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Los graves problemas y riesgos de ambas leyes fueron denunciados por una amplia red de apicultores, en un comunicado del 30 de septiembre 2021 que firman 44 asociaciones locales de apicultores de Zacatecas, Puebla, Aguascalientes, Michoacán, Campeche, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, Tamaulipas y otras 24 organizaciones económicas y sociales y productores individuales (http://abejastrabajando.org/).
Las y los denunciantes se agrupan en el Comité Nacional de Fomento, Desarrollo y Sanidad Apícola. Manifiestan su profunda inconformidad con los dictámenes y contenidos de las iniciativas de Ley Federal Apícola en Cámara de Diputados, y la iniciativa de Ley General de Protección Apícola en el Senado, debido a que son leyes que establecen normativas de cría y manejo que no toman en cuenta la situación de la vasta mayoría de los apicultores y, por el contrario, instauran sistemas de sanciones y multas que los criminalizan y tienden a expulsarlos de sus actividades. Esto se suma a las muchas dificultades en las que se encuentra el sector apícola y las abejas.
Luz María Saldaña, coordinadora del Comité Nacional mencionado, explica que están amenazados por una serie de factores convergentes, entre ellos el caos climático que les ha hecho perder muchas colmenas por exceso de lluvia o sequía, la intoxicación y muerte de abejas y colmenas por agrotóxicos en cultivos cercanos, la falta de floraciones por el uso del glifosato y otros herbicidas que matan las plantas y flores que son alimento de las abejas, por lo cual urge alimentarlas artificialmente durante ciertas épocas del año.
Saldaña asegura que México podría expandir a más del doble la actividad apícola a partir de la producción campesina y sin tóxicos. En lugar de ello, la propuesta de ley en el Senado plantea el uso de drones patentados y la manipulación genética de las abejas.
Esto abre más mercado a las trasnacionales, que incluso podrían llegar a cobrar a los agricultores por la polinización.
Las dos iniciativas de ley en las cámaras de diputados y senadores tienen el antecedente de 21 leyes estatales que se aprobaron en años recientes con textos muy similares, cuyo impulso proviene de las grandes empresas que lucran con la intermediación y exportación de miel. Son omisas o empeoran temas fundamentales para la apicultura campesina, pero preservan los intereses de trasnacionales de agrotóxicos como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva y Basf (que juntas tienen casi todo el mercado de agrotóxicos en México) al no denunciar y poner límites al uso de sus venenos gravemente dañinos para las abejas, colmenas y muchos otros insectos polinizadores.
Denuncian que no se les ha consultado. En algunos procesos estatales se llamó a foros donde podía llegar cualquier persona o empresa, sin un proceso de información y discusión previa ni tener en cuenta a quienes son los principales actores y afectados que son los apicultores campesinos. En la Cámara de Diputados se citó selectiva y parcialmente a algunas organizaciones. Saldaña asegura que algunos apicultores recibieron presiones de organizaciones vinculadas a las trasnacionales de agrotóxicos, para asegurarse
que no se limitara el uso de venenos, lo cual tuvo un efecto intimidatorio y optaron por ya no asistir.
En el caso de Merced González, ni siquiera hubo tal farsa de consulta. Los apicultores denuncian que esta senadora no tiene ningún conocimiento del tema y que el texto que presentó se lo redactaron agentes que no dan la cara.
Tanto los procesos estatales como federales están en flagrante violación al derecho a consulta y consentimiento previo, libre e informado al que tienen derecho las y los apicultores como mayoría campesina que son, y según la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, además de como pueblos originarios.
Las organizaciones agrupadas en esta amplia red se proponen ir hacia una organización nacional de apicultores que reúna apicultores campesinos e indígenas para defender sus derechos. Rechazan la estructura de sistema-producto existente creada para defender los intereses de grandes terratenientes y empresas agropecuarias.
Reclaman que la apicultura campesina es la que siempre ha mantenido esta actividad y es la razón por la cual aún existe, por lo que para elaborar una ley que fomente la apicultura, se debe realizar con estas organizaciones, que tienen la experiencia y el conocimiento para apoyar una actividad apícola nacional sana y sin tóxicos, que cuide la economía campesina, la salud humana y de la naturaleza.
* Investigadora del Grupo ETC/