CON ENGAÑOS, EL GOBIERNO PROFUNDIZA UNA ESTRATEGIA NEOLIBERAL CON EL ARIETE DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

A partir de la llamada “Ley Antibloqueo”, el gobierno ha estado montando el andamiaje jurídico para avanzar en su estrategia neoliberal de apertura económica, desregulación y desnacionalización, presentado ante el país y sus trabajadores como una maniobra para burlar el bloqueo de los Estados Unidos, pero que se dirige más bien a la subordinación del país al orden globalista neoliberal y a la venta de las riquezas del país en beneficio del capital trasnacional y una nuevas fracción burguesa, con el severo riesgo de los impactos ambientales negativos y el desmejoramiento de la clase trabajadora y toda la población, además de la violación de la Constitución.

El Artículo 34 de la llamada Ley antibloqueo dicta: “La República y sus entes podrán acordar con sus socios e inversionistas, por el plazo establecido contractualmente, cláusulas de protección de la inversión y de resolución de controversias, a los fines de generar confianza y estabilidad”.  A esta estrategia responden las Zonas Económicas Especiales (ZEE), creadas en virtud de una Ley a la cual se le quiere atribuir carácter orgánico, que hoy se debate en su articulado definitivo a puerta cerrada en la Asamblea Nacional, con total desconocimiento del pueblo, y es defendida en la opinión pública con discursos falaces.

Sus proponentes y defensores, visto que cada vez se suman más voces de cuestionamiento y desacuerdo con lo poco conocido del proyecto de Ley, han tratado de defenderse de los señalamientos de que la Ley Orgánica de las ZEE promueven las maquilas, un archipiélago de enclaves, la desregularización laboral, impactos ambientales negativos y nuevas acciones contra las exigencias de los trabajadores y trabajadoras.

Los voceros del gobierno afirman que La ley no regula el régimen laboral y que sigue vigente la LOTT, pero no hacen mención al artículo 25 de decreto del Arco Minero del Orinoco ni al memorando 2792 que en los hechos ha liquidado exigencias históricas de la clase trabajadora.

Lo que no dice el gobierno es que, a nivel mundial, el principal incentivo para atraer al capital global que ofrecen esas ZEE, es precisamente el bajo costo de la mano de obra, como lo muestran los documentos oficiales e investigaciones del Banco Mundial y la UNCTAD. Es justamente la concepción predominante de las ZEE del Banco Mundial la que ha colocado al capital extranjero como el gran beneficiado de tales iniciativas, como parte de una estrategia de reestructuración de sus localizaciones y de sus beneficios con alcance mundial, en particular con la explotación de los territorios del Sur Global.

No hay que olvidar que se trata del mismo gobierno que se ha negado a discutir la cuestión salarial, el deterioro social y de los servicios, y que haya emitido resoluciones que violan derechos laborales de larga tradición, como las convenciones colectivas, aparte de emprender la persecución y la detención de dirigentes sindicales, algunos de ellos condenados en procesos írritos, con lo cual ha violado sistemáticamente el artículo 89 de la Constitución que consagra la progresividad de los derechos laborales, así como los artículos 91, 92 y 93 constitucionales.

Lo que se conoce hasta ahora de la Ley de Zonas Económicas Especiales entraría en completa contradicción con el artículo 25 de nuestra constitución que dicta:

Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.

Ante el señalamiento de que las ZEE impactará negativamente en el fisco nacional pues significan una reducción de los impuestos y una caída de los ingresos fiscales, responden los voceros del gobierno que los incentivos fiscales beneficiarán solamente al sector industrial exportador, no al comercial. Lo que no aclaran es cuáles son las facilidades que tendrá ese gran capital para repatriar sus ganancias, evitando la doble tributación, en violación de la Constitución.

Tampoco aclaran ante cuáles tribunales se dirimirán los conflictos posibles entre la Nación y esos grandes capitales. Ocultan que el déficit fiscal se produce por un entramado de causas que van desde inversiones sin control de destino, pérdida masiva de reservas por el pago de deudas ingentes, deudas contraídas por la república desde tiempo de Chávez, en una administración ineficiente de la bonanza petrolera, que ha derivado en la repetición de eventos de corrupción y extracción delictiva de la renta durante todos estos años. También ocultan que la principal fuente de tributos en el país, después de la ya caída de la industria petrolera, es el IVA, pagado por los consumidores y trabajadores, es decir, por todos los venezolanos y venezolanas.

