Con más de 150 detenciones y decenas de denuncias de amenazas y agresiones, los representantes sindicales de Venezuela ven hoy su sector como el más golpeado del país y critican que el gobernante Nicolás Maduro asegure ser uno más de ellos al venderse como «presidente obrero».

Para miembros de la denominada Coalición Sindical de Venezuela, la situación de los líderes gremiales es «compleja» y, en algunos casos, se atreven a señalar que la «persecución» del Gobierno en su contra puede ser mayor si algún sindicalista milita en un partido de oposición, un sector que también denuncia hostigamiento.

«La persecución ahorita es súper fuerte, nunca en la historia democrática venezolana (…) se había perseguido tanto al trabajador como se persigue ahora», sostuvo el coordinador del sector judicial de la coalición, el abogado Emilio Negrín, en una entrevista con Efe.

Negrín, ahora disidente del chavismo, indicó que en lo que va de año se han registrado 11 detenciones de dirigentes sindicales y que, en total, hay 151 líderes apresados desde hace unos 10 años.

«Son 151 trabajadores que están en un limbo jurídico puesto que no se ha cumplido con ninguno de los procedimientos penales establecidos en la Constitución; hay detenidos que tienen un año sin audiencia preliminar», sostuvo al tiempo que señaló que todos están acusados por las mismas faltas.

LOS MISMOS DELITOS

«Aquí todas las personas que se enfrentan al Gobierno son procesadas por instigación al odio, asociación para delinquir y terrorismo», resaltó.

Según Negrín, la «persecución» y la «agresión» no distingue profesión; es contra todos los trabajadores que están al frente de demandas por mejoras laborales.

Las detenciones de líderes gremiales, críticos con el Gobierno, ocurren en su mayoría en estados del interior del país, donde las consecuencias de la crisis venezolana son más profundas. Tanto en el occidente, como en el oriente, los fallos por luz, agua, gas, gasolina y otros servicios públicos son constantes.

La crisis social repercute directamente en los trabajadores que, además de quejarse de estas situaciones, demandan mejoras laborales pues, según sus propias opiniones, el Gobierno se ha alejado de su ideario: el estar del lado de los empleados o de la «clase obrera», como la denomina Maduro.

Con unos salarios que, con suerte, pueden ir desde los 3,5 a los 30 dólares mensuales en la administración pública y dependiendo de la profesión, los gremios sindicales han visto cada vez más mermadas sus condiciones laborales y, por ello, han sido protagonistas de protestas, especialmente en el sector salud y de educación.

Pero también han sido protagonistas los trabajadores de las empresas de minería o de la petrolera Pdvsa que denuncian el «desmantelamiento» de las compañías.

UN CASO EMBLEMÁTICO

Tal es el caso de Rodney Álvarez, un sindicalista de la Ferrominera del Orinoco que lleva diez años preso acusado de asesinar a otro trabajador durante un acto, aunque el imputado niega haber cometido ese delito.

Su caso se ha vuelto una bandera entre los sindicalistas, ya que aseguran que su compañero no cometió el delito y que las personas que asistieron a una asamblea de trabajadores son testigos de ello.

Según señalan, las «únicas» pruebas son testimonios «falsos» presentados por la Fiscalía.

La coalición sindical, además, se ha quejado de que Álvarez lleva diez años preso en un proceso que fue «dilatorio», porque recientemente fue condenado a 14 años de cárcel y las autoridades se niegan a contabilizar todo el tiempo que lleva en prisión como parte de la pena.

LA COMPLEJIDAD DE LA LABOR

Los líderes de cada sector laboral reconocen que sienten miedo cada vez que realizan denuncias, pero señalan que aún bajo ese escenario seguirán haciéndolo.

«En estos momentos es bastante difícil (ser sindicalista) tomando en cuenta que los valores o las luchas de los gremios de los sindicatos tradicionales, históricamente, ha sido la mejora salarial, por las mejoras de las condiciones del trabajo, por la mejora de la seguridad social y son cosas que en estos momentos no existen en Venezuela», sostiene el líder y médico Rafael Arreaza.

Arreaza, quien también fue presidente del Instituto de Seguridad Social hace 20 años, señaló que varios médicos y enfermeros han sido detenidos en medio de protestas en diferentes estados del país.

Recordó como a finales de junio intentaron detener en Anzoátegui (oriente) al líder sindical del hospital Luis Razzetti de ese estado, Edinson Hernández, por denunciar «la carencia absoluta» de insumos en el centro de salud.

Y aún cuando el sector salud es uno de los presentes en denuncias por la carencia en los hospitales, Arreaza coincide en que «todos los trabajadores han sido tremendamente golpeados en todas sus condiciones y medioambiente de trabajo (…) los trabajadores lo han perdido todo».