A las 3:30 de la madrugada del jueves 24 de junio, unos 25 efectivos uniformados, enmascarados y fuertemente armados irrumpieron en una vivienda palestina en el pueblo de Dura, al suroeste de Hebrón, en Cisjordania ocupada. Tras derribar la puerta y romper ventanas, los efectivos se abalanzaron sobre el activista Nizar Banat, todavía semidormido, rociaron su rostro con gas pimienta y empezaron a golpearlo brutalmente con palos de madera y de metal; después lo desnudaron, lo arrastraron ensangrentado, lo metieron en un vehículo y se lo llevaron con rumbo desconocido. Apenas unas horas después su familia fue informada de que Nizar había muerto y su cuerpo estaba en la morgue de Abu Dis (afuera de Jerusalén), sin que hubiera sido llevado a ningún hospital. El resultado de la autopsia preliminar indicó que Banat tenía moretones en todo el cuerpo, había sido severamente golpeado en la cabeza, el pecho, el cuello, tenía fractura de costillas y sangre en los pulmones; y que murió menos de una hora después de haber sido detenido y arrancado de su casa, según anunciaron en conferencia de prensa en Ramala la Comisión Independiente de DD.HH. y su colega Al-Haq.

Este modus operandi, habitual de las fuerzas israelíes en Cisjordania, no sería sorprendente si no fuera porque en este caso se trataba de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina (en adelante AP). No menos grave es que las mismas no podrían haber entrado al lugar donde estaba Banat –ubicado en el área C, donde la AP no puede operar según los Acuerdos de Oslo–, y menos con uniformes y armamento oficial, sin autorización y coordinación con Israel. También es claro que un operativo de esa magnitud no podría haberse llevado a cabo sin la aprobación de la cúpula de la AP, es decir, el ministro del Interior, que es también el primer ministro: Mohammed Shatayyeh (que a su vez integra el comité central de Fatah, al igual que el director de inteligencia); y por supuesto del propio Mahmud Abbas, que preside la AP, el comité central de Fatah y la OLP.

El enemigo adentro de casa

Nizar Banat (43, padre de cinco) era un crítico acérrimo de la AP, de su corrupción y su coordinación con Israel en materia de seguridad para perseguir a disidentes palestinos. Banat llevaba meses posteando videos semanales en Facebook donde arremetía contra Abbas y otros miembros de su gabinete. Esa misma semana había publicado uno de seis minutos donde criticaba duramente y llamaba “títere” a Shatayyeh por el ‘escándalo de las vacunas’: se supo que la AP había aceptado la propuesta inmoral de recibir de Israel un millón de vacunas Pfizer que estaban a punto de expirar a cambio de cederle una cantidad equivalente de vacunas nuevas que la AP recibiría en pocos meses. La indignación generalizada que provocó la noticia en la sociedad palestina llevó a Abbas a cancelar el acuerdo con su amo colonial[1].

Banat había sido detenido ocho veces por la AP, en cada ocasión por varios meses. El 20 de noviembre de 2020 fue apresado tras postear uno de sus videos críticos, pero el juez ordenó su liberación tras cuatro días de detención en la prisión de Jericó, famosa por las torturas que reciben los prisioneros, que el mismo Banat había denunciado en sus videos.

Ex miembro de Fatah, había fundado el partido Libertad y Dignidad para postularse a las elecciones legislativas previstas para el 22 de mayo. Cuando en abril Abbas anunció que cancelaba indefinidamente dichos comicios (y también los presidenciales previstos para julio), Banat escribió una carta a la Corte Europea de Derechos Humanos solicitando que ordenara a la Unión Europea cortar la ayuda económica al gobierno corrupto y autoritario de la AP. El 2 de mayo, la casa de Banat, donde se encontraban su esposa (convaleciente de covid-19) y sus cinco hijos/as fue baleada y atacada con granadas de estruendo y gas lacrimógeno. Banat acusó a Fatah de estar detrás del ataque, y desde entonces se había instalado en la casa de su primo Ammar, donde la AP no tiene jurisdicción.  

