Pueblos indígenas se oponen al mayor proyecto de fracking en Canadá

Este 18 de noviembre, mientras docenas de agentes de la Policía Montada canadiense fuertemente armados asaltaban el puesto de control de Gidimt’en en el km 44 de la carretera del Servicio Forestal de Morice, se activaron alertas en redes sociales por la situación: ese territorio indígena está en disputa histórica y ha sido objeto de litigio por la presencia de una empresa constructora de un gaseoducto.

Cinco personas siguen detenidas y están esperando audiencia para determinar las condiciones de su posible liberación en espera de juicio. La Fiscalía exige una prohibición de regreso a sus territorios ancestrales, condición a la cual se han negado las personas detenidas, considerando que se trataría de un destierro por parte de una corte colonial, cuya autoridad no reconocen en su territorio ancestral.

El pueblo Wet’suwet’en lleva años luchando contra la construcción de un gaseoducto por parte de Coastal Gas Link (CGL), empresa propiedad de TransCanada Energy. Desde 2010 se estableció en campamento de Unistʼotʼen, que año tras año ha recibido visitas, de pueblos indígenas y personas aliadas de todo el mundo .

Sleydo’, una de las personas detenidas, declaró antes de ser llevado por las autoridades coloniales que “el pueblo Wet’suwet’en, bajo el Gobierno de sus jefes hereditarios, se interpone en el camino del mayor proyecto de fracking de la historia de Canadá. Nuestras medicinas, nuestras bayas, nuestros alimentos, los animales, nuestra agua, nuestra cultura y nuestros hogares están aquí desde tiempos inmemoriales. Nunca abandonaremos a nuestros hijos para que vivan en un mundo sin agua limpia. Mantenemos nuestras responsabilidades ancestrales. No habrá oleoductos en el territorio Wet’suwet’en”.

El 4 de enero del 2020 los jefes hereditarios -Tradicionales- de Wet’suwet’en, de los cinco clanes de la nación, emitieron y ejecutaron una notificación de desalojo contra el gaseoducto de Coastal Gaslink, basándose en el derecho propio y en la jurisdicción territorial adquirida.

En 2020 bloquearon las carreteras que conducen al territorio Gidimt’en y Unist’ot’en en una aplicación de la ley Wet’suwet’en, y se construyeron varios campamentos de apoyo a lo largo de la vía. La policía canadiense respondió con una serie de redadas militarizadas a gran escala. Dos jefes hereditarios Unist’ot’en, Tsake’ze Howilhkat y Tsake’ze Geltiy, fueron detenidos y expulsados de sus territorios, junto con la hija del jefe hereditario Woos y defensores de los territorios indígenas de las naciones gitxsan, mohawk, tlingit, dene, nlaka’pamux y cree. En total, se produjeron 28 detenciones.

Como respuesta, los pueblos indígenas realizaron decenas de bloqueos y protestas solidarias durante varias semanas en toda Canadá, con visibilidad internacional bajo el lema #ShutdownCanada (#ApagarCanadá, en español), bloqueando oficinas gubernamentales y legislaturas, cerrando carreteras, ferrocarriles y puertos. Así lo señala en su comunicado público la Convergencia de las luchas anticapitalistas, organización basada en el Este canadiense que convoca una marcha para el próximo 27 de noviembre.

Ocupación colonial

Las reivindicaciones territoriales en las fronteras del país conocido oficialmente como Canadá son complejas. Su Gobierno no ha firmado los tratados internacionales sobre derechos y reconocimientos de los pueblos indígenas, y la mayor parte de su territorio “nacional” es constituido por territorios que nunca fueron cedidos a la corona inglesa.

Canadá es un país miembro de la Mancomunidad de Naciones, cuya Jefa de Estado sigue siendo la Reina de Inglaterra. De hecho, el ente acusador que conocemos como Fiscalía en numerosos países, allá es la Corona. Ya que es la reina quien acusa a las personas.

