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Informe Ejecutivo sobre el contexto y las afectaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas dentro del Paro y Minga Nacional en Colombia
- por comunicaONIC
Bogotá, D.C. – Colombia, Junio 10 de 2021
- Presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por:
- ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA -ONIC
PRESENTACIÓN:
En el marco de la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia (8 a 10 de junio), con el propósito de observar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas iniciadas el 28 de abril, la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC presenta a la Comisión el informe ejecutivo sobre el contexto y las afectaciones a los derechos de los Pueblos y Naciones Indígenas del país en el marco del Paro y la Minga Nacional.
El informe contiene tres acápites principalmente: contexto - antecedentes; hechos relevantes relacionados con las afectaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas; solicitudes y recomendaciones a la Comisión.
1. CONTEXTO - ANTECEDENTES
En Colombia, el Paro Nacional fue convocado nuevamente para el 28 de abril del año en curso y ese “nuevamente”, significa tener presente el proceso de Paro Nacional iniciado en noviembre de 2019, por cuanto los hechos que ahora se denuncian, permiten evidenciar una continuidad en el tipo de respuesta y manejo que el Gobierno Nacional ha dado a la protesta social en el país durante todo su periodo y que como Pueblos y Naciones Indígenas hemos venido rechazando desde otrora y definimos como “tratamiento militar y de guerra” al ejercicio de un derecho fundamental establecido en el Artículo 37 de la Constitución Política de 1991; dicho tratamiento está basado en la Doctrina de Seguridad Militar de las Fuerzas Armadas Colombianas, según la cual se considera a los ciudadanos y ciudadanas que disentimos y nos oponemos al Gobierno, como posibles “enemigos Internos”1, concepción de la cual han sido víctimas nuestras Autoridades Indígenas propias, la Guardia Indígena y la Minga.
❖ Del Paro Nacional de 2019 al Paro de 2021, mayor descontento social y mayor respuesta militar
En noviembre de 2019, la convocatoria se hizo contra el llamado “paquetazo” del Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez, refiriéndose a una serie de proyectos que afectarían el régimen de pensiones, la jornada laboral y el salario para los jóvenes, al querer imponer una modalidad de contratos por horas; el 21 de noviembre de 2019 las movilizaciones, marchas y plantones fueron multitudinarios y además de acoger estas exigencias, los manifestantes en las principales ciudades agitaron otras tres grandes consignas: el rechazo al asesinato de lideres, lideresas y defensores de derechos humanos y en ese grupo, especialmente los relacionados con los pueblos indígenas y los/las reincorporados de las FARC que -bajo el gobierno de Duque- han sido los dos grupos más afectados por el ataque de los actores armados ilegales y legales; en segundo lugar, el tema de la educación, porque los manifestantes, muchos de ellos jóvenes estudiantes estaban reclamando el incumplimiento de los acuerdos que habían sido firmados por el gobierno en el marco del paro estudiantil de 2018 y finalmente, el cumplimiento del Acuerdo de Paz suscrito en 2016.
Al final de la jornada, en Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga se presentaron fuertes enfrentamientos con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que actuó con exceso de fuerza, registrándose varios casos de brutalidad policial; el presidente Iván Duque decretó el toque de queda y la ciudadanía respondió con un CACEROLAZO histórico, que fue reconocido en todos los medios nacionales e internacionales como un rechazo general al Gobierno que para ese momento, valga decir, tenía su más bajo índice de popularidad.
Los días siguientes se repitieron las movilizaciones masivas día por día, especialmente en Bogotá, siempre con la misma respuesta del Gobierno: usar la fuerza pública aplicando protocolos en los que la fase de disuasión o diálogo realmente está marcada desde el primer momento con la presencia amenazante del ESMAD, lo que termina generando condiciones para la confrontación desigual, que en ese año desencadenaron la muerte del estudiante Dylan Cruz, acaecida el 25 de noviembre de 2019, a causa de un proyectil de perdigones que disparó un policía contra Dylan.
