¿Cuáles son los frentes de batalla de resistencia en México que componen la gira zapatista en Europa?

Planta de Bonafont

El pasado 22 de marzo, doce municipios de Puebla, reunidos en Pueblos Nahuas Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, instalaron un plantón frente a la embotelladora de agua de Bonafont para denunciar el robo de agua y la sobreexplotación de los pozos por parte de la empresa.

Cuatro meses después, el 8 de agosto de 2021, las comunidades nahuas tomaron las instalaciones de la embotelladora e impidieron que la planta, ubicada en Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, reabriera sus puertas y continuara con la extracción del agua de la región, donde hay alrededor de 90 pozos que abastecen de agua potable a 5 mil familias, pero que, aseguran, la mayoría se secó por la extracción y sobreexplotación de la empresa.

La organización comunal calificó a la firma francesa de ecocida por extraer 1 millón 641 mil litros de agua al día desde el año 1992, y la declararon culpable de los daños a la salud que sufren los habitantes y de que los pozos en los pueblos se hayan secado.

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Toma del INPI

Vida y vivienda dignas son la exigencia de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, que desde el 12 de octubre de 2020 mantiene tomadas las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) para exigir atención a sus demandas.

Los otomís que hoy ocupan el Instituto vivían en campamentos instalados en los predios Zacatecas 74 y Guanajuato 209, abandonados desde el terremoto de 1985, así como el de la calle Roma 18, casa dañada en el sismo del 2017. Ante la falta de atención de las autoridades para garantizarles vivienda digna, la comunidad tomó el INPI y estableció allí una forma de organización en la que participan hombres y mujeres para trasladar su vida comunitaria y ejercer su autonomía en la sede institucional.

Pero además del trabajo interno, la comunidad otomí ha presionado a las autoridades capitalinas para obtener la expropiación de los predios ocupados por el pueblo en la Ciudad de México. Uno de sus avances, como resultado de “la necedad de nuestra comunidad, la lucha, la resistencia y rebeldía de los hombres, mujeres y niños”, fue la expropiación del predio ubicado en la calle de Zacatecas 74, colonia Roma, el pasado 17 de junio.

La resistencia de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, sin embargo, dista mucho de terminar, pues su lucha, como la de los zapatistas, “es por la vida”.

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Tren Maya

Desde que se anunció, las comunidades indígenas de los cinco estados de la Península de Yucatán emprendieron una lucha organizada contra el Tren Maya, uno de los megaproyectos más importantes para la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El tren “mal llamado” maya, como lo nombran las comunidades, es considerado “un proyecto de muerte” que amenaza el agua, la flora, fauna y la vida comunitaria en la región. Los defensores, organizados en asambleas y colectivos, han advertido los riesgos que implica el megaproyecto para los pueblos, entre los que sobresalen la destrucción y el despojo de los recursos naturales, la urbanización a través de los polos de desarrollo, el abandono del campo para trabajar en los hoteles y restaurantes, al igual que la muerte de especies nativas como la abeja melipona.

Las comunidades mayas de Chiapas, Yucatán y Campeche han conseguido al menos once suspensiones de las obras del Tren Maya tras denunciar la falta de información sobre el megaproyecto, la ilegalidad en su imposición por la ausencia de una consulta indígena conforme a los estándares internacionales, y el impacto ambiental y social que traerá su construcción y operación en el territorio. A pesar de ello, las empresas no han dado órdenes a sus trabajadores de detener las obras.

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Su riel, nuestra tierra

Proyecto Integral Morelos

Desde el 2012, las comunidades nahua de Morelos, Puebla y Tlaxcala se han organizado para defender su territorio de la operación del Proyecto Integral Morelos (PIM), cuyo complejo incluye dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto. Los pueblos denunciaron la falta de consulta conforme a los estándares internacionales, así como los impactos ambientales y sociales de la instalación y funcionamiento del megaproyecto, y emprendieron una lucha jurídica a través de la interposición de amparos y la obtención de al menos nueve suspensiones de plano contra el uso del agua del Río Cuatla para la termoeléctrica de Huexca, entre otros recursos legales vigentes que impiden la operación del acueducto y el gasoducto y que las autoridades no han respetado.

En los tres estados, la lucha no sólo ha sido a través de las instituciones de justicia, sino sobre todo se ha basado en la organización de las comunidades. La respuesta de los gobiernos federal y estatal ha sido la represión y la violencia contra los defensores, quienes han sido víctimas de desacreditación por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de hostigamiento, encarcelamientos, amenazas de muerte y asesinatos, entre los que sobresale el del defensor comunitario Samir Flores Soberanes.

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Un megaproyecto en tierras de zapata

El grito de la tierra

Corredor Transístmico

El megaproyecto del Corredor Transístmico, anunciado en noviembre de 2018 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pretende conectar el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, con el de Coatzacoalcos, Veracruz, a través de un corredor industrial que traiga consigo, además, diez polos de desarrollo a lo largo de la franja geoestratégica más importante de México.

En respuesta, comunidades de los once pueblos indígenas que habitan el Istmo de Tehuantepec han emprendido una lucha contra la imposición del megaproyecto en sus territorios, alegando que la construcción de las obras es ilegal por no haber sido consultados de manera previa, libre e informada, así como que el funcionamiento del Corredor industrial y los polos de desarrollo provocarán la destrucción de los ecosistemas y repercutirá en la vida natural y comunitaria.

Desde el anuncio del megaproyecto, los ejidatarios han organizado encuentros, asambleas, bloqueos carreteros y movilizaciones para manifestar su rechazo a las obras, informar sobre los impactos ambientales y sociales que traerá su imposición, y denunciar los engaños y simulaciones por parte de las empresas y las instituciones para hacerse de las tierras de sus pueblos.

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En la cintura de México