El devastador genocidio de 1994 se cobró la vida de más de 800.000 tutsis, hutus moderados y twas. El Estado se ha embarcado en un ambicioso programa de reconciliación y reconstrucción a través de iniciativas de desarrollo y soluciones “caseras” de unidad nacional. Pese a que la comunidad internacional lo considera un caso de éxito, los organismos de derechos humanos cuestionan el rechazo del gobierno ruandés a la autoidentificación indígena bajo el argumento de que crea “divisionismo étnico”. La insistencia en una identidad nacional única implica el despojo de tierras, el desplazamiento forzado y la negación de derechos a los pueblos indígenas.

 A pesar de que Ruanda suele ser vista como un modelo para el desarrollo africano, el gobierno post-genocidio es criticado por sus posiciones autoritarias y represivas: limitaciones a la libertad de expresión, muertes misteriosas, desaparición de opositores políticos, detenciones arbitrarias y restricciones a la participación política. No obstante, los esfuerzos en favor de la consolidación de la paz y la reconciliación suelen ser elogiados por la comunidad internacional que los considera un caso de éxito.

Entre las políticas de justicia transicional y reconciliación social, la menos convencional -y la más cuestionada- es la prohibición de la identificación étnica: las y los ruandeses no pueden adscribirse a una etnia. En la actualidad, se enseña a la población ruandesa que las etnias Hutu, Tutsi y Twa fueron impuestas por las autoridades coloniales belgas que buscaban dividir a un país armónico. Según este relato, la sociedad no fue estratificada en base a etnias, sino a partir del estatus socioeconómico y la riqueza ganadera. En consecuencia, se aprobaron leyes contra el “divisionismo étnico” que fueron consagradas en la Constitución de 2003 a través de varios artículos que prohiben la discriminación y el “divisionismo”.

Pese a que los especialistas advierten que la falta de precisión del término “divisionismo” deja un espacio amplio a las arbitrariedades, el incumplimiento de estas leyes está penado con prolongadas condenas de prisión e importantes multas. Asimismo, el gobierno se niega a reconocer la existencia de categorías especiales de población alegando que la adscripción étnica es “divisionista”. Por el contrario, el Estado promueve el ndi umunyarwanda (“soy ruandés”) o la nacionalidad ruandesa como la única identidad aceptable y asegura que el discurso político sobre la identidad debe estar fuertemente controlado por cuestiones de seguridad.

Los twas: el pueblo históricamente marginalizado

La comunidad indígena Twa de Ruanda está compuesta por alrededor de 30.000 personas, suelen vivir en aldeas aisladas con necesidades básicas insatisfechas y se dedican a la alfarería o a empleos por día. Para ellos, la prohibición del “divisionismo” significa que no pueden identificarse como twas y que su identidad indígena no es reconocida por el Estado. De este modo, se impide que efectúen reclamos por sus derechos, recursos o representación a partir de su identidad como minoría étnica. Por el contrario, los twas son conocidos como “el pueblo históricamente marginalizado”: generación tras generación han padecido el estigma étnico, la discriminación, la pobreza extrema y, ahora, la imposibilidad de pedir o recibir ayuda.

Hasta la independencia de Bélgica en 1962, los twas vivieron tradicionalmente en los bosques y áreas forestales de Ruanda, donde practicaban sus actividades de subsistencia como la caza, la recolección y las artesanías. En los últimos 50 años, las olas de conservación forestal desalojaron a los twas de sus tierras ancestrales y los empujaron hacia los márgenes de la sociedad ruandesa. Nunca recibieron una compensación por la tierra y el medio de sustento despojados, ni recibieron un apoyo concreto tras haberlos convertidos, por la fuerza, de su actividad económica de cazadores-recolectores a una economía basada en el dinero en efectivo.

La prohibición del “divisionismo” significa que no pueden identificarse como twas y que su identidad indígena no es reconocida por el Estado.

Aproximadamente 10.000 twas perdieron la vida durante el genocidio. La cifra representa un tercio de la población twa que vive en Ruanda y demuestra la magnitud del genocidio. Sin embargo, quienes sobrevivieron no pudieron participar del proceso de reconciliación ni de los campamentos de reeducación (ingando) o las cortes tradicionales (gacaca). Tampoco tuvieron derecho a recibir pensiones de supervivencia ya que únicamente los tutsis fueron reconocidos oficialmente como sobrevivientes del genocidio. La estrategia de justicia transicional de eliminar las categorías étnicas y otras identidades despoja a los twas de su identidad étnica e indígena, y elimina posibles reclamos de tierras, derechos y recursos fundados en su identidad.

Es entendible que las políticas de justicia transicional y de reconciliación hayan sido pensadas para evitar futuras divisiones y morigerar la exacerbación de la retórica étnica que en el pasado contribuyó a la violencia. No obstante, los twas se encuentran ausentes de la historia oficial y son excluidos del proceso de reconciliación y reconstrucción de Ruanda. Al ser uno de los grupos más vulnerables, enfrentan desafíos como la discriminación, la extrema pobreza, el desempleo y, el poco acceso a la educación y la salud. La gran mayoría carece de tierras y lucha para satisfacer sus necesidades básicas. Pese a ello, no pueden reivindicar su pertenencia étnica ni hacer reclamos para obtener protección, recursos o derechos en base a su identidad.

