El asesinato sin aclarar de Jovenel Moïse, que gobernaba a fuerza de masacres con el apoyo de la OEA y Washington, aviva las inquietudes imperiales por una nueva intervención. En la calle, los paramilitares y la movilización popular se disputan el futuro.

En la madrugada del miércoles 7, un comando paramilitar ingresó a la casa del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en Puerto Príncipe, y lo asesinó a tiros. Su esposa fue herida de gravedad. El primer ministro Claude Joseph, que estaba en la puerta de salida del gobierno (Moïse le había nombrado un reemplazante el lunes), decretó el estado de emergencia y sacó las Fuerzas Armadas a la calle. No habían comenzado todavía las investigaciones cuando empezaron a circular versiones de que los atacantes hablaban español y hubo quienes apuntaron que se trataba de venezolanos (obviamente «chavistas») y colombianos (obviamente «de las ex-FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia]»). En la mañana del mismo miércoles, el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo Consejo Permanente fue convocado en la noche. Es un magnicidio intolerable, dijo. En algunos países de Europa y en Estados Unidos se empezó a barajar la posibilidad de volver a enviar tropas a Haití con lo que se recrearía la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que se mantuvo entre 2004 y 2017. En las declaraciones de algunos gobernantes, el homenaje a Moïse trascendió el recuerdo a una víctima de asesinato: hubo quienes elogiaron su gestión. Haití país ingobernable, Haití país menor de edad que no puede manejarse solo sin un padre que lo tutele: los lugares comunes de todos estos años para justificar la militarización, la sucesión de gobiernos corruptos, el hambre y la miseria como males «naturales» de una sociedad «atrasada», la presencia imperial –más o menos abierta, más o menos solapada, según convenga– volvieron a saltar a la palestra. Ya tantas veces se los ha escuchado.

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Tal vez no se sepa en años, tal vez no se sepa nunca cómo fue realmente que murió Moïse, dijo el miércoles a la cadena Telesur Danny Shaw, un activista estadounidense que lleva varios meses residiendo en Puerto Príncipe. Tenía tantos y tantos enemigos el gobernante asesinado que los tiros pueden haber llegado casi que desde cualquier lado. Menos del campo popular. Porque si hay sectores a los que nada les conviene un escenario como el que previsiblemente se estaría armando, con un posible regreso de la Minustah o una misión de intervención equivalente, ahora o en algún tiempo, es a quienes quieren cambiar realmente las cosas. No hay luto en las calles, porque Moïse era responsable directo e indirecto de decenas de asesinatos, de unas 12 masacres colectivas en barrios populares en los últimos cuatro años, porque era cómplice de lo más rancio de la rancia oligarquía haitiana y de las pandillas, que crecen como hongos (véase «Estado mafioso», Brecha, 26-II-21), porque gobernaba como un dictador; pero tampoco hay alegría, porque su caída, en estas condiciones, está muy lejos de significar la caída del sistema del que era parte. Ojalá hubiera un Wikileaks que echara luz sobre cómo se tramó esta ejecución, dijo Shaw, y recordó que no son raros los casos de dictadores que se vuelven incómodos por impresentables, como sucedió hace 60 años en la vecina República Dominicana con Rafael Trujillo, asesinado porque convenía más un liberal que una bestia parda. Y están las pandillas, y está el narcotráfico…

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Un día antes del asesinato de Moïse, Brecha entrevistó a Henry Boisrolin, coordinador del Comité Haití Democrático, instalado hace años en Argentina. La idea era conversar sobre lo que estaba sucediendo en su país, tan silenciado, tan acallado, tan poco presente en los medios, tan miserabilizado. Había habido una cadena de asesinatos, una más:19 personas ejecutadas a balazos en plena calle en la noche del 29 al 30 de junio, entre ellas, el periodista Diego Charles y la militante feminista Antoinette Duclaire; llamaba la atención que fuera la enésima masacre de dirigentes sociales en muy poco tiempo y que apenas trascendiera; se hablaba de la acción abierta de bandas armadas unificadas en un comando dirigido por un expolicía que se presentaba como «revolucionario», que controlaban barrios enteros de Puerto Príncipe, extorsionaban a pobres y ricos y provocaban desplazamientos de población: ¿qué era eso?; el lunes 5, Moïse nombraba a un nuevo primer ministro, el octavo desde que asumió la presidencia, en 2017, un político vinculado a la oposición liberal, lo que daba la idea del grado de decadencia del gobierno; las noticias apenas registraban las manifestaciones callejeras, algunas muy grandes, que se estaban produciendo día tras día desde hacía varios meses… Mucho tema. Boisrolin comenzó poniéndolos en contexto.