Las denuncias a través de videos, en ese momento como ahora, terminaron por generar un rechazo generalizado a la brutalidad policial, colocando en el centro de las reivindicaciones el desmonte del ESMAD, exigencia que ya tenía un amplio respaldo, especialmente después del asesinato, a manos de tres policías del abogado Javier Ordoñez, acontecida el 9 de septiembre de 2020 en Bogotá, que generó una ola de indignación entre el 10 y 11 de septiembre, en el que fueron quemados varios Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía Nacional, espacios que se convirtieron en el símbolo de la impunidad, la brutalidad policial y la corrupción; en estas protestas murieron 10 personas civiles, muchos de ellos por la actuación de esta fuerza. Meses antes, el país recibía la noticia generada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que triplicaba la cifra de los llamados “falsos positivos” a 6.402 víctimas, una gran parte de ellas cometidas durante el gobierno de Álvaro Uribe Veléz.
En el corolario del Paro de 2019, el Gobierno habilitó unas mesas de diálogo, en las cuales participaron, entre otros, los sectores convocantes de la jornada inicial aglutinados en el Comité Nacional de Paro, buscando acuerdos sobre los puntos del llamado Pliego de Emergencia2 radicado el 19 de junio de 2020 al Presidente de la República, pero las reivindicaciones de carácter democrático, especialmente relacionados con la brutalidad policial, el desmonte del ESMAD, la reforma a las Fuerzas Armadas, el rechazo al Código de Seguridad Interior así como la investigación y el castigo a los policías implicados en los abusos de la fuerza y los asesinatos de civiles durante las jornadas de paro, no sólo fueron desestimadas por el Gobierno, sino que terminaron creando una tensión entre los sectores que acudieron a las mesas de diálogo y los que no.
El Paro de 2019 continúo desarrollándose a través de múltiples movilizaciones y formas de protesta hasta diciembre de ese año, se había retomado la convocatoria para la movilización para febrero de 2020, pero llegó la pandemia y la cuarentena, y estos procesos en curso quedaron en el limbo, con el agravante que el Gobierno comenzó a incumplir los pocos acuerdos hechos en las mesas de diálogo.
De manera que la nueva convocatoria al Paro Nacional para el 28 de abril de 2021, bajo la consigna de rechazar y promover el retiro de la Reforma Tributaria, así como de la reforma pensional y a la salud, lo que hace es retomar el proceso de lucha contra el Gobierno de Iván Duque que ya había comenzado en 2019, ahora con nuevas razones por el mal manejo de la pandemia que evidenció la crisis social y de la salud pública, además de múltiples y escandalosas noticias de corrupción, y manejo nepotista en el nombramiento de cargos y en la repartición de contratos, prácticas mal llamadas en el contexto colombiano como “mermelada”.
La respuesta a la convocatoria fue multitudinaria, ahora ya no sólo se movilizaron las principales ciudades, hubo manifestaciones en el país y también en otros países y continentes.
Para el caso de los pueblos indígenas, es preciso señalar que desde el 21 de abril, el pueblo Nasa y Emberá ya se encontraban movilizados en Minga hacia adentro, decisión tomada después del asesinato de la gobernadora indígena del Resguardo La Laguna, Siberia (Caloto ,Cauca) y los hermanos Sikuani del departamento del Meta ya habían iniciado su Unuma (Minga) en protesta contra la explotación petrolera en sus territorios y específicamente, el incumplimiento sistemático de los acuerdos y la violación del derecho fundamental a la Consulta Previa.
Un primer monitoreo de la movilización indigena en el país, entre el 28 de abril y el 15 de mayo de 2021, realizado a través del Sistema de Monitoreo Territorial (SMT) de la ONIC, permitió establecer que se desarrollaron en ese rango de tiempo 101 puntos de movilización indigena en 98 municipios y 29 departamentos del país; en un segundo corte de monitoreo entre el 16 y el 21 de mayo, se encontraron activos 53 puntos de movilización, en 56 municipios distribuidos así: 22 puntos de resistencia, 28 movilizaciones y 3 asambleas permanentes. El último barrido del monitoreo nos permite referenciar que la movilización indigena se hizo presente por lo menos en 114 municipios del país, y se presentaron afectaciones a los pueblos y comunidades indígenas en 26 de estos.
