Colombia: Territorios, pueblos y guerra continuada

 

A modo de recorte de realidad, nos referiremos al fenómeno de la violencia y despojo pendular que hoy regresa en Colombia a pesar de la firma de un importante acuerdo de Paz. Las razones son varias como la profundización del modelo extractivo de recursos, un funcional abandono estatal, el incumplimiento del Acuerdo de Paz y una alianza criminal perversa que ha cooptado la democracia y el Estado. Nos referiremos a tres casos: Bajo Cauca, Ituango y Murindó. Los tres ubicados en el Departamento de Antioquia, ubicado en la Región Andina de Colombia.

En la era digital, el avance tecnológico y la necesidad de una rápida transición energética en el marco de la matriz de producción capitalista, trae consigo un acento especial en el tipo de minerales que se deben buscar y extraer de manera rápida, se estima que se incrementará cerca de un 500% de cara a 2050 en el caso del litio, grafito y cobalto, mientras que la de cobre y aluminio aumentará aproximadamente un tercio para 2040 y la de níquel, dos tercios. En cuanto a la demanda de tierras raras (neodimio, disprosio…) para turbinas eólicas podría incrementarse entre 11 y 14 veces en 2050 en comparación con 2018. (Mangas , 2021)

Así también se ratifica en el Informe de 2020 del Banco Mundial: Minerales para la acción climática: la intensidad de los minerales de la transición a las energías limpias (Banco Mundial, 2021).

Esta realidad genera consecuencias directas en los territorios que poseen una carga importante para extraer dichos recursos, sean zonas ya cooptadas para la extracción de otros minerales previamente, zonas en las que tal vez se respiraba cierta tranquilidad o en zonas aún no expoliadas. El modelo neoliberal extractivo no varía, cambia su atención en el tipo de minerales a conseguir.

Por un lado y a la par, esta realidad presiona el legal tránsito de la tenencia de la tierra hacia manos privadas, y por otro, el incremento de la violencia estatal e ilegal para tal fin, en zonas donde la propiedad sea colectiva, consuetudinaria, comunitaria, anclada a la diversidad étnica y cultural de los pueblos.

Todo bajo la excusa y argumento de atraer inversiones para estimular el desarrollo, de esta manera, los sucesivos gobiernos buscan privatizar la tierra mercantilizando su uso, acentuando una contundente amenaza para el hábitat miles de millones de personas y el propio medioambiente.

Este sistema en cadena, no contempla ni asume como importante las economías rurales, los sistemas colectivos y consuetudinarios de tenencia de la tierra, el entramado de sistemas culturales, sociales, ancestrales que se constituyen en los diferentes territorios y que han configurado los pueblos y su historia.

La excusa siempre será la explotación de recursos para lograr el objetivo de un “desarrollo sostenible” pero en realidad se trata de consolidar las ganancias de empresas, bancos, corporaciones e individuos ricos; continuando con la lógica capitalista de la acumulación de la riqueza por encima ya incluso de misma subsistencia humana. Así lo manifiestan diversos informes emitidos por Oakland Institute (Oakland Institute, 2020)

El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de 2021, complejiza aún más este panorama en tanto advierte de una catástrofe global si no detenemos el impacto del ser humana sobre el planeta, urge un cambio esencial del modelo económico, político, cultura, valórico; lo peor es que, ya tenemos poco tiempo para dar los pasos adecuados (IPCC, 2021).

Un cambio real aún no se vislumbra en el mundo y mucho menos en los países que se asumen como “en vías de desarrollo” o dependientes, con economías precarizadas y con dramas humanitarios complejos como es el caso de Colombia donde se ha impuesto este sistema económico extractivo devastador gracias a una alianza perversa entre una élite mafiosa, empresarial y de clanes político que se han articulado cooptando la democracia y la institucionalidad, logrando así un rediseño institucional funcional a la medida de su mezquindad.

Esta alianza perversa ha logrado gestar durante años, un entramado normativo, marcos y políticas de acción que privilegian este caos social y ambiental; así, este modelo extractivo-neoliberal se cimienta sobre la guerra como método para asfixiar toda posibilidad de cambio, todo impulso de transformación gestado desde los pueblos y para aplastar toda posibilidad de una Paz Transformadora.

