Las constantes denuncias de represión, asesinatos y desaparición forzada que padecen los yaquis no encuentran eco entre las autoridades mexicanas, las cuales se limitan a registrar los hechos y abrir carpetas de investigación con escasos resultados.
La dirigencia yaqui señala como responsables de esta ola de violencia a las bandas de crimen organizado, pero también a los intereses de las empresas detrás de la actividad minera.