El abogado Muhannad Karajah dijo a Middle East Eye que Banat lo había llamado para informarle que estaba recibiendo amenazas de muerte por parte de los servicios de inteligencia –y concretamente de Iyad Rayan, el número uno de Fatah en el distrito de Hebrón– exigiéndole que parara con sus críticas a la AP. «Nizar Banat ha sido asesinado. Eso es lo que los activistas y defensores de derechos humanos pueden esperar hoy en día», dijo el abogado; y agregó que los críticos de la AP son torturados en sus prisiones, como ha ocurrido con alrededor de 50 activistas en esta última oleada de detenciones.

El primer ministro palestino Mohammad Shtayyeh anunció que había ordenado una investigación oficial sobre la muerte de Banat, pero en una conferencia de prensa este lunes la familia y los grupos de derechos humanos dijeron que no confían en las autoridades y reclamaron una investigación independiente y externa a la AP, y que la autopsia sea realizada en el Instituto Forense Abu Kabir de Tel Aviv. «Queremos que su muerte no sea en vano. Queremos saber quién tomó la decisión de asesinarlo y quién la ejecutó; y que ambos sean castigados.», afirmó su primo Ammar.

Matones y machistas

El asesinato de Nizar Banat desató una ola de protestas en Cisjordania, especialmente en Belén, Hebrón y Ramala. El fin de semana la gente marchó por cuarto día exigiendo justicia por el crimen y la renuncia de Abbas. «El asesinato de Banat es la punta del iceberg que esconde una montaña de corrupción y la ausencia de autoridades electas. Queremos una reforma política total», dijo el manifestante Esmat Mansur en Ramala, donde las protestas fueron reprimidas brutalmente, tanto por la policía de la AP como por grupos de choque de Fatah. Las fuerzas de seguridad lanzaron granadas de estruendo y gas lacrimógeno, usaron pistolas Taser, dispararon al aire munición real, apalearon severamente a manifestantes, periodistas y defensores de derechos humanos. Agentes vestidos de civil se ensañaron especialmente con quienes filmaban la represión: arrebataron teléfonos y cámaras (y en muchos casos los rompieron), insultaron, amenazaron con castigos mayores y arrestaron a decenas de personas (la mayoría liberadas horas después).

Activistas y organizaciones feministas denunciaron el carácter sexista de la represión: las mujeres fueron golpeadas con palos, amenazadas de violación, arrastradas al arrestarlas y recibieron insultos claramente machistas, llamándolas “putas” por estar en la calle en lugar de en su casa como corresponde a su género. Poco después, los esbirros utilizaron fotos extraídas de los teléfonos confiscados para postear imágenes de las jóvenes con textos que atacaban su moral en una página de Facebook creada a tales efectos.

La misma brutalidad policial y parapolicial se había vivido en Ramala el 10 de junio, durante una manifestación de la “Campaña para levantar las sanciones sobre Gaza”: como en otras ocasiones, el año pasado la AP dejó de pagar a Israel la electricidad de Gaza, dejando a la población con dos horas al día;   y en mayo pasado, sin previo aviso, redujo a la mitad el salario de los 50.000 funcionarios públicos de Gaza (la mayoría afiliados a Fatah). La represión de ese día dejó al menos a 10 personas hospitalizadas.

Ocupación tercerizada

Una de las primeras cosas que una escucha en Palestina es: «Vivimos bajo una doble ocupación: la de Israel y la de la Autoridad Palestina». También es habitual, al conversar con activistas de base, que relaten cuántas veces han estado en las cárceles israelíes y cuántas en las palestinas; y que hablen de las torturas sufridas en ambas. Sin llegar al extremo de Nizar Banat, las razones más comunes por las que un palestino termina en una cárcel de la AP son: posteo de artículos o videos críticos en las redes sociales, militancia –o mera sospecha de– en partidos de oposición (no solamente Hamas o la Yihad Islámica), participar en manifestaciones o hablar en voz alta contra la AP. De hecho, la vigilancia y la censura son rasgos característicos del control que la AP ejerce sobre la población palestina que utiliza las plataformas digitales para ejercer su libertad de expresión y opinión; y ello resulta a menudo en detenciones, interrogatorios u otras formas de castigo[2].