«Hay que contextualizar para no perderse entre tanto asesinato, tanto hecho delictivo, también tanta miseria, porque cuando se habla de Haití es para hablar de eso y se pierde el hilo», dijo. Y contó que la crisis que vive Haití es una crisis ininterrumpida, una película en cámara lenta del «derrumbe del sistema de dominación», un sistema que empezó a funcionar a partir de la primera ocupación militar estadounidense, en 1915. Desde entonces, el país se fue convirtiendo en una perfecta neocolonia y en el más empobrecido de las Américas. Hoy se está en una fase de descomposición de ese sistema y quienes gobiernan quieren reformularlo, con otro tipo de ordenamiento jurídico y político, para dar mayor poder al Ejecutivo y debilitar al Parlamento. La Constitución que elaboraron en secreto en el gobierno, que iba a ser sometida a plebiscito en setiembre, va por ahí.

Pero para la gente de a pie vale muy poco esa Constitución, señaló Boisrolin, como valen muy poco las elecciones presidenciales y legislativas convocadas para el mismo día del plebiscito constitucional. («No es que sean ineptos, son perversos: hacen la elección del próximo Parlamento, que constará de dos cámaras, al mismo tiempo que se plebiscita una Constitución que suprime una de esas dos cámaras, el Senado. Parece absurdo, pero demuestra lo poco que les interesa realmente esa democracia a la que dicen atenerse.»)

Como todas las elecciones que se han llevado adelante últimamente, las de este año, si se hacen, estarán marcadas por el fraude. Cualquier candidato del campo popular que se presente las puede ganar si se llevan a cabo en buena ley, cree Boisrolin. «Pero los sectores dominantes no van a dejar que eso suceda. La única elección verdaderamente libre que se llevó a cabo en el país tras la caída de la dictadura de los Duvalier la ganó un representante del campo popular, el sacerdote Jean Bertrand Aristide, en 1990. Las ganó de manera aplastante, pero lo derrocaron con un golpe de Estado promovido por Estados Unidos.»

¿Qué elección seria se puede hacer en las condiciones actuales, en las que la gente no irá a votar, como no ha ido a votar en las pasadas y en las anteriores, porque no tiene seguridad alguna de que se respeten los resultados, porque en una economía de subsistencia como la haitiana, en una sociedad tan brutalmente piramidal como la haitiana, ha perdido todo sentido meter un votito en una urna? «Hoy hay en mi país 6 millones de personas bajo hambruna severa, el 70 por ciento de la población activa no tiene trabajo, la esperanza de vida no llega a los 60 años», dice Boisrolin. Y apunta que para entender la crisis estructural haitiana hay que tener en cuenta su posición geopolítica: «Está en el centro del Caribe, en la ruta marítima hacia Venezuela, es el país más próximo a Cuba y, si desde la doctrina Monroe Washington considera a América Latina toda como su patio trasero, el Caribe es su primer patio. Por aquí circulan mercaderías importantes para ellos. No pueden permitir que Haití se desestabilice demasiado, deben mantener el statu quo de la forma que sea, si es necesario, sacrificando a dirigentes políticos, por más funcionales que les hayan sido».

