REPORTE de monitoreo elaborado por el Observatorio de Ecología Política de Venezuela

 

1.Introducción. Marco general del desarrollo de la minería

A un año y medio de que se declarase la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, el extractivismo depredador en Venezuela continúa intensificándose y extendiendo en todo el territorio venezolano. La crisis por el COVID-19 lo que ha hecho es potenciar las otras crisis preexistentes en Venezuela (económica, política y social) y esto ha favorecido las condiciones y dinámicas que sostienen la actividad minera en nuestro país.

Por su parte, el Gobierno nacional no se ha detenido en seguir consolidando un andamiaje legal que ampara la ejecución de actividades extractivas en todo el país. En octubre de 2020, con la excusa de enfrentar las sanciones económicas, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la denominada Ley Antibloqueo. Diversos sectores de la sociedad venezolana han alertado desde entonces las serias amenazas que supone su implementación para la democracia. En primer lugar, esta ley tiene carácter supraconstitucional lo que implica que se le ha otorgado toda la potestad al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro para el manejo discrecional de la misma. El artículo 19 de la mencionada ley señala de forma explícita  lo siguiente: «procederá a inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente…«. De igual forma, en el artículo 39 y 41 se establece que si lo consideran pertinente se le concederá “el  carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia» y por tanto la ciudadanía no tendrá acceso al mismo.

La ley Antibloqueo se da en un contexto en el cual el gobierno venezolano está impulsando de manera sistemática un proceso de ajustes económicos de corte neoliberal[1], razón por la cual esta ley constituye un dispositivo que favorece la implementación de proyectos extractivos en todo el territorio venezolano sin consulta pública y pasando encima de los procedimientos y leyes estipulados en la constitución. Esto constituye como se indicó en nuestro reporte de minería de agosto 2020[2], parte de los aspectos claves de un “reformismo neoliberal  autoritario” que se viene desarrollando en Venezuela.

Como parte de este engranaje jurídico institucional, el Ejecutivo nacional ha venido impulsando la aprobación de la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales (ZEE). Dicha ley  permitiría establecer en los territorios, proyectos extractivos sin ningún tipo de restricción ambiental y laboral. Las experiencias en otros países han demostrado que estas zonas económicas especiales sólo profundizan las dinámicas de despojo y fragmentación de territorios[3]. Aunque aún no se ha aprobado de manera formal esta ley orgánica, las Zonas Económicas Especiales ya se han establecido en distintos estados del país. A finales de 2020, se creó la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal (Zeemdef) Nuria en los estados Bolívar y Delta Amacuro. Actualmente se está impulsando la creación de otras ZEE y la modificación de los reglamentos de usos de zonas protegidas.

De este modo, se ha venido configurado en Venezuela una institucionalidad que promueve la expansión de los extractivismos en todo el territorio nacional.

Uno de los antecedentes más tangibles de este proceso de acumulación por desposesión, es la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. A cinco años de su implementación, las consecuencias sociales y ambientales han sido devastadoras. La explotación aurífera y de otros minerales en la Amazonía venezolana ha generado:

• Desplazamiento forzado de pueblos indígenas
• Control de territorios por grupos armados irregulares
• Desapariciones
• Trabajo esclavo
• Aumento de casos de violencia de género en las zonas mineras
• Deforestación y contaminación de cuencas hidrográfica

2. Contexto actual: Crisis migratoria y COVID-19

Es sabido que Venezuela atraviesa una aguda y compleja crisis económica, social y política que ha generado la migración masiva de venezolanos. Según cifras actualizadas de ACNUR, para el mes de julio de 2021 habían 5.649.714 venezolanos y venezolanas migrantes y refugiados en el mundo[4]. Esto constituye una de las más grandes e importantes crisis migratorias de la actualidad, la misma se ha venido acentuando tras la pandemia de coronavirus. Las condiciones de precariedad económica sumado a un debilitado sistema de salud público propician aún más al desplazamiento masivo de venezolanos a buscar refugio en otras latitudes en este contexto de pandemia.

