De la esperanza al desencanto: el proceso de paz en Guatemala

1° de octubre de 2021

En el marco de los conflictos armados internos, los acuerdos de paz latinoamericanos no han logrado ni reformas estructurales ni acabar con el colonialismo. En el caso guatemalteco, las esperanzas depositadas por los pueblos indígenas en los Acuerdos de Paz se desvanecieron ante la falta de compromiso del Estado. Construir la paz significa transformar las causas estructurales que dieron origen al conflicto. En cambio, el despojo de territorios y el racismo aún hoy persisten.

Los acuerdos de paz pusieron punto final a los conflictos armados internos que varios países latinoamericanos vivieron en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, no han resuelto los problemas sociales, económicos y políticos. Más allá del contexto de la Guerra Fría, el origen de los enfrentamientos se encontraba en el descontento popular generado por la desigualdad y la concentración del poder en las élites locales.

Si bien en los conflictos de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Colombia, los pueblos indígenas sufrieron miles de víctimas, la dimensión étnica estuvo ausente en la mayoría de las consignas de lucha -o solo apareció al final, como en el caso de Guatemala. Un caso particular fue el de México, donde la irrupción del movimiento zapatista en 1994 significó un alzamiento indígena contra la exclusión, el racismo y el despojo.

Desde hace 500 años, los indígenas protagonizan las luchas de resistencia en defensa de sus derechos étnicos, políticos y territoriales. Mientras los gobiernos, las empresas privadas y los organismos internacionales exigen diálogo, negociación y cumplimiento del Estado de derecho, los acuerdos de paz alcanzados pasan al olvido por la falta de compromiso gubernamental. Actualmente, América Latina continúa siendo la región más desigual del mundo y la única respuesta es la represión.

El conflicto armado y el proceso de paz

Al crearse sobre la base del racismo, la desigualdad y la opresión, las repúblicas del siglo XIX vieron a los pueblos originarios como súbditos, siervos, mozos colonos y esclavos. Las políticas de exterminio provocaron que la población indígena disminuyera en toda América Latina. Las causas del conflicto en Guatemala se encuentran en la usurpación y el despojo de territorios indígenas, y la discriminación: las bases del desarrollo del capitalismo y el neoliberalismo en el país.

El conflicto armado interno guatemalteco fue el escenario propicio para el exterminio de comunidades enteras. La política de “tierra arrasada”, implementada por las dictaduras de Kjel Laugerud Garcia, Lucas García y Efraín Ríos Mont, se cobró la vida de 250 mil personas, sin contar los desaparecidos y torturados. Durante estos años oscuros, Guatemala se llenó de cementerios clandestinos.

El Proceso de Paz en Centroamérica se inició con las reuniones de Esquipulas I (1986) y II (1987), que buscaban la “pacificación de la región” y la consolidación de Estados realmente democráticos. En Guatemala, las negociaciones culminaron en 1996 e incluyeron el Acuerdo sobre Identidad de Pueblos Indígenas, que serviría como marco político para el reconocimiento jurídico de sus derechos. Sin embargo, solo se crearon ventanillas indígenas para la atención de demandas cosméticas. Paralelamente, comenzaba el despojo, la criminalización de líderes y la persecución de comunidades.

A 25 años de los Acuerdos de Paz, el saldo es una gran cantidad de presos políticos, líderes comunitarios asesinados o desaparecidos; aumento de la pobreza y la extrema pobreza; bajos niveles de educación y salud; y despojo de tierras y territorios. Los pueblos siguen en resistencia: los Ixil, Kaqchikel, Q’eqchi, Tzutujil, Chorti, Xinka, Poqomam y Poqomchi han logrado recuperar parte de sus territorios usurpados durante la colonización española, la reforma liberal y el extractivismo. En los últimos años, vienen desarrollando la idea de construir un Estado Plurinacional.

La diferencia entre hacer la paz y construir la paz

La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el Gobierno de Guatemala suscribieron 12 acuerdos para poner fin a 30 años de conflicto armado y resolver sus causas. Algunos de los acuerdos generaron expectativas en los pueblos originarios: Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas; Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas, y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones de los derechos humanos.