La Minga, en el marco de los acuerdos establecidos con el Gobierno en el Resguardo Nasa Embera Chamí, Corregimiento de La Delfina (Buenaventura, Valle del Cauca) en abril de 2019, fue reconocida como un ejercicio legítimo de participación política de los Pueblos y Naciones Indígenas de Colombia, en calidad de sujetos colectivos de derechos; de esa manera, también quedó establecido en nuestra Ley de Gobierno Propio Pacto para Volver al Origen: “(…) En su práctica y dinámica entreteje al conjunto de los miembros de los pueblos, allí todas las manos, todos los pies, todos los corazones y las mentes, se encuentran reconociendo el valor superior del bien colectivo, del interés general, de la preservación de la vida y de la defensa de los derechos para las generaciones venideras”.3
El pueblo Misak durante la gesta social que se ha movilizado desde el 2019, ha liderado el proceso de recuperación y dignificación de la memoria histórica de los pueblos indígenas, a través del derrumbamiento de las estatuas de Sebastián de Belalcázar y Gonzalo Jiménez de Quesada, invasores que simbolizan el genocidio contra los pueblos originarios y que al estar erigidos en sitios sagrados o públicos en las principales ciudades del país, continúan revictimizando y manteniendo esa memoria de la violencia que desde hace 528 años se ejerce contra los pueblos. La decisión de derrumbarlas dentro de las jornadas del Paro Nacional del 2019 y 2021 y hacerles un juicio histórico, ha permitido que siglos de silencio y ocultamiento de la verdad histórica sobre los infaustos acontecimientos de la invasión española al Abya Yala, sean en este momento parte de la opinión pública. Como respuesta a estos hechos el pueblo Misak está siendo señalado, estigmatizado y criminalizado. (Ver informe Pueblo Misak)
La participación de los pueblos y naciones indígenas, se ha caracterizado por un fuerte liderazgo de la Guardia Indígena en la movilización que se desarrolla sobre las vías, puntos de resistencia y plazas públicas, en diferentes lugares del país, garantizando los corredores de vida y/o humanitarios tal como ha sucedido en el caso de los departamentos de Huila, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca, Cauca, Caquetá, Nariño y Arauca; la solidaridad con los sectores movilizados a través del acompañamiento a los puntos de resistencia en Cali y Bogotá, y por la apertura al diálogo con los mandatarios locales y regionales, así como el insistente llamado al Gobierno Nacional para que garantice la protesta social y posibilite verdaderos escenarios de participación y diálogo, con miras a resolver las exigencias de los pliegos en curso y de la Agenda Indigena, en la que se destacan los puntos para el cumplimiento de acuerdos previamente suscritos con el gobierno nacional, la defensa y garantía del derecho fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada, la implementación del Capítulo Étnico y en general del Acuerdo Final de Paz, y el respeto a los territorios y a la autonomía en el ejercicio del gobierno propio, especialmente como autoridades ambientales.
Es importante destacar que acorde con la cosmovisión de los Pueblos Indígenas, la participación en el marco de la Minga y las acciones de movilización adelantadas para la reivindicación de nuestros derechos, han estado bajo la orientación espiritual de las Autoridades, Mayores (as), Sabios (as), teniendo como horizonte también la recuperación de la armonía y defensa de los territorio, a través de las prácticas culturales y ancestrales, como los pagamentos realizados por el Pueblo Kankuamo en defensa del Cerro Minakalwa o Hurtado, de la ciudad de Valledupar, que hace parte de su territorio ancestral.
De estas múltiples maneras, y orientados por la defensa de la vida, el territorio, la Paz, el Buen Vivir de los Pueblos Indígenas y todos los colombianos como objetivos, los pueblos originarios han participado activamente durante los 42 días de la Minga en el Paro Nacional.
❖ Un cóctel explosivo: militarización, estigmatización, criminalización y exacerbación del racismo y los discursos de odio
El 28 de abril hacia las 8:00 p.m., en el primer día del Paro, la Campaña Defender La Libertad informaba a través del Boletín No. 3 lo siguiente:
“• 49 personas heridas; • 4 personas presuntamente fallecidas, de las cuales 3 fueron en Cali y 1 en Neiva (Hechos en proceso de esclarecimiento); • 73 personas detenidas en las ciudades de Bogotá, Cali, Yopal, Neiva, Ibagué, Pasto, Villavicencio y Barranquilla; • 14 allanamientos, los cuales se encuentran en proceso de esclarecimiento; • Al menos 10 agresiones a defensoras de derechos humanos; • Al menos 78 denuncias de violencia policial con especial cantidad en Bogotá” y a través de nuestra página web, la ONIC emitía el 29 de abril, un comunicado rechazando la militarización del Resguardo Nasa Embera Chamí en La Delfina, Valle del Cauca 4.
