Colombia: Del paro nacional al estallido social

En Colombia no hay protestas contra ningún gobierno, lo que hay es un estallido social contra, lo que parece cada vez más, una dictadura. Algo que los colombianos debemos aceptar y que la comunidad internacional debe reconocer.

¿Y por qué dictadura? Porque en las democracias no se oprime, no se tortura, no se asesina y no se desaparece a quienes protestan contra el gobierno. Porque en las democracias no se califica como vándalos ni como terroristas a quienes ejercen su derecho constitucional a la protesta. Y porque en las democracias el gobierno no busca expedir leyes que son en realidad Estados de Excepción con la intención de frenar el descontento ciudadano y aferrarse al poder de forma indefinida.

Asimismo, porque en las democracias hay equilibrio de poderes y los entes de control como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría no están bajo el dominio gubernamental. Y porque en las democracias, las Fuerzas Armadas trabajan para la ciudadanía y no para gobiernos extranjeros ni para un partido político de corte fascista.

Igualmente, porque en las democracias no se consideran como enemigos a quienes piensan distinto ni se les persigue o agrede de ningún modo. Por el contrario, se les valora y protege, puesto que dicho sistema no consiste en que todos los ciudadanos piensen igual, sino en llegar a acuerdos en medio de las diferencias para que el pueblo siempre sea soberano y tenga el poder de elegir su propio destino.

Del mismo modo, porque en las democracias la ciudadanía cuenta con un bienestar social que le da acceso al sistema de salud, de educación, de vivienda y de empleo. Y porque en las democracias las personas tienen una alta capacidad adquisitiva de modo que cuentan con un mayor estándar de vida al que tenemos los colombianos en la actualidad.

No es ningún secreto que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y que está localizado en una región que, a la vez, es la más desigual del planeta. En Colombia, el 5 % de las personas naturales y jurídicas se adueñaron de todos los recursos dejando en la miseria a la inmensa mayoría de ciudadanos y un país así no puede ser considerado democrático. Para colmo del descaro, ese 5 % no paga los impuestos que le corresponden y esconde sus fortunas en paraísos fiscales.

Estas desigualdades e injusticias sociales, sumadas al pésimo manejo que el sub-gobierno de Iván Duque y la subalcaldía de Claudia López le han dado a la pandemia, ocasionaron el paro nacional que empezó a finales del 2019. Lamentablemente, ese par de déspotas han utilizado todos los medios que tienen a su alcance para continuar en el poder, desde calificar a sus opositores y contrincantes políticos de “castro-chavistas” y de extremistas, hasta ejercer el terrorismo de Estado.

Así que lo que en principio fue el paro nacional, ahora se convirtió en un estallido social. Y fue así por la tiranía de quienes están en el poder y carecen de legitimidad al no contar con el respaldo del pueblo. Es claro que de haberse solucionado a tiempo los justos reclamos de la ciudadanía, las cosas no habrían llegado a este punto de no retorno, pero pudo más la intransigencia, la arrogancia, la corrupción y las ansias de poder de quienes se creen dueños del país.

El estallido social que hay en Colombia es imparable. Y es imparable porque la ciudadanía está decidida a vivir en democracia y hará todo lo posible por lograrlo. Intentar reprimir al pueblo en este momento sólo empeorará la situación y podrá desencadenar una guerra civil. Por esto, es urgente comprender que la sociedad llegó a un momento de inflexión donde el actual gobierno tendrá que mejorar radicalmente las condiciones de vida de los colombianos o, inevitablemente, negociar su salida anticipada del poder.

Por su parte, la comunidad internacional no debe seguir calificando a este fenómeno como si fuera una simple protesta antigubernamental cuando sus dimensiones son de semejante magnitud. La EOA y su CIDH y la ONU parecen estar más preocupadas por trabajar por los intereses de los Estados Unidos, que por ejercer su verdadera función. Resulta absurdo que esos organismos juzguen a países como El Salvador, Nicaragua, Venezuela y Cuba por asuntos relacionados con los derechos humanos, cuando lo que sucede en Colombia es mucho peor.

Asimismo, la prensa colombiana e internacional debe esforzarse por profundizar en las causas que desencadenaron el actual estallido social y de ese modo, hacer un verdadero cubrimiento de los hechos y de la situación por la que atraviesa este país. Un cubrimiento que no se limite a difundir la opinión del oficialismo y la de sus cómplices, sino que visibilice a todos los actores de la sociedad.

Es una mediocridad que la prensa nacional y extranjera utilice cada emisión para hacer un reporte de daños materiales calificando a quienes reclaman sus derechos como vándalos y a quienes les reprimen como héroes. Eso no es más que ser cómplice de lo que parece cada vez más una dictadura que destruye a Colombia. El país necesita una prensa imparcial y objetiva que cumpla plenamente con su función de informar y que no actúe como oficina de comunicaciones del uribismo.

Lo que está pasando en Colombia es algo muy grande que abarca un cambio generacional, un cambio de modelo político, un cambio de modelo económico y un cambio de sociedad. Hay que aceptar que el país se está transformando y que ya nunca volverá a ser igual. Dichos cambios pueden realizarse de forma pacífica si se logran consensos y si se tiene madurez política o, inevitablemente, se realizarán de forma violenta con las consecuencias que eso tiene para el país.

Debemos entender que Colombia no volverá a la normalidad porque esa normalidad estaba destruyendo a Colombia. No es normal vivir en medio de tanta violencia e injusticia social. No es normal que la gente aguante hambre en un país tan rico. No es normal que las personas mueran frente a los hospitales por no estar afiliadas a una EPS. No es normal que la gente no pueda estudiar en una universidad por no tener para pagar el semestre. No es normal que las personas vivan en tugurios por carecer de una vivienda digna. No es normal que la gente no tenga un empleo que les garantice su sustento y les ofrezca crecimiento personal.

Y mucho menos no es normal que mientras la gran mayoría de colombianos pasa necesidades, un pequeño porcentaje de la población, que no supera el 5 %, se haya apropiado de todos los recursos de la nación. No es normal que unas élites corruptas hereden el poder de generación en generación como si fueran una especie de monarquía criolla. Tampoco es normal que existan bases militares extranjeras dentro del territorio nacional ni que para tomar una decisión se deba consultar a otros gobiernos y organismos internacionales, pues eso significa que no tenemos independencia ni soberanía.

Debemos comprender que el estallido social que se presenta en Colombia no terminará hasta que el uribismo deje el poder y hasta que la población goce de un estándar de vida mayor que el actual. Asimismo, debemos tener claro que, si se sigue criminalizando a la protesta social, se puede generar una guerra civil de grandes proporciones.