Esta alianza perversa incluso ha logrado trastocar la misma cultura y el sentido común de sectores importantes de la población, generando escalas de valor que benefician este sistema inhumano de cosas. En este sentido, por ejemplo, ya parece haberse naturalizado que el Estado por acción u omisión le imponga toda su fuerza militar y aparataje jurídica a modo de una sostenida pedagogía del terror a los pueblos rurales-urbanos que se levantan y organizan buscando soluciones a la insoportable opresión, exclusión, inequidad, empobrecimiento, pueblos que luchan por la defensa de sus territorios, el agua, la vida y que se oponen a esas políticas extractivas que laceran la vida.

Esta alianza perversa, ya histórica, es la que hoy alimenta el motor que mantiene la tensión pendular de una violencia legal e ilegal que parece no detenerse, sino que por el contrario marca tiempos de ida y retorno de una insoportable guerra en los territorios que tienen la “maldición” de contar con una extraordinaria riqueza natural.

La hidra capitalista avanza en las regiones colombianas.

Los sucesivos y recientes gobiernos neoliberales, en sus Planes Nacionales de Desarrollo (PND) han puesto todo su énfasis en profundizar una Política extractiva (Grisales Gonzalez & Insuasty Rodríguez, 2017), el Gobierno de Iván Duque no es la excepción.

Duque no solo ha plasmado dicho interés en su Plan Nacional de Desarrollo, sino que también lo dejó enquistado en el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) del mes de febrero de 2021, titulado: Política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente: Nuevo compromiso por el futuro de Colombia​. En este documento oficial, se dejaron trazadas las directrices que orientan la llamada reactivación económica ante los impactos de la crisis generada por la Pandemia Covid-19 en el país, para tal fin, se destinarán más de 135 Billones de pesos colombianos del año 2021 al 2026.

En esencia, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Reactivación económica del Gobierno Duque, se centran en repotenciar el sector extractivo y propende por la superación de los obstáculos administrativos, institucionales, medioambientales y sociales que puedan retardar la activación de los megaproyectos, impulsar las alianzas público-privadas, redestinar recursos derivados del proceso de paz hacia la bioeconomía, apostar por la reconversión del campesino en agente económico del capitalismo verde, como lo es la figura de “campesino guardabosque”, entre otras.

En este mismo sentido, la implementación de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) derivados del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y la guerrilla de las Farc-Ep se vienen trazando mediante el Plan de Zonas Intervención Integral (ZII) (Procuraduría General de la Nación, 2021) retornando a la política de estabilización territorial conocidas como Zonas de Consolidación ahora bajo la figura ahora de “paz con legalidad” (CEPDIPO, 2021).

Es decir, se trata de torcerle el cuello al espíritu mismo del acuerdo de Paz, negándolo, incumpliéndolo o haciéndolo girar hacia un plan esencialmente militar y no social bajo lo lógica económica imperante, permitiendo con ello fortalecer la implementación de los mega-negocios y no el buen vivir para los pueblos, mucho menos impulsando el cuidado de la madre naturaleza, asuntos que pasan al plano de lo cosmético.

El presidente Santos (2010-2018) muy claro manifestó en el Congreso Minero de 2017,

vamos a seguir trabajando con el sector para garantizar las mejores condiciones, de modo que puedan operar con tranquilidad, que puedan seguir creciendo, que puedan seguir generando empleo y que puedan seguir atrayendo, eso que para nosotros es tan importante, atrayendo inversión (Sistema Informativo del Gobierno, 2017).

El presidente Duque de igual manera se comprometió públicamente, en el marco del desarrollo del congreso anual de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) – 2019, ante las empresas que controlan los Títulos y la explotación minera en el país a crear una unidad especial para combatir la extracción ilegal de minerales y sobre todo, ajustar la normativa de las consultas previas para evitar que las comunidades se opongan a los mega proyectos (Betancur Betancur, 2019).

Vale resaltar que en 2018 la Gran Colombia Gold en tono fuerte le exigió una intervención militar y el uso “cualquier otra fuerza” para expulsar a los mineros informales que realizan actividades sin título en sus proyectos de Segovia, Antioquia, y Marmato, Caldas (Betancur Betancur, 2019).

Todo está servido para los negocios ilegales-mafias y para que las empresas nacionales-extranjeras que poseen Títulos Mineros en la zona, siempre bajo la protección contundente del Estado, expolien los bienes naturales y de los pueblos.

Bajo Cauca, Ituango y Murindó (Antioquia).