De manera que un día después de iniciado el Paro no hubo de parte del Gobierno ninguna intención de darle salida a la protesta social a través del diálogo y así se mantuvo hasta el día 5 de mayo pasado, fecha en la que llamó al Diálogo Social con actores e interlocutores ajenos al paro nacional y en la que se retiró formalmente el proyecto de Reforma Tributaria presentado por el gobierno en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; para ese momento desde diferentes sectores de la sociedad se denunciaba la falta de empatía y reconocimiento del Gobierno sobre el verdadero alcance la protesta social y muy especialmente de las motivaciones de los jóvenes, cuya resistencia se simbolizó en la Primera Línea.
El 4, 6 y 11 de mayo, desde la ONIC emitimos comunicados alertando, denunciando y rechazando el tratamiento militar, los abusos de la policía, así como el asesinato de manifestantes, las detenciones arbitrarias y la creciente estigmatización de la protesta, está última dinámica finalmente terminó creando las condiciones para que el 10 de mayo, civiles armados atacaran la Minga Indígena, lo que conllevó a la Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas de la ONIC a pronunciarse el día 11 de mayo, “rechazando el nefasto tratamiento de guerra que el gobierno de Iván Duque le ha dado a la protesta social, el cual ha colocado en riesgo la vida de hermanos y hermanas mingueros en el Valle del Cauca, favoreciendo una creciente criminalización y estigmatización al movimiento indígena”.5 El 19 de mayo hicimos pública una acción urgente por los hechos que se presentaron en contra de las comunidades indígenas de los municipios de Yumbo y Ginebra, en el departamento del Valle del Cauca y de estigmatización de la Minga indígena en el Departamento de Antioquia.
Finalmente el 19 y 29 de mayo emitimos comunicados exigiendo al Gobierno de Duque parar la masacre, retirar la orden de Asistencia Militar y derogar el Decreto 575 de 2021, por considerarlo inconstitucional y lesivo de derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política de 1991, normas internas y tratados internacionales ratificados por Colombia. Durante los 42 días, la ONIC ha mantenido a través de sus redes sociales un monitoreo permanente sobre la movilización de los pueblos indígenas, en los 235 tuits publicados de la cuenta @ONIC_Colombia se han visibilizado las diferentes acciones de movilización de los Pueblos Indígenas en el país, así mismo, varios de estos tuits han sido de ALERTAS TEMPRANAS y DENUNCIAS frente a las vulneraciones y afectaciones de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en el marco de las movilizaciones.
Desde el 28 de abril y hasta el 10 de junio, la cuenta de twitter de ONIC se ha posicionado como fuente de información, visibilización y denuncia en el marco de la Minga y el Paro Nacional, se ha fortalecido la generación y emisión de información logrando frenar en cierta medida la desinformación por parte de los medios hegemónicos y contrarestando el racismo y la discriminación que se ha incrementado en este tiempo.
Con relación a las declaraciones discriminatorias y racistas del Gobierno Nacional así como del gobierno departamental del Valle del Cauca y del mandatario local de Cali, en la que califican a la Minga y a los Mingueros como vándalos y les ordenan volver a sus resguardos y territorios, impidiendo con el apoyo de la la fuerza pública su libre circulación y movilidad en los territorios, todo ello acompañado de una serie de declaraciones del jefe del partido de gobierno, señor ex Senador de la República Álvaro Uribe Vélez7 y de otros miembros del partido Centro Democrático, es importante señalar que terminan haciendo un uso perverso y discriminatorio del enfoque diferencial además de exacerbar el racismo estructural y la polarización social en una región como el suroccidente, en la que los territorios indígenas se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad por la disputa de actores ilegales y legales.
El conjunto de los enunciados por parte del General del Ejército, Eduardo Enrique Zapateiro a cargo de la implementación del despliegue militar en Cali, del Ministro de Defensa Nacional y del Fiscal General de la Nación en el que afirmaban que detrás del Paro se encontraban actores armados8 como las disidencias, el ELN, el movimiento bolivariano e incluso con el apoyo de los grandes medios, afirmando la intervención de Venezuela y Rusia, así como de políticos opositores al gobierno en los hechos relacionados con los disturbios, con fines de desestabilizar al país, evidenciaron una vez más la implementación de la doctrina de seguridad basada en el “enemigo interno” como artilugio para justificar la represión y el abuso de la fuerza, no obstante, la realidad del estallido social que ha caracterizado la protesta poco a poco ha ido desvirtuando esas afirmaciones.