En el mes de marzo, Venezuela atravesó una segunda oleada de casos de COVID-19, lo que acrecentó la grave situación hospitalaria del país. Apenas en junio de junio de 2021, se iniciaron las jornadas de vacunación masiva contra el SARS-CoV-2 en todo el territorio nacional. Sin embargo, las citas para la vacunación se asignan de manera aleatoria a través del Sistema del Carnet de la Patria o por el Ministerio de Salud. Hasta el 16 de julio se han logrado suministrar la cantidad de 4.000.000 dosis, según cifras oficiales.

En algunas localidades, específicamente en la Amazonía venezolana, hay denuncias que indican que se ha excluido a los pueblos indígenas de estas fases de vacunación masivas, mientras se enfrentan a un repunte considerable de casos de coronavirus en el estado Amazonas[5]. De hecho, un reportaje de Radio Fe y Alegría relata el testimonio de una mujer del pueblo Pemón de la comunidad de San Francisco de Yuruaní que indica que ante la falta de medicinas en los centros asistenciales tienen que recurrir a plantas medicinales para enfrentar el COVID-19[6].

3. Minería y desplazamientos de pueblos indígenas

Las condiciones de carestía impulsan a la población venezolana a desplazarse y esto no es la excepción con nuestros pueblos originarios. Sin embargo, es importante acotar que las consecuencias de la actividad minera ha sido un factor importante que motiva el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas.

 La minería ha distorsionado las dinámicas de las comunidades indígenas, muchos de estos pueblos se han visto obligados a irse de sus territorios ancestrales para poder sobrevivir. Según el informe sobre Migración y desplazamientos de poblaciones indígenas de la Amazonía venezolana[7] (2021), existen varios elementos como se puede observar en la siguiente imagen que originan este complejo fenómeno:

La profundización de la crisis política y económica de Venezuela aunado a la expansión de la actividad minera son los principales elementos que ha impulsado a los pueblos indígenas dejar sus hábitats.

El extractivismo minero ha forzado a modificar las costumbres de los pueblos originarios en muchos sentidos. Al no tener los medios para subsistir, los pueblos indígenas se ven forzados a desplazarse a las minas o fuera de territorio venezolano. Aquellos grupos que deciden trabajar en las minas se encuentran con un escenario de violencia minera, muchas veces ejercido por grupos extranjeros armados como lo son el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las Fuerzas Armadas de Liberación de Colombia (FARC). Estos grupos irregulares forman parte del complejo entramado de actores de la minería ilegal. Ellos controlan los territorios y las minas hostigando a las comunidades indígenas. En  abril de 2021 se confirmó el asesinato de un indígena Jivi por parte de estos grupos irregulares. A partir de este homicidio se descubrió que el Ejército de Liberación Nacional tiene un cementerio [8] donde se presume hay por lo menos 30 cuerpos. En abril de 2021 también se reportó el asesinato de un Capitán General de la etnia Jivi junto a otras tres personas más [9]

Al respecto, la Asociación Civil Kape-Kape señala en el informe sobre Violencia minera en comunidades indígenas[10] (2021), que en el estado Amazonas se reportan 100% de casos de víctimas de violencia física hacia las comunidades indígenas en el contexto minero.

Esta situación de precariedad y de acoso por parte de la guerrilla constituyen uno de los factores fundamentales que motivan a los indígenas de la Amazonía venezolana a migrar. Según GRIAM (2021) los pueblos indígenas que tienen mayor número de migrantes son: Jivi, Wötjüja, Curripaco y Eñepa. Se han contabilizado al menos 4.971 indígenas que han migrado hacia Colombia por el eje sur de Amazonas.

En abril de 2021, la organización no gubernamental Fundaredes señaló que en conversaciones con Pablo Tapo, coordinador general del Movimiento Indígena Amazonense[11], este había indicado que en lo que va de este año las comunidades indígenas han sostenido reuniones con estos grupos irregulares, a fin de solicitarles a estos que desalojen sus territorios ancestrales. Tapo señaló que: “estas organizaciones además de desarrollar diversas actividades ilegales, trastornan nuestra convivencia pacífica y armónica con la madre tierra. Por eso  hacemos el llamado al Estado venezolano y a la comunidad internacional y exigimos la salida de ellos de nuestro territorio, ya que cada día se pone más tensa la situación ante el reclutamiento de los jóvenes, separando a las familias y obligándonos a abandonar nuestras tierras”.