A modo de recorte de realidad, nos referiremos a este fenómeno de la violencia pendular por la captura legal e ilegal de tierras para la extracción de recursos en zonas como Bajo Cauca, Ituango y Murindó (Antioquia), una pequeña muestra de lo que hoy ocurre en gran parte del territorio nacional y sobre todo, en zonas en las que se sintió una tranquilidad transitoria luego de la firma del acuerdo de Paz suscrito entre las Farc-Ep y el Estado colombiano, pero que, como consecuencia de: el incumplimiento del acuerdo de Paz por parte del mismo Estado, a su funcional abandono evidenciado por su falta de inversión real social y de una nula planeación para el bienestar territorial (CEPDIPO, 2021), devino rápidamente ese péndulo ascendente de una guerra de control y contra los pueblos.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2011) destaca algunas características de esta región: la informalidad en la tenencia de la tierra, el mayor impacto del cambio climático, conflicto entre vocación – uso y destinación del suelo, un constante conflicto armado, el narcotráfico y los altos niveles de inequidad que somete de manera especial a la población con poca tierra o sin tierra, a comunidades indígenas, campesinas, negras, pesando con mayor fuerza sobre las mujeres rurales.

Para la extracción de oro y sus concentrados hay 820 títulos mineros, 145 de estos se encuentran en el Bajo Cauca. Para la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), la producción de oro del Bajo Cauca (2014) fue de 14 millones de gramos, el 51% de la producción total de oro en Antioquia y un 25% del total nacional.

El 25% del área titulada en el Bajo Cauca está concedida a Mineros S. A. (47.126 has.), le sigue el proyecto Coco Hondo con 11 títulos (20.402 has.). Mineros S.A. es una empresa de capital nacional privado, sus accionistas principales son: el Grupo AVAL y el grupo Colpatria. Durante el periodo 2009-2012, Mineros S.A. fue responsable del 6 % de la producción nacional de oro (Rudas & Espitia, 2013)

Así mismo de las 848.500 has. que corresponden a la subregión del Bajo Cauca antioqueño, 185.641 has. se encuentran tituladas para la extracción de oro lo que representa el 22% de todo el territorio de la subregión (Defensoría del Pueblo, 2015).

Además, estos Títulos están registrados como Propiedad Privada Colonial (RPP) –Títulos a perpetuidad donde se otorga propiedad del suelo y el subsuelo y prácticamente son exonerados de impuestos–, de estos títulos Mineros S.A. obtiene el 85% del oro que exporta y las regalías que paga son un ínfimo 0,4%.

Álvaro Pardo, estima que cerca del 70,6% de los 51 reconocimientos de propiedad privada que existen en el país son de Mineros S.A. Por concepto de regalías, el artículo 227 de la Ley 685 de 2001 estipula un pago de no menos del 0,4% del valor de la producción, calculado a boca de mina. Este valor es muy inferior al exigido a los titulares de contratos de concesión (Rivera Sotelo, 2014).

Así las cosas, “Mineros S.A. debe a los colombianos 127.929’953.817 pesos, por concepto de regalías dejadas de cobrar gracias a la negligencia de la autoridad minera que no reglamentó entre 2005 y 2019, las tarifas de las regalías del oro extraído en los Reconocimientos de Propiedad Privada” (Gallego Castro, 2020)

La explotación de carbón, níquel, oro y sus derivados está en manos de un reducido grupo de grandes empresas mineras algunas de ellas: Cerro Matoso, Grupo Penca, Juan Manuel Ruiseco V y Cía. S.C.A., Sebastián Velásquez y Castaño, Consorcio Cerro Matoso-Juan Caro Nieto, Consorcio Las Palmeras-Cerro Matoso-Comercializadora de Energía del Caribe S.A.E.S.P., Sator S.A.S., Cámara Minera de Colombia-Camicol-Minatura Colombia S.A.S. y Minerales de Córdoba, filial de la empresa canadiense Córdoba Minerals. Zonas donde el péndulo de la violencia armada militar y paramilitar regresa constantemente.

Han aumentado el conflicto armado y el desplazamiento masivo luego de la firma del Acuerdo de Paz (2016). La variable títulos mineros – conflicto, sigue presente.

Una fuente protegida de la Defensoría del Pueblo en el 2019 comentó a El Espectador que en estos proyectos de minería a cielo abierto o grandes explotaciones es muy costosa la reubicación de la población y se afectan los cronogramas de explotación, por lo cual es mucho más fácil entrar a trabajar a un territorio que esté despoblado (Vasquez Roa, 2021).