Adicionalmente, el abordaje de los medios masivos a estos discursos ha servido de caja de resonancia y en algunos casos, de desinformación sobre las razones históricas y de hondo calado que entraña el Paro y la Minga Nacional y el descontento social generalizado en un país cada vez más empobrecido, con escalamiento de la violencia sociopolítica y cuya crisis económica y social se ha agudizado como consecuencia de la pandemia y las políticas gubernamentales.
En el marco del Paro y la Minga Nacional, los pueblos indígenas también hemos sido víctimas de las acciones del Gobierno Nacional tendientes a dividir y debilitar la autonomía, el gobierno propio y las estructuras / autoridades legítimas de los Pueblos Indígenas, como es el desconocimiento del Consejo Territorial de Cabildos (CTC) de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la reciente visita (5 de junio) del Presidente de la República, en la cual anunció el proyecto de restauración ecológica para la siembra de 180 millones de árboles, en la cual el CTC no participó, ni las autoridades de los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada.
❖ El tratamiento de guerra a la protesta social agrava aún más las diferentes vulneraciones a los derechos que veníamos viviendo los Pueblos y Naciones Indígenas bajo el Gobierno de Iván Duque
Entendemos que este informe debe centrarse en los hechos de vulneración de derechos humanos relacionados con el Paro Nacional iniciado el 28 de abril pasado, no obstante, para el caso de los Pueblos Indígenas consideramos necesario y pertinente señalar que el manejo que el Gobierno Nacional le ha dado a la movilización, a la Minga y a la Guardia Indígena, agrava la vulnerabilidad en la que se encuentran nuestras autoridades, líderes, lideresas, dirigentes y comunidades en diferentes territorios en los cuales se libra una disputa entre actores ilegales y legales; por otra parte, queremos manifestar nuestra preocupación por las amenazas que de manera directa en el marco del Paro, han realizado los grupos armados ilegales en contra de nuestras autoridades y organizaciones indígenas, así como los lamentables hechos que le han costado la vida a los jóvenes indigenas Jhon Alexander Yotengo Chaguendo, del Pueblo Nasa y 21 años de edad y Sebastian Jacanamijoy, de Pueblo Inga y 18 años de edad, acaecidos en medio de la protesta social, como también los hechos sucedidos el viernes 4 de junio en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca), en los que fue herida de gravedad y posteriormente falleció, la comunicadora de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), Beatriz Cano, a Aleida Perafán de 54 años y Juan David Güegüe de 21, quien además fungía como autoridad del resguardo de Munchique Los Tigres, al igual que el asesinato de la profesora y autoridad ancestral Argenis Yatacué, junto con su compañero Marcelino Yatacué Ipia en Corinto, Cauca, el día miércoles 13 de Junio.
En esa dirección, planteamos los impactos que la estigmatización y escalonamiento de la conflictividad social y política pueden generar, afectando aún más los derechos fundamentales a la vida, al territorio, a la autonomía y el gobierno propio de los Pueblos Indígenas, especialmente, de aquellos que participaron con mayor capacidad de resistencia en el Paro Nacional.
2. HECHOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LAS AFECTACIONES A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL MARCO DEL PARO Y MINGA NACIONAL, INICIADO EL 28 DE ABRIL DE 2021
Con el fin de demostrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante La Comisión), las afectaciones de Derechos Humanos que se han venido presentando en Colombia en el marco de la protesta social iniciada el 28 de abril de 2021, nos permitimos señalar una serie de eventos que se configuran como graves a la luz del Derecho Internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución Política de Colombia.
Como se ha dicho, el ejercicio del derecho a la protesta, como manifestación del derecho a la libertad de expresión se ha desarrollado por parte de las comunidades indígenas y la Guardia como expresión de gobierno propio para el cuidado de la vida y el control territorial, de manera pacífica sin alteraciones al orden público. En gran medida, nosotros los Pueblos y Naciones Indígenas nos hemos movilizado en las ciudades y en las principales vías y carreteras del país con el fin de ser escuchados por el Gobierno Nacional, a pesar de bloqueos, hemos tenido participación en las mesas de diálogo con alcaldes, gobernadores y acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Organización de las Naciones Unidas para garantizar corredores humanitarios que permitan el abastecimiento de víveres, combustible y misión médica9.