Al señalamiento de que las ZEE promueven la entrada de empresas transnacionales y la economía libre de mercado, los voceros del gobierno repiten frases: “la soberanía nacional”, “la modificación de la economía rentista”, etc. Mencionan leyes que supuestamente evitarán la entrega, pero ocurre que precisamente la Ley Antibloqueo autoriza la desaplicación de leyes sin casi ningún control, por parte del Presidente de la República, para adelantar este plan desnacionalizador. La propuesta de las ZEE y todo el “paquete” jurídico que la acompaña, entra en contradicción con expresas disposiciones constitucionales y legales, y significa un duro golpe a la soberanía nacional consagrada constitucionalmente, al dar mayores ventajas a empresas extranjeras, por encima de las nacionales. Todo eso a contravía de las principales promesas realizadas por los discursos fundacionales de la revolución bolivariana.

Las excepciones de impuestos, que es materia de reserva legal, aparecen en el proyecto de ley de las ZEE a través de “convenios“, violentando el artículo 137 de la Constitución Nacional. También se viola el artículo 301 constitucional relativo a la prohibición de cualquier régimen impositivo dual destinado a favorecer inversiones extranjeras, o a cualquier figura de regímenes excepcionales para determinados territorios con ventaja para la inversión extranjera.

El proyecto de las ZEE convierte al Estado venezolano en gestor de intereses económicos foráneos. Igualmente, viola el articulado referido al ordenamiento territorial basado en los derechos ambientales y el desarrollo sustentable, vulnera la prohibición de cualquier privilegio o trato preferencial al capital extranjero respecto al nacional (artículo 299 de la Constitución Nacional, también el principio constitucional de igualdad ante la ley), así como la sumisión a la decisión de organismos extranjeros para dirimir litigios.

La potestad exclusiva del Presidente de la República para establecer las ZEE, sin controles y con tales características, igualmente viola disposiciones constitucionales. La ya inconstitucional la disposición de la “Ley Antibloqueo” de desaplicar leyes es un hecho que debe prender todas las alarmas, aparte de la disposición al secreto de estas graves decisiones.

Para reforzar su posición, los voceros del gobierno dicen que “con Las ZEE se proponen desbloquear al país internacionalmente”. Claro: se trata de negociar con los activos nacionales. La respuesta a la observación de que la Ley Orgánica de las ZEE promueve la entrega a capitales extranjeros y subordinación a la globalización neoliberal, los promotores del proyecto mencionan el artículo 299 de la Constitución, pero lo violan en seguida cuando no respetan los principios del sistema socioeconómico allí establecidos, inspirado en una economía para el desarrollo nacional integrado, el desarrollo hacia adentro y desde dentro, para el logro de la prosperidad y el bienestar del pueblo venezolano.

Al mismo tiempo, se usa la figura popular de Chávez para mentir y decir que él propuso esas ZEE. Chávez habló de Zonas Económicas de Desarrollo sustentable (ZEDES), en el primer plan de sus gobiernos, enmarcado en una estrategia completamente diferente, de desarrollo endógeno, dirigida al mercado interno y a mejorar las condiciones de vida de las mayorías, no a un modelo orientado exclusivamente a la exportación mediante la atracción de capital internacional, que solo beneficiará a una minoría privilegiada.

Al señalamiento de que las ZEE incrementarán la miseria y la desigualdad de la población, los voceros gubernamentales refieren a la experiencia histórica de las ZEE en los documentos de los organismos internacionales del globalismo neoliberal. Lo hacemos y nos conseguimos con que las ZEE son una estrategia del Banco Mundial con 50 años de experiencias, unas exitosas (para el capital, se entiende), otras no, porque trajeron grandes desigualdades, pobreza y daño ambiental. Por último, los voceros del gobierno recurren al ejemplo de China, descontextualizando varias décadas de historia de un proceso muy diferente al venezolano. Nos sumamos al llamado a revisar los documentos de los técnicos del Banco Mundial, especialmente cuando analizan los ejemplos latinoamericanos, cuando revisan casos como el de México, donde se “desaplicaron” esas ZEE porque ocasionaron más pobreza, desigualdad e impactos ambientales negativos. Por su parte, los voceros del gobierno para las ZEE hablan de supuestos rápidos beneficios, pero los propios documentos del BM hablan de la necesidad de períodos prolongados para que las ZEE tengan algún resultado.