Mapa de las solicitudes mineras y desplazamientos Ituango (2021):

La transnacional Shell en 1940 junto con la familia Burgos iniciaron exploraciones petroleras, y en 1963 el Ministerio de Minas suscribió un contrato por 25 años para darle vida a una empresa mixta (publico privada) para explotación de ferroníquel al sur de Córdoba. En 1979 Tubay Ayala entonces presidente de Colombia (1978-1982) otorgó una concesión minera a las compañías Conicol S.A y Billington Overseas Ltda., para extracción de metales a cielo abierto en Cerro Matoso, en 1982 ampliaron la concesión de 260 a 686 has. y fueron cedidos los derechos del Estado a Richmond Petroleum Company of Colombia.

Cerro Matoso pasó a ser la cuarta mina de explotación de Níquel del mundo “Tal vez por aquella razón la compañía anglo-australiana BHP Billiton -la empresa minera más grande del mundo- en el año 2005 compró el 99% de las acciones quedándose con todo el poder de aquella tierra rica en minerales” (Escobar, 2014) y será gracias a la licencia de exploración 051 (junio de 1997) que la empresa se extienda hacia los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y Planeta Rica en Córdoba, además de Tarazá, Cáceres e Ituango en Antioquia.

Minerales de Córdoba (empresa con casa matriz en Canadá) y otros han presentado 18 solicitudes mineras que pasan por las veredas Santa Lucía, Bajo inglés, El Cedral, Georgia, San Agustín de Leona, Quebrada del Medio, San Isidro, La Miranda y otras (GeneracionPaz, 2020). Toda esta zona ha registrado incursiones armadas ilegales que se intensificaron luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, generando desplazamiento e incluso provocaron el desplazamiento del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Román Ruiz de los excombatientes de las Farc-Ep firmantes del Acuerdo de Paz, siendo trasladados hacia el municipio de Mutatá (Antioquia) el 15 de julio de 2020 (Valencia, 2021).

Relacionamos, además, algunas solicitudes y títulos mineros de empresas que tienen antecedentes cuestionables y hacen presencia en Ituango, Bajo Cauca y el Chocó donde se replican estas constantes:

Vale recordar la constante coincidencia entre el avance de un Desaforado Extractivismo de todo nivel, con el avance de las estrategias de terror territorial, esa alianza perversa motor del giro pendular inacabado de la guerra y el exterminio poblacional.

Ubicado en el departamento de Antioquia en lo que se conoce como el Urabá – Chocoano, extremo occidental de la región de Urabá una historia atravesada por la disputa armada de sus riquezas.

Un municipio que padece un abandono funcional del Estado, al igual que el Bajo Cauca e Ituango, lo ejemplos que estamos presentando como recorte de una realidad nacional.

La población del municipio pertenece principalmente a los denominados grupos étnicos, y se clasifican en afrocolombianos (47,8%) e indígenas (42%); el resto son mestizos y blancos.

Desde los años 70 se viene buscando metales en estas zonas, en los 80 aumenta la búsqueda de Cobre que se estima se encuentra en grandes concentraciones en Murindó, oro, plata, platino, carbón y molibdeno (este metal se usa para aleaciones duras, industria de la aviación y para la industria petrolera) en la región y en todo el país, y se intensifica dicha búsqueda en el año 2009 (Barrera Machado, Insuasty Rodríguez, & Henao Fierro, 2016).

El Proyecto Minero Mandé Norte, situado entre Carmen del Darién, Chocó, y Murindó (Antioquia) es un ejemplo claro del despojo violento perpetrado por esa alianza perversa (elites mafiosas, empresariales y clanes políticos). Y es que, desde los años 70’s grandes compañías con la venia de INGEOMINAS, han merodeado la zona seguros de la existencia de:

grandes depósitos de oro, de cobre y de un mineral poco nombrado, molibdeno, el gobierno de Uribe otorgó a la Muriel Mining Co. todas las concesiones posibles e imposibles para que hagan y deshagan sobre un territorio de 160 km2, aproximadamente 16.000 hectáreas. La cosa habría pasado inadvertida si no fuera porque esa superficie coincide con los territorios colectivos de las comunidades negras de Jiguamiandó y con los resguardos indígenas de Urada-Jiguamiandó y Murindó del pueblo Embera-Catío”. (Molano, 2009).