A pesar de la naturaleza pacífica de nuestra movilización en el territorio nacional, ha sido de público conocimiento que en algunas ciudades se presentaron situaciones de alteración del orden público. La Policía Nacional en uso de sus facultades intervino, en muchos casos, de manera arbitraria y haciendo uso desproporcionado de la fuerza, tal como lo han reconocido diferentes entidades y organismos internacionales y diversos medios de comunicación internacional a punto de que la Comisión y la Comunidad Europa emitieran un llamado al cese de la violencia y al diálogo entre la ciudadanía movilizada y el Gobierno colombiano.
Así mismo, durante el ejercicio de la protesta pacífica, hemos sido objeto de represión excesiva por parte de la Policía Nacional y el ESMAD sin justificación y con nulas garantías el acercamiento para un diálogo efectivo. A esta situación se une el hecho de que por orden presidencial, la Policía cuenta con acompañamiento militar para atender una protesta social en contextos principalmente urbanos10.
Como resultado de los documentados excesos de la Fuerza Pública y su impulso por parte de la Presidencia de la República, de acuerdo al registro del Observatorio de Derechos Humanos de la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la ONIC (Ver Anexo), a la fecha los pueblos indígenas hemos sufrido al menos dos (2) homicidios relacionados directamente con la respuesta del Estado a la protesta social, según información allegada a la ONIC, dichos homicidios ocurridos en Yumbo y Cali en el departamento del Valle del Cauca se dieron por arma de fuego en el ejercicio de dispersión de la Policía a la reunión pacífica donde participaban miembros de la guardia indígena, sus autoridades junto con grupos de campesinos, camioneros, estudiantes y demás ciudadanos.
La circunstancia de muertes por arma de fuego crea además un escenario de alto riesgo a la integridad física y cultural de quienes protestamos en los espacios públicos, hemos llamado la atención de atentados a nuestra minga en Cali y otras ciudades donde ciudadanos vestidos de civil accionan armas de fuego contra nuestra humanidad y bajo la aquiescencia de la Policía Nacional11, no se cuenta con precisión sobre la identidad de los sujetos que activan las armas de fuego; pero la gravedad radica en la tolerancia de los agentes del Estado y un discurso ausente y a veces tímido del Presidente que no rechaza estos hechos.
Así mismo, los órganos de control penal y disciplinario como lo son la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación en su orden, tampoco se han pronunciado con la debida contundencia y acorde a su función legal y constitucional que evidencia al menos un llamado institucional para que los funcionarios públicos respondan a sus obligaciones legales y constitucionales con el fin de proteger nuestra vida e integridad, por el contrario las alocuciones públicas de estas entidades se concentran en rechazar los actos vandálicos de los pocos que aprovechan las circunstancias.
De igual manera, hemos recibido por parte de la Fiscalía General de la Nación, un discurso temerario donde se amenaza a quienes participamos en la protesta de ser delincuentes sujetos a la persecución penal, esta criminalización se analizará más adelante.
A los 2 homicidios en el marco de la protesta social, se suman 3 agresiones físicas, 159 víctimas de hostigamientos y 21 víctimas de atentados según nuestro Observatorio de Derechos Humanos ONIC. Esto nos indica la extrema gravedad en la que se encuentra nuestra vida y la integridad física y cultural de nuestros pueblos, vemos con preocupación que estas cifras junto con aquellas de otras organizaciones no gubernamentales son ignoradas y desatendidas por el Estado colombiano en cabeza de la Presidencia.
Ahora, consideramos importante mencionar que de igual manera hemos sido objeto de profundas estigmatizaciones por parte del Gobierno Nacional, nuestra participación en la protesta ha sido señalada de contar con financiamientos de grupos armados e incluso del narcotráfico. El país ha escuchado varias veces de parte de altos funcionarios de la rama ejecutiva discursos que insinúan odio y racismo contra el movimiento indígena.
Como ejemplo de lo anterior, la Vicepresidenta de la República publicó en su cuenta de twitter el señalamiento de que la Minga requería de altos costos, por ende estaba financiada de manera irregular12, si bien dicha declaración fue eliminada no contamos con una rectificación y por el contrario dicha acusación se mantiene sin el debido soporte probatorio.
