A más extractivismo, menos democracia

Todos los países de latinoamericanos viven, desde hace décadas, crisis tras crisis. No hay excepción. De manera simultánea y avasallante se sobreponen y retroalimentan las crisis de la modernidad, la democracia, la economía, la seguridad, lo ambiental y los derechos humanos en cada uno de los territorios de la región. ¿Cómo y desde dónde arrojar luz para comprender y revertir este agotador y desesperanzador cúmulo de crisis?

La socióloga argentina Maristella Svampa, en el ensayo Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias, publicado por CALAS y la Universidad de Guadalajara (disponible en línea en: http://calas.lat/sites/default/files/svampa_neoextractivismo.pdf), nos propone jalar el hilo del extractivismo para desenmarañar este enredo de crisis. En este libro, Svampa historiza la expansión del extractivismo en Latinoamérica, muestra y analiza su actual exacerbación y sus violencias.

La historia del extractivismo en América Latina comenzó a escribirse hace cinco siglos, asociada a la conquista, donde se reconfiguraron nuestros territorios a través del expolio y el saqueo para el aprovisionamiento de recursos naturales de los imperios europeos. Desde entonces, el extractivismo «es un modo de apropiación de la naturaleza a gran escala y un modo de acumulación, caracterizado por la exportación de materias primas y un tipo de inserción subordinada en la economía mundial» (pp. 16). Por supuesto, el extractivismo ha mutado en cada región y época. Más recientemente, en los países del cono sur del continente con gobiernos «progresistas», los Estados jugaron un papel muy activo en su expansión con la intención de redistribuir socialmente los excedentes de la expoliación de recursos. La autora llama a esta fase neoextractivismo progresista.

Entonces, si miramos con atención los procesos de expansión (neo)extractivista en la región podemos dar cuenta de varias de las dimensiones de la actual acumulación de crisis.

La urgencia del sistema por satisfacer las siempre crecientes demandas de materias primas y energías es mucho mayor que el metabolismo social y ambiental para hacerles frente. Esta presión ha obligado a expandir las fronteras extractivas en la región hacia territorios y bienes naturales que antes habían sido despreciados por el capital. De modo que nuevos territorios son invadidos y arrebatados a sus pobladores tradicionales a través de dinámicas de desposesión y violencia para imponer proyectos de megaminería a cielo abierto, nuevos sitios de extracción petrolera, grandes represas hidroeléctricas, muy diversas obras de infraestructura – autopistas, acueductos, oleoductos, puertos -, enormes terrenos para monocultivos forestales y agroindustriales, etc. La violenta dinámica de ocupación territorial necesaria para la expansión del extractivismo tiene por consecuencias el desplazamiento de poblaciones y sus modos de vida, producción y habitar los territorios.

Desde la visión dominante del capital, las empresas y los gobiernos – de derechas o izquierdas, neoliberales, progresistas o populistas, todos los gobiernos de la región – no existe alternativa al extractivismo; no hay derecho humano, conflictividad social o afectación ambiental que ponga un freno.

La radicalidad asociada al proyecto extractivista dominante dinamita la democracia y los derechos humanos en nuestros países. La ampliación de la frontera extractiva reduce los márgenes de los derechos y, por lo tanto, de la democracia. Toda resistencia colectiva – indígena, campesina, popular, comunitaria, etc.- es, primero, desdeñada y ridiculizada como irracional, infantil, pachamamista o cooptada por adversarios políticos nacionales o extranjeros; y, después, reprimida, criminalizada, violentada e, incluso, exterminada. A más extractivismo, menos democracia, resume la autora.