Por su parte, la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), publicó en junio de 2021 un comunicado [12] denunciando la invasión  de mineros ilegales y de grupos armados extranjeros en sus territorios.

En el caso del desplazamiento del pueblo Warao en el estado Delta Amacuro, estos viven en condiciones muy precarias. Los Warao han visto diezmado significativamente la actividad de pesca por la contaminación producto de la minería. Al disminuir su fuente de subsistencia han tenido que migrar a otras latitudes siendo Brasil uno de los destinos de preferencia. En junio de 2021 se reportó un grupo de indígenas Warao que caminaron 600 kilómetros para llegar a la frontera[13]. Según la organización Kapé-Kapé hay aproximadamente 6.500 indígenas en condición de refugiados en Brasil.

También se han reportado casos de indígenas de la etnia Warao que se trasladan de Delta Amacuro a el estado Bolívar y son sometidos a trabajo forzado una vez que se encuentran en las minas.

La actividad minera también ha influido en la deserción escolar, muchos jóvenes indígenas prefieren dedicarse a la minería que continuar con sus estudios. Según el estudio de Kapé-Kapé el promedio de  edad de quienes ingresan a trabajar en las minas es de 23 años. Es importante señalar que en el estado Amazonas, muchos niños y niñas se ve imposibilitadas de asistir a las escuelas porque la única forma de traslado es por vía fluvial, la gasolina necesaria para movilizar las embarcaciones para ir a las escuela o a los ambulatorios médicos es desviada para la actividad minera o revendida por contrabandistas a precios que son inaccesibles para los pobladores. Como señala el informe de Kapé-Kapé “La lógica imperante: es más rentable y lucrativo colocar un tambor de gasolina en una mina de oro, que en el transporte escolar fluvial de los niños Yanomami de comunidades Mavaka y Ocamo del Alto Orinoco”.

4. Desapariciones

Otra de las implicaciones que ha traído la minería en Venezuela es el fenómeno de las desapariciones en el contexto minero. Aunque no hay un registro oficial algunas organizaciones de derechos humanos han estimado que en el estado Bolívar han  reportado por lo menos 100 personas desaparecidas en las minas desde 2018 hasta el 2020. El Observatorio Venezolano de Violencia [14] destaca que sólo el 25% de estos casos son denunciados o reportados por tanto, las cifras se estiman sean más altas. Asimismo, destaca que el 50% de estas personas desaparecidas pertenecen a la minería artesanal.

La organización Fundaredes indicó que para el primer trimestre del 2021 se han registrado al menos 25 desapariciones en el estado Bolívar.

Bram Ebus y Thomas Martinelli (2021) en el artículo: Venezuela’s Gold Heist: The Symbiotic Relationship between the State, Criminal Networks and Resource Extraction[15]  destacan que los sindicatos y los grupos armados como la FARC y el ELN ejercen la violencia para controlar las zonas mineras. De allí, que constantemente se reportan asesinatos y desapariciones en dichos lugares.

5. Violencia de género en las zonas mineras

El estudio denominado Formas Contemporáneas de Esclavitud en el estado Bolívar Una perspectiva de género sensitiva[16] (2021), ha develado una importante caracterización de la grave situación de violencia de género que se da en el contexto minero vinculado específicamente al Arco Minero del Orinoco.

Esta investigación señala que hay dos trabajos principales para las mujeres que trabajan en las minas: prostitución o cocineras. “En ambos casos se suscitan formas análogas a la explotación y violencias contra ellas, dada las condiciones en que se produce la relación laboral, de explotación y el contexto donde se desarrollan”.

Son mujeres jóvenes las que son trasladadas a las minas. En el caso de las que son prostituidas algunas pueden llegar a tener hasta 12 años, debido a que mientras menos edad tienen más demanda para su explotación sexual en las minas. Un efectivo de la Guardia Nacional, indicó a las investigadoras que realizaron  este estudio, que en El Callao, hay al menos 3.500 mujeres que se dedican a la prostitución en esta zona minera.

Este estudio señala que las mujeres en las minas son víctimas de: asesinatos, trata de persona, prácticas de esclavitud, explotación sexual, desapariciones y mutilaciones.

