Con la primera presidencia de Anastasio Somoza García en los años 1930 comenzó una dinastía en Nicaragua que gobernaría el país centroamericano por generaciones.

Con ella también nació el término “zancudismo”, que se popularizó en los 50, aunque el fenómeno existía desde hacía siglos en la cultura política nicaragüense.

La Revolución sandinista puso fin a la dinastía Somoza a finales de los 70, pero el zancudismo sobrevivió, coinciden los analistas consultados por BBC Mundo, y hoy suena con fuerza en boca de los críticos del presidente Daniel Ortega.

Originado de la palabra zancudo (mosquito), el sociólogo e historiador nicaragüense Oscar René Vargas lo define como la acción de “prestarse al juego político de un régimen para obtener prebendas y beneficios”.

“A los partidos zancudos se les llama así porque el zancudo chupa sangre: estos partidos chupan la sangre del pueblo a través del dinero que reciben”, le dice a BBC Mundo.

Nicaragua se prepara para las elecciones generales del 7 de noviembre sin observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) o el Centro Carter.

La UE ha asegurado que en el país no existen condiciones para unas elecciones libres, mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos las ha tachado directamente de “farsa”.

Asimismo, en un informe publicado el pasado jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que los comicios buscan perpetuar en el poder al presidente Daniel Ortega, quien con su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), lleva 14 años al frente del gobierno.

La advertencia llegó un día después de que cuatro organizaciones latinoamericanas denunciaran irregularidades en el proceso electoral, y para la CIDH en la nación centroamericana existe una “impunidad estructural” en medio de un “clima de represión y cierre de los espacios democráticos“.

El gobierno de Ortega rechazó el informe, que le fue compartido días antes de su publicación, y aseguró que es una “recopilación de hechos falsos, tergiversados y manipulados que no reflejan la realidad del país y cuyo único fin es difamar al Estado”.

El Ejecutivo asegura, como lo ha hecho en el pasado, que las denuncias en su contra atienden a los intereses de Estados Unidos y su pretensión —acusa el gobierno— de lesionar la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua de cara a las elecciones.

BBC Mundo solicitó entrevistas con las autoridades nicaragüenses en repetidas ocasiones, pero hasta el momento de esta publicación no ha obtenido respuesta.

“Nueva dimensión”

En las elecciones generales del año 1957 —en las que Luis Somoza Debayle se convirtió en presidente tras la muerte de su padre Anastasio Somoza García—, el Partido Conservador, la principal fuerza opositora de la época, fue acusado de zancudismo y de ayudar a los Somoza a perpetuarse en el poder.

Medio siglo después el fenómeno ha adquirido otra dimensión, subraya el politólogo Leandro Querido, presidente de Transparencia Electoral, un organismo independiente que promociona las elecciones íntegras y equitativas en América Latina.

“En Nicaragua se ha ido construyendo una oposición a la medida del oficialismo para seguir con un proceso de concentración de poder y los partidos zancudos sirven para ese propósito”, le dice a BBC Mundo.

Querido asegura que la oposición nicaragüense “le hace el juego” al presidente Ortega y que eso se debe a que el oficialismo “ha estado trabajando por años para que sea así”.

“En Nicaragua no solo se ha detenido a políticos opositores, sino que las direcciones de los partidos de oposición han sido intervenidas para poner a personas ligadas a Ortega“.

El proceso electoral está marcado por la eliminación de tres partidos políticos de oposición por supuestamente violar la Ley Electoral, y el encarcelamiento de al menos siete aspirantes a la Presidencia opositores acusados por presunta traición a la patria y el exilio de otros dos.

Según Querido, incluso los partidos tradicionales están actualmente “infiltrados” por la presidencia.

Pone como ejemplo al Partido Liberal Independiente (PLI), que en 2011 se convirtió en la segunda fuerza política después del oficialismo en la Asamblea Nacional al ganar más de una veintena de escaños.

Pero en julio de 2016, la junta directiva de Parlamento nicaragüense, controlada por el oficialismo, acordó destituir a 28 diputados del PLI, entre ellos a Eduardo Montealegre, quien también fue destituido como representante legal del partido.

Su puesto fue ocupado por un político poco conocido, Pedro Reyes, a quienes los críticos tachan de “colaboracionista” de Ortega.

Siete partidos

En las elecciones de este domingo 7 de noviembre participan, junto con el oficialista FSLN, el ya mencionado PLI, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), la Alianza por la República (Apre), y Yatama (Hijos de la madre tierra, en lengua miskita), este último solamente en la costa Caribe.

A Carlos Canales, presidente de Apre, le ofende que tilden a su partido de zancudo. Él se declara un “verdadero opositor”.

“Peleé contra el sandinismo en los años 78 y 79. Los que ahora tratan a este partido y a otros de zancudos son los que los aplaudieron y estuvieron gobernando con ellos en los 80″, le dice a BBC Mundo.

Apre cuenta actualmente con un diputado en el Parlamento nicaragüense, Byron Jerez, quien ha sido acusado de corrupción y al que EE.UU. le revocó la visa en el pasado por presunto lavado de dinero.

Pese a catalogarse como opositor, Jerez ha votado en varias ocasiones junto al FSLN y los críticos lo tachan de colaboracionista del gobierno de Ortega.

“No es verdad que ha estado votando a favor del Frente Sandinista. Ha estado votando a favor de leyes que favorecen a las grandes mayorías de este pueblo”, aclara Canales.

El presidente de Apre subraya que las condiciones democráticas están dadas —”claro que hay democracia en Nicaragua: hay siete partidos que están participando en las elecciones“— y confía en que su candidato, Gerson Gutiérrez Gasparín, pueda convertirse en el próximo presidente.

