EL OBSERVATORIO DE ECOLOGÍA POLÍTICA DE VENEZUELA FIJA POSICIÓN ANTE EL ANUNCIO DE LA CONSTITUCIÓN DE CIUDAD COMUNAL EN EL PARQUE NACIONAL ÁVILA-WARAIRA REPANO

A LA COMUNIDAD DE GALIPÁN Y DEMÁS COMUNIDADES QUE HACEN VIDA EN EL PARQUE NACIONAL WARAIRA REPANO

AL PUEBLO CARAQUEÑO

A TODO EL PUEBLO VENEZOLANO

El pasado 20 de octubre de 2021 Nicolás Maduro Moros, Primer Mandatario de la República Bolivariana de Venezuela, hizo público el anuncio de la creación de una ciudad comunal (la primera hasta la fecha) en el territorio del Parque Nacional Waraira Repano (el Ávila). Señaló Maduro que una vez que la Asamblea Nacional apruebe la “Ley de Ciudades Comunales”, se procederá a constituir la mencionada ciudad.

De manera casi inmediata se han suscitado múltiples reacciones a través de las redes sociales, medios de comunicación y otros canales de expresión de la ciudadanía  

El Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP) es consecuente con una filosofía y unas líneas de acción que ha mantenido desde su constitución como organización independiente en defensa de los derechos socioambientales de los venezolanos y las venezolanas, promoviendo la formación, investigación, divulgación, la denuncia de desmanes perpetrados contra los ecosistemas y el acompañamiento solidario a las comunidades en su lucha por la defensa de sus territorios, la preservación y mejoramiento del ambiente, y la transformación profunda del llamado modelo de desarrollo que condiciona el modo de vida imperante en nuestro país. 

Es por ello que quienes formamos parte del OEP, sumamos nuestras voces de rechazo y alerta ante la sistemática violación de la normativa ambiental y de protección vigente, el intento de modificar Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) del Parque Nacional Waraira Repano / Ávila en detrimento de este importante ecosistema, y la permisividad, promoción y organización de actividades ilícitas de construcción, prácticas deportivas o productivas que atentan contra el patrimonio de nuestra ciudad.

En este sentido, queremos hacer del dominio público ciertas consideraciones que sirven de sustento y complemento a nuestra postura.

1. Creemos que el significado de este anuncio debe entenderse y analizarse en el contexto de una ofensiva generalizada y preocupante en contra de las áreas protegidas en distintas partes del país.  

En efecto, en los últimos tiempos, importantes ABRAES como por ejemplo el Parque Nacional Canaima, el Parque Nacional Morrocoy y la Reserva de Fauna de Cuare, por sólo nombrar unas pocas, se han visto afectadas por actividades comerciales, mineras, turísticas y deportivas, nada sostenibles y depredadoras, que son impulsadas de manera directa o indirecta por iniciativas gubernamentales en asociación con intereses mercantiles privados, o, en el mejor de los casos, se desarrollan ante la mirada indiferente de las autoridades, que dicen asumir el deber de velar por el cuido y preservación de esas zonas.

Adicionalmente, se vienen impulsando una serie de leyes y medidas económicas que de facto están promoviendo un grave proceso de desregulación ambiental, con priorización de la inversión privada y todas las facilidades que se le puedan otorgar, lo que deja sumamente desprotegidas a estos delicados ecosistemas.

Frente a una situación de emergencia por el colapso climático, este proceso de permisividad y depredación ambiental tiene graves consecuencias socioambientales para diversas poblaciones humanas y ecosistemas estratégicos locales y regionales.

2. La política de “desarrollo” promovida desde el gobierno nacional se inscribe en una estrategia que busca intensificar y “diversificar” el extractivismo que ha moldeado a la economía y la sociedad venezolana durante muchas décadas, con miras a incrementar los beneficios crematísticos y el control territorial de un reducido grupo de élites conformadas por un entramado de grupos políticos y económicos, en un acelerado giro neoliberal. 

En su afán de acumulación, estos grupos no dudan en articularse con actores nacionales e internacionales de dudosa procedencia, todo ello en el marco de la crisis profunda que estremece a la nación venezolana en la actualidad. En este sentido, se implementan acciones que violan el ordenamiento constitucional y jurídico vigente; citemos como ejemplo la creación de la llamada Zona de Desarrollo económico Especial “Arco Minero del Orinoco” y el ecocidio que para el Parque Nacional Canaima ha representado. La figura de protección de los Parques Nacionales es una figura de protección estricta y conforme a acuerdos internacionales en materia ambiental. 

3. Como organización hemos observado directamente en territorio y sido eco de diversas denuncias sobre lo que ya viene ocurriendo desde hace unos años en el Ávila-Waraira Repano, y particularmente en la zona de Galipán, en relación a la construcción de lujosas residencias, infraestructuras y vías de acceso con fuertes impactos en el entorno natural, todo ello en una dinámica de relaciones estrechas con el Casino del Hotel Humboldt, y el intento de cambiar el status jurídico de tierras en las que se asienta una biodiversidad de enorme importancia para la trama de vida de esa importante área protegida. En este contexto local llega el anuncio de la Ciudad Comunal en el PN.

