Es importante que el gobierno respete la autonomía de las rondas campesinas, y saquemos lecciones como sociedad de los importantes aportes que han hecho estas organizaciones en su eficiente lucha contra los delitos y en una administración de justicia más efectiva y diligente. 

 En los últimos días algunos programas periodísticos han puesto sobre la mesa el supuesto “riesgo” que significaría que se empiece a traer la experiencia de las rondas campesinas a las calles de Lima.

Esto surgió porque según los medios, algunos adherentes de Perú Libre, partido del Presidente Pedro Castillo, habrían abierto una suerte de escuelas de formación de rondas urbanas en Lima. Este hecho, que no sabemos si es cierto o no, ha llevado a que algunos medios pongan, en su línea editorial, el tema de las rondas urbanas como algo preocupante.

Estos medios y los “especialistas” que citan en sus coberturas, señalan que el gobierno estaría buscando traer a los ronderos del campo a la ciudad y formar huestes de rondas en las ciudades, siguiendo los esquemas empleados en Cuba, Venezuela, o Nicaragua donde se habrían formado colectivos armados auspiciados por sus gobiernos, para defender sus políticas frente a la oposición.

Creemos importante aclarar este tema para que no se cree situaciones que generan temor o zozobra innecesariamente. Una primera aclaración, es que la idea de promover rondas urbanas no es una idea nueva dentro de las estrategias de seguridad ciudadana. Es más, ya existen rondas de seguridad urbana en diversas ciudades de regiones del país como Cajamarca, San Martín, Amazonas, Piura y Lambayeque.

Las rondas urbanas tienen menos años que las rondas campesinas y ya han se han propuesto iniciativas y proyectos de ley para normarlas. Por su parte otros mecanismos ciudadanos de seguridad, como las juntas vecinales son reconocidos mediante Ley Nº 27933 del Sistema nacional de seguridad ciudadana[1].

En ella se señala que las juntas son mecanismos de organización ciudadana que complementan la actuación de la policía y el serenazgo en la seguridad de los barrios. Habría que ver cómo vienen funcionando, tanto las juntas vecinales como las rondas urbanas, su nivel de contribución y determinar cómo mejorar su regulación.

Sobre las rondas campesinas que actualmente vienen siendo muy cuestionadas por un sector de los medios, cabe recordar que surgieron a mediados de los años 70 en la provincia de Chota, en la región Cajamarca, y nacieron como una respuesta de los campesinos para afrontar la amenaza del abigeato y el crimen en sus zonas, que no eran debidamente atendidos por la policía ni las autoridades de justicia.

Por eso las rondas lograron no solo la detección de los delincuentes de forma efectiva y comunal, sino que en muchos casos lograron la reeducación y reinserción de los que cometían los actos delictivos. Desde entonces las rondas han ido expandiendo sus competencias a la administración de justicia comunal en sus territorios, y han ganado mucha legitimidad por su naturaleza democrática, transversal y cercana a las necesidades de la población rural, los que les ha valido reconocimiento mediante varias leyes, como la Ley de Rondas Campesinas N°27908 y en la propia Constitución.

las rondas han ido expandiendo sus competencias a la administración de justicia comunal en sus territorios, y han ganado mucha legitimidad por su naturaleza democrática, transversal y cercana a las necesidades de la población rural

Las rondas desde entonces han luchado porque ese reconocimiento se concrete en las políticas públicas del Estado. Sin embargo, la relación con éste ha experimentado diversas tensiones, así tenemos que han sufrido varios intentos de control o debilitamiento (con paralelismos) de parte de los gobiernos. Recordemos que en el gobierno de Alberto Fujimori en los años 90 se promovió la creación de los Comités de Autodefensa en la sierra sur del país, como parte de su estrategia contrasubversiva. Esos comités fueron financiados y armados por el gobierno y han mantenido una estrecha relación de colaboración con las fuerzas armadas.

Por otro lado, entre los más recientes intentos de crear normas que desafían la autonomía de organizaciones como las rondas, está la “Ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana”, que fue aprobada por el Congreso anterior, pero fue observada por el ex presidente Francisco Sagasti. Esta concitó el rechazo de diversos gremios, como la central de las rondas, la CUNARC, así como AIDESEP, CCP, CNA, FEMUCARINAP entre otras organizaciones sociales porque vulneraba la autonomía de las comunidades campesinas e indígenas y buscaba militarizar el campo, bajo el mando de las FFAA y PNP.

Sobre el debate y campaña actual en relación a las rondas, los voceros de ellas, como Santos Saavedra, presidente de la CUNARC, han señalado con toda claridad y contundencia, que no pretenden traer las rondas del campo a la ciudad ni están buscando el financiamiento estatal.

A partir de lo señalado, consideramos que es importante que el gobierno respete la autonomía de las organizaciones sociales, como las rondas campesinas, y saquemos lecciones como sociedad de los importantes aportes que han hecho estas organizaciones en su eficiente lucha contra los delitos y en una administración de justicia más efectiva y diligente. Muchas veces las normas y la administración pública pueden mejorar, recogiendo las experiencias desarrolladas por la propia gente en su realidad local, como debería ser en este caso.

Nota:

(1) https://institutodeseguridad.edu.pe/wp-content/uploads/2020/03/Ley-27933-del-Sistema-Nacional-de-Seguridad-Ciudadana.pdf