Socia de esta empresa era la “Rio Tinto Mining and Exploration Ltda.”. La Corte constató fallas graves en el proyecto, entre ellas la ausencia total de consulta a varias comunidades, la suplantación de autoridades indígenas y negras en algunas etapas de la consulta y la falta de divulgación adecuada de información sobre el proyecto. Por tanto, ordenó suspenderlo hasta que se obtenga el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades afectados, con las condiciones señaladas por la Corte, en su momento.

Ya en el 2009 las comunidades negras e indígenas realizaron la primera consulta popular interétnica en la que expresaron su rechazo a la intervención minera por sus afectaciones ambientales y comunitarias así mismo ratificaron el carácter ancestral y sagrado del Cerro Careperro Haykatumá.

A la par en el 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró la responsabilidad del Estado colombiano por las macabras violaciones perpetradas en febrero de 1997 en la cuenca del río Cacarica (municipio de Riosucio, Chocó) (CIDH, 2013). “la Corte concluye que en las acciones en la cuenca del río Cacarica se produjeron actos de colaboración entre integrantes de la fuerza pública que ejecutaron la ‘Operación Génesis’ y las unidades paramilitares que llevaron a cabo la ‘Operación Cacarica’” (Gallón, 2014)

Hoy esta violencia regresa de la mano de las licencias mineras, bajo la misma estrategia que combina el abandono estatal planeado y funcional, el uso de la fuerza legal e ilegal, las alianzas perversas eliminando todo obstáculo para el desarrollo de los megaproyectos.

Para el 2019 luego de la firma del acuerdo de Paz (2016) las comunidades experimentaron el incremento del conflicto armado a la par del avance de los intereses Extractivos Empresariales, denuncian las comunidades que hoy estaría operando de manera inconsulta en el Cerro Sagrado, advierten que si es de público conocimiento la existencia de concesiones otorgadas a la Anglo Gold Ashanti que intervendría en la parte baja y media de Jiguamiandó, afectando a comunidades negras e indígenas. El 85% de estos territorios ha sido concesionado a esa multinacional.

Para este mismo año, denunciaron las comunidades que venía en aumento el copamiento militar y paramilitar en la zona que es resguardo Emberá del Alto Guayabal, Jiguamiandó a la par los anuncios de funcionarios de las Multinacionales que ingresarían al territorio para continuar con la fase de exploración y explotación del Cerro Sagrado y en general de la región.

De manera conjunta los Paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas incrementaron su presencia y accionar con un fuerte control poblacional en el territorio

Un día antes de los sobrevuelos militares, la comunidad indígena denunció que el miércoles 14 de agosto a las 3:00 p.m. aterrizó un helicóptero de la cola amarilla en el Cerro Careperro, al parecer contratado por la empresa minera con la que la Muriel Mining Corporation, MMC, que habría negociado la concesión. El lunes 5 de agosto en Mutatá, Antioquia, en horas de la noche un representante de la empresa multinacional, reunió a autoridades indígenas informando que tenía permiso para ingresar al territorio y les presionó invitándolos a dejar las tierras, que estaban dispuestos a pagar por ellas (Comisión Intereclesial Justicia y Paz, 2019)

A 2021 este conflicto se ha agravado, generando un alto desplazamiento de la población indígena, negra y mestiza de la zona, la constante es la misma que en el resto de los territorios, abandono, militarización y avance sin par de las multinacionales.

En este texto nos referimos a la economía extractiva centrada en la minería, pero es un modelo que cobija también la agroindustria de Banano, Palma, Teca, Coca, La Ganadería extensiva, el control del agua y la generación de energía.

El Cacique Murindó cuenta la historia, escondió todas sus riquezas en la zona, al comprender las reales intenciones de los españoles de arrebatarles al costo que fuera, todo lo que tenían incluyendo su hija.

Esta tragedia no parece tener un fin, sigue caminando este modelo de muerte y despojo violento pese a la firma del acuerdos de Paz.

Es necesario un cambio de modelo, una sociedad que consciente de lo que le ocurre construya desde abajo otra-historia marcada por la dignidad, el respeto por los pueblos, la equidad, la justicia, el cuidado de la madre tierra. Es hora de cambiar la historia y detener este péndulo de muerte, detener su motor.

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i Abogado, especialista en derecho procesal penal, defensor público e investigador Grupo Autónomo Kavilando. Contacto: yaniw6@gmail.com

ii Docente Investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, Red Interuniversitaria por la Paz, Grupo Autónomo Kavilando. Contacto: Alfonso.insuasty@gmail.com