Para justificar los decretos emitidos por el gobierno sobre el green pass, pero también toda la forma en que se ha gobernado políticamente la pandemia, se suelen mencionar razones científicas en las que se basan estos decretos. Merece la pena reflexionar un poco sobre el vínculo entre ciencia y política que se está estableciendo imprudentemente de esta manera, sin considerar si las consecuencias que implica son aceptables o no.

Cuando Mussolini decidió introducir las leyes raciales en Italia, se preocupó principalmente de darles una legitimación y un fundamento científico. Por esta razón, un mes antes de la publicación del primer decreto-ley del 5 de septiembre de 1938, apareció en el Giornale d’Italia del 14 de julio una declaración firmada por diez ilustres científicos, todos ellos profesores de las principales universidades italianas (la lista de los cuales me gustaría que leyeran los virólogos y los médicos que hoy se pronuncian con tanta seguridad sobre lo que la ciencia demuestra infaliblemente) en la que se afirmaba sobre bases «puramente biológicas» que las razas existen y que los judíos no pertenecen a la «raza italiana pura».

Para una mente mínimamente atenta y responsable, esto debería dar lugar a dos órdenes de consideraciones: la primera es que pretender fundar en razones científicas decisiones que por su propia naturaleza implican consecuencias políticas es extremadamente arriesgado; la segunda es que competencia científica y conciencia ética no van necesariamente de la mano y que, de hecho, si se recuerda que algunos científicos considerados importantes en su momento no dudaron en utilizar a los deportados de los lager como conejillos de indias humanos para sus experimentos, muy a menudo parecen divergir. Y no estará de más recordar que la primera vez que un Estado asumió programáticamente el cuidado de la salud de los ciudadanos fue en julio de 1933, cuando Hitler, inmediatamente después de llegar al poder, promulgó un decreto para proteger al pueblo alemán de las enfermedades hereditarias, que llevó a la creación de comisiones médicas especiales que decidieron la esterilización de unas 400 000 personas.

Es menos conocido que, mucho antes del nazismo, se había planificado una política eugenésica, poderosamente financiada por el Carnegie Institute y la Rockefeller Foundation, en Estados Unidos, particularmente en California, y que Hitler se refirió explícitamente a ese modelo. Si la salud se convierte en objeto de una política estatal transformada en biopolítica, entonces deja de ser algo que concierne principalmente a la libre decisión de cada individuo y se convierte en una obligación que debe cumplirse a cualquier precio, por alto que sea.

No se trata aquí, lo recordamos una vez más, de equiparar fenómenos históricos diferentes, sino de hacer reflexionar a los científicos, que parecen poco sensibles a la historia de sus propias disciplinas, sobre las posibles implicaciones de un nexo asumido acríticamente entre ciencia y política. Al igual que el derecho y la vida no deben confundirse y el legislador, como recuerda la Constitución, debe ser especialmente cauto cuando toca la vida y la dignidad de la persona, tampoco derecho y medicina deben pretender coincidir.

La medicina tiene la tarea de curar las enfermedades de acuerdo con los principios que ha seguido durante siglos y que el juramento de Hipócrates —que los médicos de hoy parecen ignorar y transgredir en muchos puntos esenciales— sanciona irremediablemente. Si, al entrar en un pacto necesariamente ambiguo e indeterminado con los gobiernos, se coloca en cambio —implícita o explícitamente— en la posición de legislador, no sólo, como hemos visto en Italia para la pandemia, esto no conduce necesariamente a resultados positivos en el plano de la salud, sino que puede conducir a limitaciones inaceptables de las libertades de los individuos, con respecto a las cuales las razones médicas pueden ofrecer, como debería ser evidente para todos hoy, el pretexto ideal para un control sin precedentes de la vida social.