El Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal Tras la Pandemia del Covid-19, pone en evidencia, una vez más, los compromisos de Guillermo Lasso con los intereses de los grupos económicos y financieros que tienen nexos con los paraísos fiscales y la evasión tributaria. La propuesta de Ley es principalmente un intento de desregularización financiera para debilitar los controles de fuga de capitales, empresas offshore, corrupción y evasión tributaria; y es una reforma tributaria regresiva que pone la carga de la crisis en los hombros del contribuyente común y la clase media.

Así, el Proyecto de Ley no contempla el fortalecimiento de la regulación de las operaciones de residentes con los paraísos fiscales. Como es conocido, después de las diferentes filtraciones del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) y, sobre todo, a partir de la publicación de los Pandora Papers, que también vinculan al presidente Guillermo Lasso con empresas fantasmas: la evasión tributaria y el crimen organizado mundial operan mediante fideicomisos y compañías con responsabilidad limitada (LLC) ubicados en paraísos fiscales; sobre esto la Ley de Lasso no propone nada.

Al contrario, en el título sobre Régimen Impositivo, Voluntario, Único y Temporal para la Regularización de Activos en el Exterior, se busca repatriar capitales que se encuentran en el exterior, incluyendo el blanqueo y el lavado de los activos de personas que tienen su riqueza en fideicomisos offshore, empresas fantasmas y paraísos fiscales (Art. 20.b); y abriendo la posibilidad de regularizar activos de origen ilícito que forman parte de entramados de corrupción, crimen organizado y evasión tributaria. (Art. 20.b y c). Así también se evidencia en la Disposición General Segunda donde se reconoce que el blanqueo puede dar lugar a la intervención de grupos ilegítimos o ilegales.

La parte de la reforma tributaria tiene un sesgo regresivo porque apunta a cobrarle más impuestos a la clase media, antes que a los sectores de ingresos altos. De esta manera, con la reforma del impuesto a la renta, una persona que gana USD 2.000 mensuales, tendrá que pagar 16 veces más de lo que pagaba antes; mientras que una persona que gana USD 10.000 mensuales, solamente tendrá que pagar 0.5 más de lo que pagaba antes. También es fundamental señalar que, al incrementar el impuesto a la clase media, se podrá esperar un menor consumo, menos ventas y menos incentivos para la producción y la recuperación económica, lo cual afectará a la sostenibilidad de las industrias y los comercios con intereses nacionales.

Consideramos que este Proyecto de Ley no responde, de ninguna manera, a las necesidades de recuperación económica y generación de empleo tras la pandemia del Covid-19, en realidad es una legislación que pretende cumplir con las condiciones impuestas por el FMI para desembolsar USD 700 millones de dólares hasta el final de este año, que se pretenden usar para pagar más deuda externa, para apoyar las importaciones del negocio de los grandes comerciantes y para apoyar la fuga de divisas de los grupos financieros. Por eso, hasta ahora el Ecuador está cada vez más endeudado, pero, al mismo tiempo, cada vez hay menos recursos para financiar la salud, educación y para la recuperación económica de las familias ecuatorianas.

Pasa algo similar con los compromisos con el FMI para subir impuestos: los mayores impuestos pagados por los ecuatorianos y ecuatorianas, serán destinados al pago de la deuda externa y a las reservas del Banco Central para respaldar, con estos recursos públicos, los depósitos de la banca privada. Es decir, pagaremos más impuestos que no servirán para financiar el presupuesto de las universidades, de los gobiernos locales, de los servicios públicos o de la inversión en obra pública; de esta manera se espera cumplir con la meta del FMI de reducir el gasto público 4,2 % del PIB entre 2022 y 2025.

Por otra parte, la Contribución Temporal al Patrimonio de las Personas Naturales y la contribución temporal sobre el Patrimonio de las Sociedades (Art. 4 y 5) no altera la estructura de propiedad y monopolio que actualmente son un obstáculo para la competitividad y la democratización de la economía ecuatoriana. La CONAIE apoya un régimen tributario progresivo y de reciprocidad; y, en varias ocasiones, antes nos hemos pronunciado a favor de un impuesto sobre la riqueza de los grandes capitales, el cual debe ser permanente y debe estar destinado a cambiar la justicia económica en el país, más allá de los parches parciales para tapar superficialmente los huecos fiscales dejados por la pandemia.

También, como organización que agrupa a pueblos históricamente afectados por la explotación petrolera, tenemos una especial preocupación por el Título X del Proyecto de Ley, sobre las Reformas al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, donde se incluyen reformas del sector de hidrocarburos y minero que son complementarias a los decretos ejecutivos (75, 170, 151 y 230) que están preparados para ampliar la frontera petrolera, privatizar la industria de hidrocarburos y permitir el incremento del precio de los combustibles.

En general, la Proyecto de Ley no se corresponde con el momento de grave crisis económica que requiere de incentivos para generar un crecimiento económico con generación de empleo digno e inclusión social. El Proyecto de Ley es un intento por brindar mayores privilegios al capital financiero en contra de toda la economía real. Los más afectados son las personas y los pueblos históricamente empobrecidos, pero también está en juego la salud del sistema económico nacional y sus posibilidades de desarrollo. Advertimos que el país está en riesgo, no solamente los sectores históricamente empobrecidos, hoy el proceso de financiarización conducida por la banca y el FMI, también pone en grave riesgo a la industria nacional, el comercio y, en general a los productores que les preocupa sus ventas en el Ecuador.

Finalmente, debemos señalar que es evidente la falta de la incorporación del enfoque intercultural y plurinacional en la totalidad del Proyecto de Ley, siendo que este foque debería ser transversal tal como lo señala el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Art. 30). Tampoco el Proyecto de Ley considera a la “economía comunitaria”, categoría bajo la cual los pueblos y nacionalidades indígenas proponemos, decidimos y damos respuestas de acuerdo a nuestras distintas realidades territoriales y a nuestras formas organizativas.

Por todas estas razones, llamamos a rechazar el Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal Tras la Pandemia del Covid-19; y convocamos a todos los sectores, honestos y comprometidos con el país, a fortalecer un bloque popular y plurinacional que promueva con urgencia salidas a la crisis social y económica que atraviesa el Ecuador en estos oscuros momentos.