En un reportaje de Radio Fe y Alegría [17]una mujer llamada Ana relató su testimonio en las minas de Bolívar. Ella trabajó por varios meses como cocinera y describió las situaciones precarias en las que tuvo que vivir. Asimismo, relató ser testigo de las constantes violencia hacia las mujeres incluso llegó a presenciar como a una mujer le cortaron la mano como medida de castigo ejemplar por haber realizado un auto-robo en las minas.

En el estado Amazonas la situación no es diferente. Según el investigador Luis Montenegro, del  Grupo de Trabajo sobre la Amazonía hay al menos 40 minas de oro y en las mismas hay trata de personas siendo las principales víctimas niñas y adolescentes indígenas[18]. También, destaca que las mujeres indígenas son sometidas a trabajo forzado.

 6. Impactos ambientales de la minería en la Amazonía venezolana.

Los impactos socioambientales de la minería en Venezuela, se han expresados en la destrucción acelerada de los bosques y sus cuencas hidrográficas. Según un estudio de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada[19](Raisg),Venezuela es el país amazónico con mayor proporción de territorios indígenas y áreas naturales afectadas por la minería ilegal. En el 2020 había 1.423 áreas activas de explotación minera en Venezuela lo que constituye el segundo lugar después de Brasil de los países de la Amazonía que tienen mayor número de focos activos activos de minería ilegal en su territorio.

En el gráfico anterior se puede apreciar como la creación de la Zona Económica de Desarrollo Arco Minero del Orinoco produjo un punto inflexión que incidió en el aumento de la pérdida de bosque primario en Venezuela. En el año 2020, según Global Forest Watch se perdió 139kha de bosque[20].

La deforestación por la actividad minera está relacionada con enfermedades como la malaria. De acuerdo, al estudio denominado Malaria en el sur de Venezuela: el punto más caliente de América Latina , Venezuela aumentó más de 10 veces los casos de malaria o paludismo. La mayoría de esos casos se registran en zonas donde hay más minería ilegal y deforestación asociada a esta actividad extractiva[21]. Esta investigación publicada en enero de 2021 revela que la mayoría de los mineros están afectados por malaria. También, se evidenció en dicho estudio que en las zonas mineras con mayor áreas deforestadas hay mayor incidencia de casos de malaria. Sin embargo, el problema no se reduce a las zonas mineras, dado que las personas que por razones económicas van a trabajar en las minas, cuando regresan a sus estados de origen traen consigo el patógeno. De este modo, los vectores que han picado a la persona infectada lo propaga a otras, de allí, la ocurrencia de casos de malaria en diversos estados de Venezuela. De igual manera, las personas infectadas que migran fuera del país pueden propagar el patógeno lo que implicaría un problema de salud para la región.

La minería ilegal se ha expandido a diferentes parques nacionales entre ellos Canaima, Caura, Yapacana y la Serranía La Neblina,  todos ellos territorios ancestrales de pueblos indígenas y reserva importante de biodiversidad. De hecho, Rodrigo Lazo, coordinador del programa Amazonía de Provita ha señalado que la minería constituye uno de las razones del cambio de uso del suelo en la  Amazonía[22] y los parques nacionales sobre todo Yapacana y Canaima han sido uno de los más afectados por la expansión de la minería ilegal.

Aunado a la expansión de las fronteras extractivas en estos parques nacionales, se suma el alarmante dato que revela que en el 2020, Venezuela registró el mayor número de incendios forestales dentro de las áreas protegidas[23].

En el caso de la Amazonía venezolana los focos de incendios están relacionados con el auge de la minería y la ganadería. Con respecto a la minería, el estudio Naturaleza en llamas:20 años de incendios en Áreas protegidas en Venezuela (2021) encontró que en las minas detectadas por vía satelital había incendios a una distancia de menos de 3,6 kilómetros. Adicionalmente, esta investigación pudo localizar otras 14 minas que no fueron detectadas en el informe Raisg.