Para quienes alguna vez creyeron en el proceso de Oslo que creó la AP estas revelaciones producen una disonancia cognitiva difícil de asimilar. Es especialmente el caso en América Latina, donde hay poca información sobre lo que realmente ocurre en los territorios ocupados, y las izquierdas y los grupos de solidaridad suelen mantener relaciones cercanas con las embajadas de la AP. En mi experiencia personal, tratar de explicar el rol que juega la AP en el esquema de Oslo me ha ganado hostilidad e incluso ostracismo en algunos espacios de solidaridad, debido a la resistencia a admitir esta realidad.

Sin embargo, el estudio de los Acuerdos de Oslo permitiría a esas personas incrédulas descubrir que no se trata de que Mahmud Abbas sea más o menos corrupto o autoritario, sino del mismímisimo mandato recibido por la AP cuando fue creada en el perverso plan de Oslo: colaborar con Israel para hacer más manejable y barata la ocupación colonial, suprimiendo la resistencia armada –y también la no armada− y prestando servicios básicos (en la limitadísima zona donde puede operar, que es menos del 12% del territorio ocupado) que antes estaban a cargo de Israel y ahora se financian con los fondos que la comunidad internacional derrama sobre la AP para garantizar el statu quo. Precisamente el interés de las potencias occidentales en mantener esa ‘estabilidad’ de la ocupación colonial es lo que en buena medida hace que la AP exista todavía. 

Junto con la AP llegó el paquete para impulsar el modelo de ‘desarrollo’ neoliberal con su jerga tecnocrática (good gobernance, capacity building, civil society empowerment) y crear la ilusión de que era posible construir un Estado y desarrollar la economía bajo la dominación israelí. Llegaron así los bancos, las multinacionales, los préstamos para vivienda y automóviles y otros distractores para que la población ocupada sustituyera la resistencia por el consumo. Muchos movimientos sociales se convirtieron en ONG que reformularon sus agendas según las prioridades de la cooperación internacional, y en poco tiempo la gente que había peleado en las calles durante la intifada dejó de hacerlo porque tenía demasiadas cosas que perder −y cuotas que pagar−; y sobre todo, muchísima gente pasó a depender de los salarios creados por el inmenso aparato burocrático clientelar de la AP, en un escenario de economía cautiva (por el mandato de Oslo) donde campea el desempleo. Con el tiempo, la AP se convirtió en una élite institucionalizada que gestiona la ocupación para su propio beneficio. No sólo no representa a la mayoría del pueblo palestino en el mundo, sino que con sus pases VIP, sus coches y viviendas de lujo está desconectada de las necesidades y la suerte de la población ocupada. El episodio de las vacunas vencidas es una prueba de ello.

Los gobiernos coloniales siempre se han apoyado en alianzas con las élites locales para controlar y pacificar a la población nativa, y la AP ha desempeñado ese papel de forma satisfactoria a través de su sistema clientelar y, sobre todo, su enorme aparato de seguridad, cuyo presupuesto supera el de salud, educación y agricultura juntos, emplea a la mitad de los funcionarios públicos, y fue diseñado y entrenado[3] exclusivamente para controlar a la población palestina[4]. Entiéndase: los diferentes cuerpos policiales de la AP no pueden salir de las ciudades palestinas (área A) ni pueden intervenir cuando hay ataques de colonos, robo de tierras o destrucción de viviendas y propiedades en las áreas B y C, ni menos enfrentar a los soldados o policías israelíes; ni siquiera cuando estos incursionan en Ramala u otras ciudades del área A. La AP ha cumplido celosamente este mandato durante 30 años, coordinando con la inteligencia y las fuerzas de seguridad israelíes la represión de la resistencia.

Esta labor ha sido clave para asegurar la estabilidad de la que han disfrutado los israelíes durante los últimos 15 años (desde el aplastamiento de la segunda intifada), haciendo menos pesado el trabajo sucio de la ocupación. Gracias a esa eficiente colaboración, el ejército y el movimiento de colonos de Israel pueden seguir consolidando su régimen de apartheid y ocupación colonial con escasa resistencia.

