El martes 12 de octubre de 2021 el presidente chileno Sebastián Piñera declaró el estado de excepción constitucional en cuatro zonas del país, lo que permite a las Fuerzas Armadas accionar en conjunto con Carabineros y Policía de Investigación.¹ Esta medida pone en paréntesis los derechos civiles fundamentales con el fin de “restaurar el orden público”, habilitando la represión y patrullaje de militares en las calles.

El presidente Piñera adoptó esta decisión en pleno desarrollo de la Asamblea Constituyente, como medida central para frenar las manifestaciones del pueblo Mapuche en la zona de la Araucanía y Biobío.

La columna vertebral del conflicto territorial y socio-ambiental del pueblo Mapuche en esta zona de Chile es el avance y expropiación de tierras a manos de las empresas forestales de los grupos Motte y Angelini. Ambos grupos económicos, de los más ricos del país andino, fueron favorecidos por la ley de promoción de la forestación durante la dictadura de Pinochet en 1974, la cual subvencionaba con un 75% de reembolso las plantaciones de eucalyptus y pinos.

Intensos conflictos se han vivido en los últimos 30 años por la restitución legal y práctica del territorio Mapuche, enfrentando la violencia incluso paramilitar de las empresas forestales de ambos grupos; además de las graves problemáticas que el monocultivo forestal produce en los territorios: agotamiento de fuentes de agua para consumo humano y producción de alimentos, acidificación y compactación del suelo, destrucción del monte nativos, etc.¹

El grupo Angelini, a través de su empresa COPEC, es la dueña de Celulosa Arauco. Arauco posee la mitad de las acciones de Montes del Plata, empresa forestal-celulósica instalada en Uruguay. La otra mitad de las acciones es propiedad de la sueco-finlandesa Stora Enso. Montes del Plata posee una planta de producción de celulosa en el departamento de Colonia, sobre el Río de la Plata.

En el año 2004 en la zona de Valdivia (Chile) una planta de celulosa de Arauco provovó un grave daño ambiental, provocando la muerte masiva de cisnes de cuello negro, siendo hallada culpable por la justicia chilena de contaminar los humedales del Santuario de la Naturaleza, por sus vertidos contaminantes en el agua, que eliminaron el alimento de dichos cisnes.²

La excepción oriental

En paralelo a esta defensa de los intereses del gran capital forestal chileno a través de la vulneración directa de los Derechos Humanos por el mandatario de Chile, en Uruguay, la Junta Departamental de Colonia se encuentra discutiendo un pedido de excepcionalidad de Montes del Plata para forestar más allá de lo habilitado por el Ordenamiento Territorial del Departamento (expediente N° 157 del año 2019, proyecto de forestación “El Negro”).³

La empresa, aunque ya posee la cantidad de hectáreas forestadas necesarias para abastecer su planta de celulosa, continúa expandiendo sus plantaciones para abaratar los costos, presionando a los gobiernos locales cercanos a su planta en Conchillas. La Junta aprobó en los últimos años otro pedido de excepción, y al menos tres expedientes más se encuentran a la espera de que la “excepción se vuelva regla”.

Si bien Ecoasamblea Colonia solicitó una audiencia pública durante 2020 para ofrecer su visión junto a la de algunos técnicos asesore, la Junta únicamente ha recibido a Montes del Plata para dar su visión sobre por qué es “valioso” desobedecer la ordenanza territorial que intenta proteger los pequeños productores locales. De la misma manera, Montes del Plata ha forestado por vía de excepción en los departamentos de San José y Florida.

La Comisión de Seguimiento de la planta de celulosa de Montes del Plata, integrada por el gobierno, sociedad civil y la empresa no se encuentra en funcionamiento desde 2017, por lo que la población no tiene cómo saber si la industria se ha excedido en los vertidos contaminantes en agua o aire.

La misma empresa carga en su historia la denuncia y multa durante la construcción de su planta en 2013 por contratación de una empresa tercerizada que tenía al menos a 70 trabajadores víctima de trata para explotación laboral: endeudados con el contratante, viviendo hacinados y con la documentación retenida.⁴

Al igual que en Chile, diversas investigaciones de nuestro país muestran que el avance del modelo forestal-celulósico no genera nuevos empleos mientras que cada vez ocupa más tierras, aumenta la concentración y extranjerización de la tierra, y fragiliza la producción familiar, intensificando la migración de la ruralidad dispersa.⁵ Además de una intensa literatura de daños ambientales provocados por el mismo modelo.⁶ Operando libre de impuestos en Zona Franca, ¿uál es el aporte significativo de esta empresa a Uruguay?

Todo parece indicar que la lógica empresarial de Arauco se basa en la presión política para sobrepasar la normativa Chilena y Uruguaya, avanzando sobre pueblos originarios y productores familiares.

1 https://www.ecologiapolitica.info/?p=6052

2 https://www.latercera.com/noticia/a-diez-anos-de-la-muerte-de-los-cisnes/

3 https://elecodigital.com.uy/sociedad/grupo-de-expertos-se-opone-a-forestar-en-colonia-para-celulosa/

4 https://ongelpaso.org.uy/investigacion-duenos-de-personas-personas-con-duenos/

5 Carámbula, M. (2015) Territorialización de la Cadena Global de Valor Forestal en Uruguay; Gautreau, P. (2014) Forestación, territorio y ambiente. 25 años de silvicultura transnacional en Uruguay, Brasil y Argentina; Santos, C. (2020) Naturaleza y hegemonía progresista. Pena, D. y Recoba S. (2020) Impactos sociales y culturales de las plantas de celulosa en Fray Bentos y Conchillas.

6 Urtiaga, A. (2020) Potenciales impactos territoriales de la expansión forestal par UPM2.