7.Cuencas hidrográficas contaminadas

Según el grupo Wataniba (Grupo de trabajo socioambiental de la Amazonía), diversos ríos entre ellos el Ventuari, Caura, Caroní, Cuyuní y el Orinoco, presentan altos niveles de mercurio[24]. Este equipo de investigación también ha señalado que actualmente las principales cuencas de la Amazonía venezolana han sido afectadas por el mercurio producto de la actividad minera. Por su parte, la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN) y el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad (BRI) realizó un estudio denominado: La exposición al mercurio de las mujeres en cuatro países latinoamericanos productores de oro (2021) hallando que la mujeres en El Callao (zona minera), estado Bolívar  presentan altos niveles de mercurio en su organismo[25]. Este estudio encontró una correlación entre el consumo de pescado y los niveles de mercurio en el cabello de las mujeres. Esto evidencia el impacto de la minería en los ecosistemas y en la cadena alimenticia.

8.Resistencias socio-territoriales ante la minería en Venezuela

La minería metálica y no metálica en Venezuela se desarrolla en diversos estados de Venezuela. A la medida que se instalan estos enclaves extractivos en los territorios, también surgen movimientos de resistencias contra estos. En Carora, estado Lara, el movimiento social Torrrense, ha venido luchando en contra de los planes de explotación de sílice en el cerro El Plan[26]. Este proyecto de minería no metálica se produce en alianza entre el Estado y una empresa privada. Habitantes del municipio Torres están muy preocupados debido a que este proyecto afectaría el embalse Los Quediche y a todo el ecosistema del cerro El Plan. También en el estado Lara, organizaciones y habitantes de Sarare se han manifestado en contra los planes de explotación de cal y otros minerales en el Cerro La Vieja[27]. La minería en esta zona afectaría el Parque Cerro La Vieja y las  fuentes de agua que se encuentran en esa área que son fundamentales para toda la comunidad, incluyendo a los productores agrícolas de Sarare[28].

Desde el año 2019, organizaciones ambientalistas y pobladores de Altagracia de Orituco han denunciado la extracción de piedra caliza en el Monumento Natural Macaira[29] en el estado Guárico. Advierten que la explotación intensiva de roca caliza impactará este frágil ecosistema.

En el estado Bolívar, las comunidades del pueblo Pemón de San Luis de Morichal sector 4 Cuyuní, se pronunciaron a través de un comunicado[30] en contra la invasión de su territorio por parte de un grupo de mineros ilegales. En este pronunciamiento, esta comunidad  exige a los entes gubernamentales tomar medidas en el asunto e indican que protegerán su territorio de estos invasores no indígenas.

Otro caso emblemático de resistencias contra la minería es la llevada a cabo por los pueblos indígenas Wayuu[31] y Yupka [32]contra la minería de carbón en el estado Zulia. Ambos pueblos tienen años de lucha defendiendo sus territorios de los planes del Estado venezolano de expandir la explotación de carbón tanto en el noreste del estado Zulia como en la Sierra de Perijá.

Venezuela ha triplicado[33] la exportación de carbón a otros países, lo que indica que a pesar de la resistencias de estas comunidades contra los proyectos mineros, se continua avanzando con las prácticas de despojos territorial asociados al extractivismo.

9.Conclusiones

La crisis sociopolítica y económica de Venezuela se concatena y se potencia con la crisis por la pandemia de COVID-19, aumentando las condiciones de vulnerabilidad y carencias de la población venezolana. Transcurrido más de un año del inicio de la pandemia por el coronavirus, se ha evidenciado la profundización  y expansión del extractivismo en todo el territorio nacional. Leyes y normativas son reformadas constantemente para apuntalar dinámicas de apropiación y expoliación socio-territorial como vía para salir de la crisis. Las prácticas extractivas, específicamente la minería ha generado un complejo entramado de actores y dinámicas que agudizan la precaria situación de los venezolanos. Los desplazamientos y en especial los desplazamientos forzados de los pueblos indígenas forman parte de los fenómenos sociales generados por la minería. Ya no son casos aislados, son denuncias y reportes constantes de comunidades violentadas por grupos armados extranjeros que forman parte de la red de minería ilegal en Venezuela.