Este comportamiento ha sido enérgicamente rechazado por parte de nuestro movimiento indígena toda vez que profundiza la discriminación y racismo estructural hacia los pueblos originarios, perpetuando la desigualdad de la que hemos sido víctimas históricamente. Por el contrario, no vemos por parte del Estado un rechazo a estas declaraciones, de igual manera, la Presidencia y demás instituciones callan ante las declaraciones de sus funcionarios, creando un ambiente de tolerancia y aprobación.
Traemos a colación el llamado que hizo el Presidente Iván Duque el pasado 9 de mayo de 2021 para que retornamos a nuestros resguardos y territorios, una vez miembros de comunidades indígenas del Cauca decidieron participar en las protestas que se desarrollaron en la ciudad de Cali13. A este hecho, se suman también declaraciones del señor Omar Yepes, presidente del Partido Conservador (partido político de la Vicepresidenta), quien hizo un llamado en igual sentido señalando “las organizaciones indígenas que salen de su hábitat natural a perturbar la vida ciudadana”14.
No solo la omisión y tolerancia institucional, sino también la acción de estos altos funcionarios al estigmatizar a las comunidades indígenas, aportando al racismo, nos ha puesto en un alto riesgo a nuestra vida y pervivencia. Numerosos han sido los hechos de violencia de los que hemos sido víctimas al justificarse al parecer por estas acusaciones.
De igual manera, como se dijo anteriormente, el Fiscal General de la Nación ha elevado varios comentarios públicos donde señala que su labor se concentrará en la persecución penal de quienes participamos en la protesta social, según su parecer, por cometer el delito de obstrucción a vía pública, terrorismo, entre otros. Estas aseveraciones, lejos de cumplir con lo estipulado por la Constitución Política y las normas del Derecho Internacional sobre el ejercicio del derecho a la protesta, criminaliza nuestro ejercicio democrático y pone de igual manera en riesgo nuestra participación política ciudadana, nuestra integridad e incluso nuestra vida.
La criminalización de la protesta por parte de la Fiscalía General de la Nación se une al llamado del Presidente de la República de militarizar al país y convocar a los alcaldes y gobernadores para que en armonía con la rama judicial, persigan a quienes nos reunimos en los espacios públicos, una labor que desde la función pública es altamente peligrosa para la garantía de derechos.
Estas afectaciones conllevan principalmente a una vulneración del derecho a la libertad de expresión y en su manifestación, a la protesta social que como se ha resaltado siempre, ha sido pacífica. Desde el 28 de abril de 2021, una vez decidimos salir a las calles, hemos sido víctimas de cuantiosas vulneraciones a derechos como la vida15, integridad personal16, libertad17, entre otros. En nuestro Observatorio, tenemos a la fecha registradas más de 230 víctimas indígenas de graves actos contra nuestro movimiento lo que indica un patrón institucional ejercido por las fuerzas del orden y bajo la tolerancia de la administración estatal del nivel central y regional.
Resulta preocupante que el Estado colombiano no ejerza sus obligaciones en materia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por el contrario se visore el mencionado patrón y sistematicidad de violaciones a los Derechos. La ejecución de estas vulneraciones y la tolerancia de los altos mandos indican una responsabilidad en las cadenas de mando que no pueden pasar desapercibidas en los análisis que posteriormente hiciera la Comisión.
Hacemos un llamado para que se observe la magnitud de los hechos mencionados en el presente informe y los que se eleven por parte de las demás organizaciones y plataformas de Derechos Humanos en el país.
Como organización defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas, desde la ONIC se han emitido las alertas, denuncias y acciones urgentes a través de comunicados, alertas, así como de mensajes, por parte de la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la ONIC al chat de reacción inmediata y de emergencia que congrega a entidades públicas garantes de los derechos humanos (56 mensajes en total entre el 28 de abril y el 7 de junio) sobre los hechos victimizantes ocurridos durante las jornadas de movilización del Paro y la Minga. Al respecto, el análisis de la Consejería señala “La Institucionalidad no da respuesta a los llamados para parar la represión y los asesinatos en los puntos de concentración en todo el país. No atienden a ninguna plataforma u organización cuando son temas estrictamente de Minga o Paro Nacional, cuando son hechos que corresponden al conflicto armado SÍ HAY ATENCIÓN.”
