No es ninguna novedad que los mecanismos de re-elección de ciertos gobiernos en algunos países de América Latina han encontrado las formas más “creativas” para justificar lo injustificable, estas formas van desde la modificación arbitraria de la norma constitucional o su lectura conveniente con cuestionables informes de constitucionalidad, el desconocimiento de referéndum, la designación dudosa de los tribunales electorales, los “apagones” sorpresivos de los sistemas de conteo de votos, los autogolpes, la invención de padrones electorales de tipo “activo” y “pasivo” , la falta de depuración de padrones, la presencia de votos de personas fallecidas, entre otros.

Como parte de estas estrategias violentas para hacerse con el poder de la administración pública, está también  el vaciamiento de significantes importantes para la constitución de los pueblos, aquellos que tocan historias de reivindicación, pero que son utilizados para encubrir  los intereses de una clase oligárquica. Esto no es nuevo, por ejemplo, hemos sido testigos de este tipo de estrategias en el ámbito del diseño de la política pública con la manipulación de conceptos como el Buen Vivir o el Suma Qamaña (la misma idea pero denominada de forma diferente de acuerdo al país) que se presentaban con bombo y platillo mientras se vulneraban los derechos de los pueblos indígenas.

Ahora bien, en el caso de Nicaragua, el autoritarismo se cubre con la vieja confiable de   “el ataque del imperio” mientras se viste a título de “autodeterminación” en la nueva ley 1055 sancionada este mes, misma que condena,persigue y vigila a cualquier persona que se atreva a contradecir o competir con el partido de Ortega. A estos opositores se les llama “terroristas” “traidores a la patria”  y al derecho al disenso se le adjetiva de inicio como “ lesiones a los intereses supremos de la nación”

El académico Gonzalo Arias, en sus trabajos sobre este tipo de fenómenos en el mundo, identifica el éxito histórico de algunas respuestas de resistencia de la población frente a la tiranía, que se expresan en la práctica de la no violencia y el apego a la norma constitucional.

En el caso de Nicaragua, será importante además considerar que los principales seguidores de este régimen oligárquico son toda la masa laboral del funcionarios públicos que se niega a perder sus privilegios.

Este comportamiento me recuerda a la descripción de Étienne de la Boétie (un filósofo del siglo XVI) de la categoría “servidumbre voluntaria” que básicamente enuncia que la tiranía se sostiene con la complicidad de los sometidos. De pronto, si ellos se negaran a esta práctica, los ejercicios del despotismo cotidiano y en este contexto, también del fraude , no serían tan fáciles.

Ojalá vientos democráticos y una diversidad de propuestas de planes de gobierno soplen en Nicaragua, ojalá que los “chayo palos” sigan cayendo por voluntad del pueblo.