Los impactos socioambientales de la minería sobre la Amazonía venezolana son evidentes, numerosos reportes e investigaciones revelan la afectación de todo el ecosistema amazónico y el aumento de la minería ilegal en Venezuela. Los territorios han sido fragmentados y continúan fragmentándose bajo una lógica de expoliación incesante promovida por las autoridades gubernamentales. Los efectos socioambientales de la minería en el sur de Venezuela son los más visibilizados, pero este proceso de expoliación se está produciendo en diferentes estados de Venezuela en la actualidad.

 

[1] https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/10/20/ley-antibloqueo-privatizacion-autoritarismo-extractivismo-a-la-carta/

[2] https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/08/19/reporte-situacion-de-la-mineria-en-venezuela-en-tiempos-de-covid-19-agosto-2020/

[3] https://www.ecopoliticavenezuela.org/2021/05/20/venezuela-extractivismo-2021-geografias-del-ajuste-nuevas-estrategias-de-re-colonizacion-y-luchas-por-la-vida/

[4] https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes

[5] https://www.correodelcaroni.com/region/kape-kape-reporta-repunte-de-casos-de-covid-19-en-amazonas/

[6] https://www.radiofeyalegrianoticias.com/los-pemones-solo-tienen-plantas-para-aliviar-el-arautaimu-covid-19/

[7] https://www.ecopoliticavenezuela.org/2021/05/11/migracion-y-desplazamiento-de-poblaciones-indigenas-de-la-amazonia-venezolana-hacia-colombia-informe-griam/

[8] https://pdctv.info/secuestro-asesinado-profesor-indigena-revelo/

[9] https://www.correodelcaroni.com/region/asesinan-a-capitan-general-del-pueblo-jivi-y-a-otras-tres-personas-en-mina-en-el-bajo-caura/

[10]  https://kape-kape.org/wp-content/uploads/pdf/Informe.de.Resultados.Violencia.minera.en.comunidades.indigenas.pdf

[11] https://www.fundaredes.org/2021/04/06/fundaredes-y-lideres-indigenas-exigen-proteccion-ante-presencia-del-eln-y-farc-en-amazonas/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost

[12]  https://www.ecopoliticavenezuela.org/2021/06/29/comunicado-orpia-ante-la-necesidad-de-proteger-los-territorios-indigenas-ancestrales-en-la-amazonia-venezolana/

[13] https://www.ecopoliticavenezuela.org/2021/07/07/desplazamiento-forzado-y-esclavitud-el-drama-de-los-indigenas-warao-en-venezuela/

[14] https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/desapariciones-forzadas-vinculadas-a-la-mineria-tienen-lugar-en-bolivar/

[15] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/blar.13246

[16]  https://www.ecopoliticavenezuela.org/2021/05/21/informe-ucab-formas-contemporaneas-de-esclavitud-en-el-estado-bolivar-una-perspectiva-sensitiva-de-genero/

[17] https://www.radiofeyalegrianoticias.com/el-hambre-la-llevo-a-las-minas-de-bolivar/

[18] https://www.ecopoliticavenezuela.org/2021/05/28/desastre-ambiental-y-sociocultural-al-sur-del-rio-orinoco-originado-por-la-mineria-ilegal-y-presencia-de-grupos-irregulares/

[19] https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/12/16/venezuela-el-pais-amazonico-con-mayor-proporcion-de-territorios-indigenas-y-areas-naturales-protegidas-afectados-por-mineria-ilegal-informe-raisg/

[20] https://www.globalforestwatch.org/

[21] https://www.ecopoliticavenezuela.org/2021/03/11/mineria-y-deforestacion-alimentan-focos-de-malaria-en-venezuela/

[22] https://www.correodelcaroni.com/sociedad/ambiente/la-actividad-agropecuaria-va-a-la-cabeza-del-cambio-del-uso-de-la-tierra-en-la-amazonia-venezolana/

[23] https://prodavinci.com/naturalezaenllamas/index.html?h3270621

[24] https://watanibasocioambiental.org/areas-naturales-protegidas-y-los-territorios-indigenas-de-la-amazonia-venezolana-protegidos-de-su-destruccion/?fbclid=IwAR2lgzKfFP7WVj0IRG_6w9iqK4IA37VkPY1bSWE1Axpx1GFoAxNEJAtmccE

[25] Bell, L. y Evers, D. La exposición al mercurio de las mujeres en cuatro países

latinoamericanos productores de oro: niveles elevados de mercurio hallados entre mujeres

en lugares donde se utiliza el mercurio en la extracción del oro, contaminando así la cadena

alimenticia. Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN), junio de 2021.

