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Resistencia Q’eqchi’: 19 días de amenaza de desalojo policial y apoyo de otros pueblos
Prensa Comunitaria
Entre amenazas, intimidación, pero también un fuerte respaldo de otros pueblos indígenas del país, han pasado 19 días desde que población maya Q’eqchi’ de El Estor, Izabal, se declaró en resistencia pacífica en contra de la extracción minera que realiza la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (PRONICO) subsidiaria de Solway Investment Group, y que posee los derechos de los proyectos mineros Fénix y Montúfar, al adquirir a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).
Las autoridades de los Cuatro Consejos Ancestrales Q’eqchi’ aseguran que en ningún momento se ha respetado la decisión de las comunidades que rechazan la minería, porque contamina el lago de Izabal, destruye la flora y fauna regional y pone en peligro la salud y vida de la población.
La resistencia pacífica se encuentra ubicada en la carretera que del municipio de El Estor conduce a Río Dulce, e impide el paso para camiones conocidos como góndolas que quieren llevar carbón para que la mina siga operando, pero deja circular a peatones y todo tipo de vehículos livianos y pesados, que no tienen relación con las actividades del proyecto minero Fénix, ubicada a unos 7 kilómetros.
Las comunidades Q’eqchi’ dicen que la CGN/Pronico continúa sin acatar la sentencia que se emitió en el 2019 por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordenó suspender las operaciones del proyecto minero Fénix.
Otro punto que también demanda la población en resistencia es la insistencia del ministerio de Energía y Minas por excluir a las autoridades indígenas Q’eqchi’ legítimamente reconocidas por las comunidades para que no participen en el proceso de preconsulta que se ordenó realizar por la CC y que está ratificado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la importancia de incluir a las comunidades indígenas en este tipo de consultas y procesos que afectan de manera directa en sus propias formas de vida, organización y espiritualidad.
PNC resguarda camiones de la empresa
Pese a que han pasado 19 días de resistencia pacífica sin incidentes, algunas personas que dijeron ser representantes de la empresa Pronico, llegaron ayer junto a agentes de la PNC hasta donde estaba la población para indicarles que debían desalojar la ruta, pero se retiraron e ignoraron a los líderes indígenas cuando las comunidades estaban dando las razones de sus demandas.
En horas de la tarde, el gobernador departamental, Héctor Alarcón, se hizo presente al campamento de la resistencia pacífica, acompañado de agentes de la PNC y pidió nuevamente que dejen el paso libre. El funcionario de gobierno dijo que la población de ingresa a comerciar también se ve afectada, sin embargo, ha sido de conocimiento público que el paso está abierto para todos los vehículos particulares y solo se impide el paso a las góndolas de la empresa.
Las autoridades indígenas Q’eqchi’ comentaron que cada día los agentes de la PNC llegan a resguardar el paso de los camiones cargados de carbón, por lo que pidieron que el ministerio de Energía de marcha atrás con el proceso y manipulación de las primeras reuniones para la preconsulta y que incluya a todos los actores en el territorio afectado por la licencia del Proyecto minero Fénix en Izabal y Alta Verapaz.
El fuerte despliegue de elementos de la PNC y fuerzas especiales antimotines en la ruta y en las cercanías del campamento de resistencia, también fue motivo de expresiones de rechazo e indignación por parte de la ciudadanía guatemalteca, debido a que durante los disturbios que exparamilitares provocaron en el Congreso de la República el martes pasado donde quemaron varios vehículos y agredieron a varios corresponsales de prensa, el despliegue de fuerzas policiales fue mínimo.
Una de las mujeres autoridades indígenas Q’eqchi’ dijo: “ustedes vienen con el objetivo de agarrarnos como a un chucho de la calle, eso no es así”, sobre las intenciones de la PNC de intimidarlos, para luego desalojarlos.
Cristóbal Pop, de la Gremial de Pescadores, denuncia que las autoridades de Gobernación y del Gobierno de Giammattei están beneficiando los intereses de las empresas mineras y no la petición del pueblo Q’eqchi’.
Solidaridad de otros pueblos
La resistencia del pueblo maya Q’eqchi’ fue respaldada por otros pueblos indígenas del país, entre ellos las mujeres maya Poqomam de Palín Escuintla, quienes indicaron que expresaban su solidaridad y repudio a la criminalización por la defensa que se hace del territorio y de la madre tierra.
Las Autoridades Ancestrales de Guatemala también rechazaron “la incursión violenta al territorio Q’eqchi’ de El Estor” y a través de un comunicado exigieron al ministro de Gobernación que detenga la agresión en contra de la población que está en resistencia pacífica.