4. Alertamos a caraqueños y venezolanos que los riesgos para el PN no son únicamente paisajísticos, sino el de un progresivo socavamiento de las funciones ecológicas que tiene este ecosistema. La expansión de la frontera agrícola, urbana y turística, la fragilidad de terrenos de alta pendiente, el aumento de la extracción de agua de los cauces de montaña, la fragmentación de los ciclos del agua y biológicos, y la pérdida de biodiversidad, son algunas de las consecuencias que comprometería seriamente al Parque, tal y como lo conocemos. Una vez se posicionan, la expansión de este tipo de emprendimientos económicos son difíciles de revertir.

5. Enfatizamos y queremos poner en relieve que no nos oponemos a las necesidades y posibilidades de auto-organización y autogestión autónoma y democrática de las comunidades locales. Por el contrario, las alentamos y acompañamos en la medida de nuestras posibilidades, tratando de que prosperen y se proyecten orientadas por criterios de cuidado y respeto a la naturaleza y la diversidad cultural, creatividad, ayuda mutua y equidad. Este ha sido un principio de orientación y acción del OEP desde su surgimiento.

6. Finalmente, somos de la opinión de que esta situación generada en torno al anuncio de la creación de una Ciudad Comunal en el Ávila, así como los desmanes de los cuales vienen siendo objeto otras áreas protegidas del país, no debe limitarse a invocar el marco jurídico vigente y oponerse a probables desregulaciones, modificaciones o incumplimientos del mismo. Planteamos que es necesario ir más allá con la promoción de un debate que involucre a todos los actores sociales en miradas críticas, reflexiones y propuestas relativas a la transformación del modo de vida imperante, que domina y constriñe nuestras vidas, en aras de la construcción progresiva de un modo convivial, justo y sostenible de existir en el territorio y la Tierra.

Hacemos un llamado a la movilización en defensa del Cerro el Ávila-Waraira Repano y a debatir de manera democrática sobre el destino de esta y otras áreas protegidas.

El mandatario Nicolás Maduro, anunció el día de hoy que en cuanto la Asamblea Nacional apruebe la Ley de Ciudades Comunales, constituirá la primera ciudad comunal en el parque nacional Waraira Repano, mejor conocido como El Ávila. Un Parque Nacional que viene siendo afectado por diversas actividades ilegales, promovidas por las autoridades nacionales, las cuales han venido degradando gravemente la montaña; así como diversos conflictos socio-ambientales que han involucrado a los habitantes del pueblo autóctono Galipán.

Precisamente es en Galipán, donde hace varios años se viene atropellando la población para impulsar proyectos de desarrollo turístico de gran envergadura, destinados a turistas de alto perfil, el sitio escogido por el Presidente Nicolás Maduro para establecer la “ciudad comunal” piloto. Es precisamente, donde más problemas ambientales vive la montaña donde se quiere crear una figura jurídica que se pretende superponer a la del Parque Nacional, a su PORU y todas las medidas protectoras, que no pueden retrotraerse, por principio constitucional y del derecho, a un estado de menor protección y de mayor daño para el ecosistema allí existente. Pues más allá de la jerigonza jurídico-política, las contradicciones existentes, o lo nada comunal que tendrán las llamadas ciudades comunales, que no podemos discutir en este momento, el problema fundamental es la violación a la protección del principal pulmón de la región capital y un atentado a la vida del principal bosque nublado tropical.

Ver También: Denuncian competencia de ciclismo enduro en el Ávila con complicidad de autoridades.

Preocupa sobremanera las implicaciones socioambientales que traerá consigo el establecimiento de una ciudad comunal en el Ávila. Este parque nacional tan importante y emblemático para los habitantes de Caracas, ya ha venido sufriendo un proceso de degradación al permitir ante la mirada cómplice de INPARQUES  actividades que violentan la normativa del reglamento de uso de este parque nacional, como el uso de bicicletas y la promoción de carreras y deforestaciones; la realización de fiestas en el Hotel Humboldt y la deposición de las aguas servidas directamente en la montaña; así como la violación a los terrenos de los cultivadores de Galipán de forma arbitraria para construir carreteras, teleféricos, mansiones y otras edificaciones de gran tamaño. El peor de los casos, el permitir el uso de glifosato y otros agro-tóxicos sobre los terrenos.

Ver También: Crisis en el Parque Nacional Waraira Repano – El Ávila.

Meses atrás, INPARQUES promovió una consulta para la reforma del PORU y permitir la realización de actividades en la montaña, consideradas nocivas y peligrosas para el ecosistema local por los estudios de impacto ambiental realizados. Esto parece estar alineado a un plan sistemático de revertir la protección establecida por el Parque Nacional, para convertir sus espacios en zonas de usufructo económico a todo trance. Violando todo principio constitucional, ambiental e incluso el sentido común.

Ver También: INPARQUES no se detiene para reformar el PORU y privatizar el Ávila.

Sin duda esto constituye un ataque frontal a la montaña, una guerra declarada a la protección del principal espacio verde de los caraqueños y que nos advierte, que ni los Parques Nacionales están a salvo de la depredación extractivista, pero además, si esto es tan cerca en Caracas y en una montaña tan querida y defendida por los ciudadanos ¿Qué queda para los demás espacios, protegidos o no, que no tienen tanto arraigo en el sentimiento popular?.