[26] https://www.ecopoliticavenezuela.org/2021/03/23/habitantes-de-carora-protestan-contra-mineria-de-silice-en-el-cerro-el-plan/

[27] https://www.ecopoliticavenezuela.org/2021/03/04/convocan-caminata-ecologica-en-defensa-del-cerro-la-vieja-ante-el-anuncio-de-concesiones-mineras/

[28] https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/07/23/lara-campesinos-denuncian-desalojos-arbitrarios-en-sarare/

[29] https://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/08/29/denuncian-mineria-monumento-natural-morros-macaira-guarico/

[30] https://www.ecopoliticavenezuela.org/2021/02/23/pronunciamiento-de-la-comunidad-indigena-pemon-de-san-luis-de-morichal/

[31] https://www.ecopoliticavenezuela.org/2018/01/18/mapa-de-conflictos-socio-ambientales-indigenas-wayuu-del-socuy-defienden-sus-territorios-ante-el-avance-de-proyectos-vinculados-a-la-extraccion-de-carbon/

[32] https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/09/23/mineria-de-carbon-en-la-sierra-de-perija-zulia-homo-et-natura-en-podcast-voces-contra-la-mineria/

[33] https://www.larepublica.co/globoeconomia/exportaciones-de-carbon-venezolano-crecen-y-eeuu-intensifica-sanciones-al-petroleo-3073037

Hoy 22 de julio conmemoramos el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, un día que para la población venezolana debe ser bandera fundamental de lucha por nuestro ecosistema, la vida y los territorios. Venezuela se encuentra más que nunca amenazada por las fuerzas del extractivismo que avanzan sobre el territorio venezolano arrasando con Parques Nacionales, Monumentos Naturales y espacios vitales para muchas comunidades y pueblos del país.

La minería a cielo abierto es aquella que se realiza en la superficie del terreno y no de forma subterránea, removiendo enormes cantidades de material para poder acceder al mineral, generando grandes socavones, enormes hoyos profundos y la destrucción de montañas.En Venezuela tenemos varios casos de minería a cielo abierto, el más relevante es el del famoso cerro La Parida, hoy conocido también como Cerro Bolívar. Esta es una de las minas más fabulosas de hierro, la cual es explotada desde la década de los 50’s del siglo XX, la cual constituye  evidencia de la destrucción de una montaña anteriormente frondosa y llena de vida, convertida en terrazas muertas de barro ferroso. Es importante detenerse en este caso, pues es considerado como un epítome de la minería “responsable” y “sustentable” defendida por los corifeos del desarrollo. Hasta ahora han habido pocas críticas sobre la devastación que se provocó con esta explotación y en las otras montañas circundantes en el llamado Cinturón Ferrífero de Guayana. Actualmente, en medio de la devastación provocada por la minería irregular amparada en el proyecto del Arco Minero del Orinoco, no debemos olvidar que el modelo del mismo, emanado del Decreto 2.248 del 2016 plantea un desarrollo minero de este tipo, sin embargo, las complicaciones económicas y las sanciones de los Estados Unidos privaron al Gobierno de las inversiones de grandes empresas que desarrollaran la minería a cielo abierto.

Paradójicamente los grupos de oposición vinculados a la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó han promovido una nueva ley de minería, impulsada por el diputado Elías Matta, que prevé la transformación del Arco Minero existente en el aspirado por el decreto del Gobierno de Maduro de 2016, “poniendo orden” y trayendo capitales que desarrollen la minería a cielo abierto en las áreas afectadas, “de forma responsable y sustentable”; propuestas apoyadas por organizaciones que se han declarado contrarias al proyecto del Arco Minero. Este discurso de organizar y racionalizar la explotación minera del Arco Minero, es también parte del discurso oficial del Gobierno, para sostener el avance de su proyecto y justificarlo, como herramienta de lucha contra la llamada minería ilegal. Una coincidencia de discurso que sólo encuentra el enfrentamiento en las acusaciones sobre la realidad de esos territorios en un terreno político y polarizado.