El Parlamento del Pueblo Xinka también expresó su apoyo al pueblo Q’eqchi’ y pidió que se tomen en cuenta las opiniones y procesos de consulta que se establecen para todos los proyectos que se realicen en los territorios de los pueblos indígenas.
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El Estor: El gobierno agrede al pueblo Q’eqchi’ para proteger a la minera rusa
El Estado de Guatemala, a través de su policía y ejército, está actuando como un brazo armado particular al servicio de la minera de capital ruso Solway, propietaria de la planta de extracción en El Estor, Izabal.
Para proteger los intereses económicos de los rusos, soldados y agentes antimotines bajo las órdenes del gobierno de Alejandro Giammattei, han arremetido por la fuerza contra decenas de comunidades Q’eqchi’ que mantienen desde hace 21 días una protesta pacífica en la entrada del municipio de El Estor, para evitar el paso de camiones cargados del carbón que la mina rusa necesita para operar.
Durante los últimos siete días de esa protesta, la Policía Nacional Civil ha acompañado a representantes de instituciones como el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y la gobernación departamental, la Comisión Presidencial de Diálogo de Izabal en lo que aparenta ser una negociación con quienes protestan pero es en realidad una estrategia de desgaste para asegurar el paso de los camiones con carbón para la minera.
Mientras escribimos este editorial, en la mañana del 23 de octubre, fuerzas antimotines del ejército y la policía, acompañados ya por dos helicópteros, se disponían a arremeter por la fuerza contra los pobladores que mantienen cerrado el paso a los camiones en protesta porque sus legítimos representantes no han sido tomados en cuenta en la preconsulta popular para avalar la operación de la mina.
Eso precisamente, la operación de la mina, es la primera ilegalidad con que el Estado de Guatemala ha protegido la operación rusa en El Estor, ya que una sentencia de 2019 de la Corte de Constitucionalidad, proclamada en firme en 2020, prohibió toda actividad minera porque la empresa irrespetó el derecho a consulta con las poblaciones originarias establecido en la ley de Guatemala.
A pesar de la sentencia, el Estado nunca hizo algo para detener la operación minera ilegal. Hoy, por el contrario, el gobierno, bajo el mando de Giammattei, se embarca en una nueva ilegalidad al reprimir a los Q’eqchi’ para garantizar la operación rusa. Todo esto ocurre, además, luego de que el ex fiscal Juan Francisco Sandoval, reveló que el Ministerio Público investigaba posibles sobornos entregados por los rusos directamente al presidente y de que, tras la entrega de esos dineros, el Estado aprobara más licencias mineras.
Los comunicadores de Gobernación, de la Policía, y medios afines al gobierno en este caso han intentado instalar la narrativa que los pobladores de El Estor mantienen bloqueado el acceso al municipio, lo que impide la actividad económica normal. Eso es mentira. Prensa Comunitaria ha constatado, con presencia constante en el terreno, que los pobladores solo impiden el paso a los camiones de la minera; el resto de vehículos siempre han tenido paso libre.
El viernes 22 de octubre, tras un nuevo montaje de pretendida negociación policial liderado por la jefa de la PNC en Izabal, al menos 200 antimotines intentaron escoltar la entrada por la fuerza de un camión cargado de carbón. Para hacerlo, los policías intentaron dispersar a los protestantes con gases lacrimógenos. Al frente de todo había un pick up en el que viajaban cuatro rusos. Prensa Comunitaria documentó la arremetida y pudo constatar que fueron los policías quienes iniciaron la agresión y que su objetivo último era garantizar el paso del camión: cuando vieron que no iba a ser posible, desistieron.
La urgencia de la PNC, y a partir de este 23 de octubre del ejército, no es otra que garantizar el suministro de carbón sin el que la mina rusa no puede seguir funcionando, según constató Prensa Comunitaria en El Estor. De acuerdo con los informes que hemos recabado, ya en la mina están echando mano de las reservas de carbón.
No es por garantizar el derecho al tránsito porque este ha discurrido con normalidad durante las protestas. No es por el beneficio económico del pueblo Q’eqchi’ en El Estor. Es por proteger a los rusos a cuya minera el Estado de Guatemala ha permitido operar ilegalmente durante dos años y con quienes, según las investigaciones truncadas del MP, el gobierno Giammattei ha hecho tratos oscuros.
Para garantizar esa protección, el Estado de Guatemala, una vez más, se alista para reprimir a su propio pueblo.