre Comercio con los EEUU, entre marzo y octubre del 2008, se dictaron cerca de 101 decretos lesivos para los intereses de la población indígena.

Por otro lado, el presidente Alan García impulsó junto al presidente Lula de Brasil un acuerdo enérgetico entre Perú y Brasil, en el cual se proyectó la construcción de megarepresas hidroenenergéticas en la cuenca amazónica. Las represas debían llevar electricidad a Brasil y el excedente sería utilizado por el Perú para las actividades mineras. Este acuerdo levantó mucha oposición en la población, muchos proyectos fueron detenidos por la resistencia dirigida por los ronderos y el rechazo que causaron; otros siguen en construcción. Posteriormente, en mayo del 2014, el Congreso peruano declaró este acuerdo energético como lesivo para los intereses nacionales y lo archivó definitivamente. Sin embargo, algunos de los proyectos se siguieron llevando a cabo fuera del acuerdo, como Chadín 2 o Río Grande, y no se desestima que algunos de los proyectos puedan volver a ser impulsados posteriormente, como los de Pakitzapango o Inambari.

En el gobierno del presidente Ollanta Humala se dictó el 31 de agosto del 2011 la Ley de la Consulta previa, cuyo reglamento se promulgó al año siguiente. Cabe recordar que el Convenio 169 de la OIT fue ratificado por el Perú en el año 1993 y forma parte de la legislación peruana desde febrero del 1995. Sin embargo, durante el gobierno de Humala apenas se realizaron algunas consultas previas tal como lo estipula el Convenio 169. Las empresas se limitaban a realizar talleres informativos con muchas irregularidades. El procedimiento fue muy simplificado. Con un reglamento muy limitante y excluyente, la Consulta previa del gobierno de Ollanta Humala no es vinculante. El gobierno de Humala se caracterizó por promover proyectos mineros a tajo abierto e impulsar la construcción de megarrepresas, a pesar de la muy fuerte oposición de la población. Esto conllevó a una serie de conflictos socioambientales, que fueron manejados con mano dura y causaron la muerte de decenas de personas. Durante este gobierno, se dictaron los llamados «paquetazos ambientales», medidas legales promulgadas «en paquete» que afectarán al medioambiente, a los recursos naturales, a los territorios y poblaciones que allí habitan (Neyra, 2016).

En este contexto histórico surgieron las medidas legales que diseñaron la nueva forma de extracción en grandes cantidades de los recursos naturales, que se exportan casi sin procesamiento (Gudynas, 2014) y de manera violenta, como veremos. La producción de minerales abarcó en el 2016 el 16,3% del PBI y cerca del 35% de las exportaciones; los principales minerales exportados fueron el cobre, oro, plata, zinc, estaño, hierro.

Las rondas campesinas intervinieron en este conflicto, como en todos los conflictos mineros y extractivos existentes en el país en la actualidad, en defensa de su territorio, aplicando sus principios de no dejar penetrar en su territorio a extraños y aplicando ellos mismos justicia. Cajamarca es la región con más pasivos ambientales de todo el país, producto de más de 200 años de minería. Los ronderos quieren mantener su ambiente limpio y sano y mientras puedan, y si las fuerzas no les fallan seguirán resistiendo. Adoptan la defensa del territorio y del ambiente, se resisten a los planes de acaparamiento de tierras por las empresas que buscan expandir las fronteras de la extracción. Los ronderos se resisten a la presencia de los nuevos abigeos: las empresas extractivas. Los ronderos hacen parte de los movimientos sociales latinoamericanos que se han venido desarrollando en los últimos decenios y que defienden otro lenguaje de valoración (Svampa, 2010) en el cual priman otros valores: lo que para las empresas son recursos, para los ronderos es naturaleza, parte integrante de su vida. Los ronderos son parte de la lucha por el medio ambiente y la defensa de la ecología, y no buscan el «desarrollo» como lo entiende el neoliberalismo. Conga constituía un conflicto emblemático que reunía a todos los actores de la sociedad, ronderos, sociedad civil, empresas privadas, gobierno nacional, regional y local, confrontados por defender cada uno dos visiones opuestas: desarrollo capitalista o vida (Martinez Alier et al, 2016). Todos estos actores son parte integrante del metabolismo social del país, y se posicionan frente a la actividad extractiva y a los deshechos que causa esta actividad. La organización rondera demuestra así que es capaz de tomar las riendas en un conflicto socioambiental que les atañe profundamente y de determinar el rumbo del conflicto hasta lograr detener proyectos extractivos. Al hacer suya la defensa del territorio y del ambiente, toma un camino opuesto al desarrollo impuesto por el modelo neoliberal. Estos logros convierten a la organización rondera en garante de la justicia ecológica por querer preservar su ambiente sano. Juntas, las autoridades locales y municipales podrían constituir un ente rector y vigilante frente a la actividad contaminante de las industrias extractivas. Si los ronderos se cohesionaran a nivel nacional podrían tener un peso mucho mayor en la política ambiental del país y frenar más proyectos extractivos lesivos para la población y el ambiente.

Bibliografía

Conde, Maria, Walter, 2015, Frontières de la marchandise, en «Décroissance, vocabulaire pour une nouvelle ère» compilado por G. Kallis, F. Demaria, G. D’Alisa, Ed. Le passager clandestin, 2015, Neuvy en Champagne, Francia.

Gudynas, Eduardo, 2014, El desarrollo revisitado desde los debates sobre los extractivismos y sus alternativas, Universidad de Huelva, II Congreso Internacional de Estudios de Desarrollo, 16-18 de junio de 2014.

Klein, Naomi, 2007, La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre, Editorial Paiso Ibérica, 2014, Madrid

Matos Mar, José, 1984, Desborde Popular y crisis del Estado, ediciones IEP, 1986, Lima.

Martinez Alier, Del Bene, Scheidel, 2016, Is there a Global Environmental Justice Movement? Colloquium Paper n°16, Global Governance/politics, climate justice & agrarian/social justice: Linkages and challenges, International Colloquium, 4 6 February, 2016, International Institut of Social Studies, La Haya

Moran, Robert, 2014, Once Comentarios sobre el Informe de los Peritos de Conga, Servindi, abril 2014, Lima.

Neyra, Raquel, 2013, L’accaparement des terres au Pérou. Les cas d’Olmos, de San Martin (Shawi) et de Conga, en L’expropriation des terres et la formation du latifundium en Amérique latine, Revue Histoire de l’Amérique Latine, Vol 8 (2013) Paris.

Neyra, Raquel, 2013, Agricultura versus extractivismo La lucha por la supervivencia en el departamento de Cajamarca Perú, SEHA, Sociedad Española de Historia Agraria, Artículo presentado para el XIV Congreso de la SEHA: http://seha.info/congresos/artículos/CD.3.%20Neyra.pdf

Quijano, Aníbal, 2008, El Movimiento Indígena y las Cuestiones Pendientes en América Latina” el Cotidiano N· 151, 2008, pp. 107 – 120.

Sánchez Ruiz, Oscar, 2014, Justicia Rondera, Edición especial para el XI Congreso de Rondas Campesinas y Urbanas de Cajamarca, 2014, Cajamarca, Perú.

Svampa, Maristella, 2013, «Consenso de los Commodities» y lenguajes de valoración en América Latina, artículo en Revista Nueva Sociedad n° 244, marzo-abril 2013, disponible en www.nuso.org, Buenos Aires

¾, 2010, Movimientos Sociales, matrices socio-políticas y nuevos escenarios en América Latina, trabajo realizado para la Revista OneWorld Perspectives, Working Papers 01/2010, Universität Kassel, Alemania