Sin embargo, construir la paz significa transformar las causas estructurales que dieron origen al conflicto. Y eso ha sido realmente imposible hasta ahora. La consulta popular sobre reformas constitucionales convocada en 1999 fue rechazada, lo cual puso de manifiesto la fuerza de los sectores más conservadores del país: militares, empresarios e iglesias evangélicas embanderaron el voto por el no. La consulta incluía el reconocimiento de los derechos indígenas.

Los avances en materia legislativa e institucional incluyen la creación de la Defensoría de la Mujer Indígena, la reforma al Código Penal para incluir el delito de la discriminación, la conformación de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, la Ley Marco para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, el Programa Nacional de Resarcimiento, el Fondo de Tierras, la Secretaría de Asuntos Agrarios y el Registro de Información Catastral. Sin embargo, estas reformas blandas no alteran las estructuras profundas que causan las desigualdades sociales y económicas.

Por su parte, el informe “Guatemala, memoria del silencio” realizado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y las investigaciones forenses contribuyeron a documentar algunos casos que se llevaron a tribunales nacionales y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: las Masacres de Río Negro, el genocidio contra el pueblo Maya Ixil y la esclavitud de mujeres indígenas Q’eqchi de Sepur Zarco.

Desmantelamiento de los acuerdos de paz

La influencia de militares y los grupos de poder se refleja en el debilitamiento progresivo de la institucionalidad de la paz y la obstaculización a las reformas del Estado. En 2015, las protestas sociales en contra de la corrupción lograron la dimisión y enjuiciamiento del presidente y la vicepresidenta. Los más de 150 militares, políticos y empresarios acusados hicieron sentir su poder y expulsaron a la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad de Guatemala. En tanto, la ex fiscal del Ministerio Público y el responsable de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad tuvieron que asilarse en otros países para protegerse.

Los juicios contra quienes cometieron violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado se han estancado y varias sentencias han sido revertidas. Esto sucedió con el ex Jefe de Estado Efraín Ríos Mont, quien luego de ser condenado a 80 años de prisión por el delito de genocidio contra el pueblo Maya Ixil, la Corte de Constitucionalidad suspendió la sentencia y ordenó repetir el juicio. Esto nunca ocurrió dado que el acusado falleció en 2018.

El golpe de gracia a la construcción de la paz la dio el gobierno en 2020, al suprimir buena parte de la institucionalidad creada para impulsar el proceso: la Secretaría de la Paz, la Secretaría de Asuntos Agrarios o el Programa Nacional de Resarcimiento. Al mismo tiempo, retomó el apoyo a las industrias extractivas en territorios indígenas, lo cual pone en riesgo el proceso de paz en un contexto de Covid-19.

La organización y el movimiento como resiliencia

Tras la invasión y colonización de América Latina, los pueblos originarios han estado en resistencia, tratando de reconstruir sus paradigmas: se movilizaron, buscaron mejores condiciones de vida y defendieron sus territorios. Sin embargo, el modelo depredador del capitalismo neoliberal lo está destruyendo todo.

Aunque los viejos conflictos armados han finalizado, sus condiciones estructurales siguen prevaleciendo en una región en que la desigualdad continúa aumentando. Mientras la exclusión, el racismo y el despojo perduren, los pueblos indígenas seguirán movilizándose para hacer valer sus derechos colectivos. Los Estados Plurinacionales de Ecuador y Bolivia, la lucha de los indígenas brasileños por la demarcación de sus territorios y el rol protagónico de Elisa Loncón y los constituyentes indígenas en la Convención Constituyente en Chile son algunos ejemplos.

El modelo neoliberal y su proceso extractivista generan nuevas formas de resistencia, tanto comunitarias como territoriales, para defender los bienes naturales. La voracidad del capitalismo por despojo deja por detrás un ambiente de destrucción, pobreza, enfermedades, desplazamientos forzados y migración. La paz no se logra únicamente con el diálogo, las negociaciones y los acuerdos. Tampoco se alcanza realizando reformas blandas. Hacen falta cambios estructurales. Para los pueblos indígenas, estas transformaciones estructurales significan acabar con el colonialismo.

Silvel Elías forma parte del Programa de Estudios Rurales y Territoriales, Facultad de Agronomía, Universidad de San Carlos de Guatemala.

Máximo Bá integra el Centro de Estudios Nim Pop.