Los bosques de los twas: del despojo al turismo de gorilas

Al mismo tiempo que eran desplazados de su territorio, los bosques donde vivían los twas se convirtieron en parques nacionales cuya biodiversidad se encuentra protegida por una fortaleza de conservación militarizada. De este modo, son una pieza clave de la economía ruandesa: ofrecen visitas guiadas a los turistas para ver gorilas de montaña, chimpancés y monos dorados. Sin embargo, los twas no suelen ser contratados como guías o guardaparques, y prácticamente no se benefician de las actividades turísticas desarrolladas en sus tierras.

Cuando un twa es visto ingresando a los parques nacionales es tildado de cazador furtivo y, si es capturado, se enfrenta a importantes multas y tiempo en prisión. Pese a esta política punitivista, los twas tienen una larga historia con su territorio. Los bosques montanos tropicales de Ruanda siempre han brindado refugio y seguridad a los twas durante los períodos de violencia previos y durante el genocidio. Su habilidad para navegar a través del denso terreno forestal les permitió esconderse en el monte e, incluso, escapar del país.

Los bosques donde vivían los twas se convirtieron en parques nacionales. Son una pieza clave de la economía ruandesa: ofrecen visitas guiadas a los turistas para ver gorilas de montaña, chimpancés y monos dorados.

En el límite del Parque Nacional de los Volcanes, el hogar de los famosos gorilas de montaña estudiados por Dian Fossey, viven muchas familias twas que fueron desalojadas de su territorio. En la actualidad, se está desarrollando un proyecto de expansión del Parque Nacional con el objeto de brindar más espacio para la creciente población de gorilas de montaña: el turismo vinculado al trekking y el avistaje de gorilas es hoy una de las fuentes de ingresos más grandes de Ruanda. Si la expansión se concreta, miles de twas volverán a ser desplazados. Paralelamente, la escasez y el agotamiento de las tierras, la agricultura industrializada a gran escala y la creación forzada de aldeas son una amenaza constante.

Como defensa, las organizaciones de derechos humanos que operan en el territorio buscan promover el Consentimiento Libre, Previo e Informado ya que las tierras, ancestrales y actuales, del pueblo Twa se verán afectadas por el proyecto. Sin embargo, el Estado asegura que no está obligado a obtener el consentimiento de los twas porque no se los reconoce como un pueblo indígena y, por lo tanto, el derecho internacional no les corresponde. Desde esta perspectiva, los twas son ciudadanos de Ruanda que tienen derecho a ser compensados, pero esto no implicaría el derecho al consentimiento o su inclusión en los procesos de toma de decisiones.

La autoidentificación frente al supuesto “divisionismo étnico”

Ruanda es un estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que enfatizan a la autoidentificación como el criterio primario de quienes constituyen una minoría étnica o un grupo Indígena, sin importar el reconocimiento del Estado. En efecto, el gobierno ruandés no niega que los twas constituyan una minoría y hasta admiten que cumplen con los requisitos para identificarse como indígenas, pero lo rechaza ya que argumentan que crea “divisionismo” dentro de la población del país, lo cual se encuentra prohibido por la constitución.

Si bien el gobierno ruandés afirma que cada ciudadano, independientemente de su etnia, religión, región o categoría de identificación, tiene los mismos derechos y protecciones, los twas todavía sufren discriminación étnica al ser estereotipados de “poco inteligentes” o “incivilizados”, y tienen dificultades para ejercer sus derechos básicos. Las ONG dedicadas a los twas han enfrentado obstáculos legales ya que focalizarse en un grupo étnico también se considera “divisionismo”. Estas organizaciones suelen tener que buscar alternativas como la defensa de los derechos laborales de los alfareros, un oficio asociado con la identidad Twa.

Los twas todavía sufren discriminación étnica al ser estereotipados de “poco inteligentes” o “incivilizados”, y tienen dificultades para ejercer sus derechos básicos

La legislación nacional sobre la eliminación de la identificación étnica e indígena impide que exista la discriminación positiva o la recolección de datos desglosados. Esto afecta la posibilidad de monitorear la discriminación y la desigualdad, el registro de los cambios demográficos, supervisar y evaluar programas, o planear proyectos a futuro. La ausencia de datos vuelve invisibles muchos de los problemas que enfrenta el pueblo Twa y, dificulta la demostración de los casos de discriminación o los desafíos particulares que esta comunidad enfrenta.

La insistencia sobre la existencia de una identidad nacional única puede legislarse con el propósito de lograr la unidad y la reconciliación. Sin embargo, los resultados son desparejos y excluyen identidades minoritarias. Los twas se ven obligados a articular sus experiencias e historias utilizando el vocabulario y las narrativas permitidas. Ya no son twas, son “el pueblo históricamente marginalizado”: no son simples cazadores, sino cazadores furtivos; no viven en su bosque, sino que invaden la propiedad del Estado; no son indígenas, son ruandeses. Para los twas, el camino de Ruanda hacia una nación “sin etnias” implica el despojo de sus tierras, el desplazamiento forzado y la negación de sus derechos como pueblos indígenas.

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*Anna Kamanzi es candidata a doctora en antropología en la Universidad de California, Irvine. Su investigación aborda cuestiones de conservación y justicia transicional respecto a la comunidad Batwa de Ruanda. Contacto: nzi@ucakamai.edu