Ese contexto jurídico, cuyo carácter colonial no ha sido transformado en siglos, explica las luchas actuales. Algunas autoridades hereditarias–tradicionales indígenas se niegan por completo a reconocer las entidades del Estado canadiense y la Corona inglesa, mientras otras lo consideran como entes externos con los cuales interactúan. Tal es el caso del fallo a favor del pueblo Wet’suwet’en en 1997.

Como lo explican los comunicados del punto de control de GIDIMT’EN, en 1997 el Tribunal Supremo de Canadá dictaminó en el caso judicial Delgamuukw-Gisday’wa que el pueblo Wet’suwet’en, representado por sus líderes hereditarios, no había renunciado a los derechos y la titularidad de 22.000 kilómetros cuadrados del norte de Columbia Británica.

Basados en ese derecho, el pasado 14 de noviembre los jefes hereditarios hicieron efectiva la orden de desalojo dictada en el 2020. Y para hacerla valer, bloquearon las carreteras y ferrocariles, dando un plazo de 10 horas a los trabajadores de Coastal GasLink -CGL- para salir de su territorio.

Este 18 de noviembre, una nueva incursión de la policía canadiense llegó con la intensión de desconocer la orden de desalojo y proteger la empresa. Para ese fin, detuvo a 15 personas, incluidos dos ancianos wet’suwet’en, tres miembros haudenosaunee, tres observadores legales y un periodista.

Contradictoriamente, el Gobierno de Canadá afirma públicamente que lleva a cabo un proceso llamado de “reconciliación”. Su actual Primer Ministro, Justin Trudeau, pidió perdón oficialmente a los pueblos indígenas al inicio de su primer mandato. Sin embargo, sigue lidiando con un largo proceso de verdad y reparación.

Hace pocos meses fue noticia el escándalo por la confirmación del hallazgo de centenares de cuerpos de niños y niñas indígenas, quienes fueron secuestrados por pensionados católicos hasta la década de 1980.

Para Dinϊ Ze’ Woos, una de las voceras wet’suwet’en detenidas, no hay “ninguna reconciliación en esto. Para nuestros hermanos y hermanas de todas las organizaciones indígenas, que esto sea una señal de que la reconciliación a sus ojos es realmente el Libro Blanco disfrazado”.

No parece ser la única incoherencia de esta política de aparente apertura, como lo han denunciados varios grupos ambientalistas tras la COP26. Trudeau declaró en ese encuentro que “limitaremos las emisiones del sector del petróleo y el gas hoy, y nos aseguraremos de que se reduzcan mañana al ritmo y la escala necesarios para alcanzar el nivel cero en 2050. No es una tarea fácil para un gran país productor de petróleo y gas”.

El actual ministro de Medio Ambiente, Steven Guilbeault, anterior director de campaña de GreenPeace en Canadá, también declaró que “estamos buscando el asesoramiento de los funcionarios de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá y de Recursos Naturales de Canadá, y tenemos la intención de colaborar con las provincias, los territorios, la sociedad civil, las organizaciones laborales, las organizaciones indígenas nacionales y los socios de la industria”.

Estas declaraciones poco coinciden con la criminalización de los liderazgos indígenas al expresar en la práctica su política contra megaproyectos extractivistas, cuyo efecto será inevitablemente la deforestación, los daños ambientales y emisiones de gases, que terminarán teniendo un efecto invernadero.

El Gran Jefe Stewart Phillip, Presidente de la Unión de Jefes Indígenas de la Columbia Británica, declaró que “estamos absolutamente indignados de que la Provincia de la Columbia Británica haya autorizado una incursión de estilo militar contra defensores pacíficos de la tierra para permitir que Coastal GasLink construya su gasoducto, mientras gran parte de la Provincia está sufriendo eventos relacionados con inundaciones catastróficas que ponen en peligro la vida”.