“En unas elecciones todo puede pasar. Nosotros estamos metidos en esto para ganar. Nuestro candidato es un rostro nuevo, un joven de 29 años, un profesional muy capaz, un abogado”.

También confía en que la mayoría de los nicaragüenses saldrn a votar: “Es la única arma que tienen (…). Estamos cansados de violencia y de intromisiones”.

BBC Mundo también trató de comunicarse con los otros partidos en contienda.

En el caso del PLI, la página web no funciona y los correos enviados a través de ella rebotaron. Escribimos a su candidato, Mauricio Orue Vásquez, a través de su correo de la Asamblea, pero no recibimos respuesta a la solicitud de comentarios sobre los señalamientos de zancudismo.

Tampoco la obtuvimos de PLC y su líder, María Haydée Osuna, a quienes contactamos por correo, Facebook y Twitter. Los correos que mandamos a la dirección general del partido rebotaron.

Por su parte, el pastor Guillermo Osorno, candidato del CCN, ha rechazado el apelativo de zancudo, pero mantuvo durante años una alianza con el FSLN y en 2009 se vio envuelto en un escándalo cuando fue señalado de corrupción por El Nuevo Diario, un periódico local que cerró en 2019.

Ni el CCN y ni Yatama (un partido político indígena) tienen presencia en redes sociales, mientras Apre tenía menos de 30 seguidores en Twitter y alrededor de 1.000 en Facebook a una semana de la votación. Algunos de estos partidos ni siquiera tienen página web.

“Las personas de estos partidos se esconden. Saben que nadie les hace caso, que la gente los llama zancudos y que se les desprecia”, asegura el analista Oscar René Vargas.

“Ortega quiere mostrar que ahora hay mayor pluralidad política, así que estos partidos sólo juegan su papel de partido comparsa: se presentan para hacerle juego al régimen, pero sin una actitud ni una visión seria”, añade.

“La verdadera oposición en Nicaragua está presa, en el exilio o está escondida”.

“Ortega contra Ortega”

En su primer discurso de campaña electoral a principios de octubre, el presidente Ortega celebró que las elecciones del 7 de noviembre se realizarán “en condiciones de paz“, pero sectores de la oposición nicaragüense han hecho un llamado a quedarse en casa y no participar.

David, nombre ficticio de un reconocido historiador nicaragüense que pidió que se le mantenga en el anonimato porque teme represalias, prevé que estas elecciones serán parecidas a las anteriores.

“En 2016 no hubo competencia electoral. No se le dio al pueblo la oportunidad de elegir entre Daniel Ortega y otro candidato, porque no se permitió que la oposición participara”, dice.

“Pero ahora la situación ha cambiado y Daniel Ortega, para poder recrear la elección de 2016, tuvo que encarcelar y enjuiciar directamente a cualquier figura de la oposición”.

“Eso se explica por la explosión de resentimiento popular que vivimos en 2018 y por el colapso de las alianzas que Ortega había construido con la Iglesia católica y la empresa privada”, agrega el historiador.

“En las próximas elecciones Ortega se enfrenta a Ortega”.

Opositores presos

Durante el último año, figuras de la oposición y potenciales candidatos electorales han terminado en prisión.

Uno de ellos es Hugo Torres, quien en 1974, siendo guerrillero sandinista, arriesgó su vida para sacar de la cárcel a Ortega. Fue encarcelado en junio de este año bajo la acusación de “traición a la patria”.

Poco antes, una de las precandidatas presidenciales más populares, Cristiana Chamorro —del partido Ciudadanos por la Libertad (CXL y cuya madre, Violeta Barrios de Chamorro, derrotó a Ortega en 1990 y gobernó el país hasta 1997—, fue puesta bajo arresto domiciliario e inhabilitada para participar en los comicios por un caso de presunto lavado de activos.

También en junio fueron detenidos otros dos precandidatos presidenciales: Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro por presuntamente haber incitado a la injerencia extranjera.

En total el gobierno de Ortega ordenó este verano más de una docena de detenciones en base a la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación, aprobada en diciembre de 2020.

La ley impide a cualquier opositor considerado “golpista” o “traidor de la patria” postularse a un cargo de elección popular.

Las detenciones —calificadas por muchos como “persecución política”— han continuado en la recta final de la campaña. Las dos últimas fueron las de los líderes del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas, que enfrentan cargos similares a los precandidatos presidenciales detenidos.

Ortega ha negado que existan presos políticos en Nicaragua y aseguró en un discurso en junio que no había ningún precandidato presidencial preso en su país.

“No eran ni precandidatos ni de su propio grupo, mucho menos que fueran precandidatos presidenciales. Eso nunca existió”, proclamó tras los arrestos de Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y otros.

BBC Mundo solicitó una entrevista al Ministerio de Gobernación de Nicaragua en dos ocasiones, pero no recibió respuesta.

David, el historiador nicaragüense que solicitó que no se revele su identidad, cree que el término zancudismo “se queda corto” para referirse a los partidos que compiten con el FSLN este domingo.

“El zancudismo consistía en arreglos formales o informales que los Somoza construían con partidos a los que, de aceptar su perpetuación en el poder, les permitían tener algún lugar en el gabinete o algo de voz en el Parlamento”, explica el historiador.

“Vimos mucho de eso en los primeros años de Ortega, pero realmente los partidos que hoy aparecen en las boletas no están participando en un pacto de poder compartido. No son partidos políticos de verdad: en ese sentido son más bien partidos satélites“.