Ver también: El nuevo proyecto de Ley de Minas o la continuación “ordenada” del saqueo extractivista.

Otro caso emblemático de esa minería “legal” y “sostenible” se puede observar en el caso de Los Pijiguaos, también en el estado Bolívar y que afectó territorio y comunidades indígenas, así como ha dejado un grave cuadro de pobreza, desarraigo, exclusión, miseria y esperanzas inciertas en la comunidad fundada alrededor de la mina. Más cerca de Caracas, en la frontera entre los estados Aragua y Miranda tenemos otro grave caso de minería a cielo abierto para la extracción de níquel en el cerro llamado Loma de Hierro, esta ha provocado conflictos con las comunidades agrícolas de los alrededores por la gran contaminación provocada por la actividad minera y la destrucción de la montaña.

El estado Lara es un ejemplo destacable de las amenazas de la minería a cielo abierto, pues actualmente se vienen desarrollando dos grandes proyectos cargados de mucha conflictividad. En el cerro El Plan, fundamental para la cuenca de Los Quediches, se está impulsando un proyecto de minería de sílice que ha movilizado a los vecinos del sector por la protección de sus ríos y tierras. El otro caso, el del cerro La Vieja ha sido también catalizador de grandes movilizaciones y protestas, además de los innumerables abusos y arbitrariedades impulsadas por los promotores de la misma.

Ver también: Lara: Alertan que explotación de sílice en Carora podría dejar sin agua a más de 400 mil familias

En el estado Guárico el Monumento Natural Morros de Macaira es amenazado por la minería a cielo abierto según denuncias de periodistas de la región, la cual es promovida por la alcaldía del municipio Monagas y la gobernación del estado. Otro caso emblemático ha sido los intentos de desarrollar la minería del carbón en la cuenca del Guasare, en el estado Zulia, resistida por los indígenas Wayuu y Yukpa; proyecto que tiene varios años en intento de desarrollo y de resistencia. En la Guajira colombiana la minería de carbón a cielo abierto si se ha desarrollado con eficacia, bajo métodos “ordenados y sustentables”, afectando un espacio de 11.000 hectáreas y suscitando graves conflictos a las comunidades Wayuu, las cuales se han encontrado en una situación de indefensión ante la empresa minera y  un Estado que antepone los intereses de la minería sobre la de los pueblos indígenas y ciudadanos. Los principales problemas que podemos observar en un reporte de la Deutsche Welle, es la degradación de las fuentes de agua y ríos, enfermedades respiratorias, desplazamiento y desarraigo. Un espejo importante donde debemos vernos.

Ver también: Minería de carbón en la Sierra de Perijá, Zulia: Homo et Natura en Podcast Voces contra la minería

La minería a cielo abierto suele ser promocionada como una fuente de ingresos fiscales, fuente de empleos y de riqueza para las regiones afectadas y para el país donde se explotan; sin embargo la realidad ha sido totalmente distinta. Las áreas mineras en general son las más pobres en sus respectivos países, incluyendo los Estados Unidos, en Virginia del Oeste, la mayor área minera de la costa Este de ese país, es el estado más empobrecido de esa nación. Igualmente se puede observar en toda Latinoamérica, como las áreas mineras son las más pobres, las fuentes de trabajo escasean y son copadas por foráneos. Los países donde se explotan las minas reciben menos beneficios económicos que los gastos que ocasiona limpiar y contener los daños producidos por las grandes explotaciones mineras. Sostenibilidad y Racionalidad son eufemismos que no se corresponden con la realidad de estos proyectos.

Los mineros ven como se deteriora su salud día a día por la constante exposición a sustancias tóxicas bajo condiciones de trabajo inseguras; los ríos son contaminados y las empresas utilizan su poder financiero para imponerse sobre los derechos humanos, el sistema democrático y los intereses de las comunidades y habitantes de los territorios. La minería a cielo abierto representa una seria amenaza para la existencia humana, que debe replantearse, no sólo la propia actividad, sino la forma de vida que alienta su existencia y nos impulsa a un consumo desmesurado de minerales. Debemos reflexionar sobre nuestro modo de vida y de consumo y cómo afecta nuestra propia supervivencia, entre las cuales está la minería como una de las facetas más devastadoras.