Ese fue el mensaje de Leonidas Iza Salazar, presidente de la CONAIE en el “Encuentro de Organizaciones y Pueblos del Sur: Sí al agua, no a la minería”, que se dio en la comuna Zhiña, del cantón Nabón en Azuay los días 31 de julio y 1 de agosto del año en curso.

En su intervención ratifico que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades son los titulares de derechos consagrados en la constitución, ahí están agrupados los pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios, mestizos, pero sobre todo las colectividades que defienden los territorios, la naturaleza y la vida. Hizo el pedido para consolidar las agendas territoriales y evitar estar disgregados.

Tomando en consideración que el territorio es el derecho mayor para el ejercicio efectivo de los demás derechos colectivos; pues, el territorio es el espacio donde se ejercen el autogobierno, la Educación Intercultural Bilingüe, la justicia indígena, y más aspectos fundamentales. Por esta razón, es imprescindible la defensa de los territorios impulsada desde los gobiernos y las guardias comunitarias locales, para luego tener una cobertura nacional articulada para la defensa de la naturaleza, los páramos y las fuentes de agua.

Planteó ejecutar diversas estrategias de defensa territorial y la necesidad de organizar un frente nacional contra el extractivismo. Los riesgos que representa la minería y el extractivismo no solo afectan a las comunidades indígenas, la población de las ciudades debe comprender que también es parte de esta problemática pues consume y hace uso del agua que los luchadores sociales defienden hasta con la vida. De igual manera, la ciudadanía, organizaciones, colectivos y pueblos deben asumir que la defensa del agua no es un asunto político sino de sobrevivencia. Por eso queremos la unidad de todos para esta causa, añadió.

Los 21 derechos colectivos se deben ejercer de manera integral y unificada, la consulta previa libre e informada es válida cuando responde a su esencia que es la defensa de la vida, pero muchas veces se usa como instrumento para disuadir la lucha social. En ese sentido, mencionó el rechazo a la criminalización de la protesta social, que busca con los operadores de justicia, mezclar los delitos comunes con situaciones de defensa de los derechos y los territorios, para esto insistió en la necesidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal COIP, identificando que el derecho a la protesta, la resistencia está garantizado en la constitución y en tratados internacionales. “Los mismos que nos criminalizan toman el agua que nosotros defendemos”, dijo el principal líder del movimiento indígena del Ecuador.

También argumentó sobre la urgencia económica actual que atraviesa el país, sobre los temas del alza de combustibles, soberanía alimentaria, reactivación económica de los campesinos, motivos por los cuales trabajan en documento que se hará público los próximos días. Enfatizó que el gobierno nacional debe escuchar y entender cómo los indígenas y campesino están pagando la crisis; los productos que salen del campo son baratos, pero quienes se enriquecen son las grandes cadenas comerciales e intermediarios. Por ello se necesitan políticas para asegurar la soberanía alimentaria, la producción y las actividades agropecuarias de quienes generan al país más del 70% de la producción nacional y alimentos.

Sobre el posible diálogo con el gobierno expresó que se hará adelantando las propuestas, decisiones que el movimiento indígena, los sectores sociales populares han dicho en este tiempo, no caerán en el juego de las mesas técnicas porque no han dado resultados y han sido un instrumento de disuasión.-