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Jovenel Moïse lo fue. ¿Dejó de serlo? Puede ser. Hoy existe una lucha interna entre los sectores dominantes. Hay un sector empresario que depende directamente de Estados Unidos. Son 11, 12 familias, que son las que controlan el poder y respaldaban a Moïse, que era un gran empresario bananero. Y hay un sector todavía de muy poco peso que está haciendo un esfuerzo por elevar el nivel de desarrollo de este capitalismo tan especial. También tienen relación con el imperio, pero apuntan a un funcionamiento institucional más presentable, con cierto respeto de la legalidad, algo que los últimos gobiernos no han tenido. Moïse gobernaba por decreto desde hace un año, después que disolvió el Parlamento. Su gestión era escandalosa desde todo punto de vista. El lunes blanqueó a todos los políticos que habían sido procesados por casos de corrupción, con el objetivo de que algunos de ellos pudieran presentarse a las próximas elecciones. Solo se mantenía sobre la base de esa corrupción y sobre todo de la represión. Cuando, tras un aumento de combustibles, en 2018, estallaron enormes manifestaciones populares, la represión se acentuó. El gobierno alternó asesinatos selectivos con no selectivos. Recurrió a las masacres colectivas: 12 en cuatro años, con decenas de muertos. Y apuntó a quebrarle la espina dorsal al movimiento popular. Van a seguir apuntando a eso quienes vengan.

Y, por supuesto, el Ejecutivo se mantuvo por el sostén de las potencias, que mientras no tenían a otro lo respaldaban, le daban dinero, lo cubrían. Desde que se fue la Minustah funciona el Core group, integrado por representantes de Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Brasil, la OEA, la ONU [Organización de las Naciones Unidas] y la Unión Europea. Es el verdadero gobierno, y está, obviamente, bajo control de Washington.

El Core group sabe de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Moïse, como la Minustah sabía de las atrocidades cometidas por las gestiones anteriores. Hace poco, Moïse llamó a Luis Almagro, el secretario general de la OEA, para pedirle respaldo. Estaba acosado por las manifestaciones populares, el auge de la delincuencia lo desbordaba, se habían generalizado los secuestros extorsivos, las pandillas pululaban, algunas le molestaban y él quería que lo apoyaran. Almagro envió una misión, que hizo un largo informe en el que ni se menciona la represión política. Allí la OEA proponía una salida política que consistía en un gobierno de unión nacional con Moïse y en lo institucional solo exigió que se cambiara la composición del Consejo Electoral, en el que Moïse había colocado a amigos suyos. Menos que un cambio cosmético. La oposición lo rechazó.

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¿Quién encarna actualmente la oposición? Hay tres grandes sectores: fuerzas de derecha democrática, fuerzas socialdemócratas y la izquierda, que hace un par de años, por fin, comenzó un proceso de confluencia en el Frente Patriótico y Popular, integrado por siete partidos que se definen como socialistas, movimientos sociales, de derechos humanos, feministas. Hay un consenso entre el sector socialdemócrata y la izquierda de marchar hacia un gobierno que llamamos de transición de ruptura, en el que estarían todos los sectores de oposición, todos, y del que no formarían parte ninguno de los actuales gobernantes. Ese gobierno funcionaría por unos dos años, se encargaría de montar una nueva institucionalidad, afirmar la soberanía nacional, promover reformas sociales, juzgar los crímenes de lesa humanidad y los escándalos de corrupción de la administración actual, restaurar relaciones con todos los países, incluida Venezuela, convocar a una asamblea constituyente y después llamar a elecciones generales. No existe nadie en condiciones de conducir solo ese proceso, se necesitará de toda la actual oposición y habrá que ser creativo para ir haciendo el camino hacia una sociedad más justa. Que no nos humillen tanto como lo están haciendo ahora. Eso es lo esencial.

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Boisrolin dice que si desde 2018 las manifestaciones callejeras fueron tan numerosas, es porque hay un sustrato de rebeldía en la gente que ni la represión, ni el hambre, ni la pandemia (¿qué es una peste más en un país expuesto a todas?) han logrado amainar. Piensa que hay una larguísima tradición de lucha en este país, que protagonizó la única revuelta antiesclavista exitosa de la historia y que, de esa tradición, a pesar de todos los pesares, mucha cosa queda. Y que ahora «hay un grado de organización del campo popular mayor» al que había un tiempo atrás. Dice que no por nada el terrorismo de Estado ha llegado al paroxismo al que ha llegado bajo Moïse y que eso va a exigir que los «sectores populares aumenten su nivel de autodefensa». «Los esfuerzos de todos los gobiernos recientes por disciplinar al pueblo han fracasado», piensa Boisrolin, pero subraya que eso no quiere decir que se esté cerca de triunfo alguno. «La situación actual es altamente explosiva y es muy difícil prever hacia dónde evolucionará. La oposición está dividida sobre qué hacer. Hay quienes se juegan a una insurrección popular, otros quieren negociar con Estados Unidos un cambio moderado. Yo, si tuviera que apostar, diría que estamos cerca de un estallido general. Quién lo conducirá no sé, pero las condiciones están dadas.»