3. SOLICITUDES Y RECOMENDACIONES
De acuerdo al contexto y los hechos presentados con anterioridad, la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, de manera respetuosa presenta las siguientes solicitudes y recomendaciones a la CIDH:
-
a. Instar y recomendar al Estado de Colombia, en cabeza del Gobierno Nacional, a promover el diálogo, la interlocución y escucha receptiva y efectiva amplia, democrática y plural que permita el consenso y la construcción de acuerdos frente a la grave crisis social, política y económica evidenciada en el Paro y la Minga Nacional. El Gobierno debe privilegiar el diálogo como única respuesta a las protestas, y para el caso de los pueblos indígenas, en aplicación del enfoque diferencial, con la participación de las Autoridades, Organizaciones y Guardia Indígena.
-
b. Solicitar al Estado y Gobierno de Colombia desmilitarizar los departamentos, ciudades y territorios, estrategia denominada como “Asistencia Militar” mediante el Decreto 575 de 2021, por atentar contra las libertades y el ordenamiento democrático e institucional previsto en la Constitución Política de 1991, así mismo, solicitar la derogación y/o la cesación de efectos jurídicos de esta norma.
En este sentido, también urge que la CIDH inste al Estado de Colombia a suspender el tratamiento militar y de guerra dado a la protesta social, a los manifestantes y a las expresiones pacíficas y legítimas de movilización social, a fin de cesar las afectaciones contra la integridad física, la vida y la libertad de los manifestantes a lo largo y ancho del país. La reforma estructural a la Policía Nacional y el desmonte del ESMAD son medidas urgentes que debe adelantar el Gobierno Nacional.
c. Solicitar al Estado y Gobierno de Colombia a que, en el marco del cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, respete y garantice cabalmente el derecho fundamental a la vida de los manifestantes del Paro y Minga Nacional, e instar a que las entidades públicas como la Defensoría del Pueblo, Fiscalía y Procuraduría General de la Nación, ejerzan sus competencias de acuerdo a las funciones y deberes constitucionales y legales, acorde con el principio de separación e independencia de las ramas de poder.
d. Recomendar y solicitar al Estado de Colombia a que en cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas, la Constitución Política de Colombia y la normatividad interna, cese y rechace públicamente los discursos y acciones de estigmatización de la Minga, así como las acciones que profundizan el señalamiento, el racismo y la discriminación estructural contra los Pueblos y Organizaciones Indígenas. Colombia es un Estado Social de Derecho que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural como Nación (Artículo 7 Constitucional).
El Presidente de la República debe manifestar su rechazo público a los señalamientos y estigmatización realizados contra los Pueblos Indígenas.
e. Solicitar al Estado de Colombia, y a la institucionalidad respectiva -Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Rama Judicial- de acuerdo con sus competencias, a investigar, judicializar y sancionar en el ámbito penal y disciplinario, esto es, administrar y aplicar justicia de manera efectiva y pronta a los responsables institucionales, intelectuales y materiales de los hechos victimizantes ocurridos contra los hombres y mujeres indígenas y no indígenas, en el marco del Paro y la Minga Nacional.
f. Solicitar e instar al Estado de Colombia a dar cumplimiento al Acuerdo Final de Paz para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, especialmente a través de la implementación del Capítulo Étnico, a las estrategias y acciones establecidas en el Plan Marco de Implementación (PMI) y garantizar la construcción de paz territorial de manera efectiva.
g. El ejercicio de derechos y exigibilidad de los mismos, por parte de los pueblos indígenas se hace de manera integral; en el contexto del Paro y Minga Nacional, además de las razones estructurales expuestas anteriormente, los pueblos indígenas se movilizan para exigir que se detengan las afectaciones a la vida, a los territorios, cultura, autonomía, acorde con los derechos de los que somos sujetos colectivos. En este sentido, se recomienda que la CIDH solicite e inste al Gobierno de Colombia a implementar a las leyes y políticas públicas concertadas, y dar cumplimiento a los acuerdos pactados entre el gobierno indígena y el gobierno nacional, pues en general es precario o nulo, mientras que las afectaciones a los derechos de los pueblos indígenas se incrementan y agudizan diariamente en los territorios.