El poder joven desde abajo

El analista Amjad Iraqi escribió en +972 Magazine que los hechos recientes no son la primera muestra de la naturaleza represiva de la AP, pero sin duda es una de las más crueles. No obstante, sugiere que esta violencia desbordante podría representar «los actos desesperados de un liderazgo moribundo.» Y agrega: «Si bien el acuerdo colonial ha funcionado eficazmente durante años, sus grietas están empezando a aparecer y a ampliarse. La “Intifada de la Unidad” ha galvanizado una nueva etapa de activismo palestino que está atravesando la Línea Verde y construyendo poder desde abajo.»

De hecho hay señales de que la paciencia de la gente con una AP corrupta, autoritaria y colaboracionista podría estar llegando a un límite sin retorno. Ya en abril la cancelación de las elecciones con la excusa de que Israel no permitía instalar urnas en Jerusalén Este (pero en realidad porque Abbas sabía que los resultados no le iban a favorecer) dejó a la población enojada y frustrada; porque a pesar de las limitaciones que impone el esquema  de Oslo, había gran interés en participar en la instancia electoral para expresar el deseo de cambio. Después vino la crisis de mayo en Jerusalén y Gaza, y la intifada de la unidad nacional, sin líderes ni partidos, más bien en el espíritu de “que se vayan todos”. Mientras la revuelta se extendía por todas las ciudades palestinas −ocupadas en 1948 o en 1967−, la AP guardó un silencio casi absoluto, mientras sus fuerzas de seguridad estaban ocupadas arrestando activistas o acosando e intimidando a los manifestantes, en un intento desesperado de afirmar su autoridad. El reciente escándalo de las vacunas, y la reacción de la opinión pública ante el mismo, demuestra aún más el escaso poder y respeto que ejerce hoy la AP, especialmente entre las nuevas generaciones.

En efecto, la juventud que lidera la intifada de la unidad está mucho mejor informada y más educada que sus antecesoras: muchos tienen estudios universitarios, hablan inglés fluidamente y utilizan las redes sociales y las nuevas tecnologías para comunicar eficazmente su mensaje al mundo. Lejos de la retórica obsoleta de la vieja dirigencia política, hablan de limpieza étnica, colonialismo y apartheid más que de ocupación, y sobre todo practican la unidad palestina “desde el río hasta el mar”, demostrando que el pueblo palestino es uno solo a pesar de todos los intentos del régimen sionista por fragmentarlo y quebrar su identidad. En suma, esta nueva generación quiere terminar con el tramposo proceso de Oslo y reconstruir el proyecto de liberación nacional, recreándolo en este tiempo histórico.

Notas

[1] Esto no exculpa a Israel de su papel en el tardío e infame acuerdo; como afirmó Ghada Majadle, de Médicos por los Derechos Humanos-Israel, “en lugar de aceptar la responsabilidad y suministrar vacunas sin demora a toda la población, Israel está llevando a cabo un regateo sobre la vida y la salud de millones de personas”.

[2] Como si no tuvieran suficiente con el sofisticado espionaje israelí, la especialista Marwa Fatafta ha documentado las muchas formas de vigilancia y acoso digital que desarrollan los servicios de inteligencia palestinos. A menudo la detención de activistas es precedida de campañas de incitación en las redes sociales por parte de miembros de Fatah; y esto funciona porque la línea que separa la militancia en Fatah y el empleo en los organismos de seguridad es muy estrecha.

[3] El entrenamiento profesional de las fuerzas policiales palestinas fue realizado en Jordania (con apoyo de Egipto) bajo la supervisión del teniente general Keith Dayton, Coordinador de Seguridad de EE.UU. para Israel y la AP entre 2005 y 2010.

[4] Un informe de 2018 de Human Rights Watch documentó profusamente que la AP en Cisjordania, así como el gobierno de Hamas en Gaza, utilizan sistemáticamente la detención arbitraria y la tortura para reprimir a sus críticos y opositores. Estos abusos también han sido denunciados –con no poca dificultad− por organizaciones palestinas de derechos humanos. Y esta semana otro informe de Amnistía Internacional denunció la reciente campaña represiva de la policía palestina.

Una versión reducida y con variantes de este artículo fue publicada en el semanario Brecha el 9/7/21.