Ante el señalamiento de que las ZEE promueven ecocidios, contestan los voceros gubernamentales que la Ley no contiene regulaciones y protecciones ambientales. Pero este movimiento de muñeca la hace el vocero de un gobierno que promovió el arco minero, que ya ha autorizado un gigantesco ecocidio que aún no ha sido evaluado en todas sus magnitudes. Este es un gobierno que ha violado, con el decreto del Arco Minero y ahora, con las ZEE, el artículo 120 constitucional, que garantiza la integridad de los pueblos originarios en aquellos territorios donde se plantee la explotación de los recursos naturales, así como el artículo 127 de los derechos ambientales.

En el texto justificador de la Ley ZEE, se reconoce que el país atraviesa “uno de los momentos más críticos desde el punto de vista económico”. Nadie ignora la hiperinflación, el decrecimiento, la destrucción, el efecto de las sanciones norteamericanas, el agotamiento del capitalismo rentístico. El simplismo reside en atribuir la única causa de esta situación, a las sanciones norteamericanas, sin explicar toda la complejidad multicausal de la crisis, que incluye inmensos errores de política económica de los últimos años.

La recesión arrancó años antes de las sanciones, y se manifestó con claridad desde 2014. Se recuerda la ineficaz política de entrega de subsidios a las divisas preferenciales a sectores empresariales que no encendieron los famosos motores productivos para la recuperación económica, dedicándose a la especulación cambiaria.

El desplome de los precios del petróleo fue en 2015. Desde 2017, se instaló la hiperinflación, así como la escasez, la precarización laboral y la especulación. Se perdieron masivamente las reservas por el pago de una inmensa deuda y los pasivos laborales de PDVSA, ambos endeudamientos legados de Chávez. Decir que las ZEE van a impactar en la transformación a corto plazo del capitalismo rentístico es pura propaganda.

El artículo 302 de la Constitución, establece, que “el Estado se reserva, mediante la ley orgánica correspondiente, la actividad petrolera y otras industrias de carácter estratégico. El Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo”. Frente a ello, se entiende por qué ahora se habla del carácter de orgánica de la ley de las ZEE que se pretende aprobar a toda velocidad.

La gravedad de las implicaciones económicas, sociales, jurídicas y políticas de todo el paquete jurídico del cual forma parte la propuesta de las ZEE, señalan que ellas son “catalizadores y laboratorios” de un proceso más profundo de apertura económica, desnacionalización y venta de activos de la Nación, con una orientación claramente globalista neoliberal, en colisión con el principio de la soberanía nacional en lo económico, consagrada por la Constitución Nacional.

Es por ello que planteamos que la aprobación o rechazo de las ZEE sea sometido a la voluntad popular a través de un referendum ya sea consultivo, consagrado en el Artículo 71 de la Constitución Nacional o ya sea aprobatorio en el artículo 73:

Artículo 73. Serán sometidos a referendo aquellos proyectos de ley en discusión por la Asamblea Nacional, cuando así lo decidan por lo menos las dos terceras partes de los o las integrantes de la Asamblea (…)

Los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales, podrán ser sometidos a referendo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes de la Asamblea; o por el quince por ciento de los electores o electoras inscritos e inscritas en el Registro Civil y Electoral.

Esa es la democracia participativa tal y como es inspirada en la Constitución Nacional.

¡No al paquete jurídico globalizador neoliberal!!!

¡No a las Zonas Económicas Especiales!!

¡Referendum para las leyes desnacionalizadoras y las ZEE!!!

Por el Grupo Pensamiento Crítico:

Javier Biardeau, Jesús Puerta, José León Uzcátegui, Deyanira Núñez, Eduardo Calderón, Oscar Feo, Roberto López, Franco Silvio, Jesús Urbina, Guillermo Pereira, Jorge León, Mariano Crespo, Miguel Jesús Arévalo, Rafael Durán, Janis Lazdins