8 nov, CI.- Siete municipios de los departamentos de Nariño y Cauca se preparan para realizar una consulta popular contra la minera sudafricana AngloGold Ashanti, el próximo 19 de diciembre. Desde el 3 de octubre, varios procesos sociales, autoridades civiles, jóvenes y líderes del territorio en los departamentos de Nariño y el sur del Cauca se han reunido y movilizado para frenar las actividades de esa empresa minera sudafricana en el territorio.

Desde su llegada a Colombia en 2004, AngloGold Ashanti ha realizado actividades de extracción de recursos en varias regiones del país. Recientemente, la empresa transnacional ha vuelto a entrar en la región con el objetivo de reactivar proyectos de exploración y extracción minera.

En respuesta a esta presencia, los procesos y líderes sociales de los municipios afectados están organizando una consulta popular contra la gran minería. Se realizará el próximo 19 de diciembre de manera simultánea en siete municipios de la región: San Pablo, La Cruz, Belén, Colón, San Pedro de Cartago y La Unión, en el Departamento de Nariño; y Florencia, Departamento del Cauca.

La presencia de multinacionales mineras en la región no es nada nuevo. En 2009, el Ministerio de Minas y Energía adjudicó más de 71 contratos de concesión en Nariño para la exploración y explotación de yacimientos minerales de oro, plata, manganeso, cobre, molibdeno, platino, zinc y níquel.

En 2011, el proyecto Mazamorras Gold (filial de la multinacional canadiense Gran Colombia Gold) comenzó a desarrollarse en los municipios de San Lorenzo y Arboleda, en Nariño. La decisión de la empresa de seguir adelante con las actividades de exploración minera ha creado un ambiente de caos y enfrentamiento en las comunidades afectadas.

De hecho, los líderes campesinos han recibido amenazas de muerte, han sido acosados y agredidos físicamente por las autoridades policiales y han sido acusados falsamente por defender los intereses de sus comunidades y enfrentarse al desarrollo de las actividades mineras.

El impacto esos los proyectos de exploración y extracción se traduce en la contaminación del agua y los ecosistemas, el deterioro del tejido social y el modo de vida tradicional de las comunidades campesinas, la militarización del territorio y la violación de los Derechos Humanos.

De hecho, las perforaciones realizadas por la empresa minera han provocado una fuga de agua que ha hecho descender el nivel del lago La Marucha. Además, se han registrado violaciones sistemáticas de los DDHH contra las comunidades campesinas de Arboleda y San Lorenzo, por parte del Gobierno, las fuerzas de seguridad del Estado y la multinacional canadiense Gran Colombia Gold.

El No a la Minería no es nuevo

En 2018, la comunidad de San Loranzo realizó una jornada de consulta popular en la que los habitantes votaron en un 98% en contra de la implementación de proyectos de exploración y explotación de metales e hidrocarburos en su municipio.

Este tipo de referéndum no es reconocido por el Estado, ya que considera que las actividades mineras o energéticas son de interés nacional y prohíbe a los municipios votar. Sin embargo, las comunidades campesinas de Nariño están organizando un Gobierno campesino autónomo, partiendo del principio de que es su derecho soberano manifestarse en contra de todas las actividades extractivas y adoptar los medios necesarios para hacer valer sus decisiones.

En la actualidad, las actividades de los procesos de movilización se centran principalmente en la recopilación de datos e información sobre las actividades mineras en la región desde la llegada de las multinacionales al territorio, para poder legitimar sus posiciones ante las autoridades estatales.