México: Crimen organizado y militarización del estado, motores del flagelo

Hoy se conmemora a nivel mundial el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada. En México, el saldo es elevado: entre mayo y agosto de este año se detectó un promedio mensual cercano a mil personas en tal condición, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

Se trata de una espiral vinculada con la militarización de las corporaciones de seguridad en la década reciente y el crecimiento del crimen organizado: la desaparición se ejerce como un crimen esencialmente militar, legal o ilegal, desde la guerra sucia hasta ahora cuando la violencia domina gran parte del país, aseguró Carolina Robledo, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social especializada en el tema.

Advierte que la masiva sustracción forzada de personas no puede ya asociarse sólo al crimen organizado y a la operación de cárteles, “están además, por ejemplo, las disputas e intereses por recursos naturales, como la minería. Es el caso de Sonora, donde la resistencia de los pueblos yaquis les ha llevado a la desaparición de seis de sus integrantes. Esta comunidad que ha resistido primero a un gasoducto, luego a un acueducto, ha vivido amenazada y violentada.

“La desaparición es un mecanismo para sembrar el terror, conlleva un mensaje a adversarios o a comunidades. Es un tipo de guerra de baja intensidad que implica el uso de diferentes estrategias, porque para desaparecer se necesita una infraestructura de corte castrense, sean cárteles como el Jalisco Nueva Generación o de grupos policiacos”.

Robledo asocia esta práctica a “otros crímenes como la tortura, ejecuciones extrajudiciales, la violencia extrema con que se les asesina –como se demuestra cuando se reconocen los cuerpos– los feminicidios, hechos todos que van relacionándose de manera sistémica con las desapariciones de personas en los territorios, las masacres contra migrantes”.

La expansión del fenómeno no sólo se circunscribe a las motivaciones, también es de naturaleza territorial. El registro nacional identifica puntos rojos: Jalisco encabeza la estadística, con 13 mil 802; Tamaulipas, 11 mil 550; estado de México, 9 mil 817; Nuevo León, 5 mil 567; Veracruz, 5 mil 453 y Sonora, 4 mil 934.

El 28 de abril, el Registro Nacional reportaba 87 mil 395 ausentes, y el informe divulgado apenas ayer suma ya 91 mil 313.

La evolución de este crimen está diferenciada en el tiempo: la guerra sucia entre los años 60 y 70 del siglo pasado operada por el Ejército con claros fines de eliminar la subversión política; en los 90, el despunte de este crimen se asoció al crecimiento del narcotráfico.

Casi siempre se trataba de sospechosos o involucrados claramente con los cárteles, pero también con diversas corporaciones policiacas. Y se volvió un fenómeno masivo, a raíz de la llamada guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón.

En fechas recientes se ha extendido hacia la sustracción de defensores de recursos naturales, de derechos humanos y de comunidades que resisten a los intereses económicos.

“No es que este crimen haya desaparecido, lo que hace es masificarse, pero también se diversifica. No hay un patrón tan claro, en términos de las víctimas, los perpetradores y los modus operandi, existe una gran cantidad de formas en cómo ocurren las desapariciones forzadas”.

Este crimen no se vincula sólo a las disputas territoriales, también a un desmantelamiento del Estado como garante de los derechos ciudadanos, subraya Robledo.

Es una práctica que implica la responsabilidad del Estado como ejecutor directo (corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, Ejército o la Marina) o por omisión.

La tipificación internacional del delito establece con claridad que el Estado puede ser cómplice de la desaparición, añade.

En paralelo, se da una vertiente de desaparición burocrática: la incapacidad para reconocer cadáveres por deficiencias forenses con expresiones como los tráileres saturados de cuerpos en Jalisco o las fosas en Tetelcingo, Morelos, con decenas de personas sin identificar.

–¿Ha cambiado la actitud del gobierno?

–Hay variedad de respuestas gubernamentales y modificadas por la resistencia de las familias. Lo hecho por el Estado no ha sido por voluntad propia, sino resultado de la exigencia social; la voluntad nunca es suficiente. Son los colectivos, generalmente de mujeres, los que han obligado al aparato estatal y la sociedad a voltear hacia algo que ha querido ocultarse porque este delito tiene ese objetivo: su ocultamiento.