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Uno de los signos de la extrema descomposición actual de Haití es la multiplicación de las bandas armadas y su creciente poder: de fuego, territorial, incluso político. La Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reinserción las calculó recientemente en 77. No les es nada difícil equiparse, porque en el país hay hoy un mercado ilegal de 500 mil armas de guerra, el doble que las que había hace menos de cinco años.

«El país está gangsterizado», dice Henry Boisrolin, y apunta que los sectores dominantes han creado sus propias pandillas, pero que estas son ya un actor político de primera importancia y que pueden llegar a molestar a algunos gobernantes. Las nueve bandas más poderosas se unificaron recientemente en un comando que se llamó primero G9 y luego fue rebautizado como Grupo Revolucionario 9. Manifiestan armados por las calles, sus líderes dan conferencias de prensa, tienen su propio canal de Youtube, logran cambiar ministros cuando no les gustan. En julio de 2020 el grupo organizó una manifestación callejera en Puerto Príncipe exigiendo su legalización.

Marchaban en el mismo tipo de blindados que los que usa la Policía. Su líder máximo es, precisamente, un exintegrante de una unidad especial de la Policía, Jimmy Cherizier, conocido como Barbecue. Lo separaron de su cargo tras un operativo en un barrio popular en 2017, en el que murieron ocho civiles y dos policías. Lautaro Rivara, un periodista y sociólogo argentino que vive en Puerto Príncipe, señaló en Rebelión.org (30-VI-21) que la federación de pandillas de Barbecue tiene relación estrecha con la administración de Moïse.

En 2020, el G9 coordinó junto con la Policía una entrega de alimentos en un distrito particularmente pobre de la capital. El grupo controla áreas centrales de Puerto Príncipe y los accesos norte y sur de la zona metropolitana, «lo que, en la singular geografía haitiana, le da una excepcional capacidad de aislar a la capital del resto del país», escribe Rivara. Son territorios superpoblados de un país superpoblado y fundamentales para controlar cualquier protesta, cualquier movilización de envergadura, «por tratarse de algunas de las zonas más radicalmente movilizadas desde los tiempos del gobierno de Aristide».

Las pandillas –las de Barbecue y las otras– han multiplicado últimamente los secuestros extorsivos aparentemente indiscriminados, porque se llevan tanto a ricos como a pobres, a empresarios como a campesinos. También han multiplicado los asesinatos. En 2020 hubo 1.270 secuestros de ese tipo y solo en junio pasado 150 homicidios, según datos de la asociación Défenseurs Plus.

Rivara cuenta que el 23 de junio Barbecue apareció en un video que rápidamente se hizo viral. «Acompañado de un pelotón de jóvenes encapuchados y armados –varios de ellos con indumentaria de la propia Policía–, anunció el comienzo de una “revolución armada”, consumando un giro discursivo contra el Estado, el gobierno y la oposición política. Utilizando la simbología nacional y evocando a los héroes de la revolución de independencia, invitó a la población a armarse y a incorporarse a su organización.» Fue «inesperado», pero también «inverosímil», escribe, y dice que actualmente Haití, «con el concurso de las grandes potencias, parece despeñarse por el barranco de los proyectos paramilitares que han asolado antes a otras naciones de Centroamérica y el Caribe, promoviendo el caos organizado, la inseguridad estratégica y la desestructuración de todo el tejido social y comunitario, abriendo la puerta a una política de shock que logre desmovilizar a sus indómitas clases populares».